La pandemia es la salud del Estado

Randolph Bourne

Randolph Bourne (1886-1918) fue un intelectual y escritor estadounidense que se opuso a la entrada de su país en la Gran Guerra. Murió con apenas 32 años a causa de la «gripe española», pandemia que realmente se originó en Kansas (EE.UU.), se propagó a Europa con la llegada de los soldados norteamericanos y mató a 40 millones de personas en todo el mundo.

Bourne acuñó la célebre frase: «La guerra es la salud del Estado», ensayo del mismo nombre donde describe magistralmente la naturaleza del Estado y cómo, durante una guerra, el poder político alcanza su apogeo. Todos, incluida la oposición, gobiernos regionales y locales, cierran filas en torno al líder. El pueblo recupera el sentimiento patriótico y de unidad frente a la amenaza, se entona el himno nacional, etc. Hoy trataré de exponer cómo la pandemia de COVID-19, mutatis mutandis, también es la «salud del Estado», que gana poder mermando las libertades y derechos del individuo.

En España una pandemia es causa legal para decretar el estado de alarma,¹ pero la propia ley orgánica que lo regula (art. 1º, 2) deja claro que «Las medidas a adoptar [...] serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias». Por su parte, el preámbulo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que regula la crisis por COVID-19, dice: «Las medidas [...] son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental [...]». Aquí detectamos tres mentiras porque: a) Algunas medidas son prescindibles; b) Son desproporcionadas; y c) Suspenden derechos fundamentales: libertad de circulación, propiedad (requisa), trabajo, reunión, etc.

Trataremos a) y b) conjuntamente pues ambas se confunden. La prohibición absoluta de realizar actividades físicas al aire libre es claramente desproporcionada y tiene consecuencias sobre la salud (sedentarismo, obesidad). La seguridad no es un valor absoluto y debe conjugarse con otros valores que entran en competencia. Es razonable prohibir las concentraciones, pero muchos deportes pueden practicarse aisladamente –natación, ciclismo, motociclismo, atletismo, esquí, piragüismo, pesca, tiro, parapente– o con suficiente distancia entre los deportistas –tenis, senderismo, escalada, vela, caza. Por ejemplo, en Reino Unido está permitido hacer ejercicio al aire libre siempre que se haga solo o acompañado de cohabitantes.

Sabemos que el COVID-19 no permanece flotando en el aire, sino que se transmite a corta distancia (tos, estornudo) o por contacto con objetos contaminados. Por tanto, caminar al aire libre –actividad física por excelencia– no supone, por sí misma, riesgo de contagio. El peligro está cuando salimos y entramos a casa y tocamos las manillas de puertas, pasamanos, botones del ascensor, etc. Pero ya hemos aprendido a protegernos de eso porque salimos a trabajar, a tirar la basura o a comprar.

Igualmente desproporcionado ha sido el cierre forzoso de negocios considerados arbitrariamente como «prescindibles», pero para un camionero (y otros profesionales) los bares y hoteles no son prescindibles. El gobierno ha olvidado que el valor es subjetivo (Menger, 1871) y que el concepto «clase de necesidades» es inútil (Mises, 2011: 148). Los talleres de vehículos no solo son necesarios, sino que el riesgo de trabajar en ellos no es mayor que hacerlo en una oficina. Las ferreterías son necesarias para proveer a la construcción y a los particulares que disponen ahora de tiempo para realizar reparaciones y pequeñas obras domésticas. La prueba de que los negocios citados no son prescindibles es que siguen funcionando a «puerta cerrada».

Otras medidas son absurdas y contradictorias. La prohibición de llevar pasajeros en el coche (excepto taxis) no sabemos si es por falta de luces del legislador o se hace deliberadamente para favorecer a los taxistas. Por ejemplo, personas que conviven juntas, se acuestan juntas y ven la TV juntas en el mismo sillón no pueden ir juntas en el mismo vehículo, ¿alguien lo entiende? En buena lógica, una familia podría irse de picnic al campo o a la playa (de forma aislada) sin aumentar el riesgo de contagio.

