Sobre el Principio de Peter

El Principio de Peter es un libro de management escrito, en 1969, por el catedrático de Ciencias de la Educación Laurence J. Peter. La tesis de Peter es la siguiente: «En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia». Es decir, los trabajadores más competentes son ascendidos paulatinamente hasta que alcanzan un puesto donde ya no son eficientes y ahí son retenidos. Esta idea, tan sugerente por otra parte, ya había sido expuesta por el filósofo José Ortega y Gasset, en la década de 1910. 

El Principio de Peter puede ser visto como un «fallo» de la organización empresarial, como un mal endémico a toda corporación, especialmente aquellas altamente estructuradas y jerarquizadas: ejércitos, multinacionales, etc. Este Principio ha sido asumido, acríticamente, como una verdad del management: por ejemplo, un buen médico puede resultar un pésimo director de hospital; un excelente académico puede resultar un mal rector de universidad; un buen comercial puede resultar un pésimo jefe de ventas, etc. 

Hoy analizaremos críticamente el famoso Principio de Peter. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si las empresas hacen bien en ascender a los mejores, es decir, a quienes ocupan actualmente niveles de «máxima competencia». ¿Acaso deberíamos dejarlos en su sitio y probar con otros peores? Si no tenemos certeza del futuro desempeño de unos y otros, lo más sensato parece ascender a los primeros. Hacer lo contrario (no ascender a los mejores) sería destructivo para la moral de los empleados y para la organización en su conjunto. Por ejemplo, los incentivos funcionarán de forma perversa: nadie querría ser eficiente para evitar ser retenido en su nivel de máxima competencia. 

En segundo lugar, las habilidades y destrezas requeridas para ocupar puestos directivos pueden ser perfeccionadas. Las organizaciones capacitan a los empleados que demuestran tener potencial para ocupar puestos de mayor responsabilidad. Por ejemplo, en el Ejército suele ser obligatorio superar un curso de capacitación antes de ser ascendido a un empleo superior. Si los sistemas de promoción están bien diseñados, los aciertos superan a los fallos.

En tercer lugar, el Principio de Peter no se cumple en absoluto en algunos sectores. Por ejemplo, en el deporte, sea profesional o amateur, nadie es mantenido en un nivel de incompetencia. Los deportistas suben o bajan de categoría con suma facilidad, en función de su rendimiento. Por tanto, cabría preguntarse: ¿bajo qué circunstancias se cumple el Principio de Peter? 

Tal vez, el Principio de Peter no sea una norma general del funcionamiento corporativo, sino la consecuencia no deseada de interferencias institucionales. Allí donde la libertad contractual es observada el Principio de Peter no se cumple. En la economía sumergida, paradigma del libre mercado, todo incompetente tiene sus días contados en el puesto. 

En un mercado laissez faire el Principio de Peter no sería la norma, sino la excepción. Cualquier empleado que fuera ascendido y demostrase ser incompetente para el nuevo cargo sería automáticamente devuelto a su posición anterior, pero la legislación (española) interfiere este retorno y exige que al empleado degradado se le siga pagando el mismo salario. Es el legislador, no el empresario, quien premia la incompetencia. En otras palabras, el Principio de Peter es una externalidad del Estado. Por ejemplo, en situaciones de crisis, es frecuente despedir a empleados competentes porque los empresarios no pueden hacer frente a las costosas indemnizaciones de los más antiguos, que han sido blindados. La legislación laboral es la causante de esta gran anomalía.

Por desgracia, la literatura sobre management está plagada de «principios» sin base científica alguna, que no resisten el menor análisis crítico. Por ejemplo, las Leyes de Murphy, en el fondo, no dejan de ser simpáticos chascarrillos: «Si algo puede salir mal, saldrá mal»; «La tostada siempre cae del lado de la mantequilla», etc. 

En definitiva, si los dueños del capital y los gerentes a sus órdenes tuvieran completa libertad para dirigir sus organizaciones, esta regularidad que predice Peter sería la excepción. El Principio de Peter no es inherente a la realidad organizacional, sino la consecuencia indeseada de haber restringido legalmente la función empresarial, la libertad contractual y la propiedad privada.

Racionalizar el horario laboral

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presentado una iniciativa para «racionalizar» el horario laboral, en particular, pretende que con carácter general la jornada laboral finalice a las 18:00 horas. De aquí inferimos que los empresarios, que son quienes fijan el horario, actúan de forma «irracional». Hoy intentaré demostrar que los empresarios actúan racionalmente y que esta mujer comete un triple error: teórico, empresarial y ético. 

En primer lugar, la medida es un error teórico porque en el mercado la información está dispersa en las mentes de las personas, es dinámica, tácita, no se puede articular y se va creando ex novo en los procesos de mercado. Nadie puede saber, a priori, cuál es el mejor horario para cada empresa. El dueño es la persona más capacitada e interesada en que el horario se adapte dinámicamente al mercado.

En segundo lugar, la medida es un error empresarial. Una empresa, si quiere seguir en el mercado, debe anteponer los intereses de sus clientes a los intereses de sus empleados. Mercadona tiene claro este orden: cliente - empleado - proveedor - sociedad y capital. Esto no significa que los intereses de los empleados se ignoren, todo lo contrario, las empresas compiten entre sí por atraer a las mejores personas y están obligadas a satisfacer en todo lo posible sus preferencias. La función empresarial consiste en utilizar la información del mejor modo posible. Los empresarios deben ajustar continuamente plantillas, turnos y horarios según los deseos de los consumidores. No es recomendable subordinar los intereses del público a los intereses de los trabajadores. En Tenerife, hace 30 años, se decretó el cierre de las gasolineras los días festivos para que sus empleados gozaran del «merecido» descanso dominical. Recuerdo las monumentales colas que se formaban en las gasolineras los sábados por la noche. Con los comercios pasaría algo parecido: si son obligados a cerrar a las 18:00, poco antes de esa hora se formarán colas. Recuerde que una cola es sinónimo de retraso e ineficiencia; las colas son propias de países comunistas; si usted soporta una cola, intuitivamente, sabe que algo funciona mal.

Son los clientes quienes determinan, indirectamente, la organización de la empresa, y en particular, el horario. Si las tiendas abren los domingos es porque los consumidores desean comprar en domingo. La racionalidad económica, guiada por los beneficios y pérdidas, exige abrir el negocio los días y horas de mayor demanda. La ministra, si fuera racional, debería focalizar sus esfuerzos en modificar los hábitos de consumo de los españoles; por ejemplo, podría persuadirles de que no fueran al gimnasio después de las 6 de la tarde; que se abstuvieran de dormir la siesta o de ver la telenovela. En política económica es un error muy frecuente poner la carreta delante de los bueyes. Imponer coactivamente un horario perjudica la economía. El intervencionista (gobierno) no puede anticipar las perversas consecuencias de su actuación. Por ejemplo, si forzamos el cierre de los comercios a las 18:00 y el cierre de los bares a las 20:00, la productividad de estos negocios será menor y habrá despidos. Toda limitación del horario provocará una menor producción, menores tasas de capitalización, menores salarios y mayor desempleo. La ministra, que cursó económicas en ICADE, parece ignorar todo esto.

Por último, la medida es inmoral pues viola la libertad de los consumidores para organizar su vida y la libertad de los empresarios para organizar su empresa, sin injerencias externas. La ministra, a pesar de la fingida sonrisa que habitualmente muestra, actúa violentamente, como un matón sindicalista (valga la redundancia), y todo por un puñado de votos. No se puede mejorar la vida de los empleados violentando a empresarios y consumidores.

