Antes de que el actual Gobierno declarase su plan contra la morosidad de las Administraciones Públicas ya era vox populi -aunque el gobierno anterior hiciera mutis por el foro- que los Ayuntamientos no eran buenos pagadores. Los autónomos y PYMES más solventes, los que podían elegir clientes, han procurado evitarlos de la misma forma que los médicos más reputados evitan trabajar con los seguros médicos.
Durante este crisis, algunos proveedores insensatos siguieron creyendo en el engañoso paradigma: "La Administración paga tarde, pero paga". El resultado está a la vista: miles de autónomos y empresas arruinados por los mismos que organizan cursillos y jornadas para fomentar el "espíritu emprendedor". ¡Serán cínicos!. Mientras observemos tamaña contradicción escasearán los emprendedores en España. Mientras los alcaldes, culposa o dolosamente, se dediquen a robar (no pagar) a sus proveedores; solamente los tontos o los desesperados querrán hacer negocios con ellos porque sencillamente no son de fiar. Yo les recomendaría cobrar por adelantado y si no aceptan, que se vayan al carajo; siempre es preferible que hundan a un competidor incauto. Hay que considerar que, puestos a cobrar, siempre serán primero los paniaguados del clientelismo municipal y las empresas de familiares y amigos. La buena gestión siempre debe comenzar por uno mismo.
Muchos alcaldes, ya sea por desvergüenza o por incapacidad profesional, han administrado mal los recursos públicos y de paso han alimentado, como nadie, las cifras de parados en España. La democracia no garantiza que los ediles sean honrados, responsables o competentes en sus funciones. Tampoco nuestro sistema judicial o administrativo ha sabido exigir responsabilidades ante una mala gestión y ahora viene el Gobierno con un plan de rescate para salvar el culo a una panda de ineptos y oportunistas que han llegado a la política municipal para hacer fortuna, como el que iba a "hacer las Indias".
Los políticos son proclives al abuso de poder y por eso es necesario cambiar el funcionamiento de las administraciones locales y delimitar la responsabilidad civil y penal de los gobernantes. Una primera propuesta sería eliminar la autonomía para fijarse ellos mismos sus sueldos escandalosos. La segunda, disolver las corporaciones que incurran en mala gestión y crear gestoras municipales, como ya ocurrió en Marbella. La tercera, agrupar municipios para reducir políticos y funcionarios. Cuantos menos, mejor.
La cuarta, demoler todo el entramado clientelar de empresas públicas que han servido para crear una administración paralela y cometer la mayor injusticia social: quitar el dinero, mediante impuestos, a quienes lo han producido para regalárselo a quienes no lo han ganado ni merecido. La quinta, obligar a que los ayuntamientos paguen lo que deben como todo hijo de vecino: que vendan sus empresas públicas que sólo sirven para sus trapicheos indecentes, que vendan parte de su ostentoso patrimonio inmobiliario, que vendan sus coches de lujo y que paguen hasta el último céntimo que deben, y con intereses de demora. Ahora llega de nuevo papá Estado a poner orden como si los alcaldes fueran menores de edad o irresponsables por su gestión. Es insoportable ver cómo la casta política se protege mutuamente. Hasta que no hagamos como Islandia y los metamos en el trullo no espabilarán.
