El recelo, miedo o rechazo al cambio tecnológico es tan viejo como la humanidad. Se trata de un caso particular del miedo antropológico a cualquier tipo de cambio que amenace nuestro statu quo. Ya decía Platón que «el cambio es el mal y que el reposo es divino» (Popper, 2010: 52). Al ser humano le conforta la certeza y le incomoda la incertidumbre del cambio, algo debido a un complejo entramado de factores neurobiológicos, psicológicos y culturales, que actúan como un mecanismo de supervivencia y de orden social. Elucidemos las causas del rechazo al cambio tecnológico.

Barreras cognitivas: ignorancia, creencias y pereza.

Toda innovación tecnológica tiene (al menos) tres barreras cognitivas: la primera y menos importante es la relativa a la comprensión de la propia tecnología, es decir, sus fundamentos científicos y técnicos; solo los especialistas y algunos curiosos son capaces de entender estas complejidades. La segunda barrera es la creencia infundada de que cierta tecnología tiene algún efecto nocivo; por ejemplo, algunos no usan el horno microondas porque emite «radiación»; otros rechazan la inteligencia artificial porque supone una amenaza laboral y social. Con frecuencia, los detractores de una nueva tecnología, ni la entienden, ni la usan y, en lugar de reconocer su ignorancia, la rechazan profiriendo todo tipo de augurios. La tercera, y más importante, es la dificultad de uso por los consumidores. Una nueva tecnología, si es útil, económica y fácil de usar, se impondrá de forma natural en la sociedad.

La telefonía móvil es un buen ejemplo. La inmensa mayoría de la población usa aparatos — electrodomésticos, vehículos, máquinas— muy sofisticados sin necesidad de comprender sus «tripas». Pero si usar una nueva tecnología exige un notable esfuerzo intelectual, no será adoptada por las masas. Por esta razón, el mejor dinero conocido —Bitcoin— no se ha popularizado. Entre los grupos más reacios al cambio tecnológico tenemos los mayores de edad, los de menor educación, los procedentes de «letras» y los perezosos. Numerosos analfabetos tecnológicos no son incapaces ni tontos, simplemente prefieren la comodidad de lo conocido al esfuerzo que requiere aprender algo nuevo. Por ejemplo, el director de cine y ganador de un Oscar, José Luis Garci, no tiene teléfono móvil ni usa Internet porque le «coge a trasmano».  

La destrucción creadora de Schumpeter

Según Joseph A. Schumpeter, el empresario que innova crea lo nuevo a la vez que «destruye» lo antiguo. Este proceso de destrucción creadora constituye el hecho esencial del capitalismo (Schumpeter, 1997: 120). Sin embargo, «destrucción» es claramente una hipérbole del lenguaje. Innovar es una actividad pacífica que no destruye nada, tan solo vuelve obsoletos determinados bienes, medios y formas de producción. La innovación ofrece al consumidor algo mejor de lo que ya tiene y cuando aquél comprueba la diferencia, abandona pacíficamente los bienes antiguos por un interés personal. Cada nueva tecnología va reemplazando pacíficamente a otras que son menos eficientes y económicas.

El coste humano de la innovación

Se habla mucho del «coste» humano que ocasiona un cambio tecnológico y no tanto de su «beneficio», que es muy superior. Toda innovación tecnológica produce desajustes e incomodidades: específicos empleados deben adquirir nuevos conocimientos y destrezas, otros quedan temporalmente desempleados o deben buscar acomodo en otras ocupaciones y zonas geográficas; por su parte, los empresarios se enfrentan al dilema de mantener o sustituir una maquinaria que se va volviendo obsoleta. Pero es innegable que el beneficio de la innovación tecnológica excede a sus costes y la mejor prueba es su aceptación social. La acumulación histórica de innovaciones tecnológicas —desde la rueda hasta la inteligencia artificial— es el cuerno de la abundancia que ha posibilitado la civilización actual.

La brecha tecnológica

Otro despropósito es acusar a una innovación tecnológica de producir desigualdad económica y social entre quienes saben usarla y quienes no. Quienes adquieren mayores conocimientos y destrezas (en general) aumentan su productividad, por tanto, es muy justo que obtengan mayores ingresos económicos. En otro artículo (Instituto Juan de Mariana, marzo 2024) ya vimos que el término «brecha» —salarial, digital— tiene connotaciones igualitaristas y que la desigualdad de resultados no puede constituir un criterio de justicia. Afortunadamente, los cambios tecnológicos están a disposición del público y su aprendizaje nunca ha sido tan accesible como hoy en día.

El efecto Ricardo

Afirmaba David Ricardo que «a cada alza de salarios los fabricantes se sienten más tentados a usar maquinaria». Esto, en su caso, podría ocurrir cuando la legislación laboral encarece coactivamente los costes del trabajo en comparación con la maquinaria; en este caso, los empresarios preferirán negocios más intensivos en capital y con menos empleados. La utilización de máquinas y herramientas no origina por sí sola la reducción del número de empleados. La máquina, al aumentar la productividad del trabajo, disminuye la utilidad marginal de los bienes producidos en comparación con otros bienes, de ahí que convenga detraer personal de un sector económico a otro (Mises, 2011: 913-914). Tampoco es cierta la acusación de que la máquina «reemplaza» al empleado, más bien lo libera de específicas tareas, normalmente las más agotadoras y menos productivas.

