El recelo, miedo o rechazo al cambio tecnológico es tan viejo como la humanidad. Se trata de un caso particular del miedo antropológico a cualquier tipo de cambio que amenace nuestro statu quo. Ya decía Platón que «el cambio es el mal y que el reposo es divino» (Popper, 2010: 52). Al ser humano le conforta la certeza y le incomoda la incertidumbre del cambio, algo debido a un complejo entramado de factores neurobiológicos, psicológicos y culturales, que actúan como un mecanismo de supervivencia y de orden social. Elucidemos las causas del rechazo al cambio tecnológico.

Barreras cognitivas: ignorancia, creencias y pereza.

Toda innovación tecnológica tiene (al menos) tres barreras cognitivas: la primera y menos importante es la relativa a la comprensión de la propia tecnología, es decir, sus fundamentos científicos y técnicos; solo los especialistas y algunos curiosos son capaces de entender estas complejidades. La segunda barrera es la creencia infundada de que cierta tecnología tiene algún efecto nocivo; por ejemplo, algunos no usan el horno microondas porque emite «radiación»; otros rechazan la inteligencia artificial porque supone una amenaza laboral y social. Con frecuencia, los detractores de una nueva tecnología, ni la entienden, ni la usan y, en lugar de reconocer su ignorancia, la rechazan profiriendo todo tipo de augurios. La tercera, y más importante, es la dificultad de uso por los consumidores. Una nueva tecnología, si es útil, económica y fácil de usar, se impondrá de forma natural en la sociedad.

La telefonía móvil es un buen ejemplo. La inmensa mayoría de la población usa aparatos — electrodomésticos, vehículos, máquinas— muy sofisticados sin necesidad de comprender sus «tripas». Pero si usar una nueva tecnología exige un notable esfuerzo intelectual, no será adoptada por las masas. Por esta razón, el mejor dinero conocido —Bitcoin— no se ha popularizado. Entre los grupos más reacios al cambio tecnológico tenemos los mayores de edad, los de menor educación, los procedentes de «letras» y los perezosos. Numerosos analfabetos tecnológicos no son incapaces ni tontos, simplemente prefieren la comodidad de lo conocido al esfuerzo que requiere aprender algo nuevo. Por ejemplo, el director de cine y ganador de un Oscar, José Luis Garci, no tiene teléfono móvil ni usa Internet porque le «coge a trasmano».  

La destrucción creadora de Schumpeter

Según Joseph A. Schumpeter, el empresario que innova crea lo nuevo a la vez que «destruye» lo antiguo. Este proceso de destrucción creadora constituye el hecho esencial del capitalismo (Schumpeter, 1997: 120). Sin embargo, «destrucción» es claramente una hipérbole del lenguaje. Innovar es una actividad pacífica que no destruye nada, tan solo vuelve obsoletos determinados bienes, medios y formas de producción. La innovación ofrece al consumidor algo mejor de lo que ya tiene y cuando aquél comprueba la diferencia, abandona pacíficamente los bienes antiguos por un interés personal. Cada nueva tecnología va reemplazando pacíficamente a otras que son menos eficientes y económicas.

El coste humano de la innovación

Se habla mucho del «coste» humano que ocasiona un cambio tecnológico y no tanto de su «beneficio», que es muy superior. Toda innovación tecnológica produce desajustes e incomodidades: específicos empleados deben adquirir nuevos conocimientos y destrezas, otros quedan temporalmente desempleados o deben buscar acomodo en otras ocupaciones y zonas geográficas; por su parte, los empresarios se enfrentan al dilema de mantener o sustituir una maquinaria que se va volviendo obsoleta. Pero es innegable que el beneficio de la innovación tecnológica excede a sus costes y la mejor prueba es su aceptación social. La acumulación histórica de innovaciones tecnológicas —desde la rueda hasta la inteligencia artificial— es el cuerno de la abundancia que ha posibilitado la civilización actual.

La brecha tecnológica

Otro despropósito es acusar a una innovación tecnológica de producir desigualdad económica y social entre quienes saben usarla y quienes no. Quienes adquieren mayores conocimientos y destrezas (en general) aumentan su productividad, por tanto, es muy justo que obtengan mayores ingresos económicos. En otro artículo (Instituto Juan de Mariana, marzo 2024) ya vimos que el término «brecha» —salarial, digital— tiene connotaciones igualitaristas y que la desigualdad de resultados no puede constituir un criterio de justicia. Afortunadamente, los cambios tecnológicos están a disposición del público y su aprendizaje nunca ha sido tan accesible como hoy en día.