Pero eso no es todo. Al abuso de poder de los políticos debemos añadir el de los «celosos» agentes del orden que, con frecuencia, se extralimitan en sus funciones; por ejemplo, impidiendo a los propietarios el disfrute de sus jardines y zonas comunitarias, cuando el ámbito del Real Decreto 463/2020 (art. 7) es referido exclusivamente a las «vías de uso público». En los controles policiales te pueden multar por no enseñar el ticket de la compra o el justificante de trabajar en tu empresa. Yo mismo, que visito a mi madre de 88 años, llevo en mi mochila una buena caja de paracetamol, las recetas médicas y una declaración jurada a modo de salvoconducto. Para rematar la faena, no faltan periodistas, tertulianos y vecinos que reclaman más mano dura:¡Vivan las cadenas! Y a más restricciones, más infracciones. En tan sólo una semana de estado de alarma se han producido en España 777 detenciones y 81.000 sanciones.² Cada día que pasa algún iluminado propone una vuelta de tuerca: «el perro no es para pasear, sino para que haga sus necesidades», «las compras no deben ser frecuentes o deben tener un importe mínimo», etc.

El severo confinamiento que padecemos es lo más parecido a un arresto domiciliario, donde solo se puede salir de casa para ir a comprar alimentos y medicamentos, trabajar, poner gasolina, bajar la basura y poco más. Sufrimos un estado policial cuando no existe un problema de orden público. Países como Italia, Francia y España han adoptado soluciones autoritarias y en lugar de identificar a los infectados para luego aislarlos –como hizo Corea del Sur– han preferido «cortar por lo sano». En cambio, Países como Japón, Taiwan, Singapur y Hong-Kong han sido más respetuosos con sus ciudadanos y la cuarentena de personas no infectadas es una opción personal basada en una evaluación de los riesgos. Lo peor de todo –como afirma el profesor Bastos– es que los políticos que dirigen el Estado aprenden que las crisis son ideales para ejercer un poder ilimitado sobre las personas.

¹ Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

² https://www.hoy.es/nacional/denunciado-hombre-anos-20200323133629-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com% 2F

Bibliografía

Menger, C. (2013) [1871]. Principios de economía política. [Versión Kindle]. Amazon.
Mises, L. (2011) [1949]. La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial

Pandemia de coronavirus: un análisis económico

De vez en cuando la normalidad se ve alterada bruscamente por eventos, como la pandemia del coronavirus que ahora padecemos. Evitar los contagios requiere, entre otras medidas higiénico-sanitarias, reducir el contacto físico entre personas. El aislamiento implica permanecer la mayor parte del tiempo en casa y evitar aglomeraciones: transporte público, viajes, eventos deportivos, culturales o lúdicos, etc.

Los cambios súbitos en los patrones de consumo provocados por la pandemia, cuya duración nunca podemos precisar, tiene implicaciones económicas de gran calado. Por un lado, dejan de consumirse determinados bienes –transporte, turismo, restauración, deportes, ocio– y por otro, se dispara la demanda de servicios sanitarios y productos específicos –medicamentos, mascarillas, papel, jabón. La abrupta caída de la demanda en muchos bienes provoca el cierre de los negocios afectados, mientras que el aumento en otros ocasiona el colapso de hospitales y el desabastecimiento. 

El mercado se ve completamente alterado porque la producción no puede modificarse al ritmo que impone la pandemia y los cambios súbitos de la demanda. Poniendo una analogía: el consumidor gira como una lancha motora y la producción como un trasatlántico. Sobran empleados en hoteles, restaurantes, bares, comercios, colegios, teatros y cines; pero faltan en hospitales, laboratorios, farmacias y domicilios particulares (repartidores, visitadores, cuidadores, canguros), etc. Sobran conductores de autobuses, pero faltan conductores de ambulancia. 

Un primer análisis es el referido a visualizar cómo los factores de producción se trasladan más eficientemente de un sector a otro. Respecto del factor trabajo, la rígida legislación laboral y el sistema estatal de regula las cualificaciones profesionales no facilita el necesario trasvase de trabajadores de unos sectores a otros. Solo un sistema económico laissez-faire proporciona la flexibilidad y la inmediatez necesarias que requiere la crisis. Una economía libre de interferencias políticas y sindicales permitiría el rápido trasvase de la mano de obra; por ejemplo, una camarera de hotel es despedida hoy, pero mañana encuentra trabajo como cuidadora o limpiadora. Los procesos de aprendizaje, en este caso, son poco costosos en tiempo y esfuerzo. Cuanto más fácil sea el despido, más fácil será encontrar empleo y más eficiente será el reajuste de la economía.