Empresa, empleo y precariedad

Leo en Facebook este comentario de mi amigo y empresario Jaime Blanco y no me resisto a suscribirlo. El empresario nunca tiene asegurado su "empleo", su actividad, por definición, se desarrolla en un entorno competitivo donde reina la incertidumbre. Los que se quejan de que el empleo es precario parecen ignorar que la empresa es la organización precaria por excelencia. Ninguna empresa, ni siquiera las corporaciones, está a salvo de la quiebra. Por ejemplo, el desplome del barril de crudo de $115 a $30 en el último año y medio ha evaporado ya $250.000 millones del valor bursátil de las grandes petroleras europeas. Repsol, nuestra joya de la corona, ha perdido 50% de su valor en bolsa. El empleo indefinido es un mito.

Atlas

Si por precario entendemos que algo es poco estable, poco seguro o poco duradero, no hay nada más precario que la empresa. Sin embargo, todos exigen al empresario -el trabajador más precario de todos- que proporcione empleo estable, seguro y duradero, algo imposible a todas luces. La mayoría de la sociedad pretende que el empresario se comporte como Atlas, el joven titán de la mitología griega que fue condenado por Zeus a sostener la tierra bajo sus hombros.

El trabajo -afirma Mises- es un factor de producción escaso, pero si sobra capacidad laboral no es por culpa de los empresarios sino por factores institucionales. La mal llamada "protección" laboral es un regalo envenenado al empleado pues eleva el coste de su trabajo por encima de su productividad marginal. El empleado, aunque no lo sepa, deberá producir lo suficiente hasta pagar el último privilegio otorgado. Desde el punto de vista jurídico, la perversa legislación laboral -que debería ser erradicada- convierte al empresario en un presunto culpable y al empleado en un ser exento de responsabilidad legal. 

Como dice mi amigo Jaime, una empresa no es una ONG y cualquier empresario que no se comporte de forma económicamente implacable acabará siendo expulsado del mercado por los propios consumidores, que son seres aún más implacables. Quien afirma que la misión de la empresa es crear empleo es un mentiroso o un ignorante. El empleo no es un fin empresarial sino un medio; el trabajo es un factor de producción igual que lo son las materias primas, las máquinas o la electricidad. Solamente un estúpido afirmaría que la finalidad de su empresa es aumentar los costes. Mientras no se entienda que la empresa es un ente esencialmente precario; mientras políticos, sindicalistas y empleados exijan, como si el hombre fuera un inválido, que el empresario les proteja de los avatares de la vida, no habrá suficientes huéspedes para tanto parásito. Estos enemigos de la realidad reclaman para sí una seguridad que el libre mercado jamás puede ofrecer a nadie. Tampoco entienden las leyes inexorables de la economía y que toda servidumbre impuesta bajo coacción al empresario será trasladada al mercado en forma de desempleo involuntario o descontada al trabajador de alguna manera.

Contra la Fundación Tripartita (II)

En noviembre de 2011 escribí una primera crítica contra la Fundación Tripartita y hoy, que entra en vigor una modificación legislativa (Real Decreto-Ley 4/2015), me ratifico en lo dicho: la Fundación Tripartita debería desaparecer porque es lesiva para los intereses de empresarios, empleados, formadores y contribuyentes. El problema de la intervención es que nunca tiene fin, el gobierno desajusta los procesos de coordinación social que se dan en el libre mercado y, frente a esos desajustes -cuyo culpable siempre es el empresario- el órgano central de planificación económica opta por nuevas intervenciones que provocarán inexorablemente nuevos problemas, y así sucesivamente. Además, como advierte el profesor Huerta de Soto, el intervencionismo genera corrupción.Veamos que dice esta norma y tratemos de identificar las consecuencias no previstas del legislador.

Las primeras diez páginas constituye la clásica farfolla jurídica o preámbulo donde la Administración justifica su intervención. Encontramos expresiones como "modelo productivo", "senda sostenible", "empleo estable y de calidad", "capital humano", "empleabilidad", "diálogo social", etc., todo muy propio de la verborrea socialdemócrata. Creen políticos y burócratas que su misión es satisfacer las necesidades "reales" de empresas y trabajadores, y entrecomillo "reales" porque parece que ellos, en su inmensa arrogancia, saben mejor que los demás sus propias necesidades. Además, la Administración -cual pitonisa- pretende adivinar las necesidades futuras del mercado mediante un ejercicio de análisis y prospección del mercado de trabajo. Es difícil encontrar a la vez tanta ficción y pseudociencia.

No voy a extenderme demasiado explicando los detalles técnicos que incorpora la norma y me referiré sólo a cuatro hechos relevantes. En primer lugar, las empresas de formación deberán tener instalaciones físicas y medios suficientes para impartir la formación sin tener en cuenta que estamos ante un sector cuya oferta está atomizada con consultoras pequeñas y formadores autónomos. Si la formación debe impartirse forzosamente en academias o instalaciones previamente registradas (-incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos para tal fin. Art. 17, a), los proveedores no podrán organizar cursos in-company, que es la opción más habitual, y solo aquellas empresas grandes que disponen de departamentos de formación podrán hacerlo. El resto -PYMES- tendrá que optar por contratar cursos online, enviar a sus empleados a los "centros registrados" o simplemente dejar de hacer cursos. En este último caso, el dinero no utilizado engrosará el tesoro público.

En segundo lugar, está el control de precios. Desde 2003, las entidades organizadoras (academias, consultoras) tenían fijado un precio máximo de sus honorarios de gestión: 25% de los costes de impartición. Este límite era suficientemente generoso para no ocasionar problemas de oferta pues el precio de mercado no sobrepasaba este límite. Pero a partir de hoy, el control de precios se sitúa en 10% de los costes de impartición, es decir, se producirá -como ocurre en Venezuela- desabastecimiento y situaciones de ilegalidad. Por ejemplo, supongamos que se imparte un curso por 1.000€ y los costes de gestión con la Tripartita se elevan a 150€. Si el precio máximo fijado por el gobierno es 25% (250€) la medida no tiene incidencia en el mercado pero si el precio máximo se reduce a 10% (100€), los costes de gestión exceden el máximo legal (en 50€) y los proveedores marginales -aquellos cuyos costes de producción superan el precio máximo- tendrán dos opciones: a) dejar de prestar el servicio y b) trabajar en la ilegalidad. 

En tercer lugar, la norma introduce un elemento muy peligroso que consiste en la posibilidad de que la Administración evalúe los "resultados" de la formación en base a indicadores objetivos y transparentes, en particular, de los resultados de la formación (art. 18.1). Imaginemos que tras la impartición de un curso, un funcionario realiza una inspección ex post, evalúa los conocimientos de un empleado y determina, en su caso, que el resultado de la formación ha sido "insuficiente". Tanto la empresa beneficiaria como la entidad formativa podrían ser sancionados. Introducir este tipo de discrecionalidad aumenta notablemente la inseguridad jurídica de empresas y formadores.  

Por último, la norma endurece el régimen sancionador, promueve el chivatazo e instaura la pena infamante de escarnio: se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y conocimiento de las situaciones fraudulentas (art. 19.1). Todo muy propio de regímenes totalitarios donde no hay peor pecado que pretender engañar al dios Estado. Con más intervención y más coacción la economía podrá caminar pero lo hará como lo hace un hombre con muletas. En conclusión, hoy es otro día aciago para lo que Karl Popper denominaba "sociedad abierta". El Gobierno, una vez más, viola la libertad comercial, viola la libertad contractual y viola los derechos de propiedad mediante su herramienta favorita: la legislación. 

Sindicatos, huelgas y empresarios

Esta mañana, tras el primer partido de padel del año, un joven amigo me pregunta qué opino de los sindicatos; "es una mafia legalizada cuyo objetivo es conseguir para los empleados condiciones laborales mejores de las que podrían obtener en el libre mercado", le respondo presumiendo de haber leído a Mises, Hayek y Rothbard.