El efecto Ricardo

Afirmaba David Ricardo que «a cada alza de salarios los fabricantes se sienten más tentados a usar maquinaria». Esto, en su caso, podría ocurrir cuando la legislación laboral encarece coactivamente los costes del trabajo en comparación con la maquinaria; en este caso, los empresarios preferirán negocios más intensivos en capital y con menos empleados. La utilización de máquinas y herramientas no origina por sí sola la reducción del número de empleados. La máquina, al aumentar la productividad del trabajo, disminuye la utilidad marginal de los bienes producidos en comparación con otros bienes, de ahí que convenga detraer personal de un sector económico a otro (Mises, 2011: 913-914). Tampoco es cierta la acusación de que la máquina «reemplaza» al empleado, más bien lo libera de específicas tareas, normalmente las más agotadoras y menos productivas.

El miedo a la inteligencia artificial (IA)

Esta reciente tecnología es origen de la última gran controversia sobre las ventajas y peligros del cambio tecnológico. Todo aquél que haya usado (particular o profesionalmente) la IA no puede soslayar sus impresionantes logros. Sin embargo, la IA no es la panacea universal, su resultado depende de la precisión de las instrucciones (prompts), de la veracidad de las fuentes consultadas (inputs), del modelo de razonamiento y de la supervisión humana. Tal vez, la mayor preocupación ante la IA sea su impacto en la reconfiguración del mercado laboral. Frente a otras innovaciones mecánicas —rueda, molino, máquina de vapor, electricidad, motor de explosión, turbina, etc.— que multiplican la fuerza humana, algunos temen a la IA porque automatiza tareas cognitivas, tales como programación informática, redacción de textos e informes, diagnóstico médico especializado, análisis financieros, etc. Creemos que esta distinción —física vs cognitiva— es arbitraria porque cualquier tipo de ayuda al trabajo siempre es bienvenida: tanto se beneficia un taxista Uber de un programa informático como el cirujano que usa el robot da Vinci. Ambos aumentan su productividad, reduciendo el precio de lo producido. La IA, por ejemplo, no elimina al radiólogo, sino que multiplica su capacidad de diagnóstico permitiéndole priorizar los casos más urgentes (triage). La IA proporciona más y mejores bienes radiológicos, a menor precio, produciendo un trasvase de personal hacia otras especialidades médicas tales como enfermería, cirugía, obstetricia y geriatría (efecto Ricardo). Pari passu, se producirá una reconfiguración de todo el mercado laboral que beneficia al conjunto de la sociedad.

Bibliografía

Popper, K. (2010). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Paidós.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Schumpeter, J. (1997). Teoría del desenvolvimiento económico. FCE

¿Es España un gran país?

S.M. el Rey (en su tradicional discurso de Navidad), así como políticos y periodistas, afirman que España es un gran país. No es cierto. España es hoy una nación en decadencia moral, social e institucional. Dicho sin ambages, España es un desastre y es preciso reconocerlo si realmente queremos levantar cabeza. Sería muy prolijo exponer la problemática de nuestro país, así que trataremos solo dos cuestiones.

Antonio García-Trevijano

El segundo problema más importante es el deterioro institucional, cuyo origen es el fallido Régimen instaurado en 1978. La Constitución española, en palabras de Fernando del Pino Calvo-Sotelo, es «mediocre», pero yo creo que se queda corto. España no es una democracia, sino una partidocracia u oligarquía de partidos sin separación de poderes, como bien decía el gran Antonio García-Trevijano. El Estado autonómico —creado artificialmente para satisfacer la autonomía de 2 o 3 regiones— es hoy una hidra de 17 cabezas que alimenta a 1,9 millones de parásitos, quienes, en lugar de producir bienes económicos, los detraen a sus legítimos dueños. Cuanto más crece el Estado y su gasto (no hay tal cosa como «inversión» pública), necesariamente mayores son el saqueo, la corrupción y la injusticia.

