El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.

Filosofía para empresarios: el altruismo

Ayn Rand

Tengo la impresión, o casi la certeza de que a los empresarios les interesa poco o nada la filosofía. Como personas pragmáticas, orientadas a la acción, emplean la mayoría de sus energías en los duros avatares de la vida cotidiana y en sacar adelante sus empresas, que no es poco. Los empresarios piensan lo mismo que decían los romanos: primum vivere, deinde philosophari; o dicho en castizo: primero vivir, después filosofar. Sin embargo, este latinajo puede llevarnos a engaño ya que, como advertía Ayn Rand, fundadora del objetivismo, no es posible vivir sin filosofía. Toda acción humana está íntimamente vinculada al sistema de creencias que se configura durante la vida a través de la experiencia y el conocimiento. Por tanto, tal vez sería más adecuado afirmar que "vivir y filosofar" simultáneamente es lo habitual en todo ser humano. El hecho es que todos, seamos o no conscientes de ello, tenemos un sistema filosófico que nos sirve de guía en la vida y de cuyos efectos no podemos sustraernos. Somos libres de creer cualquier cosa pero no somos libres de evitar la sanción que impone la realidad objetiva. Es decir, una mala filosofía tendrá un precio que será preciso pagar. 

Auguste Comte

Hoy trataremos cómo el altruismo afecta al empresario mermando su libertad de acción y sus derechos de propiedad. El filósofo francés Auguste Comte acuñó en 1851 la palabra "altruisme", cuya raiz latina "alter" significa "otro"; literalmente significa "otro-ismo". El altruismo consiste en "poner a los demás por delante de uno mismo como regla básica de vida" o también (RAE) "diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio". La doctrina cristiana -cuestionable filosóficamente en ciertos aspectos- ha calado de tal manera en el subconsciente que es creencia extendida el deber moral de toda persona de ayudar a quien lo necesite. Y aquí es donde surge la trampa filosófica: la persona con menos recursos exige al Estado que cumpla con su deber altruista: dar a cada uno según sus necesidades; y puesto que el Estado es un ente improductivo, debe expropiar la riqueza a unos ciudadanos para entregársela a otros. Esta es la génesis perversa por la que se justifica la redistribución de la riqueza mediante la expropiación fiscal del Estado.

Hans-Hermann Hoppe

El altruismo, por tanto, se adora en el altar sacrosanto del edificio socialdemócrata donde el Estado se convierte en una organización criminal, como acertadamente ya definió Hoppe: "un monopolio territorial de seguridad, coacción y expropiación". La caridad ya no es voluntaria sino forzosa y este error filosófico ha transformado el derecho en legislación, ha convertido una noble institución milenaria en una maraña burocrática, putrefacta, inconexa, insegura e inestable de normas arbitrarias donde el empresario, entre otros, es objeto de múltiples tropelías.


El altruismo nos conduce a una contradicción: es inmoral negarse ser expropiado pero no lo es recibir la mercancía robada. Unicamente un místico o un demente se sentiría moralmente obligado a entregar su patrimonio al prójimo y mucho menos pondría a los demás por delante de  él mismo. Sin embargo, el Estado legisla continuamente en una orgía redistributiva donde el empresario es saqueado por los cuatro costados. Veamos un ejemplo: un empresario, ¿es culpable de que una persona tenga discapacidad? ¿es acaso responsable de velar por la supervivencia de un discapacitado? ¿tiene obligación de proporcionarle trabajo? Damos por hecho que no existe tal responsabilidad. Sin embargo, las leyes laborales, contaminadas por el altruismo y la envidia, han incorporado la doctrina social de la empresa según la cual es deber del empresario proporcionar empleo a los discapacitados. Es decir, la empresa -pero no otro bien particular- tiene una supuesta "función social" y por eso se admite como legítimo lo anterior.

Existen otros ejemplos de abusos altruistas: los ayuntamientos, en lugar de proveer un servicio de baños públicos, como es su deber, lo traslada a los propietarios de bares cuando lo justo sería, en todo caso, negociar un precio a cambio del servicio. Claro que es más fácil y barato seguir coaccionando al empresario a golpe de reglamento.

Como conclusión, parece relevante filosofar sobre la empresa, su naturaleza privada y sobre los derechos de propiedad. Mientras los empresarios admitan un supuesto deber altruista serán tratados como animales de sacrificio. Mientras persistan en este error filosófico, el expolio y la vulneración de derechos no cesará. Las consecuencias están a la vista. No se genera empleo, entre otras causas, porque faltan incentivos racionales a quienes deben crearlo. Nadie moralmente sano, inteligente y juicioso estará dispuesto a trabajar duro y arriesgar su patrimonio para tener éxito y luego ser ordeñado, sancionado y vilipendiado por un sistema político -la socialdemocracia- que ha decidido alimentar a un ejército de parásitos.