Los sindicatos son organizaciones que benefician a sus afiliados a expensas de que otras personas no tengan trabajo. Así de simple. Los sindicatos crean desempleo pues en ausencia de la coacción sindical, habría más personas trabajando con salarios más bajos que los actuales. A continuación intentaré argumentar por qué la actividad sindical, apoyada mediante privilegios gubernamentales, es manifiestamente antisocial e injusta. Comenzaré analizando lo que ocurre en una huelga. Los trabajadores quieren obtener mejoras laborales (salario, descanso, beneficios, etc.) y organizan la huelga para presionar a la propiedad de la empresa y conseguir que ésta acceda a sus pretensiones. Damos por hecho que las negociaciones pacíficas, caso de haberlas, no han surtido efecto y que el sindicato opta por usar medios violentos.

En primer lugar, dejar de trabajar en un derecho inalienable de toda persona. Nadie, excepto un esclavo, está obligado a seguir trabajando si no lo desea. Pero si un empleado tiene derecho a rescindir unilateralmente su contrato laboral, igual derecho le asiste el empresario. Abandonar la empresa o despedir son las dos caras de la misma moneda, el mismo derecho ejercido desde dos partes distintas. 

El empleado en huelga no cobra el salario correspondiente al trabajo no realizado en su empresa pero es libre, en principio, de optar libremente por: a) formar parte de los piquetes: grupos de vulgares matones que amenazan, rompen y agreden. b) ser un esquirol y trabajar para sí mismo o incluso para un segundo empresario, mientras dure la huelga. Sin embargo, el gobierno prohibe al empresario reemplazar a los huelguistas por nuevos trabajadores, de esta manera la empresa sufre pérdidas económicas y cede ante la presión. Así, a través de una doble coacción -sindical y gubernamental- los empleados obtienen una retribución superior al valor descontado de su productividad marginal. Es decir, cobran más de lo que cobrarían en ausencia de violencia. Algo parecido sucede con la prohibición de UBER en España: decenas de miles de personas podrían trabajar como taxistas amateur ganando pequeñas cantidades de dinero pero la presión de los taxistas "autorizados" sobre el gobierno lo impide. Es incorrecto afirmar, por tanto, que el "mercado laboral" sea rígido, todo lo contrario, la institución Mercado siempre es flexible y dinámica; la rigidez sólo es achacable a la "legislación laboral".

Ahora imaginemos que fuera el empresario -como en la novela La Rebelión de Atlas- el que se pusiera en huelga. Supongan que el patrón cree que su plantilla no rinde lo suficiente y decide cerrar la empresa una semana para que los trabajadores "reflexionen" al respecto. Si la ley fuera igual para ambas partes, los empleados no trabajarían ni cobrarían durante esa semana pero además tampoco serían autorizados a trabajar en ninguna otra empresa, debiendo reincorporarse todos a su trabajo al finalizar la huelga. Nadie podría abandonar la empresa, es decir, nadie podría "despedir" a su patrón. Esto resultaría injusto puesto que si una parte (empresario) incumple el contrato, la otra parte (empleado) debería quedar libre de toda obligación. Con otro sencillo ejemplo tal vez podamos verlo mejor: en una pareja de novios, si una parte decide interrumpir la relación amorosa durante un tiempo, no puede legítimamente impedir que la otra parte inicie otra relación con una tercera persona. Esto es de perogrullo.

Si en lugar de la basura legislativa que vomitan los parlamentos democráticos en forma de mandatos caprichosos tuviésemos una Ley universal, estable, evolutiva, no creada, descubierta, justa y digna de ser respetada; el empresario que sufre una huelga tendría el derecho a reemplazar, temporal o permanentemente, a los huelguistas. La libertad de interrumpir toda relación laboral debe ser irrestricta por ambas partes. Solo la coacción gubernamental, basada en la falaz teoría marxista de la explotación, puede inclinar la balanza en favor de los sindicatos mediante el establecimiento de una legislación laboral arbitraria y antijurídica.

Sobre la imposición de plantillas mínimas en los hoteles

Gloria Gutiérrez

En anteriores artículos ya hemos analizado las consecuencias de la intervención política en la economía y, en particular, en el sector del turismo en Canarias. Vimos el error que supone forzar la renovación de la planta hotelera o la pretensión arrogante de instaurar coactivamente un modelo económico único a toda la sociedad. La última perla intervencionista es la proposición no de ley que el grupo PSC-PSOE ha elevado a la Cámara regional para fijar plantillas mínimas en los hoteles. Creen algunos -como la diputada Gloria Gutiérrez- que es posible reducir el alto desempleo en las islas a golpe de decretazo, al más puro estilo estalinista. Estos indigentes intelectuales -también llamados "sus señorías"- tienen una fe ciega en el voluntarismo y en el poder de la coacción legislativa para obtener sus fines. La fuerza bruta que emana del Boletín Oficial suele ser la alternativa a su incapacidad intelectual o fruto de la ceguera ideológica. 

Según algunos políticos nacionalistas y socialistas (tanto monta, monta tanto), sindicalistas, tertulianos radiofónicos indocumentados e intelectuales de izquierda -entre otros- la plantilla de los hoteles en Canarias es insuficiente y se requeriría aumentar la contratación. Si el número de turistas aumenta cada año -afirman aquellos- pero el empleo no aumenta significa que los hoteleros están explotando a los trabajadores. En la entrada Turismo y empleo en Canarias apunté algunas razones por las cuales esto sucedía. Otra razón bastante manida para justificar la imposición de una plantilla mínima a cada hotel es la calidad. Vamos a ir refutando cada uno de los argumentos intervencionistas.

El primer y más importante motivo para oponernos a esta medida es de tipo ético y jurídico. Toda empresa es una propiedad privada y sólo compete a sus dueños organizar la producción. La regulación económica es inmoral pues viola el derecho natural de propiedad. En su día expliqué por qué los empresarios necesitaban de la filosofía. Ellos asumieron dócilmente las tesis socialistas del interés general, las necesidades colectivas, la función social de la empresa y otras majaderías que se incorporaron al derecho constitucional. Fue una desgracia pues esta perversión de la Ley convirtió a los capitalistas en meros dueños nominales (o jurídicos) de sus negocios. El político arrebató, mediante la legislación, el libre uso económico (ius fruendi) de la propiedad a sus legítimos dueños. El resto de la historia ya la sabemos.

En segundo lugar, los hoteles son sólo una parte del negocio turístico. Muchos otros sectores participan en esta actividad económica: líneas aéreas, cafeterías, restaurantes, coches de alquiler, casas rurales, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, supermercados, discotecas, taxis, autobuses, parques acuáticos y de ocio, etc. Resulta arbitrario que se pretenda aumentar el número de camareras de piso en los hoteles y no el número de camareros en los bares.

En tercer lugar tenemos el mito de la calidad. Si queremos un turismo de calidad -afirman algunos- es preciso dar un servicio de calidad a los visitantes y ello pasa, entre otros factores, por disponer de más personal en los hoteles. Aquí sería preciso recordar la teoría subjetiva del valor. En el mercado todas las calidades son buenas para los consumidores. Un hotel con poco personal (y "menos" calidad) no es distinto de otro negocio -digamos un hipermercado- con poco personal. Muchos clientes están dispuestos a recibir un servicio más lento o incluso a no recibirlo a cambio de tarifas más reducidas. Muchos aparthoteles han podido sobrevivir a la crisis precisamente porque tenían la plantilla imprescindible para atender la recepción y poco más. Pocos hoteles hoy en día ofrecen servicio en las habitaciones porque los consumidores no están dispuestos a pagar un sobre coste.   