Durante la pandemia, los colegios y los centros de día de mayores –entre otros– han cerrado y se necesitan miles de cuidadores para atender a pequeños y mayores en sus casas, y miles de limpiadores para labores de higiene y desinfección. Las mujeres, principalmente, podrán encontrar acomodo en estos sectores. También harán falta muchos repartidores a domicilio. Los estudiantes que no van a clase, por su parte, podrán trabajar esporádicamente como «canguros». Podemos imaginar muchos casos donde los desempleados pueden recolocarse rápidamente. Por ejemplo, un hotel entero puede transformarse en alojamiento sanitario para pacientes en cuarentena y la mayoría de su personal podría seguir ocupando el mismo puesto.¹

Sin embargo, cuando los factores de producción son específicos, el trasvase no resulta fácil. Por ejemplo, un teatro no puede reconvertirse fácilmente en hospital, ni un actor en enfermero (harían falta 4 años de estudio). Mientras dure la pandemia, por desgracia, el teatro permanecerá cerrado y los actores en paro. 

Una segunda cuestión de análisis es la respuesta que dan las empresas ante la crisis. Si hubiera un pico de demanda de productos –medicamentos, mascarillas, geles desinfectantes, trajes de protección– la primera respuesta sería doblar o triplicar la plantilla para producir ininterrumpidamente (H24 x 365 días). Una segunda medida sería reconvertir líneas de producción y/o abrir otras nuevas. Por último, nuevas fábricas y hospitales pueden construirse ex novo. El personal sanitario especializado –médicos, enfermeros, técnicos–, con carácter temporal, puede ser trasladado desde las zonas no afectadas por la pandemia hacia aquellas menos afectadas. De nuevo, solamente un sistema sanitario privado, ofreciendo mayores salarios, podrá conseguir este necesario trasvase geográfico de trabajadores.

Algunas empresas mantienen estable su nivel de producción, pero deben tomar medidas para evitar el contagio entre empleados. Por ejemplo, la empresa HP, en Barcelona, ha establecido tres categorías de personal: a) Los que deben ir inexcusablemente al centro de trabajo (operarios de instalaciones fijas). b) Los que pueden hacer tele-trabajo (oficinas); y c) Los que deben alternar. 

Por último, están las empresas afectadas por una caída súbita de la demanda –hoteles, bares,  comercios, transportistas, gimnasios. Lo más socorrido es dar vacaciones (oficiales) a los empleados y acometer, en su caso, reformas y obras de mantenimiento pendientes; pero si la crisis se prolonga, los despidos no solo son inevitables, sino imprescindible para poder atender las nuevas demandas sociales. Por tanto, es un grave error subsidiar a empleados ociosos cuando sus servicios son requeridos en otros sectores económicos.

Un tercer elemento de análisis es el referido a la situación económica del Estado y su actuación ante la crisis. Lo más notorio es observar la fragilidad del Estado de bienestar, que hace aguas por los cuatro costados: a) La producción agregada del país cae y con ella la recaudación fiscal (sociedades, IVA); b) Hay menos trabajadores activos y más parados, lo que implica menor ingreso y más gasto social; c) Algunos funcionarios dejan de trabajar, pero siguen cobrando; d) Se dispara el gasto sanitario; y e) El pago de subsidios a los sectores en crisis aumenta la espiral de déficit público.

Los políticos, siguiendo el nefasto manual de Keynes, diseñan un plan de «choque» con dinero inflacionario o deuda pública –pan para hoy y hambre para mañana–, pero lo peor es que las medidas paliativas impiden que la economía se reajuste más rápidamente al nuevo escenario. La única solución realmente efectiva es una bajada generalizada de impuestos, acompañada de una drástica reducción del Estado y del gasto público: reducción salarial de políticos y funcionarios, privatizaciones de empresas públicas, liberalización completa del mercado laboral y eliminación de chiringuitos políticos (fundaciones, observatorios, etc.). 