El miedo a la inteligencia artificial (IA)

Esta reciente tecnología es origen de la última gran controversia sobre las ventajas y peligros del cambio tecnológico. Todo aquél que haya usado (particular o profesionalmente) la IA no puede soslayar sus impresionantes logros. Sin embargo, la IA no es la panacea universal, su resultado depende de la precisión de las instrucciones (prompts), de la veracidad de las fuentes consultadas (inputs), del modelo de razonamiento y de la supervisión humana. Tal vez, la mayor preocupación ante la IA sea su impacto en la reconfiguración del mercado laboral. Frente a otras innovaciones mecánicas —rueda, molino, máquina de vapor, electricidad, motor de explosión, turbina, etc.— que multiplican la fuerza humana, algunos temen a la IA porque automatiza tareas cognitivas, tales como programación informática, redacción de textos e informes, diagnóstico médico especializado, análisis financieros, etc. Creemos que esta distinción —física vs cognitiva— es arbitraria porque cualquier tipo de ayuda al trabajo siempre es bienvenida: tanto se beneficia un taxista Uber de un programa informático como el cirujano que usa el robot da Vinci. Ambos aumentan su productividad, reduciendo el precio de lo producido. La IA, por ejemplo, no elimina al radiólogo, sino que multiplica su capacidad de diagnóstico permitiéndole priorizar los casos más urgentes (triage). La IA proporciona más y mejores bienes radiológicos, a menor precio, produciendo un trasvase de personal hacia otras especialidades médicas tales como enfermería, cirugía, obstetricia y geriatría (efecto Ricardo). Pari passu, se producirá una reconfiguración de todo el mercado laboral que beneficia al conjunto de la sociedad.

Bibliografía

Popper, K. (2010). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Paidós.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Schumpeter, J. (1997). Teoría del desenvolvimiento económico. FCE

La humanización de los perros

En 2019, en el programa de televisión This Morning, Elizabeth Hoad celebró una boda simbólica con su perro «Logan». La ceremonia incluyó un vestido de novia para ella y un smoking para «él». Se trató, por supuesto, de un paripé televisivo sin validez jurídica, pero nos sirve como paroxismo de un fenómeno creciente: la humanización de las mascotas, especialmente de los perros. Veamos algunas de sus causas.

Hoad justificó la boda con su perro así: «He tenido 220 citas en ocho años, de seis distintos sitios de citas y generalmente han sido un desastre. Pensé que sería buena idea casarme con logan, él nunca me deja y nos amamos mucho». Efectivamente, algunas mujeres no soportan que sus maridos tengan aficiones que los alejen (aunque sea por unas pocas horas) del hogar y ponen mala cara cada vez que el hombre va a cazar, a pescar, al estadio deportivo o a jugar al dominó con sus amigos. Quienes deseen tener por esposo un «perrito faldero» harían muy bien en seguir el ejemplo de la ex-modelo británica.

Una segunda causa es el afán de dominio, que se ve satisfecho muy fácilmente con los animales. Las relaciones humanas son gratificantes, pero no pueden imponerse jerárquicamente; requieren compromisos, renuncias y un esfuerzo de entendimiento mutuo. El trato con un perro es fácil y aproblemático precisamente porque existe un dominio total del amo sobre el animal: el primero manda y el último obedece. Los adiestradores de perros y también los guardias de un campo de concentración experimentan ese íntimo placer de ser obedecidos incondicionalmente.

Una última causa es utilitaria. Es más cómodo y económico tener un perro que un hijo, y el animal se convierte en un sucedáneo: lo llevan en brazos a todas partes, lo visten con ropita de niño, le limpian el trasero después de defecar, lo transportan en un cochecito para bebé, le compran una tarta y le encasquetan un gorrito para celebrar su cumpleaños, lo besan en la boca sin pudor, lo sientan a la mesa como uno más de la familia y, finalmente, lo meten en la cama con sus «padres». Es paradójico que las mismas personas que aman a los animales y trabajan afanosamente por su bienestar, muestren tan poco interés por el de sus padres, amigos y vecinos ancianos, tan necesitados de compañía y afecto. Como decía alguien jocosamente: ¡Ponen a sus padres en el asilo, meten a sus hijos en la guardería y luego sacan a pasear al perro!

Contra la tasa turística

Esta mañana, en la radio autonómica canaria, se hablaba sobre la imposición de una tasa turística —municipal, insular o regional— que grave las pernoctaciones en los hoteles y otros alojamientos turísticos. La directora del programa radiofónico, en esta ocasión, entrevistaba al profesor de la ULPGC, Juan Manuel Benítez, que (casualmente) se postulaba a su favor. Hoy veremos varios argumentos en contra de este nuevo impuesto.

En primer lugar, dice el señor Benítez que la tasa no es un impuesto (como si su pago fuera voluntario), cuando se trata de una confiscación forzosa de la propiedad. Además, el gobierno impone a los hoteles una nueva servidumbre: recaudar la tasa e ingresarla en el erario. El premio Nobel de economía, Milton Friedman, trabajó en el U.S. Treasury Department (1941-1943) y participó en el diseño técnico del actual sistema de retenciones que convierte a las empresas en agentes recaudadores de hacienda.

Segundo, también es falso afirmar que la tasa, debido a su escasa cuantía, no reducirá el número de visitantes. Todo impuesto, por pequeño que sea, opera en el margen y encarece el bien de consumo. La tasa ocasiona el mismo efecto económico que un arancel o una subida del IVA: incrementa el precio unitario (pernoctación) y, por tanto, se reduce el número de unidades vendidas. A esta insoslayable ley económica habría que añadir el rechazo de algunos turistas a una nueva confiscación.

Tercero. Una excusa para admitir la tasa es pensar que pueda ser «finalista», es decir, que el dinero recaudado se empleará en específicos fines como la conservación y mejora de los espacios turísticos. Es de sobra sabido que los impuestos van siempre a un fondo común, que luego se reparte discrecionalmente por el gobierno.

Cuarto. Otro argumento falaz es afirmar que esta tasa solo deben pagarla los turistas porque los residentes ya pagan impuestos. En otras palabras, los turistas pagan menos impuestos de lo que consumen en servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.). Esto es una mera suposición: por ejemplo, el turista que compra una estancia «todo incluido» consume prácticamente todo dentro del hotel. Los turistas, directa o indirectamente, pagan absolutamente todo, de hecho, pagan más IVA que los residentes porque consumen una mayor cantidad de bienes y, cualitativamente, aquellos gravados con impuestos especiales (bebidas alcohólicas, combustible). Los turistas pagan indirectamente el IBI, la tasa de basura de los establecimientos y los salarios brutos de los empleados turísticos, lo que incluye cotizaciones e IRPF. Además, los turistas tienen seguros médicos y pagan los servicios sanitarios que, en su caso, pudieran recibir.