En cuarto lugar, ¿cómo sabe el órgano planificador cuál es la plantilla "adecuada" de cada hotel? Es posible que algún experto en econometría, utilizando ecuaciones ininteligibles, calcule de forma precisa y objetiva la plantilla óptima de cada establecimiento. La fórmula mágica integraría diversas variables debidamente ponderadas tales como: categoría del hotel, tipo de alojamiento del turista, metros cuadrados construidos, número de instalaciones y servicios, número y calidad de las habitaciones, número de camas,  temporada alta o baja, facturación anual de la empresa, etc. Como es lógico, el gobierno deberá crear un nuevo Cuerpo de Técnicos Inspectores o, en su defecto, una empresa pública que gestione y supervise el nuevo Sistema de Control de Plantilla Hotelera (SCPH). Es decir, más funcionarios y más impuestos.

En quinto lugar, la forma más plausible de regulación de plantilla sería utilizando el método de ensayo y error: el político ensaya y el posible error lo sufren los dueños y empleados del hotel así como sus clientes. Por ejemplo, el gobierno comienza forzando un aumento de plantilla de 5% sobre la plantilla existente y espera a ver si el hotel sobrevive o quiebra. En el primer caso, habremos tenido éxito ya que aumentamos el empleo un 5% a expensas del beneficio empresarial o de las rentas de los restantes factores de producción (tierra y bienes de capital). Suponemos aquí que la ocupación del hotel es constante y que no ha sido posible repercutir los mayores costes de personal en las tarifas del hotel. En el segundo caso (quiebra), habremos fracasado pues el negocio no habrá sido capaz de soportar los costes del incremento de plantilla y todos los trabajadores irán al paro. A priori, implantando la brillante medida podríamos ganar un 5% de empleo frente a una posible pérdida de 100%. 

Jesús Huerta de Soto

¿Cómo reaccionará el mercado frente a la agresión gubernamental? Los inversores tendrán otro motivo más para pensar: "que invierta su puta madre", frase acuñada por mi ilustre profesor D. Jesús Huerta de Soto. ¡Cuánta razón lleva el hombre!. Los inversores abandonarán Canarias o trasladarán sus inversiones a otros sectores de la economía que sean más remunerativos. Pero veamos qué pueden hacer los hoteleros. Si mantenemos la hipótesis anterior de 5% de incremento, los hoteles cuya plantilla se sitúe entre 20 y 39 empleados deberán contratar un trabajador más; entre 40 y 59 empleados, dos más; entre 60 y 79, tres más; y así sucesivamente a razón de un empleado más por cada veinte. Los hoteles con plantilla situada en la zona intermedia, lejos de los límites de corte (20, 40, 60, 80...) podrán seguir llevando su negocio con normalidad. La intervención, de momento, no les afecta. Cuando la plantilla alcance el punto en que ésta sea marginal (19, 39, 59, 79...) el empresario deberá tener en cuenta que, caso de necesitar más mano de obra, serán dos empleados (y no uno) los que deba contratar pues el incremento de 5% le afectará. Algo similar ocurre cuando el gobierno impone servidumbres (por ejemplo, contratación de discapacitados) a las empresas cuando alcanzan un mayor tamaño (50 empleados). En ambos casos el coste marginal de contratación se eleva artificialmente ejerciendo un efecto disuasorio o de resistencia sobre el empleo. Este efecto será directamente proporcional a la intensidad con que el órgano de planificación imponga sus mandatos, en este caso, una plantilla mínima. 

Algunos gerentes buscarán fórmulas para aprovechar al personal excedente sin asumir pérdidas. Por ejemplo, si obligaran al hotel a contratar un cocinero de más podrían emplearlo para vender comida preparada a otros bares y negocios de la zona. Otra solución sería pasar de tener un cocinero a jornada completa a dos cocineros a media jornada, y así repartir el trabajo. Menos rentable, e incluso ilegal, sería emplear al cocinero sobrante en otra función distinta, por ejemplo, en recepción. En general, se produciría trasvase de personal desde los oficios intervenidos hacia los no intervenidos, pero el daño seguiría existiendo.

En conclusión, hemos expuesto el perjuicio que para propietarios, empleados y consumidores supone cualquier injerencia gubernamental sobre la producción de los hoteles. Ni políticos ni funcionarios pueden hacerse con la información necesaria para fijar una plantilla óptima porque aquella surge ex novo, de forma dinámica en los procesos de mercado y sólo está al alcance de los empresarios. Realizar una nueva intervención en el mercado, esta vez fijando plantillas mínimas, sólo ahonda un poco más la tumba donde el gobierno canario entierra a las empresas.

Sobre la conciliación laboral y familiar

La ideología de género sustituyó al mito marxista de la lucha de clases (burgueses contra proletarios) por otro mito: la lucha entre los sexos. Como no podía ser de otra forma, el hombre es la clase sexual explotadora y la mujer la clase sexual explotada. En otros artículos he denunciado que la ideología de género es una doctrina falsa e inmoral. Es la herramienta utilizada por el lobby feminista para obtener privilegios gubernamentales basándose en supuestas e imaginarias injusticias y discriminaciones que la "sociedad" o los hombres (en general) perpetran alevosamente contra las mujeres (en general).

Hoy intentaré refutar el mito de la conciliación entre el trabajo y la familia. Según los ideólogos de género la mujer no puede conciliar de forma adecuada ambas actividades -trabajo y familia- que, según se deduce de la propia definición de conciliar: "conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias", son antagónicas. Así pues, lo primero que debemos negar es que trabajo y familia sean antagónicos, todo lo contrario, el trabajo proporciona el dinero necesario para el sustento de la familia y ésta última otorga al trabajador un entorno donde satisfacer sus necesidades más básicas: seguridad, amor, satisfacción sexual, reproducción, etc.

Pero cuando se alude a la necesidad de conciliar nos referimos generalmente a que la mujer trabaja demasiadas horas si sumamos ambos trabajos: el externo y el doméstico. La supuesta injusticia es que la mujer trabaja fuera y dentro del hogar mientras que el hombre tiende a eludir el trabajo doméstico. Ya sea debido a una cuestión biológica o cultural (no voy a entrar ahora en los motivos) es cierto que la mujer dedica normalmente más tiempo que el hombre al cuidado de los dependientes -hijos y ancianos- y a las tareas del hogar. Admitir este hecho como bueno o malo, sin embargo, no deja de ser un juicio de valor. Algunas mujeres preferirían tener maridos más dedicados a los hijos y al hogar, otras son felices siendo exclusivamente amas de casa y otras no están dispuestas a casarse y/o tener hijos porque valoran más su carrera profesional o su ocio. Hay de todo, si bien las generalizaciones que estoy realizando son, a mi entender, válidas.

Si conciliar es compatibilizar trabajo y familia, no cabe duda de que las mujeres concilian mucho más que los hombres. Si de conciliar se tratase, el gobierno debería preocuparse seriamente por el problema masculino. El hombre concilia poco -y no se queja- porque se ha especializado en todos aquellos trabajos que poseen menor estabilidad geográfica y horaria; por ejemplo: empresarios, directivos, militares, marinos, pescadores, transportistas, autónomos, mecánicos, pilotos, deportistas profesionales, artistas, etc. Por el contrario, las mujeres han ideado fórmulas que les permiten conciliar trabajo y familia: algunas optan por ser funcionarias o tener un trabajo a tiempo parcial, y otras renuncian voluntariamente a los ascensos porque trabajando en la cúpula de una organización las jornadas son eternas y se viaja demasiado. Si los directivos varones trabajan doce horas al día y duermen fuera de casa muchos días al año ¿por qué debería ser distinto en el caso de las mujeres directivas? ¿acaso son ellas más raudas y veloces? El éxito profesional en cualquier campo de actividad humana requiere una gran dedicación y esfuerzo. El que quiera peces que se moje el culo. Si una mujer envidia la situación del hombre que tiene éxito profesional lo que está admitiendo implícitamente es que ella, al igual que su ídolo masculino, prefiere no conciliar. En tal caso, podría hacer lo siguiente: 

a) Buscar un marido que esté dispuesto a ocuparse de los hijos y el hogar mientras ella trabaja duro. Casarse con un machista o con un "moro" puede ser una mala elección imputable exclusivamente a la mujer. b) Otra opción es no casarse o no tener hijos pero la mayoría de las personas prefiere formar una familia, en tal caso, la mejor solución es contratar a una persona que cuide de los hijos y haga las labores domésticas. Las filipinas son las mejores y no resultan onerosas. Todas estas soluciones se caracterizan por ser pacíficas. No hay coacción gubernamental. Ahora bien, ¿qué pretende un gobierno cuando dice que es preciso "fomentar" la conciliación de la mujer? Pues muy sencillo, el político igualitario sustituye la libertad personal por la imposición. Se promulgan leyes que otorgan privilegios a la mujer en perjuicio de los empresarios, compañeros de trabajo o contribuyentes. Las leyes igualitarias que imponen cuotas femeninas son un claro ejemplo de esta forma de violencia institucional. Sería admisible que quienes pretenden modificar la conducta humana emplearan la persuasión o la convicción pero es inmoral que utilicen la fuerza del estado para imponer a los demás su particular cosmovisión. 