La pandemia del coronavirus ocasiona una caída neta de la producción de bienes en la economía y, con ella, una reducción generalizada del nivel de vida de las personas. Por otro lado, la reducción del consumo tiene un efecto deflacionario (algunos precios bajan) y se produce un aumento del ahorro y la inversión privada (no hay tal cosa como «inversión pública»), aunque solo sea temporalmente. Los que perciben rentas del Estado (políticos, funcionarios, pensionistas) verán aumentada su capacidad adquisitiva, mientras que el sector privado –para no variar– se llevará la peor parte: desempleo y pérdida de rentas.

Secularmente, individuos y familias se protegían de las contingencias de la vida mediante el ahorro, las mutualidades, los seguros y la familia; pero estas instituciones han sido laminadas sistemáticamente por el Estado asistencial, tal y como señala acertadamente Hoppe:²

Hans-Hermann Hoppe

Dispensando a los individuos de la obligación de ocuparse de sus propios ingresos, de su salud, de su seguridad, de su vejez o de la educación de los hijos, se reduce el horizonte temporal de la provisión privada, disminuyendo así mismo el valor del matrimonio, la familia, la descendencia y las relaciones de parentesco. La irresponsabilidad, la previsión a corto plazo, la negligencia, la enfermedad e incluso el «destruccionismo», todos ellos «males», serán promovidos, mientras que la responsabilidad, la previsión a largo plazo, la diligencia, la salud o el conservadurismo, «bienes» en si mismos, serán castigados.

Por último, señalar que algunas intervenciones de los gobiernos son especialmente lesivas para combatir la pandemia. Por ejemplo, la requisa del stock de mascarillas (y su producción), anunciada el 3 de marzo por el presidente Macron, reducirá su oferta porque ningún empresario, en su sano juicio, montará una fábrica bajo condiciones de requisa. En Francia, la producción de mascarillas no aumentará al ritmo requerido porque su presidente es un ignorante o un populista. La requisa y el control de precios son dos graves errores porque sólo el libre mercado hará que el capital, orientado por los altos precios, fluya hacia donde es más necesario.

¹ El empresario Kike Sarasola ha puesto 2 de sus hoteles a disposición de las autoridades madrileñas para atender las necesidades de la pandemia de coronavirus.

² Conservadurismo y Libertarismo, pag. 9

Las Esclavas del Cristo de La Laguna

Un grupo de mujeres lleva 17 años pidiendo al obispado de Tenerife que se le permita ingresar en la Esclavitud del Cristo de La Laguna (en adelante, Esclavitud), hermandad constituida como una «asociación religiosa de caballeros». Y como el obispo viene dando la callada por respuesta, estas señoras han acudido a la justicia ordinaria para obtener lo que ellas consideran un derecho fundamental recogido en la Constitución (art. 14): «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, la Esclavitud es una asociación pública inscrita como tal en registros oficiales y que ha recibido fondos públicos.

Existe también un argumento eclesiástico, a saber, la exclusión de las mujeres como «Esclavas» vulnera un decreto de 2011 del Arzobispado de Sevilla, bajo cuya jurisdicción se halla la Diócesis de Tenerife, donde se prohibe la discriminación en razón del sexo en las hermandades y cofradías. Por último, existe un argumento histórico. El origen de esta Hermandad fue la primitiva Cofradía del Stmo. Cristo de La Laguna, fundada a mediados del S. XVI y que estaba constituida por hombres y mujeres. En 1659, se funda la actual Esclavitud, que absorbió a la anterior, con la particularidad de que estaba formada por «treinta y tres caballeros seglares». 

Analicemos estos tres argumentos. En primer lugar, las cofradías religiosas son organizaciones «privadas» sometidas al Derecho canónico, por tanto, pueden fijar en sus estatutos las normas que consideren oportunas según los fines que persigan. Las asociaciones religiosas establecen exclusiones en función del sexo (también los clubes deportivos), religión (estar bautizado); restricciones (ser mayor de edad) y servidumbres (obligaciones), lo cual implica necesariamente discriminar en función de estas categorías. El citado art. 14 de la CE no es aplicable en el ámbito privado porque la discriminación es inherente a la libertad del individuo y al ejercicio del derecho de propiedad. Por tanto, ser admitido a una organización privada o a un espacio privado no es un derecho del peticionario, sino una facultad del propietario. 