Robert Amsterdam

Mención especial merece la agresión fiscal que sufren los españoles en tres frentes: crecientes impuestos directos e indirectos, creciente deuda pública y creciente impuesto inflacionario. La Agencia Tributaria es una trituradora de los derechos de propiedad, cuyo modus operandi en nada difiere al de la mafia siciliana. Los empresarios españoles, presas del pánico, han claudicado frente a los matones tributarios y ha tenido que ser un abogado extranjero —Robert Amsterdam— quien lidere una campaña en varios foros internacionales para denunciar lo que considera prácticas abusivas, con especial foco en inspecciones a extranjeros acogidos a la Ley Beckham. Importante es la inseguridad jurídica, fruto de una legislación espuria (a golpe de decreto), improvisada, ocurrente, arbitraria y mudable que viola los derechos naturales del individuo: libertad y propiedad. Un ejemplo fue el ordenancismo sufrido durante la pandemia de Covid-19. La inseguridad jurídica la sufren con mayor intensidad las empresas, lo que ocasiona una menor inversión y actividad.

Es lamentable que tengamos auténticas mafias dirigiendo al país, pero el principal problema, creo yo, es el apoyo popular que siguen recibiendo los políticos. Unos votan por interés personal: ayudas, pagas, empleos, canonjías, cosas gratis, etc.; y otros votan por ceguera ideológica. Los primeros disfrutan temporalmente del reparto del botín fiscal, pero «a todo cerdo le llega su San Martín». Los segundos son tontos útiles, almas de cántaro que cavan su propia tumba. La mayoría de españoles todavía no ha entendido que el mal reside en la política; por ejemplo, los funcionarios no son conscientes que están al servicio del enemigo: el Estado. El votante vive engañado, cambiando de amo cada 4 años. Los grandes partidos se presentan ante el electorado con programas distintos, pero ambos —Montoro (PP) y Montero (PSOE)— aumentan la confiscación. Si los españoles, en lugar de votar con el hígado, votaran con el cerebro (o mejor aún, no votaran), ambas mafias habrían desaparecido hace años de la faz electoral.

La humanización de los perros

En 2019, en el programa de televisión This Morning, Elizabeth Hoad celebró una boda simbólica con su perro «Logan». La ceremonia incluyó un vestido de novia para ella y un smoking para «él». Se trató, por supuesto, de un paripé televisivo sin validez jurídica, pero nos sirve como paroxismo de un fenómeno creciente: la humanización de las mascotas, especialmente de los perros. Veamos algunas de sus causas.

Hoad justificó la boda con su perro así: «He tenido 220 citas en ocho años, de seis distintos sitios de citas y generalmente han sido un desastre. Pensé que sería buena idea casarme con logan, él nunca me deja y nos amamos mucho». Efectivamente, algunas mujeres no soportan que sus maridos tengan aficiones que los alejen (aunque sea por unas pocas horas) del hogar y ponen mala cara cada vez que el hombre va a cazar, a pescar, al estadio deportivo o a jugar al dominó con sus amigos. Quienes deseen tener por esposo un «perrito faldero» harían muy bien en seguir el ejemplo de la ex-modelo británica.

Una segunda causa es el afán de dominio, que se ve satisfecho muy fácilmente con los animales. Las relaciones humanas son gratificantes, pero no pueden imponerse jerárquicamente; requieren compromisos, renuncias y un esfuerzo de entendimiento mutuo. El trato con un perro es fácil y aproblemático precisamente porque existe un dominio total del amo sobre el animal: el primero manda y el último obedece. Los adiestradores de perros y también los guardias de un campo de concentración experimentan ese íntimo placer de ser obedecidos incondicionalmente.

Una última causa es utilitaria. Es más cómodo y económico tener un perro que un hijo, y el animal se convierte en un sucedáneo: lo llevan en brazos a todas partes, lo visten con ropita de niño, le limpian el trasero después de defecar, lo transportan en un cochecito para bebé, le compran una tarta y le encasquetan un gorrito para celebrar su cumpleaños, lo besan en la boca sin pudor, lo sientan a la mesa como uno más de la familia y, finalmente, lo meten en la cama con sus «padres». Es paradójico que las mismas personas que aman a los animales y trabajan afanosamente por su bienestar, muestren tan poco interés por el de sus padres, amigos y vecinos ancianos, tan necesitados de compañía y afecto. Como decía alguien jocosamente: ¡Ponen a sus padres en el asilo, meten a sus hijos en la guardería y luego sacan a pasear al perro!

Contra la tasa turística

Esta mañana, en la radio autonómica canaria, se hablaba sobre la imposición de una tasa turística —municipal, insular o regional— que grave las pernoctaciones en los hoteles y otros alojamientos turísticos. La directora del programa radiofónico, en esta ocasión, entrevistaba al profesor de la ULPGC, Juan Manuel Benítez, que (casualmente) se postulaba a su favor. Hoy veremos varios argumentos en contra de este nuevo impuesto.