Especialmente meritoria ha sido la intervención de Mónica Oriol, presidente del Círculo de Empresarios y madre de seis hijos, denunciando la regulación gubernamental que blinda a las mujeres ante el despido laboral en los siguientes once años después del parto. Las leyes feministas no son neutras, pretenden favorecer a las mujeres pero siempre a expensas de terceros. Mediante la legislación, el lobby feminista obtiene para sus patrocinadas privilegios por razón de sexo sin que a los legisladores les importe violar el principio jurídico de igualdad ante la ley. La ideología de género no sólo es antijurídica sino además inmoral porque utiliza la agresión. Es, por tanto, legítimo que el libre mercado reaccione oponiéndose a la coacción gubernamental. Si contratar a una mujer en edad fértil supone un pasivo para el empresario, éste procurará, ceteris paribus, contratar un hombre en lugar de una mujer. De esta manera, cual bumerán, los privilegios de corte feminista actúan precisamente en sentido contrario a los fines perseguidos.

Turismo y empleo en Canarias

Siempre que intentamos interpretar la realidad, uno de los errores más habituales es ver relaciones de causalidad donde no las hay. Esto se produce frecuentemente en economía cuando comparamos dos fenómenos que acaecen de forma contemporánea. Por ejemplo, si tras una reforma laboral que abarata el despido observamos que el paro aumenta es frecuente tachar la medida de ineficaz; sin embargo, también sería posible entender que en ausencia de aquella reforma, tal vez, el desempleo sería aún mayor. Como decía Frédéric Bastiat, sólo el buen economista es capaz de ver "lo que no se ve".

Se produce otro error similar cuando esperamos que exista cierta relación causa-efecto y éste último no aparece. Por ejemplo, ante una ocupación hotelera considerada buena o incluso muy buena, las cifras de paro se mantienen prácticamente inalteradas. Tal es el caso de Canarias. No puede ser -dicen algunos- que una mayor ocupación en el sector no lleve aparejado un aumento del empleo. De estos y otros males que nos aquejan suele culparse a los hoteleros, a su egoísmo o al "excesivo beneficio" que obtienen haciendo más negocio con la misma plantilla. 

Intentaré aclarar esta aparente paradoja. En primer lugar, en el negocio hotelero, la ocupación (demanda) puede variar sustancialmente en poco tiempo y la rigidez de las leyes laborales no ayuda a que la plantilla (oferta) se ajuste rápidamente a los cambios del mercado. Si el despido fuera libre, es decir, libremente pactado entre las partes, los empresarios podrían despedir rápidamente cuando la ocupación hotelera fuera baja y, con la misma facilidad, contratar rápidamente cuando aquella fuera alta. Es cierto que mediante el intervencionismo laboral las plantillas son más estables pero esto, lejos de ser una ventaja, es un grave inconveniente para la buena marcha del negocio y los empleados no siempre salen ganando con la pretendida protección gubernamental. Estos pasan de tener periodos con poca faena (baja ocupación) a otros donde trabajan hasta el agotamiento (alta ocupación). En el primer caso los empleados cobran más de lo que producen mientras que en el segundo cobran menos; esta es la fórmula que le queda al hotelero para compensar pérdidas y beneficios empresariales sin tener que despedir ni contratar. Ante el corsé que supone la legislación laboral el empresario encuentra formas de soslayarla y así mantener la rentabilidad. Otra solución empleada habitualmente es mantener la plantilla al mínimo y hacer frente a los picos de demanda con trabajadores temporales (ETT), lo cual supone, dicho sea de paso, un coste añadido para la empresa.

Podemos ahora llevar el razonamiento anterior a un periodo de tiempo más dilatado, como es el ciclo económico. Durante la fase de recesión muchos hoteleros sentían la necesidad de ajustar sus plantillas pero el coste del despido no les permitía hacerlo sin agravar aún más su maltrecha situación. Las indemnizaciones por despido llevarían ineludiblemente a la empresa a la quiebra. Un último recurso era mantener la plantilla y pedir créditos bancarios hasta que la situación mejorara. Las empresas supervivientes de la crisis podrían recuperarse en el futuro si conseguían en sus establecimientos tasas de ocupación más altas sin tener que aumentar los costes de personal. Ahora mismo, muchos hoteles están en esta etapa haciendo caja para amortizar los créditos y compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Esto explica la aparente contradicción de tener una alta ocupación sin que aumente el empleo. Buscar la causa en un súbito ataque de avaricia del empresario nos llevaría a preguntarnos por qué motivos la avaricia aumenta o disminuye, cuestión ésta que sesudos psicólogos podrían analizar.

La amenaza, escuchada en algunos medios de comunicación, de regular aún más el sector y obligar a los hoteleros a contratar más personal solo puede agravar aún más la situación. La indigencia intelectual de algunos políticos y sindicalistas no les permite comprender la siempre escurridiza y contraintuitiva naturaleza de los fenómenos económicos. Los gobernantes pretenden arreglar los desaguisados de su intervencionismo con más intervencionismo. Cual topos, ciegos por la ideología, quieren sustituir la libertad del mercado por la planificación económica.

Tu boca NO está de oferta

Algunos colegios profesionales de dentistas han lanzado sendas campañas para defender los derechos de los pacientes. Su finalidad es alertar a los consumidores de que tras una publicidad "engañosa" y precios "excesivamente" bajos puede esconderse el uso de materiales de "mala" calidad y prácticas "erróneas" que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Estos teman me tocan muy de cerca por dos motivos: uno es que desde 2010 vengo impartiendo un curso de Marketing de Servicios para Clínicas Dentales; y otro es que a mis 54 años, cual adolescente, llevo un tratamiento de ortodoncia con brackets. Por tanto, desde mi doble experiencia como docente y paciente, me gustaría hacer algunas precisiones ante este tipo de campañas. Mi análisis se hará desde distintas ópticas. Comenzaremos por los "derechos del paciente". Es un error considerar que existen derechos in abstracto o derechos en general. Los derechos y su corolario -las obligaciones- son referidos siempre a individuos que realizan contratos específicos; es decir, el derecho de un paciente, en tanto que consumidor, es de orden contractual. El dentista ofrece un tratamiento concreto, durante un período determinado, empleando unos materiales específicos, que proporcionará un resultado final deseado. A cambio, el paciente paga el precio estipulado en el contrato. Cada acto médico supone distintos derechos y obligaciones para las partes.

Respecto de la calidad, también es preciso una clarificación. En primer lugar, al igual que la utilidad o el valor, la calidad es un concepto subjetivo y difícilmente articulable. No existe una frontera entre la buena y la mala calidad pero sí existe un continuo de diferentes calidades desde la más alta hasta la más baja.