Análogamente, las mujeres no pueden exigir judicialmente ser elegibles para el orden sacerdotal, ni tampoco los sacerdotes hacer lo propio para que la Iglesia les permita contraer matrimonio (Art. 32. 1 CE). En definitiva, los entes privados -individuos u organizaciones- pueden legítimamente discriminar sin que estén obligados a justificarse. Esta cuestión ya la hemos tratado en otro artículo titulado «Sobre la discriminación».

Y si el obispado de Tenerife incumple una norma del arzobispado de Sevilla, las demandantes deberán dirigirse al arzobispo y olvidarse de los juzgados. Respecto del argumento histórico, la petición, en todo caso, debe cursarse al Esclavo Mayor de la cofradía. Existe en la sociedad una excesiva apelación a la coacción estatal para resolver disputas que pertenecen al orden de las relaciones privadas. Supongo que el obispado de Tenerife no pondrá obstáculos para que estas devotas del Cristo de La Laguna funden su propia cofradía femenina. 

Pero todo parece que no es una cuestión de fe, sino una pataleta feminista. Las feministas tienen una especial habilidad para interpretar las normas de forma interesada. Por ejemplo, desde que se aprobó la Constitución (1978) hasta 2002 sólo los varones fueron elegibles para el servicio militar obligatorio (las mujeres se «iban de rositas»). En 24 años, ni una sola feminista alzó la voz para reclamar la igualdad en esta prestación forzosa para la defensa nacional. Esclavas de Cristo sí, pero esclavas del Estado no. Estas mujeres dicen ser devotas del Cristo de La Laguna, pero no se comportan como cristianas, sino como vulgares adoradoras de la luciferina ideología de género. Ya veremos lo que dictamina la justicia el próximo lunes,¹ pero mucho me temo que, una vez más, los togados se arrodillen ante el tsunami de género. Si el fallo fuera a favor de las demandantes, a los cofrades sólo les queda impedir la entrada de mujeres negando los dos avales que se requieren para ser admitido a la Hermandad.

¹ El juicio contra la Esclavitud y el obispo se celebrará el próximo 20 de enero en la sala 7 del Palacio de Justicia de S/C Tenerife.

¿Existe el derecho a la información?

Hace muy pocos meses, cuando Vox irrumpió en la escena política, el partido y sus dirigentes fueron objeto de todo tipo insultos y descalificaciones por parte de los medios de comunicación vinculados a la izquierda política. Pero a medida que Vox iba ganando apoyo social, afiliados, votantes y escaños (12 en el parlamento andaluz y 24 en el Congreso), el interés informativo en torno a Vox aumentó considerablemente. En poco tiempo, sus dirigentes pasaron de ser peligrosos fascistas a ser reclamados por todos los medios de comunicación. Vox, rompiendo la tradición de lameculismo político (valga la redundancia) y sumisión al «cuarto poder», decidió boicotear a quienes se habían alistado a un ejército de mentirosos y manipuladores, bajo la «alerta antifascista» decretada por el comunista Pablo Iglesias.

Hermann Tertsch

Entre otras, las marcas vetadas fueron: Público, eldiario.es, La Marea, El Plural, Todo es mentira (Cuatro), EL ESPAÑOL, El Mundo, El País, El Intermedio (laSexta), InfoLibre y Contexto (CTXT). El boicot consistió en no invitarles a sus actos, prohibirles la entrada si se presentaban por sorpresa, negarles las entrevistas («No moleste Cuatro») y, en general, bloquear toda comunicación con sus enemigos. Estos últimos contraatacaron con un discurso victimista: «Vox no deja trabajar a los  pobres compañeros», o con un discurso legalista: «La discriminación que hace Vox atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos». Por su parte, el partido de Santiago Abascal alega que la exclusión es la legítima defensa ante la «cantidad de mentiras y basura que se está publicando y emitiendo sobre Vox», en palabras del periodista y eurodiputado, Hermann Tertsch.