En primer lugar, dice el señor Benítez que la tasa no es un impuesto (como si su pago fuera voluntario), cuando se trata de una confiscación forzosa de la propiedad. Además, el gobierno impone a los hoteles una nueva servidumbre: recaudar la tasa e ingresarla en el erario. El premio Nobel de economía, Milton Friedman, trabajó en el U.S. Treasury Department (1941-1943) y participó en el diseño técnico del actual sistema de retenciones que convierte a las empresas en agentes recaudadores de hacienda.

Segundo, también es falso afirmar que la tasa, debido a su escasa cuantía, no reducirá el número de visitantes. Todo impuesto, por pequeño que sea, opera en el margen y encarece el bien de consumo. La tasa ocasiona el mismo efecto económico que un arancel o una subida del IVA: incrementa el precio unitario (pernoctación) y, por tanto, se reduce el número de unidades vendidas. A esta insoslayable ley económica habría que añadir el rechazo de algunos turistas a una nueva confiscación.

Tercero. Una excusa para admitir la tasa es pensar que pueda ser «finalista», es decir, que el dinero recaudado se empleará en específicos fines como la conservación y mejora de los espacios turísticos. Es de sobra sabido que los impuestos van siempre a un fondo común, que luego se reparte discrecionalmente por el gobierno.

Cuarto. Otro argumento falaz es afirmar que esta tasa solo deben pagarla los turistas porque los residentes ya pagan impuestos. En otras palabras, los turistas pagan menos impuestos de lo que consumen en servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.). Esto es una mera suposición: por ejemplo, el turista que compra una estancia «todo incluido» consume prácticamente todo dentro del hotel. Los turistas, directa o indirectamente, pagan absolutamente todo, de hecho, pagan más IVA que los residentes porque consumen una mayor cantidad de bienes y, cualitativamente, aquellos gravados con impuestos especiales (bebidas alcohólicas, combustible). Los turistas pagan indirectamente el IBI, la tasa de basura de los establecimientos y los salarios brutos de los empleados turísticos, lo que incluye cotizaciones e IRPF. Además, los turistas tienen seguros médicos y pagan los servicios sanitarios que, en su caso, pudieran recibir.

Por último, la aceptación popular de la tasa turística obedece a la idea que serán «otros» —los turistas— quienes la paguen, sin darnos cuenta que nos estamos pegando un tiro en el pie. La tasa turística está vigente en muchas ciudades del mundo; en España, se cobra en Islas Baleares, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela y en el municipio grancanario de Mogán. Es cuestión de tiempo que esta plaga se extienda por todas partes y nos afecte a todos. Además, los gobiernos, con excusas parecidas, crearán nuevas tasas, por ejemplo, para sufragar espacios naturales, parques urbanos, playas, zonas recreativas, etc. De esta forma, terminaremos pagando dos veces los servicios públicos.

¿Existe el derecho a la privacidad?

Comencemos definiendo los términos. Por «derecho» entendemos la facultad que tiene una persona para exigir algo en virtud de una norma jurídica. Todo derecho implica siempre una obligación —acción u omisión— de terceros; por ejemplo, el derecho de cobro del acreedor implica el deber de pago (acción) del deudor y el derecho a la integridad física implica la obligación del resto de abstenerse (omisión) de agredir, etc. Los derechos «positivos» exigen una actuación ajena mientras que los «negativos» exigen la no intervención. Una buena forma de saber si un derecho es genuino o falso es clarificar quién es la contraparte y qué específico deber tiene con respecto a otra persona. La inmensa mayoría de derechos que hoy se proclaman — a «decidir», al «trabajo», a la «vivienda», a la «privacidad», a la «salud»— son falsos, principalmente porque se exponen en abstracto y luego se interpretan como si fueran positivos (reclamaciones).

Por «privacidad» entendemos el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Esto último, «cualquier intromisión», es discutible. Por ejemplo, los famosos pueden pensar que la actividad de los paparazzi o de los periodistas del corazón es una violación de su privacidad, sin embargo, nadie puede ser despojado del uso de sus facultades (vista, habla) o sus bienes (cámaras fotográficas y platós de TV). Otra forma de elucidar si existe o no el derecho a la privacidad es asociarlo al derecho de propiedad. Por ejemplo, un intruso (en su caso) viola la intimidad cuando irrumpe en una propiedad ajena, en cambio, el voyeur que fisgonea, no viola derecho alguno y la única sanción que puede recibir es la exclusión social.