La calidad engloba muchos atributos distintos: prestigio profesional, reputación de la marca comercial, procesos (atención al paciente, tiempos de espera en la consulta) y evidencia física (instalaciones, materiales empleados) constituyen la mezcla de marketing de servicios. En general, los pacientes no poseen información precisa para valorar la calidad de una oferta pero no por ello compran a ciegas. La fama del dentista, el buzz marketing (rumor, prescriptores informales o "boca a boca"), la proximidad entre el domicilio y la clínica dental, la financiación o el precio, son elementos de valoración a la hora de comprar. Es cierto que el cliente no tiene la más remota idea sobre la calidad de los aparatos y materiales empleados (brackets, resina, férulas, herramientas), pero aún en el supuesto de que tenga toda la información técnica precisa, su interpretación y valoración requiere un enorme esfuerzo cognitivo que los consumidores no están dispuestos a realizar.

Hablemos ahora de precio y oferta. Los precios (como la calidad) no son ni excesivamente bajos, ni excesivamente altos, y todo intento de fijar límites en este sentido es arbitrario. Sin embargo, existe una correlación directa entre precio y calidad. El eslogan: tu boca NO está de oferta, de forma metafórica previene a los consumidores de que una oferta comercial temeraria, es decir, cuyo precio fuera sensiblemente inferior a los del mercado, es señal de precaución: las calidades entregadas también podrían ser sensiblemente bajas. Desde este punto de vista, las campañas de los colegios profesionales tienen sentido. Pero tampoco debemos olvidar que los productos y servicios de menor calidad ejercen una función importante en la economía: permiten que un mayor número de consumidores acceda a ciertos bienes hasta ahora vedados por su elevado precio. No está de más recordar que en España, según Juan Ramón Rallo, el 97% de los servicios odontológicos es sufragado con fondos privados. Por extraño que nos resulte, en el libre mercado todas las calidades son bienvenidas. Por ejemplo, un acto profesional realizado por un dentista menos habilidoso o con poca experiencia, en instalaciones modestas, con equipos comprados de segunda mano y materiales de menor calidad, deberá ofertarse necesariamente a precios bajos. Esto no incomoda a quienes ya tienen suficiente dinero para pagar calidades y precios superiores; en cambio, beneficia a las personas con menor capacidad adquisitiva que antes no podían acceder al servicio. Como resultado de los precios bajos, el mercado de servicios odontológicos se expande por la franja inferior. Análogamente, la aparición de técnicas como Invisalign (fundas invisibles) hace lo propio por la franja superior. El aumento de la oferta en ambos sentidos, con precios más bajos y más caros, incrementa del número total de clientes. Por tanto, se requerirá un mayor número de dentistas (y personal auxiliar) para atender a un mayor número de pacientes y esto producirá, a su vez, una mayor especialización de profesionales y clínicas dentales. Lo que parecía inicialmente un inconveniente se revela como una ventaja.

En cuanto a la publicidad "engañosa", no es fácil establecer un criterio de demarcación entre la verdad y la mentira de la información publicitaria ¿Quién sería el árbitro en tan dificultosa tarea? Ni siquiera para los jueces es asunto sencillo. Todo intento institucional de controlar el mercado aludiendo a una supuesta "verdad oficial" es una arrogancia fatal que acarreará muchos inconvenientes y pocas ventajas. Pero ante la ausencia de control institucional ¿cómo se autoprotege el consumidor de un fraude comercial? Según Morris y Linda Tannehill: los negocios cuyos productos son potencialmente peligrosos para los consumidores dependen de la buena reputación. El irrestricto comportamiento deontológico de un dentista es algo más que una opción moral, es una cuestión de supervivencia. En ausencia de privilegios gubernamentales los consumidores castigarán a los profesionales (y empresas) que actúen fraudulentamente. ¿Es engañoso hacer una oferta, durante un tiempo limitado, de un servicio odontológico? sí, "siempre que sea la competencia quien lo haga". Bromas aparte, cuando los consumidores reciben descuentos, ofertas de 3x2 (bono económico), regalos (bono social) o son invitados a probar un nuevo producto o servicio ¿están acaso siendo engañados? Si un niño lleva brackets y el dentista ofrece un descuento de 10% en la ortodoncia de su hermano menor ¿significa esto que el primogénito estará mejor atendido? El descuento aplicado es debido por el mayor volumen de compra del cliente (padres) pero nadie diría que la boca del segundo hermano "está de oferta". Como vemos, eslóganes populistas como "la salud (o la educación) no está en venta" no resisten el más mínimo análisis económico.

Por último, intentaré justificar que las clínicas dentales, como cualquier negocio, pueden y deben utilizar todas las estrategias y recursos de marketing a su alcance con sólo dos condiciones: a) comunicarse verazmente con sus clientes para que tomen decisiones informadas; y b) cumplir los contratos. A diferencia de otros facultativos que son funcionarios o empleados en la empresa privada, el dentista es un empresario y actúa como tal buscando el legítimo beneficio de su actividad. En ocasiones, los médicos se enfrentan a dilemas éticos ¿se debe aceptar la preferencia estética de un paciente a costa de un mayor riesgo para su salud? La intervención sanitaria por motivos estéticos es un ejemplo de que la salud no es siempre un valor hegemónico: algunos pacientes asumen riesgos calculados sobre su salud a cambio de una mejor apariencia física o estado psicológico. Todo dentista es libre de negarse a incrustar un diamante en el diente sano de un paciente aludiendo que tal cosa perjudicaría su salud bucodental pero no puede impedir que otro colega acepte ese intercambio. Tampoco existe una frontera nítida en cuestiones éticas. Veamos otro ejemplo: ¿deberíamos vender un tratamiento Invisalign a sabiendas de que el cliente deberá rescatar antes su plan de pensiones? Si el paciente está debidamente informado, el negocio es éticamente impecable ya que aquél expresa una mayor preferencia temporal: valora más su bienestar presente que su bienestar futuro. Es un axioma que todo intercambio libre y consentido, sin que exista fraude o coacción, beneficia a ambas partes; si no fuera así, el intercambio nunca se produciría.

Para terminar, quiero expresar mi profunda admiración por la figura del dentista. Su labor es muy meritoria. No sólo ha invertido muchos años de estudio y esfuerzo para adquirir su capacitación técnica, además debe manejar su empresa como todo hijo de vecino: debe contratar empleados, formarlos, motivarlos y llegar a formar un equipo de trabajo cohesionado; debe asumir riesgos y realizar costosas inversiones en equipamiento de alta tecnología; debe contratar asesoramiento fiscal, laboral y contable; y debe competir en el libre mercado utilizando todas las estrategias de marketing a su alcance. El dentista, como empresario, no puede quedar al margen de su función mercantil; pero el legítimo ánimo de lucro debe conciliarse con los igualmente legítimos intereses de sus clientes.

Sobre la renovación de la planta hotelera en Canarias

Escucho con frecuencia en la radio a políticos, periodistas y tertulianos varios hablando sobre qué estrategias son más convenientes para el turismo en Canarias y no puedo sentir otra cosa que una mezcla de tristeza y cólera frente a tanto desatino. No es que yo tenga la solución para que los hoteles se llenen de turistas, ni mucho menos, el problema es que ellos: jerarcas de la política canaria, indigentes intelectuales que jamás han abierto un libro de economía, esos que nunca han pisado la empresa privada, ni llevado un negocio propio y mucho menos dirigido un hotel, pretenden saber mejor que nadie qué conviene a empresarios y turistas. Es difícil encontrar, a la vez, tanta arrogancia e idiocia.

Los empresarios no son infalibles, ni mucho menos, pero si alguien está capacitado y avalado por la experiencia para tomar las mejores decisiones empresariales son ellos. Los políticos deberían de abstenerse de intervenir en la economía y, en este caso, en el turismo. En primer lugar, los hoteles y los terrenos para construir nuevas instalaciones son propiedad privada y, a nadie, excepto a sus propietarios, corresponde decidir sobre ellos. Impedir la construcción de nuevos hoteles y subsidiar la rehabilitación de los viejos es un acto arbitrario e ilegítimo que viola los derechos de propiedad. En el primer caso, se viola la libre disposición de un terreno particular y en el segundo, se beneficia al hotelero subsidiado a expensas del dinero expropiado a los ciudadanos.