Por último, la aceptación popular de la tasa turística obedece a la idea que serán «otros» —los turistas— quienes la paguen, sin darnos cuenta que nos estamos pegando un tiro en el pie. La tasa turística está vigente en muchas ciudades del mundo; en España, se cobra en Islas Baleares, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela y en el municipio grancanario de Mogán. Es cuestión de tiempo que esta plaga se extienda por todas partes y nos afecte a todos. Además, los gobiernos, con excusas parecidas, crearán nuevas tasas, por ejemplo, para sufragar espacios naturales, parques urbanos, playas, zonas recreativas, etc. De esta forma, terminaremos pagando dos veces los servicios públicos.

¿Existe el derecho a la privacidad?

Comencemos definiendo los términos. Por «derecho» entendemos la facultad que tiene una persona para exigir algo en virtud de una norma jurídica. Todo derecho implica siempre una obligación —acción u omisión— de terceros; por ejemplo, el derecho de cobro del acreedor implica el deber de pago (acción) del deudor y el derecho a la integridad física implica la obligación del resto de abstenerse (omisión) de agredir, etc. Los derechos «positivos» exigen una actuación ajena mientras que los «negativos» exigen la no intervención. Una buena forma de saber si un derecho es genuino o falso es clarificar quién es la contraparte y qué específico deber tiene con respecto a otra persona. La inmensa mayoría de derechos que hoy se proclaman — a «decidir», al «trabajo», a la «vivienda», a la «privacidad», a la «salud»— son falsos, principalmente porque se exponen en abstracto y luego se interpretan como si fueran positivos (reclamaciones).

Por «privacidad» entendemos el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Esto último, «cualquier intromisión», es discutible. Por ejemplo, los famosos pueden pensar que la actividad de los paparazzi o de los periodistas del corazón es una violación de su privacidad, sin embargo, nadie puede ser despojado del uso de sus facultades (vista, habla) o sus bienes (cámaras fotográficas y platós de TV). Otra forma de elucidar si existe o no el derecho a la privacidad es asociarlo al derecho de propiedad. Por ejemplo, un intruso (en su caso) viola la intimidad cuando irrumpe en una propiedad ajena, en cambio, el voyeur que fisgonea, no viola derecho alguno y la única sanción que puede recibir es la exclusión social.

En las relaciones interpersonales, la revelación de secretos y confidencias tampoco puede penalizarse legalmente porque no existe un derecho de propiedad de la información; la privacidad se obtiene con la propia discreción, los acuerdos y la costumbre, por ejemplo, existe la norma social de no compartir el número de teléfono de un amigo sin su previo consentimiento. La discreción o reserva puede ser exigible socialmente, pero no legalmente. En los espacios públicos tampoco podemos reclamar privacidad, por ejemplo, la mujer que exhibe un generoso escote no puede exigir que los hombres, a su paso, mantengan la «vista al frente» (como en la milicia); si ella quiere evitar miradas libidinosas o piropos, lo mejor que puede hacer es vestir de forma más recatada, en lugar de acudir al Estado para obtener un falso derecho.¹

En el ámbito mercantil, los consumidores ceden sus datos a las empresas de forma contractual. Los primeros pecamos de no leer las cláusulas de confidencialidad y/o de no saber configurar los dispositivos y aplicaciones para aumentar nuestra privacidad; por su parte, las empresas pecan de extralimitarse en el uso de la información, normalmente con fines lucrativos. Nuestros datos personales están a disposición de tantas organizaciones —públicas y privadas— e individuos que es virtualmente imposible saber quien ha hecho un uso ilegítimo de ellos. También existen críticas injustas a los proveedores de servicios digitales, que ofrecen gratuidad a cambio de información del usuario. Por ejemplo, el lema: «Cuando las cosas son gratis, el producto eres tú», es falaz. Lo que hacen Google, Facebook o Amazon, en esencia, no difiere de lo que siempre han hecho la radio o la TV en abierto; los primeros ofrecen servicios gratuitos por la cesión de datos personales y los segundos, a cambio de atención (anuncios publicitarios). Como la relación empresa-usuario es contractual (no hegemónica), este último renuncia voluntariamente a su privacidad en beneficio de la primera. En realidad, el consumidor también se beneficia del uso de sus datos, pues recibe publicidad personalizada que es acorde a su comportamiento e intereses. En cualquier caso, quienes vean una mano negra o un uso impropio de sus datos, siempre pueden darse de baja del servicio.

Por último, las empresas privadas también pueden establecer legítimamente prohibiciones y restricciones a terceros —proveedores, socios, empleados, clientes— con objeto de mantener su privacidad o sus secretos industriales. Por ejemplo, los empleados, contractualmente, se someten a normas de compliance; y los espectadores de cines, teatros, museos, deportes, etc., también pueden ser legalmente privados del uso de dispositivos de grabación de imágenes en los recintos privados. En resumen, el derecho a la privacidad existe, pero siempre subsumido en el derecho de propiedad y/o en el cumplimiento de los contratos. En cambio, en el ámbito social, en las relaciones interpersonales y en los espacios públicos, no existe tal derecho y debemos obtener la privacidad mediante la propia conducta, los acuerdos y la costumbre.

¹ El acoso callejero se contempla en el Código Penal, art. 173.4. 

¿Es lícito discriminar a los gordos?

Existen factores genéticos, psicológicos y ambientales que influyen en el peso corporal. La obesidad es un problema de salud con implicaciones psicológicas, económicas, laborales, sociales y jurídicas. Exceptuando los casos patológicos, podemos afirmar que cada uno pesa lo que quiere o, si lo prefieren, que cada cual se conforma con su peso. Defender lo contrario sería negar el libre albedrío, suponer que el obeso carece de voluntad o que es «esclavo» de la comida. En definitiva, el peso corporal es una preferencia personal y una manifestación de la libertad individual.