En las relaciones interpersonales, la revelación de secretos y confidencias tampoco puede penalizarse legalmente porque no existe un derecho de propiedad de la información; la privacidad se obtiene con la propia discreción, los acuerdos y la costumbre, por ejemplo, existe la norma social de no compartir el número de teléfono de un amigo sin su previo consentimiento. La discreción o reserva puede ser exigible socialmente, pero no legalmente. En los espacios públicos tampoco podemos reclamar privacidad, por ejemplo, la mujer que exhibe un generoso escote no puede exigir que los hombres, a su paso, mantengan la «vista al frente» (como en la milicia); si ella quiere evitar miradas libidinosas o piropos, lo mejor que puede hacer es vestir de forma más recatada, en lugar de acudir al Estado para obtener un falso derecho.¹

En el ámbito mercantil, los consumidores ceden sus datos a las empresas de forma contractual. Los primeros pecamos de no leer las cláusulas de confidencialidad y/o de no saber configurar los dispositivos y aplicaciones para aumentar nuestra privacidad; por su parte, las empresas pecan de extralimitarse en el uso de la información, normalmente con fines lucrativos. Nuestros datos personales están a disposición de tantas organizaciones —públicas y privadas— e individuos que es virtualmente imposible saber quien ha hecho un uso ilegítimo de ellos. También existen críticas injustas a los proveedores de servicios digitales, que ofrecen gratuidad a cambio de información del usuario. Por ejemplo, el lema: «Cuando las cosas son gratis, el producto eres tú», es falaz. Lo que hacen Google, Facebook o Amazon, en esencia, no difiere de lo que siempre han hecho la radio o la TV en abierto; los primeros ofrecen servicios gratuitos por la cesión de datos personales y los segundos, a cambio de atención (anuncios publicitarios). Como la relación empresa-usuario es contractual (no hegemónica), este último renuncia voluntariamente a su privacidad en beneficio de la primera. En realidad, el consumidor también se beneficia del uso de sus datos, pues recibe publicidad personalizada que es acorde a su comportamiento e intereses. En cualquier caso, quienes vean una mano negra o un uso impropio de sus datos, siempre pueden darse de baja del servicio.

Por último, las empresas privadas también pueden establecer legítimamente prohibiciones y restricciones a terceros —proveedores, socios, empleados, clientes— con objeto de mantener su privacidad o sus secretos industriales. Por ejemplo, los empleados, contractualmente, se someten a normas de compliance; y los espectadores de cines, teatros, museos, deportes, etc., también pueden ser legalmente privados del uso de dispositivos de grabación de imágenes en los recintos privados. En resumen, el derecho a la privacidad existe, pero siempre subsumido en el derecho de propiedad y/o en el cumplimiento de los contratos. En cambio, en el ámbito social, en las relaciones interpersonales y en los espacios públicos, no existe tal derecho y debemos obtener la privacidad mediante la propia conducta, los acuerdos y la costumbre.

¹ El acoso callejero se contempla en el Código Penal, art. 173.4. 

Votar en conciencia

Esta reflexión tiene su origen en el caso de corrupción del ex-ministro Ábalos, quien, tras ser defenestrado por su partido (PSOE), amenazó con «votar en conciencia». En primer lugar, no hay tal cosa como conciencia colectiva, la conciencia es un atributo exclusivo del individuo; segundo, toda acción humana es deliberada y consciente; en conclusión: siempre se vota en conciencia. Otra cuestión sería elucidar la rectitud o no de la conciencia. Resumiendo, todo diputado vota siempre en conciencia. Cuando «sus señorías» recogen el acta de parlamentario aceptan consciente y voluntariamente formar parte de un sistema jerárquico basado en la disciplina de voto. En caso de desobediencia, todos los partidos políticos, en menor o mayor medida, contemplan estatutariamente sanciones internas, pudiendo llegar a la expulsión del partido y, por tanto, del grupo parlamentario.