Analicemos quién lleva razón en esta disputa.

Primero. ¿Existe el derecho a la información?

Los derechos formulados en abstracto -a la información, al trabajo, a la vivienda, a decidir, etc.- son confusos y, casi siempre, se interpretan de forma sesgada e interesada. Recordemos que si alguien tiene un derecho, un tercero tiene un deber para con él. En este caso, si los periodistas tienen el derecho a ser invitados, Vox tiene el deber de invitarlos. Análogamente, si yo tengo derecho a una vivienda, alguien tiene el deber de proporcionármela. Todos estos derechos positivos son espurios, falsos, son pseudoderechos. Los derechos genuinos son negativos, es decir, están referidos a la no injerencia de terceros. Por ejemplo, si una pandilla de energúmenos irrumpe violentamente en la sala donde se realiza un acto electoral o una conferencia se está violando el derecho de los organizadores a proporcionar información a la audiencia.

Esteban y Espinosa de los Monteros

Segundo. La exclusión como derecho de propiedad.

Vox, como cualquier persona física o jurídica, tiene el derecho de invitar a unos y excluir a otros en aquellos actos organizados en su propiedad o en locales contratados. Los medios de comunicación, por su parte, actúan de igual modo: en sus programas invitan a unas personas y excluyen a otras, en función de su interés informativo. El derecho de elegir a unos implica necesariamente el derecho de discriminar a otros. En otras palabras: el derecho de exclusión se subsume en el derecho de propiedad. Nadie puede exigir «ser invitado» a la casa de otro. De igual modo, la propiedad de nuestro cuerpo nos faculta a rechazar un apretón de manos, tal y como hizo Aitor Esteban con Iván Espinosa de los Monteros al finalizar un debate televisado.

Ludwig von Mises

Tercero. Vínculos contractuales y hegemónicos. Según Mises (2011: 234): «Existen dos formas de cooperación social: la cooperación en virtud de contrato y la coordinación voluntaria, y la cooperación en virtud de mando y subordinación, es decir, hegemónica». La comunicación es una relación contractual porque ambas partes deben consentir el intercambio. El promotor de un acto comunicativo elige invitado, siendo este último libre de aceptar o declinar la invitación. Además, cualquiera de las partes puede establecer previamente algunas condiciones: económicas y de otro tenor. El derecho a no participar en una comunicación se observa cuando algún contertulio de un programa se niega a dirigir la palabra an miembro de Vox, cuestión que nadie pone en tela de juicio.

Los periodistas que exigen un supuesto «derecho a la información» pretender convertir un vínculo contractual en otro hegemónico, impuesto violentamente al interlocutor. En definitiva, la «información», en abstracto, ni es un derecho ni es un deber. La información debe obtenerse lícitamente, ya sea mediante un intercambio económico (comprar un periódico) o mediante acuerdo entre los hablantes.

Bibliografía:
Mises, Ludwig von (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial

Sobre el precio del alquiler de vivienda

En otros artículos ya he tratado la cuestión del control de precios de los alimentos, así que hoy me centraré en el mercado del alquiler de vivienda.

Empecemos recordando la famosa ley de oferta y demanda. Cuando la escasez relativa de un bien económico aumenta, es decir, cuando su demanda aumenta en mayor medida que su oferta, su precio sube, bajando en el caso contrario. Si suponemos que el resto de circunstancias no se modifica o ceteris paribus (escenario irreal cuya utilidad es facilitar el razonamiento), la subida del precio del alquiler implica necesariamente la reducción del precio de otros bienes. Si la gente gasta más en alquiler, ceteris paribus, forzosamente deberá gastar menos en otras cosas; por tanto, su demanda bajará y con ella el precio. La subida del precio del alquiler reduce el nivel de vida de los arrendatarios y aumenta el de los arrendadores; los primeros deberán reducir el consumo de otros bienes y los segundos lo podrán aumentar. 