¿Es lícito discriminar a los gordos? La respuesta mayoritaria es negativa. Los defensores de la inclusión sostienen que discriminar a alguien por su peso y apariencia física es injusto, que viola sus derechos fundamentales y que podría perjudicar su salud mental. Hoy intentaremos demostrar que la discriminación, sea por obesidad o por cualquier otra circunstancia, congénita o adquirida, es legítima en todos los ámbitos: personal, laboral, económico, social, jurídico y sanitario.

a) Personal. Cada individuo manifiesta sus preferencias aceptando ciertas compañías y rechazando otras. Por ejemplo, para buscar pareja las mujeres valoran ciertos rasgos masculinos: nivel socio-económico, inteligencia, estatura, etc.; los hombres, por su parte, valoran en mayor medida los rasgos estéticos. Por este motivo, las gordas tienen más dificultad que los gordos para encontrar pareja. Esto podría explicar por qué son ellas mayoritariamente las que combaten un nuevo fantasma woke: la «gordofobia». Todos preferimos un cuerpo esbelto y atlético a otro obeso y deforme, pero se nos dice que «deberíamos» ver a los gordos como si no lo fueran. Decía Murray Rothbard que el igualitarismo es una rebelión contra la naturaleza. Es cierto que todas las personas deben ser tratadas con respeto, pero esto no cercena el derecho de exclusión que tenemos y ejercemos sobre terceros. La legítima discriminación es un hecho cotidiano, lo vemos, por ejemplo, cuando un vegano no desea compartir mesa con un carnívoro, cuando un jugador de pádel no desea competir con mujeres o cuando una mujer excluye al ginecólogo varón. «La acción, por tanto, implica, siempre y a la vez, preferir y renunciar» (Mises, 2011: 17).

b) Laboral. La discriminación laboral se produce principalmente por razones funcionales. El obeso está incapacitado o tiene dificultades para ejercer ciertas profesiones que requieren destrezas físicas. En ciertos sectores —industria, construcción, hostelería, minería, pesca, agricultura— el sobrepeso reduce la productividad del trabajador por lo que sería justo pagarle menos, pero si la legislación prohibe discriminarlo, el gordo será preterido a otros candidatos y tendrá dificultad para obtener un empleo. Las empresas, como es lógico, aducirán otros motivos para la exclusión. Una segunda discriminación es estética: aquellos con buen físico, ceteris paribus, son preferidos a los obesos. Entre los primeros, algunos son recompensados por el azar congénito (belleza, armonía corporal) y muchos por el esfuerzo y los costes que requiere mantener un buen estado físico: disciplina, dieta, ejercicio, contratación de servicios estéticos, etc.

c) Económico. Primero, el sobrepeso ocasiona mayores costes a las empresas. Por ejemplo, si los pasajeros de avión pagan por exceso de equipaje, también el peso corporal debería ser tenido en cuenta para fijar el precio del billete. Segundo, el mayor volumen corporal causa molestias a otros clientes. Actualmente, cuando alguien no cabe en un asiento la cuestión se resuelve viajando en clase preferente o pagando dos plazas. La solución sería discriminar: ofrecer asientos de diferente tamaño y precio en aerolíneas, trenes, autobuses, cines, teatros, etc. Tercero, los costes derivados de la menor movilidad de los obsesos se colectivizan con el uso de escaleras mecánicas y ascensores, pero otros servicios personales —silla de ruedas— «gratis» suponen una externalidad para el resto de clientes. Cuarto, las empresas textiles fabrican prendas con las tallas más comerciales y aquellos —gordos, flacos, altos, bajos— cuya biometría se sitúa fuera de los márgenes deben hacerse las prendas a medida. No es lícito obligar a las empresas a cubrir las específicas necesidades y deseos de nadie, por otro lado, tampoco es necesario porque el mercado tiende de forma natural a satisfacerlas: clínicas de adelgazamiento, seguros médicos para obesos, dietistas, fármacos, alimentos bajos en calorías, tallas grandes, etc. No es el inclusivismo sensiblero, sino el capitalismo, el mejor amigo de los gordos.

d) Social. Algunos perciben a los gordos como perezosos, descuidados o irresponsables porque no están dispuestos a modificar hábitos, soportar privaciones (dieta) y realizar esfuerzos físicos (ejercicio). Este prejuicio contiene una verdad: la obesidad está correlacionada con un menor nivel educativo, económico y social. Los progres, muy proclives a la victimización de sus patrocinados, llaman a esto «gordofobia». Una fobia es un «temor fuerte e irracional», pero a los gordos, en su caso, no se les discrimina por miedo, sino por motivos funcionales, estéticos o simplemente por prejuicio.

e) Jurídico. La legislación española prohíbe «cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sobrepeso u obesidad»;¹ no obstante, el propio Estado excluye de la función pública a quien sobrepase un determinado índice de masa corporal (IMC). La discriminación indirecta se produce cuando el peso del candidato le impide superar las pruebas físicas de acceso a ciertos cuerpos: militares, policías, bomberos, prisiones, etc. Paradójicamente, a las empresas no se les permite discriminar por razones objetivas —funcionalidad— o subjetivas —imagen— debiendo actuar de forma sibilina para evitar pleitos.

f) Sanitario. La obesidad no es una condición preexistente, en consecuencia, los seguros de salud pueden legítimamente exigir primas más altas en función del IMC. Los gordos pagan más porque presentan un mayor riesgo actuarial, no porque las aseguradoras sufran «gordofobia».

Conclusión. La discriminación por obesidad o por cualquier otra causa, congénita o adquirida, es legítima y deriva de los principios de libertad y propiedad. La exigencia de no ser discriminado por obeso es un pseudoderecho, un privilegio que lesiona el legítimo derecho de exclusión. Toda persona es libre para estar obesa, pero no es libre de sustraerse a sus consecuencias: de igual modo que no puede evitar ciertas patologías —diabetes, hipertensión—, tampoco puede evitar la sanción económica, laboral y social derivada de su condición. La discriminación no solo es justa, además tiene ventajas: permite al mercado satisfacer las necesidades de los gordos y, sobre todo, internaliza los costes de la obesidad responsabilizando a las personas del cuidado de su cuerpo.

¹ Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Art. 37

Bibliografía.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2000). El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza y otros ensayos. Alabama: Ludwig von Mises Institute.

