Recordemos que «bandera roja» significa prohibición taxativa de meterse en el agua y no otra cosa. Por tanto, oficialmente, el alcalde está prohibiendo, injustificadamente, el ejercicio de un derecho fundamental. Las razones del alcalde son: a) El estado del mar pudiera cambiar súbitamente, a partir de las 18:30, y por «precaución» se iza la bandera roja. b) En ausencia del socorrista, «bandera roja» significa que usted se baña «bajo su propia responsabilidad». Esta última es la respuesta que dan los socorristas a algunos bañistas que montamos en cólera ante semejante desatino.
Veamos por qué el alcalde se equivoca. Primero, «bandera roja» es un código internacional con significado propio —prohibición— y el ayuntamiento no tiene potestad para modificarlo y declarar otro significado sui generis. Es decir, un código no puede ser contingente y significar dos cosas distintas. Esto causa confusión: por ejemplo, al observar el mar en buen estado y la bandera roja, alguien pudiera pensar que existen otros motivos para prohibir el baño: medusas, microalgas, vertido contaminante, etc. Segundo, la probabilidad de que el estado del mar empeore súbitamente (bandera roja), a partir de las 18:30, es mucho menor que la probabilidad de que el mar siga siendo apto para el baño (banderas verde y amarilla). Por tanto, sería mucho más acertado no cambiar la bandera o incluso arriarla y dejar la playa sin bandera, tal y como hizo el ayuntamiento, hace diez años, cuando me quejé de esta misma práctica.
Tercero, la medida fomenta el incumplimiento de las normas porque los bañistas se acostumbran a bañarse con bandera roja. Aunque, visto lo visto, tal vez sea preferible que la gente se acostumbre a incumplir la inmundicia normativa que padecemos. Cuando las leyes son malas, lo justo es desobedecerlas. Tal vez, la causa verdadera de esta medida sea la «precaución», pero no para los bañistas, sino para quienes pretenden «curarse en salud». Poniendo la bandera roja los políticos eluden toda responsabilidad en caso de que ocurriera un accidente, sin que les importe mucho joder al público. En cualquier caso, lo peor de esta situación es su trasfondo: la infantilización del ciudadano por parte del Estado. Esta práctica no solo es un error técnico, ante todo es la antesala al despotismo político (valga la redundancia) y a la violación de los derechos del individuo. El Estado normalmente no viola los derechos de forma abrupta, sino poco a poco, como quien va quitando capas de piel a una cebolla. Durante el confinamiento hemos asistido a muchos atropellos, por ejemplo, con la excusa de la pandemia se ha prohibido el baño en las playas, siendo esta actividad inocua para la transmisión del Covid. Si no detenemos hoy este abuso de poder, algún déspota cualquier día dará el siguiente paso: prohibirá el baño (de verdad) en ausencia de socorrista.