Políticos, periodistas y arrendatarios, ponen el grito en el cielo cuando los alquileres suben de precio generando una alarma social. Consideran que la vivienda es un bien de primera necesidad y que la autoridad debería hacer algo para evitar precios «excesivos». La ciencia económica refuta la existencia de precios objetivos (el valor es subjetivo), por tanto, afirmar que un precio es «demasiado» bajo, «asequible» o «demasiado» alto es una mera opinión; por ejemplo, alguien podría pensar que la subida de precios del alquiler es buena para evitar la «excesiva» población en una zona, cuestión también opinable por idénticas razones. En Canarias, sin ir más lejos, hay quienes piensan que ya no cabe nadie más en las islas. En buena lógica, deberían alegrarse porque la mencionada subida ejerce un efecto de expulsión de residentes. Pero volvamos al análisis económico:

Existen dos formas de mercado, no violentas, de hacer bajar el precio:

A) Reducir la demanda: podríamos persuadir a los consumidores que se trasladen a vivir a un sitio más barato o que compartan vivienda. Esto no es necesario porque el precio ya se encarga de ello, generando incentivos en la dirección apuntada.

B) Aumentar la oferta: los legisladores podrían mejorar la protección jurídica de los propietarios (impagos, okupas) para que más viviendas vacías salgan al mercado. Los ayuntamientos pueden aumentar la oferta de suelo residencial para realizar nueva construcción. Se puede fomentar la rehabilitación removiendo las restricciones legales y la burocracia, etc. Pero, aunque los políticos no hicieran nada bueno (algo de esperar), la mera subida del precio hará que nuevas inversiones se dirijan al mercado de alquiler aumentando la oferta.

El sistema de precios, de forma natural, reducirá la demanda y aumentará la oferta, haciendo bajar nuevamente los precios. Por cierto, los precios nunca están en equilibrio, nada en la economía está en equilibrio, el mercado es dinámico y está en permanente cambio ajustándose a las preferencias de los consumidores. Lamentablemente, algunos políticos ya sea por ignorancia, por ofuscación ideológica o por interés electoral podrán establecer controles de precios, ofreciendo a los votantes un «alquiler asequible» y otros eslóganes populistas.

El problema insoluble del control de precios es que el órgano de planificación del gobierno (funcionarios, asesores, técnicos) carece de la información necesaria para fijar el precio de cada vivienda. Los precios se fijan de forma individual, dinámica y descentralizada por los compradores y vendedores, por tanto, cualquier cifra que determine el gobierno es necesariamente arbitraria y detrimental. Por ejemplo, la Generalidad de Cataluña aprobó en mayo de este año un decreto ley para contener el precio del alquiler en «zonas tensas» (ciudad de Barcelona). La renta no podrá superar en 10% el precio medio del alquiler de la zona e impide a los propietarios actualizar el precio según el IPC. Pero la estadística no resuelve el problema: las casas de una zona (ni siquiera una calle) no son homogéneas y los dueños de pisos mejor situados y/o acondicionados se verán más perjudicados que el resto.

La ciencia económica nos advierte que el control de precios empeorará aun más la situación porque el mercado reaccionará en sentido contrario: aumentará la escasez y tampoco disminuirá el precio real (no nominal) de los alquileres. Por ejemplo, supongamos que la renta de mercado de la vivienda V es 1.000€, si el gobierno fija un precio máximo de 900€, está transfiriendo coactivamente 100€ desde el arrendador al arrendatario. ¿Cómo reaccionará el primero frente a esta agresión? a) Puede dejar de alquilar su casa, venderla o irse al mercado de alquiler vacacional. b) Puede reducir el valor real del inmueble aproximándolo al precio intervenido, ¿cómo? eliminando mobiliario, algunos extras (wifi) o dejando que se deteriore. c) Puede negociar con el inquilino un pago de 900€ en A y 100€ en B. d) Puede endurecer las condiciones contractuales exigiendo más garantías y avales de tal manera que las personas con menor capacidad adquisitiva tendrán mayores dificultades para encontrar una vivienda.