Sobre la abstención electoral

El próximo 28 de mayo se celebran en España elecciones municipales y autonómicas.¹ Hoy reflexionaremos sobre la abstención electoral: juridicidad, críticas que recibe, causas y utilidad. Primero, desde el punto de vista jurídico y en términos generales cualquier tipo de abstención es un derecho subsumido, es decir, forma parte de otro.² Por ejemplo, el derecho a deambular incluye el derecho a quedarse en casa, el derecho a contraer matrimonio incluye el derecho a permanecer soltero, el pacifista tiene derecho a no defenderse, el acreedor tiene derecho a no cobrar (condonar) la deuda y el derecho a votar incluye el derecho a no votar.

Esta verdad tan evidente es retorcida y manipulada cuando se afirma que algo —trabajo, defensa nacional, sufragio, ser miembro de un jurado popular— sea, a la vez, derecho y deber. Según García-Trevijano se trata de una imposibilidad jurídica. Si votar es un derecho, no puede ser un deber, y si fuera deber, dejaría de ser derecho. Pero si la abstención electoral es legítima, ¿por qué motivo se la critica? La razón más plausible es que deslegitima al Estado. Todo poder reside, en última instancia, en la aceptación o anuencia de los gobernados. La legitimidad del poder político en una democracia se manifiesta (principalmente) en la participación electoral, por tanto, es lógico que el político y toda la maquinaria del Estado glorifique «la fiesta de la democracia» y censure la abstención.

Las causas para no votar son variadas: imposibilidad física (enfermedad, estar de viaje), racionalidad: analizar las distintas opciones políticas es costoso mientras que la utilidad del voto es marginal. Algunos ven la política como el más perfecto crimen organizado: robo, mentira, fraude, manipulación, arbitrariedad, nepotismo, corrupción, etc. Otros —como Aristóteles— ven la democracia como una forma de gobierno degenerada: la tiranía de la mayoría. Por su parte, algunos grupos religiosos —Testigos de Jehová, amish— o étnicos —gitanos, nómadas— no votan por desafección al Estado. Finalmente, los libertarios o anarquistas se abstienen por motivos éticos, a saber, votar significaría patrocinar un sistema inmoral: liberticida y confiscatorio.

Para terminar veremos a quién beneficia la abstención. Ésta se computa sumando aquellos integrantes del censo que no acudieron a votar. Al igual que el voto nulo, su efecto es neutro: no beneficia ni perjudica porque no altera los porcentajes electorales. En cambio, los votos en blanco (sobre vacío o papeleta en blanco) son válidos y se reparten proporcionalmente entre las candidaturas. Los pocos votos en blanco de cada colegio electoral van a parar a los partidos mayoritarios. Esta ventaja es exigua. Pero volvamos a la abstención. ¿Cómo saber su influjo en el resultado? La única forma de averiguarlo sería preguntando al abstencionista: «Si usted hubiera votado, ¿a quién hubiera elegido?». Así podríamos elaborar un nuevo e imaginario mapa electoral de dudosa utilidad. Lo cierto es que, desde una óptica praxeológica³ (preferencia revelada), la abstención (al igual que toda conducta deliberada) beneficia subjetivamente a quien la practica, dadas las circunstancias concurrentes en cada individuo.

Por ejemplo, el abstencionista ético disfruta mostrando su desafección de un modo parecido al empleado que no asiste a la comida anual de su empresa. Desde una óptica sociológica se le critica porque renuncia a ejercer influencia política: «No dejes que otros elijan por ti»; pero el abstencionista activo (consciente) no sopesa la utilidad de su acción (que sigue siendo marginal), sino que actúa por principio. No debemos  infravalorar los efectos de una elevada abstención: un descontento generalizado llama la atención sobre la necesidad de cambios o reformas políticas que vuelvan a ilusionar al votante.

Notas:
¹ Excepto en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León.
² Una excepción es el delito de omisión del deber de socorro (Código Penal, Art. 195).
³ La praxeología es la ciencia de la acción humana.

Sobre el anarcocapitalismo . entrevista con Rocío López

En defensa del abstencionismo vacunal

Quienes rechazan vacunarse no niegan la existencia del virus SARS-CoV-2, tan solo consideran que abstenerse es una alternativa preferible. No son «negacionistas» —término falaz—, sino «abstencionistas». Todo derecho incluye la posibilidad de no ejercerlo, por ejemplo, el derecho al sufragio implica el derecho a la abstención y el derecho del acreedor a cobrar implica la posibilidad de condonar la deuda; análogamente, si existe un derecho a vacunarse también existe igual derecho a no vacunarse.

Antes de actuar cada individuo analiza subjetivamente (con la información disponible) los potenciales beneficios y riesgos de las diferentes líneas de acción o alternativas. La ciencia, la estadística y las recomendaciones de técnicos y amigos puede ayudarnos durante el proceso, pero en última instancia corresponde a cada individuo decidir por sí mismo y, en su caso, por los menores bajo su tutela. Quien se vacuna considera que (potencialmente) el beneficio excede al riesgo y por ello acepta que la autoridad sanitaria decida el orden (colectivos prioritarios, rangos de edad) y las condiciones de la vacunación, en particular, el tipo y la marca comercial. Cuando el Estado monopoliza la vacunación la única elección ofrecida al paciente es: ¿brazo derecho o izquierdo?

Existen diversas razones para la abstención vacunal. Algunos desean vacunarse, pero rechazan el autoritarismo del gobierno y prefieren esperar a que exista libertad de elección. Otros consideran que los riesgos de vacunarse (medio y largo plazo) son desconocidos y nadie se hace responsable de las consecuencias de administrar un medicamento en fase experimental. Otros desconfían sistemáticamente del gobierno, de los comités de expertos a su servicio y de una sospechosa ausencia de pluralidad informativa. Cualquier mensaje que se oponga a la versión oficial (hay que vacunarse) es catalogado como «negacionista». Solo Internet escapa a esta caza de brujas.