Además, en ambos casos, siempre existe la posibilidad de que políticos y funcionarios prevariquen favoreciendo a sus amigos o exijan mordidas a cambio de favores. Recordemos que intervencionismo y corrupción política van siempre de la mano. Por este motivo, entre otros, a los políticos les encanta intervenir y "reparar" las imperfecciones del mercado. Lo que siempre sucede es que la "mano invisible" del mercado se sustituye por la "patada visible" del Gobierno.

Otra intervención perniciosa sería forzar a las entidades bancarias a otorgar créditos preferentes para la rehabilitación de la planta hotelera, es decir, a un interés inferior al que fijara libremente el mercado financiero; o presentar avales públicos en favor de los hoteleros que pidan créditos. De este modo, el mayor riesgo crediticio se traslada artificialmente a los bancos o a los contribuyentes, según cada caso.  

No parece, por tanto, extraño que el lobby hotelero (ASHOTEL) se frote las manos y pida "mayor dotación económica para la renovación de la planta hotelera".

Los políticos, no entienden -o no quieren entender- cómo funciona el mercado. No admiten que los turistas, tal vez, prefieran alojarse en hoteles viejos a cambio de un precio menor. Tampoco entienden que los empresarios, que arriesgan su dinero, opten por agotar la propiedad y no invertir si no vislumbran suficientes ganancias futuras. No existe diferencia conceptual alguna entre agotar la vida útil de un hotel y la de otro negocio cualquiera, ¿por qué empeñarse en rehabilitar los hoteles y no los bares, taxis u hospitales? Si alguien decide no pintar su casa o mantener en uso un coche viejo ¿qué problema hay? Subsidiar la renovación de un edificio es igual de nocivo que el plan PIVE: se beneficia a las industrias hotelera y automovilística, respectivamente, a expensas del contribuyente.

Querer diseñar, mediante la coacción legislativa, un "modelo turístico" arbitrario interfiriendo los deseos del mercado es una ensoñación propia de ilusos que sólo perjudica a empresarios, turistas y contribuyentes. Una gran virtud del liberalismo es precisamente tener la humildad de reconocer que la información necesaria para tomar buenas decisiones económicas está dispersa en el mercado y nunca en la mente de unos cuantos políticos iluminados.

Filosofía para empresarios: el altruismo

Ayn Rand

Tengo la impresión, o casi la certeza de que a los empresarios les interesa poco o nada la filosofía. Como personas pragmáticas, orientadas a la acción, emplean la mayoría de sus energías en los duros avatares de la vida cotidiana y en sacar adelante sus empresas, que no es poco. Los empresarios piensan lo mismo que decían los romanos: primum vivere, deinde philosophari; o dicho en castizo: primero vivir, después filosofar. Sin embargo, este latinajo puede llevarnos a engaño ya que, como advertía Ayn Rand, fundadora del objetivismo, no es posible vivir sin filosofía. Toda acción humana está íntimamente vinculada al sistema de creencias que se configura durante la vida a través de la experiencia y el conocimiento. Por tanto, tal vez sería más adecuado afirmar que "vivir y filosofar" simultáneamente es lo habitual en todo ser humano. El hecho es que todos, seamos o no conscientes de ello, tenemos un sistema filosófico que nos sirve de guía en la vida y de cuyos efectos no podemos sustraernos. Somos libres de creer cualquier cosa pero no somos libres de evitar la sanción que impone la realidad objetiva. Es decir, una mala filosofía tendrá un precio que será preciso pagar. 

Auguste Comte

Hoy trataremos cómo el altruismo afecta al empresario mermando su libertad de acción y sus derechos de propiedad. El filósofo francés Auguste Comte acuñó en 1851 la palabra "altruisme", cuya raiz latina "alter" significa "otro"; literalmente significa "otro-ismo". El altruismo consiste en "poner a los demás por delante de uno mismo como regla básica de vida" o también (RAE) "diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio". La doctrina cristiana -cuestionable filosóficamente en ciertos aspectos- ha calado de tal manera en el subconsciente que es creencia extendida el deber moral de toda persona de ayudar a quien lo necesite. Y aquí es donde surge la trampa filosófica: la persona con menos recursos exige al Estado que cumpla con su deber altruista: dar a cada uno según sus necesidades; y puesto que el Estado es un ente improductivo, debe expropiar la riqueza a unos ciudadanos para entregársela a otros. Esta es la génesis perversa por la que se justifica la redistribución de la riqueza mediante la expropiación fiscal del Estado.

Hans-Hermann Hoppe

El altruismo, por tanto, se adora en el altar sacrosanto del edificio socialdemócrata donde el Estado se convierte en una organización criminal, como acertadamente ya definió Hoppe: "un monopolio territorial de seguridad, coacción y expropiación". La caridad ya no es voluntaria sino forzosa y este error filosófico ha transformado el derecho en legislación, ha convertido una noble institución milenaria en una maraña burocrática, putrefacta, inconexa, insegura e inestable de normas arbitrarias donde el empresario, entre otros, es objeto de múltiples tropelías.


El altruismo nos conduce a una contradicción: es inmoral negarse ser expropiado pero no lo es recibir la mercancía robada. Unicamente un místico o un demente se sentiría moralmente obligado a entregar su patrimonio al prójimo y mucho menos pondría a los demás por delante de  él mismo. Sin embargo, el Estado legisla continuamente en una orgía redistributiva donde el empresario es saqueado por los cuatro costados. Veamos un ejemplo: un empresario, ¿es culpable de que una persona tenga discapacidad? ¿es acaso responsable de velar por la supervivencia de un discapacitado? ¿tiene obligación de proporcionarle trabajo? Damos por hecho que no existe tal responsabilidad. Sin embargo, las leyes laborales, contaminadas por el altruismo y la envidia, han incorporado la doctrina social de la empresa según la cual es deber del empresario proporcionar empleo a los discapacitados. Es decir, la empresa -pero no otro bien particular- tiene una supuesta "función social" y por eso se admite como legítimo lo anterior.

Existen otros ejemplos de abusos altruistas: los ayuntamientos, en lugar de proveer un servicio de baños públicos, como es su deber, lo traslada a los propietarios de bares cuando lo justo sería, en todo caso, negociar un precio a cambio del servicio. Claro que es más fácil y barato seguir coaccionando al empresario a golpe de reglamento.

Como conclusión, parece relevante filosofar sobre la empresa, su naturaleza privada y sobre los derechos de propiedad. Mientras los empresarios admitan un supuesto deber altruista serán tratados como animales de sacrificio. Mientras persistan en este error filosófico, el expolio y la vulneración de derechos no cesará. Las consecuencias están a la vista. No se genera empleo, entre otras causas, porque faltan incentivos racionales a quienes deben crearlo. Nadie moralmente sano, inteligente y juicioso estará dispuesto a trabajar duro y arriesgar su patrimonio para tener éxito y luego ser ordeñado, sancionado y vilipendiado por un sistema político -la socialdemocracia- que ha decidido alimentar a un ejército de parásitos.

Eurovegas: por qué los empresarios necesitan filosofía

La polémica existente sobre el caso Eurovegas así como las posturas enfrentadas entre sus partidarios y detractores nos conduce a una inevitable reflexión filosófica sobre el origen de la disputa: los diferentes conceptos que se tienen sobre la propiedad privada.

Toda cuestión controvertida habitualmente descansa en un desacuerdo sobre las distintas jerarquías que adquieren los valores. Por ejemplo, en EEUU prevalece la inviolabilidad del domicilio sobre la integridad física de un intruso y las leyes amparan al ciudadano que dispara con su pistola al criminal. En España no es igual: la ley considera la vida del criminal un bien jurídico superior a la propiedad privada de la víctima y por eso España es un chollo para asaltantes, ladrones y criminales en general. 