El diputado, actuando en completa libertad, subordina su autonomía intelectual y moral al superior juicio de su jefe de filas. Esta renuncia es un acto moral: «Toda acción humana es intrínsecamente moral, está referida al orden moral» (Ayuso, 2015). La decisión final del sentido del voto, en cada caso, es tomada por el líder del partido de forma autocrática u oligárquica: previa deliberación con miembros que integran el ápice organizacional. El sociólogo alemán Robert Michels (2003) enunció, en 1911, la «ley de hierro de las oligarquías»: todos los partidos políticos y, en general, todas las organizaciones; son dirigidas por una camarilla de personas.

La disciplina de voto¹ exige necesariamente la corrupción moral del diputado, que renuncia implícitamente a su autonomía intelectual. El diputado nunca vota en contra de su conciencia porque rinde «conscientemente» su propio juicio al de un tercero. El corolario de la disciplina de voto es que el diputado, en ningún sentido, representa al «pueblo»; sino a su jefe de partido, al que debe obediencia y sumisión. El sistema democrático está plagado en mitos y falacias.

Quienes se extrañan que los políticos voten dócilmente cualquier barbaridad contraria al sentido común, a la ética o al derecho, no entienden la naturaleza de la política. O como decía el insigne politólogo Antonio García-Trevijano: «quien se indigna es un ignorante». Para ser político (con rarísimas excepciones) es preciso carecer de moralidad y abrazar la máxima maquiavélica: «el fin justifica los medios». La política ha sido y sigue siendo una profesión indecente. Únicamente el diputado recupera la dignidad (si alguna vez la tuvo) cuando rompe el vínculo mafioso con su partido y pasa al grupo mixto o, en el mejor de los casos, abandona la política.

(1) También se extiende a las opiniones, asistencias o ausencias de eventos, etc.

Bibliografía
Ayuso, M. (2015). «El Estado como sujeto inmoral». [Video file]. Recuperado de < https://www.youtube.com/watch?v=jveRVlgyAlI >.
Michels, R. (2003). Los Partidos Políticos II. Buenos Aires: Amorrortu.

Dani Carvajal y Sánchez

El pasado 15 de julio, durante la recepción que se ofreció en Moncloa a la selección española de fútbol (campeona de la Eurocopa), el defensa Dani Carvajal estrechó la mano del presidente Sánchez sin mirarle a la cara. Unos, han visto el gesto como un desaire o falta de educación por parte del futbolista. Otros, lo entienden como justo castigo al sátrapa que nos gobierna. Las celebraciones de este éxito deportivo iban de perlas hasta que se deslizó al ámbito político, donde la discordia está garantizada. Analicemos la polémica.

En primer lugar, deberíamos preguntarnos por qué motivo, cuando alguien —deportista, escritor, artista, empresario, científico, etc.— realiza un logro notable y adquiere una gran popularidad, las autoridades civiles —reyes, presidentes, alcaldes— organizan una recepción a bombo y platillo. Hemos visto a estos oportunistas enfundándose camisetas y guantes de boxeo o alzando trofeos como si ellos mismos lo hubieran ganado. Particularmente, la escena me resulta bochornosa: por un lado, los políticos utilizan a los premiados para su promoción política y mediática, es decir, «hacerse la foto»; por otro, los «héroes» deportivos parecen estar encantados con las autoridades y se prestan gustosos a este tipo de juegos. 

En segundo lugar, veamos por qué se produce el desaire de Dani Carvajal y la consiguiente polémica. Cuando el premiado es un individuo, el prestarse o no a este paripé depende de su simpatía o antipatía con el político invitante. La única polémica, de darse, se produciría cuando el premiado rechazara la invitación a la recepción, pero siempre hay excusas piadosas. Cuando se trata de un equipo, la cosa cambia: todos sus componentes se ven obligados, quiéranlo o no, a participar y estrechar la mano la autoridad. Este parece ser el caso de Dani Carvajal, que mostró su desafecto al presidente retirándole la mirada.

Mutatis mutandi, aparece una incomodidad similar cuando la tradición dicta la visita del equipo al patrón religioso de la localidad. Eventualmente, los deportistas ateos, evangélicos, judíos, musulmanes o indiferentes con la religión se ven obligados a participar en un acto católico. Creo que ambas visitas —institucional y religiosa— podría realizarse igualmente con una reducida comisión formada por voluntarios. De esta forma, se compatibiliza la tradición con el respeto a las creencias políticas y religiosas, evitando situaciones incómodas. Esta fue la solución adoptada en las Fuerzas Armadas, en 1989, cuando la misa oficiada en determinados actos solemnes (Jura de Bandera) pasó a ser voluntaria, oficiándose inmediatamente antes del acto castrense.