Existen varias formas de forzar a los abstencionistas. La más directa sería decretar la vacunación forzosa, tal y como se hace con el ganado, pero esta medida viola derechos fundamentales del individuo. Hay una vía indirecta que supone un fraude de ley: decretar normas que imponen a los no vacunados unas exigencias inasumibles o muy costosas de cumplir (PCR negativo) para realizar actos cotidianos: viajar, alojarse en hoteles, consumir en bares y restaurantes, presenciar espectáculos, practicar deportes, etc. El pasaporte o certificado Covid se utiliza precisamente para discriminar y lesionar los derechos de los no vacunados. De facto, estas prácticas suponen un apartheid sanitario cuya finalidad es segregar socialmente a la minoría abstencionista.

Para colmo de males el gobierno impone a empresarios y empleados de ciertos sectores —hostelería, restauración, ocio— unas servidumbres abusivas: a) Los convierte en «inspectores sanitarios» de sus clientes, obligándoles a verificar quien está o no vacunado; b) Los convierte en «policías sanitarios», obligándoles a rechazar a quienes no hayan completado la pauta de vacunación (y no presenten PCR negativa). Y si se niegan a realizar estas tareas son multados. Todo el sistema es coercitivo.

Las autoridades también utilizan una tercera vía —la propaganda— para estigmatizar socialmente al abstencionista. Se fomenta en la opinión pública una división maniquea: buenos y malos, vacunados y no vacunados. Socialmente se presenta a los primeros como ciudadanos ejemplares y solidarios; mientras que los segundos son tachados de egoístas y aprovechados (free-riders). Sanitariamente y legalmente, los vacunados son tratados como presuntos «sanos» (no se les exige PCR negativa) y los no vacunados como presuntos «enfermos» y potenciales «contagiadores». Ambas presunciones son falsas y se utilizan para agredir injustificadamente a los segundos.

Randolph Bourne, que falleció en la epidemia de gripe de 1918, escribió: «La guerra es la salud del Estado». Análogamente, la emergencia por Covid-19 reproduce las agresiones que el Estado perpetra contra la población. Los políticos, ávidos de poder, monopolizan la vacunación, confiscan la propiedad privada, confinan injustamente a la población, prohiben el trabajo y fomentan el odio a los no vacunados. Ante el miedo de ser contagiado, enfermar e incluso morir, la sociedad retorna a un estado tribal: el razonamiento lógico cede ante la emotividad y el Derecho ante un ordenancismo arbitrario. Asistimos, en definitiva, a un proceso descivilizatorio que debe ser combatido con argumentos sanitarios, éticos y jurídicos.

Contra la educación estatal

El común de las personas considera que la educación obligatoria, universal y gratuita es uno de los grandes logros del Estado moderno. Hoy expondremos dos objeciones a esta idea: a) Ética. La educación pública no es gratis, se finanza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. El fin no justifica los medios: todo fin (incluida la educación) debe ser alcanzado con medios éticos. Por extraño que les parezca a muchos, la educación no es un derecho. Todo derecho implica un deber de un tercero y nadie tiene el deber de educar o de pagar la educación a otra persona. Todos los derechos positivos —educación, sanidad, trabajo, vivienda,  etc.— constitucionales son falsos porque imponen falsos deberes. La educación tampoco debe ser obligatoria. La coacción nunca es justificable, además provoca efectos perversos. Si los estudiantes son forzados a permanecer en las aulas el conflicto es inevitable. Algunos se aburren, no aceptan la disciplina escolar y boicotean las clases; tampoco pueden ser expulsados porque el Estado ha convertido los colegios en guarderías de jóvenes. Los profesores, cuya autoridad ha sido destruida, se ven impotentes para mantener el orden. El resultado es la desmotivación y la aparición de patologías psiquiátricas (ansiedad, depresión). 

Aprendiz de albañil (Foto: A. Sander)

b) Económica. La educación privada es más eficiente que la pública. Se trata de un servicio relativamente barato que está al alcance de la mayoría. Hace 60 años, siendo el nivel de vida inferior al actual, muchos niños aprendían a leer y escribir en escuelas privadas de barrio, a un módico precio. ¿Y qué hacer con los más pobres? Pueden ser escolarizados con fondos privados de parientes, mecenas, fundaciones, etc. o incluso pueden formarse a lo largo de su vida.

El Estado dilapida el dinero del contribuyente ofertando una educación uniforme, pero de baja calidad. En cambio, la oferta privada es heterogénea en materias, horarios, idearios, metodologías, etc.; en función de las preferencia de padres y alumnos. Los jóvenes que prefieren aprender un oficio ingresan (como aprendices) en empresas, pudiendo ganar dinero desde temprana edad. Bajo el Estado, los jóvenes españoles pasan demasiados años estudiando y, con frecuencia, no obtienen un empleo acorde a su formación. Según Primerempleo.com «el 45% de los titulados universitarios españoles trabajan por debajo de su cualificación». Nuestro mercado laboral no puede absorber a tantos graduados y estos tienen dos opciones: a) Quedarse en España y trabajar en lo que demanda la sociedad: conductores, repartidores, cocineros, camareros, comerciales, operarios, electricistas, albañiles, telefonistas, agricultores, ganaderos, cuidadores de personas mayores, etc. b) Emigrar y ejercer su profesión en otro país. En ambos casos se escucha un lamento similar; por ejemplo: «es una pérdida que un biólogo trabaje de camarero»; o bien: «la fuga de cerebros es una pérdida para España». Esta forma de razonar —la basada en los deseos— conduce frecuentemente a la frustración, al victimismo y, finalmente, a la exigencia de derechos espurios. 