En el caso Eurovegas también se pone de manifiesto la diferente idea que americanos y españoles tienen de la empresa privada: para unos, es una propiedad que no puede ser violada por nadie, ni siquiera por el Estado; para los segundos, es un ente cuyo funcionamiento puede y debe ser intervenido y controlado por el Estado para equilibrar fuerzas y proteger al trabajador del supuesto abuso del empresario, que es visto y tratado como un presunto delincuente. El resultado de ambas concepciones filosóficas está a la vista: unos empresarios -como Sheldon Adelson- se muestran orgullosos de serlo, y otros -los españoles- han asumido su "pecado original": la culpa de querer ganar dinero, y se esconden como conejos ante las tropelías del político de turno o de los sindicatos. 

El empresario Sheldon Adelson, dueño de Las Vegas Sand Corporation, cree que sus casinos, los suyos, son de su propiedad y que nadie ajeno al negocio tiene el derecho de intervenir en su funcionamiento; sólo las partes interesadas o stakeholders (propiedad, empleados, proveedores y clientes) poseen la facultad de negociar, de forma libre y consentida, los asuntos que le conciernan; por lo anterior, Adelson presume con orgullo randiano que en ninguna de sus empresas rija convenio colectivo alguno. Como explican Braun y Rallo en su libro El liberalismo no es pecado: "los sindicatos son cárteles de trabajadores que pretenden conseguir un salario mayor que el que podrían obtener en un mercado libre".

El socialismo admite como legítima una ecuación éticamente dudosa: A (gobierno) y B (sindicato) deciden lo que C (empresa) hará por D (trabajador). Resulta evidente que el señor Adelson, con buen criterio, no está dispuesto a tomar el ricino filosofal con el que se desayunan a diario sus colegas españoles. 

Las reglas que necesitan las empresas no son distintas de las generales que operan en la economía: derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos. Sin embargo, los políticos, intentan una y otra vez imponer estérilmente, a golpe de ocurrencia, sus propias reglas al Mercado cuando éste solo busca libertad y seguridad jurídica. Es patente que estamos gobernados por imbéciles y analfabetos que sólo miden su rendimiento político contabilizando un sinfín de paridas legislativas. No es una broma, el Gobierno (PP) de Murcia está revisando la Ley Regional de Turismo y el borrador contempla sanciones para las empresas que "no traten bien a sus clientes".

Las posiciones sobre Eurovegas son de tres tipos: a) Los sindicatos y partidos de izquierda han puesto el grito en el cielo desplegando su tradicional arsenal metafórico: vuelta a la esclavitud, agresión a la clase trabajadora, capitalismo salvaje, coacción del gran capital, fomento de la ludopatía y prostitución, agresión medioambiental, y resto de exabruptos. Desde la ideología colectivista, cuyo principal enemigo es la libertad, hay que impedir a toda persona -por su propio bien- trabajar bajo las condiciones particulares de Eurovegas, aunque aquella estuviera conforme; restringiendo de paso el uso de la primera propiedad privada: el propio cuerpo, las habilidades y el trabajo. Al igual que ocurre cuando se fija un salario mínimo, el Estado, sea por ignorancia o por un sesgo ideológico, provoca un desempleo involuntario, y ya estamos en 25,8 %.

b) Los socialistas de derecha, que proliferan cada vez más, con Rajoy como máximo exponente, intentan contemporizar situándose en un terreno intermedio y embarazoso que realmente no convence a nadie, debido a sus contradicciones internas.

c) Por último, en franca minoría, están los favorables al proyecto de Madrid-Eurovegas: la valiente pero ya dimitida Esperanza Aguirre, su sucesor Ignacio González y los escasos liberales que todavía quedan en España.

Lo que no entiendo es una cosa, si las autoridades españolas ceden -como todo parece indicar- ante las demandas de un empresario americano, en el sentido de respetar sus derechos de propiedad, aduciendo que es bueno para la economía de Madrid y de España, y porque se crearán más de 200.000 empleos; ¿no es esto una afrenta a la razón? ¿por qué respetar la propiedad de uno grande y violar la de miles pequeños? El empresario español, como el ser mitológico Atlas, ha sido castigado por el dios Estado a sostener el mundo económico bajo sus hombros sin recibir a cambio más que ultrajes: su propiedad privada intervenida, su libertad de contratar y despedir coartada, su iniciativa obstaculizada por la burocracia y su reputación pisoteada. Cuánta razón tenía Leonard Peikoff cuando afirmaba en un ensayo: "por qué los empresarios necesitan filosofía".

Contra la Fundación Tripartita (I)

Muchas personas han oído hablar de la Fundación Tripartita. Desde 2004 llevo trabajando con ella puesto que mi empresa es "Entidad Organizadora" de los cursos que se imparten en las empresas. Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este sistema estatalista de promover la formación continua de los trabajadores e intentaré argumentar, desde una óptica liberal, que se trata de un sistema perverso.

El sistema funciona así: Cada vez que un empleado cobra su nómina y cada vez que un empresario paga los seguros sociales, el Estado les detrae (a ambos) una cantidad de dinero que luego debe ser empleada necesariamente en la formación de los trabajadores que integran una empresa. La cantidad detraída durante un año natural a toda la plantilla es el crédito que la empresa dispone para gastar al año siguiente en cursos. Las empresas contratan a formadores o envían a sus trabajadores a diferentes cursos y pagan las facturas correspondientes. Las cantidades satisfechas son devueltas a la empresa mediante bonificaciones en los seguros sociales (TC1). Si la empresa no gasta en formación o le sobra dinero a final de año, el Estado se embolsa el sobrante y materializa un "saqueo" más, de los muchos a los que estamos sometidos en nuestro actual sistema colectivista. 

Hecha esta introducción, expondré algunas consideraciones:

1. Al actuar de esta forma, el Estado presupone que tanto empresarios como empleados son seres irresponsables incapaces de invertir en formación y por eso es preciso quitarles su dinero de forma preventiva "por su propio bien" para forzarles a que hagan cursos.

2. Las normas que regulan la realización de los cursos bonificados y los trámites que se realizan a través de una aplicación telemática suponen unos costes extra para la empresa. Por ejemplo, deben contratar personal extra para usar el sistema o bien deben contratar empresas de formación y consultoras -como es mi caso- para que les realicen estos trámites. Esta barrera de conocimiento, ocasionada por la regulación estatal, ha ocasionado que muchas PYMES no hayan sabido usar el sistema y hayan perdido año tras año su dinero.  

3. En los últimos años han proliferado las empresas de formación que ofrecen "cursos gratis" bonificados para que las empresas gasten su dinero, a veces sin criterio ni sentido. Consumir el crédito antes de fin de año para que no se lo quede papá-Estado suele ser un argumento de ventas. 

4. Otro problema recurrente es que cualquier error en los trámites supone una disconformidad de la F. Tripartita con la consecuente devolución de parte del dinero.

5. Los empresarios y autónomos están excluidos del sistema y no pueden beneficiarse de los cursos.

Es una contradicción que el Gobierno enaltezca la competitividad de las empresas y haga todo lo contrario. La acción preventiva del Estado y las regulaciones -en este y otros aspectos- sobre las empresas es un lastre para su competitividad. Hemos visto un ejemplo de cómo el Estado, actuando tal vez de buena fe pero con un paradigma equivocado, perjudica gravemente a los ciudadanos; como algunos padres que alegan querer a sus hijos pero los hacen infelices. Lo que yo he observado es que muchas empresas sobreviven, no gracias a la acción del Estado, sino a su pesar. Existen causas objetivas que explican la precaria situación económica de España. La principal, a mi entender, es poseer creencias falsas.