En definitiva, fijar precios máximos al alquiler sólo puede empeorar la situación de escasez relativa,  además reducirá el valor real del parque de viviendas en el mercado. Por tanto, el gobierno no debe regular los precios, sino mejorar el entorno institucional, según apuntamos en B). Por último, la ética nos dice que el «control de precios» es inmoral porque viola la libertad de las partes para realizar contratos legítimos, intentando transferir renta desde el arrendador al arrendatario.

Dos clases de privilegiados

Angel Víctor Torres

Dice Angel Víctor Torres (PSOE), flamante presidente de Canarias, que los privilegiados deben tenerle miedo. No es lo mismo «ser un privilegiado» que ser receptor de un privilegio político. Veamos las diferencias. En el lenguaje popular, «ser un privilegiado» significa tener éxito en la vida por las cualidades innatas (fuerza, belleza, inteligencia, salud), por las habilidades naturales, adquiridas y perfeccionadas mediante el esfuerzo personal o incluso gracias a la suerte. Todos estos factores influyen para tener éxito en la vida y sentirse «un privilegiado»: estado psicológico que varía de un sujeto a otro, o incluso para un mismo individuo a lo largo de su vida. Por ejemplo, Amancio Ortega y Rafael Nadal son dos privilegiados (cada uno en lo suyo), pero también hay miles de personas que se sienten privilegiadas: tienen salud, familia, trabajo, patrimonio, etc. 

Rafael Nadal

Ser receptor de un privilegio político es algo distinto. En este caso, el privilegiado no obtiene el éxito de forma natural, sino porque la autoridad política aplica restricciones a terceros. Por ejemplo, Rafael Nadal gozaría de un privilegio político si el gobierno español prohibiera la participación de Federer y Djokovic en el Open de tenis de Madrid. Seguramente, veríamos con malos ojos este favor, pero se trata del mismo privilegio que gozan hoy, taxistas, farmacéuticos y funcionarios. El gobierno permite sólo a unos pocos elegidos realizar cierta actividad. Según Lord Coke: el monopolio es un favor político, un fenómeno mercantilista y su existencia sólo es debida a «una concesión de privilegios por parte del gobierno».

Amancio Ortega

La diferencia entre ambos tipos de privilegiados es notable. Los primeros son benefactores de la sociedad y su fortuna es el justo resultado de haber satisfecho puntualmente las necesidades y deseos de sus congéneres. Si Amancio Ortega quiere incrementar su beneficio deberá fabricar mejores prendas y más baratas que sus competidores. En cambio, si un taxista quiere aumentar su facturación deberá conseguir que el político de turno restrinja la oferta todo lo posible, por ejemplo, paralizando la concesión de nuevas licencias y prohibiendo la entrada de Uber y Cabify al mercado. Los políticos lo tienen bastante fácil: si quieren aumentar su renta deberán alzar la mano para votar su propia subida de salario.

Pero cuando el presidente Torres dice que los «privilegiados» deben tenerle miedo, ¿a qué grupo se refiere? Yo creo que se dirige a los primeros, a esos «malditos ricos» que ganan una cantidad de dinero «excesiva». Detrás de su amenaza, que debe ser considerada seriamente, reside el secular odio, resentimiento y envidia que siente el mediocre contra aquellas personas más productivas. Por este motivo, pronto veremos en Canarias nuevos impuestos: ¿tasa turística?

Este nuevo gobierno de saqueadores (valga la redundancia) cree que puede construir una sociedad mejor robando a unos y repartiendo el botín a otros. No sabe que su perverso código moral lleva la semilla de su propia destrucción. Una sociedad que castiga el éxito de los mejores es una sociedad condenada al fracaso y a la miseria. Solo hay que echar un vistazo a Venezuela, pero estos fanáticos de la «redistribución» están cegados por su ignorancia y sus prejuicios.

Huelga decir que las declaraciones del presidente Torres ahuyentará a los inversores: «No hay nada más cobarde que un millón de dólares», o como dice el profesor Huerta de Soto: «Que invierta su puta madre».

Jesús Huerta de Soto

La deuda política de España

https://fee.org.es/art%C3%ADculos/la-deuda-pol%C3%ADtica-de-espa%C3%B1a/?fbclid=IwAR3WxLfyVniyQdn2dfPtRx-kfRi85E2TBBGZkyZatEhp5DkOl51E0aTDGHA