Pero podemos pensar de otra manera, aceptando la realidad tal cual es, sin autoengaños y sin pedir al gobierno que nos conceda, mediante la coacción, lo que la gente libremente no desea darnos. Si los consumidores no demandan (tantos) biólogos, psicólogos, filósofos o actores es porque no les resultan útiles. Un pensador realista no se lamenta de que un joven biólogo trabaje como camarero, sino de que un camarero haya perdido cuatro años estudiando biología, cuando uno solo le hubiera bastado para hacer bien su trabajo. La realidad le dice amargamente a muchos jóvenes: «te equivocaste al estudiar algo que la gente no demanda». Se produjo un doble coste de oportunidad: a) Personal: esfuerzo intelectual, dinero, tiempo, etc. del estudiante. b) Social: el dinero público fue desperdiciado y ahora los ciudadanos tienen menos dinero disponible. La educación privada no elimina estos errores, pero los reduce. Los estudiantes y sus familias mirarían con lupa qué estudios tienen salida laboral. Los jóvenes ya no podrían estar «de flor en flor», hasta los 30 años, perdiendo su tiempo y el dinero de los contribuyentes. La educación privada elimina las externalidades que produce el Estado porque quien se equivoca paga la factura. 

En definitiva, imponer a las personas el consumo y/o pago de aquello que no desean no solo es injusto, sino antieconómico. ¿Y cómo saber si algo es de interés social? La sociedad está integrada por individuos que tienen específicos gustos, deseos y necesidades, las cuales se manifiestan en los procesos de mercado. Al consumir o abstenerse de consumir, las personas revelan aquello que más interesa a la sociedad. Si el Estado impone forzosamente el consumo y pago de «su» educación a la sociedad, perjudica sus intereses; por tanto, «Estado social» es un oxímoron. El Estado no produce (ni puede producir) lo que la sociedad demanda y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben ser consumidos y/o financiados por la fuerza. Solo un sistema educativo laissez faire es ético y económico, por tanto, genuinamente social.

El despoblamiento de Santa Cruz de La Palma

Desde 1983 paso mis vacaciones en La Palma (no confundir con Las Palmas de Gran Canaria ni con Palma de Mallorca), una bella y tranquila isla canaria. La Palma tiene una superficie de 706 km², una altitud máxima de 2.426 m., un parque nacional —La Caldera de Taburiente— y una economía basada en el cultivo del plátano, el turismo y el comercio. Hoy les hablaré del despoblamiento que sufre su capital, Santa Cruz de La Palma, y expondré algunas hipótesis sobre sus causas.

En los últimos 20 años la población de La Palma se ha mantenido prácticamente constante: los censos, en 2000 y 2019, eran 82.483 y 82.671 habitantes, respectivamente. Sin embargo, dentro de la isla se han producido flujos poblacionales.

Fuente: ISTAC

En la gráfica superior vemos que siete municipios han ganado población (azul) y otros tantos la han perdido (naranja). Analicemos los datos por zonas geográficas: tres de los cuatro municipios norteños —Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces— han perdido en torno al 20% de su población mientras que Puntagorda ha sumado 325 personas (18,21%). En el sur, Fuencaliente también pierde algo de población (4,33%). Por tanto, una primera conclusión es que las zonas más distales pierden población en favor del centro de la isla.

La Palma: Municipios

Por vertientes, sin embargo, ocurren dos fenómenos contrarios: en el oeste, la capital económica —Los Llanos de Aridane— gana población (12,52%) a expensas de los municipios vecinos —Tazacorte (-25,57%) y Tijarafe (-5,24%)—. En el este, los municipios periféricos a la capital —Puntallana, Breña Alta, Breña Baja y Mazo— ganan población a expensas de ella, que se anota un significativo -13,70%. A este último hecho —el despoblamiento de la capital— dedicaremos especial atención.

En España, en las últimas décadas, los flujos migratorios internos se dirigen desde las zonas rurales hacia las urbanas. ¿Por qué en Santa Cruz de La Palma sucede lo contrario? La capital palmera sigue siendo el centro político, administrativo y cultural de la isla: Cabildo, Policía Nacional, Guardia Civil, Juzgados, Subdelegación del Gobierno, UNED, Escuela Oficial de Idiomas, Correos y principales franquicias comerciales tienen sede en Plaza. Por otro lado, su patrimonio cultural es notable: iglesias, museos, teatros, cine, salas de exposición, casas nobles, folclore, fiestas lustrales, etc. También alberga el principal puerto de la isla, una marina e instalaciones deportivas, públicas y privadas. Las infraestructuras públicas —puentes, túneles y ensanche de carreteras— han mejorado mucho las comunicaciones dentro de la isla y el aeropuerto de Mazo está muy próximo a la capital. Por último, la nueva playa y la remodelación del frente marítimo son obras públicas de gran importancia para la afluencia de turistas y residentes. Dadas todas estas fortalezas resulta insólito que Santa Cruz de La Palma haya perdido 2.488 habitantes en las dos últimas décadas y que hoy sea una ciudad deprimida. Solamente se observa un cambio de tendencia a partir de 2017: en los dos últimos años la capital ha ganado 135 habitantes, principalmente cubanos y venezolanos que vienen huyendo de sus respectivos «paraísos» socialistas.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera (PP), desea que aumente en número de empadronados. No en balde, su municipio, al tener menos de 20.000 habitantes, recibe una menor asignación directa de fondos del Estado.¹ De ahí la campaña municipal dirigida a «fomentar y favorecer que todos los residentes en la capital se empadronen». Pero la suposición de que hay residentes no empadronados en muy endeble: ¿qué podrían ganar empadronándose fuera? Tal vez, unos pocos euros en el impuesto de vehículos (IVTM). Por ejemplo, el propietario de un utilitario paga 56,47€ en S/C Palma; 40,01€ en Breña Alta y 34,08 en S/C Tenerife. Lo que equivale a un ahorro de 16,46€/año y 22,39€/año, respectivamente. Bajando el IVTM al mínimo legal (34,08€), S/C Palma podría aumentar su padrón en unos cuantos «listillos». 

La campaña «empadrónate» es un malgasto de papel y tinta, pura propaganda que soslaya las causas genuinas del problema. Por cierto, el díptico es un despropósito en el fondo porque «juntos no somos más», es decir, juntar personas no hace que crezca su número; y en la forma, porque sustituir la «o» por la «x» es un insulto a la gramática española. La realidad, creo yo, es justo la contraria: el padrón está inflado. En términos netos, hay más personas —estudiantes y profesionales— residiendo fuera del municipio pero empadronadas en él. El descuento por ser residente canario (75%) en los viajes es, sin duda, un potente incentivo económico que avala nuestra tesis. Si cada cuál se empadronara correctamente en su sitio, la población de derecho en Canarias disminuiría, incluida la de Santa Cruz de La Palma.

Puestos a buscar un «chivo expiatorio» del despoblamiento, hubiera sido más creíble achacarlo al tradicional «mal de ojo». A los promotores de esta ridícula campaña yo les ofrezco una hipótesis alternativa: mírense al espejo y encontrarán a los culpables de la situación. La (mala) economía es la causa más plausible. Los residentes buscan —entre otras— dos cosas: mayores oportunidades y menores costes de la vida. Las oportunidades en la isla bonita escasean, cuestión ya tratada en otro artículo: «El estancamiento económico de La Palma: análisis y prospectiva». Por el lado de los costes, podemos señalar: a) La ciudad resulta incómoda, no es fácil encontrar aparcamiento y se echa en falta una estación de autobuses. b) El suelo edificable es escaso y caro. Y c) Los impuestos son confiscatorios, especialmente el IBI.

La elevada tributación en un territorio es un factor de expulsión poblacional y aquí es donde encontramos un claro motivo para no instalarse en Santa Cruz de La Palma. Siendo el IBI el tributo local que más dinero recauda, entre 2006 y 2018, los políticos de todos los partidos se han dedicado al infame expolio de los propietarios de inmuebles. Lo sé de buena tinta porque yo mismo soy un damnificado: en 2006 pagué por IBI 141,80€ y en 2018, 494,76€ (siempre en el periodo «voluntario»).² El IBI más caro de España lo tiene Madrid con un promedio de 428,9€.³

Incremento del IBI en España [4]

En resumen, tras 12 años de saqueo, el IBI en S/C Palma se ha más que triplicado (x 3,49), todo sea dicho, con la inestimable complicidad del Catastro que ha subido salvajemente el precio «gubernamental» de los inmuebles en toda España. Los dos últimos años (2019 y 2020) no ha habido incremento, pero aún así, lo asombroso es que todavía queden 15.716 habitantes en este infierno fiscal palmero. 

El IBI es un impuesto ligado a la propiedad inmobiliaria (urbana y rústica) y el ayuntamiento lo cobra independientemente de donde esté empadronado su dueño. Si éste reside en su propia casa, la subida del IBI reduce su renta disponible y, en consecuencia, su nivel de vida; y si arrienda su casa, merma la rentabilidad del alquiler. El IBI no afecta directamente a los inquilinos porque los costes de un negocio nunca pueden trasladarse al precio final del producto sin que peligren las ventas. En cualquier caso, el incremento del IBI hace más pobres a los propietarios tanto en su renta (liquidez) como en su patrimonio, pues reduce el precio de mercado del inmueble. Lo anterior ahuyenta a nuevos propietarios e inversores, reduciendo la promoción de obra nueva. Los precios del alquiler en S/C Palma han subido últimamente porque la demanda (inmigrantes) crece relativamente más que la oferta. Esto último compensa parcialmente a los arrendadores, pero no a quienes residen en su propia casa.

S/C Palma: Plaza de España

La agresión fiscal ha sido de tal magnitud que muchos vecinos no pueden hacer frente al pago único de los tributos; por ello, los políticos han ideado otra campaña para «facilitar» el pago: a partir de 2021, el contribuyente podrá agrupar los importes de los diferentes tributos —IBI, basura, rodaje, vado, IAE— y luego fraccionar el pago en «cómodas» cuotas personalizadas. En esta ocasión, la excusa ha sido la crisis por Covid-19, pero el monto ya era inasumible para algunos vecinos antes de la pandemia. Esta «novedosa» iniciativa de fraccionar el pago de impuestos no es tan nueva, tiene más de 75 años. Antes de la II Guerra Mundial, en EE.UU., el impuesto a la renta se pagaba cada 15 de marzo de una sola vez. Como la entrada en la guerra requería subir los impuestos, un joven economista llamado Milton Friedman, a la sazón destinado en el Departamento del Tesoro, diseñó un plan para aliviar el sablazo: el gobierno obligó a los empresarios a detraer, cada mes, el IRPF a cada empleado y a depositarlo en la Hacienda (Rothbard, 1994: 76). Este modelo es el vigente en la mayoría de países.

La solución genuina al despoblamiento de la capital palmera es revertir las causas que lo provocan, pero si el diagnóstico es equivocado, las soluciones serán igualmente ineficaces. En primer lugar, la absurda legislación urbanística reduce artificialmente la oferta de suelo (Azpitarte, 2018). En segundo lugar, los políticos deben respetar la propiedad privada y rebajar los tributos, ajustando el presupuesto por el lado del gasto (y no al revés). Personalmente, no albergo ninguna esperanza de que esto último ocurra. Votar cada cuatro años sólo ha servido para sustituir a una banda de asaltantes por otra. Por otro lado, los impuestos, una vez que han subido, no bajan, y si lo hacen, nunca recuperan su nivel inicial (Higgs, 1987). Ya lo vimos con el IGIC: subió «temporalmente» de 5% a 7% (con la excusa de la crisis económica), en 2019 bajó a 6,5% y ahora lo tenemos de nuevo en 7%. Como dice Daniel Lacalle: «no hay nada más permanente que subida temporal de impuestos».

[1] El coeficiente pasa de 1,30 a 1,17. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Art. 124.

[2] Piso de 109 m2 situado en la Avda. de El Puente.

[3] https://www.libremercado.com/2018-07-05/el-ibi-el-impuesto-local-mas-voraz-los-ayuntamientos-que-mas-cobran-a-sus-ciudadanos-1276621537/

[4] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/01/midinero/1512153474_222921.html

Bibliografía

Azpitarte, J. (2018). Urbanismo y Libertad. Madrid: Unión Editorial.
Higgs, R. (1987). Crisis and Leviathan. Independent Institute.
Rothbard, M. (1994). "The Consumption Tax: A Critique". The Review ofAustrian Economics, Vol. 7, No.2.