lunes, 28 de julio de 2014

Turismo y empleo en Canarias

Siempre que intentamos interpretar la realidad, uno de los errores más habituales es ver relaciones de causalidad donde no las hay. Esto se produce frecuentemente en economía cuando comparamos dos fenómenos que acaecen de forma contemporánea. Por ejemplo, si tras una reforma laboral que abarata el despido observamos que el paro aumenta es frecuente tachar la medida de ineficaz; sin embargo, también sería posible entender que en ausencia de aquella reforma, tal vez, el desempleo sería aún mayor. Como decía Frédéric Bastiat, sólo el buen economista es capaz de ver "lo que no se ve".

Se produce otro error similar cuando esperamos que exista cierta relación causa-efecto y éste último no aparece. Por ejemplo, ante una ocupación hotelera considerada buena o incluso muy buena, las cifras de paro se mantienen prácticamente inalteradas. Tal es el caso de Canarias. No puede ser -dicen algunos- que una mayor ocupación en el sector no lleve aparejado un aumento del empleo. De estos y otros males que nos aquejan suele culparse a los hoteleros, a su egoísmo o al "excesivo beneficio" que obtienen haciendo más negocio con la misma plantilla. 

Intentaré aclarar esta aparente paradoja. En primer lugar, en el negocio hotelero, la ocupación (demanda) puede variar sustancialmente en poco tiempo y la rigidez de las leyes laborales no ayuda a que la plantilla (oferta) se ajuste rápidamente a los cambios del mercado. Si el despido fuera libre, es decir, libremente pactado entre las partes, los empresarios podrían despedir rápidamente cuando la ocupación hotelera fuera baja y, con la misma facilidad, contratar rápidamente cuando aquella fuera alta. Es cierto que mediante el intervencionismo laboral las plantillas son más estables pero esto, lejos de ser una ventaja, es un grave inconveniente para la buena marcha del negocio y los empleados no siempre salen ganando con la pretendida protección gubernamental. Estos pasan de tener periodos con poca faena (baja ocupación) a otros donde trabajan hasta el agotamiento (alta ocupación). En el primer caso los empleados cobran más de lo que producen mientras que en el segundo cobran menos; esta es la fórmula que le queda al hotelero para compensar pérdidas y beneficios empresariales sin tener que despedir ni contratar. Ante el corsé que supone la legislación laboral el empresario encuentra formas de soslayarla y así mantener la rentabilidad. Otra solución empleada habitualmente es mantener la plantilla al mínimo y hacer frente a los picos de demanda con trabajadores temporales (ETT), lo cual supone, dicho sea de paso, un coste añadido para la empresa.

Podemos ahora llevar el razonamiento anterior a un periodo de tiempo más dilatado, como es el ciclo económico. Durante la fase de recesión muchos hoteleros sentían la necesidad de ajustar sus plantillas pero el coste del despido no les permitía hacerlo sin agravar aún más su maltrecha situación. Las indemnizaciones por despido llevarían ineludiblemente a la empresa a la quiebra. Un último recurso era mantener la plantilla y pedir créditos bancarios hasta que la situación mejorara. Las empresas supervivientes de la crisis podrían recuperarse en el futuro si conseguían en sus establecimientos tasas de ocupación más altas sin tener que aumentar los costes de personal. Ahora mismo, muchos hoteles están en esta etapa haciendo caja para amortizar los créditos y compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Esto explica la aparente contradicción de tener una alta ocupación sin que aumente el empleo. Buscar la causa en un súbito ataque de avaricia del empresario nos llevaría a preguntarnos por qué motivos la avaricia aumenta o disminuye, cuestión ésta que sesudos psicólogos podrían analizar.

La amenaza, escuchada en algunos medios de comunicación, de regular aún más el sector y obligar a los hoteleros a contratar más personal solo puede agravar aún más la situación. La indigencia intelectual de algunos políticos y sindicalistas no les permite comprender la siempre escurridiza y contraintuitiva naturaleza de los fenómenos económicos. Los gobernantes pretenden arreglar los desaguisados de su intervencionismo con más intervencionismo. Cual topos, ciegos por la ideología, quieren sustituir la libertad del mercado por la planificación económica.

lunes, 7 de julio de 2014

Bajar los impuestos

La Alianza de Vecinos de Canarias, integrada por 550 asociaciones de vecinos de todas las islas, ha lanzado a los Gobiernos Central y Canario una reclamación tan justa como necesaria: ¡que bajen los impuestos! en concreto -siguiendo el modelo de Ceuta y Melilla- los vecinos piden una reducción de 50% en el IRPF para las rentas del trabajo inferiores a 3.000 €/mes.

Entre 1996 y 2007, durante la fase de auge del presente ciclo económico (burbuja inmobiliaria y de obra civil) los políticos españoles de todos los colores y signos vieron cómo sus ingresos fiscales se multiplicaban de forma inusual. "No es posible disponer de tanto dinero", decían algunos. Unos gestores públicos responsables hubieran mantenido el tamaño del Estado devolviendo a los contribuyentes el exceso de recaudación. Sin embargo, nuestros sedicentes servidores públicos se dedicaron a otra actividad más placentera: gastar a mansalva. Hicieron justo lo contrario y crearon su propia burbuja de las Administraciones Públicas. Crearon ex novo  decenas de miles de cargos políticos y millones de empleados públicos. Se entregaron a la práctica obscena del mercantilismo democrático y a la creación de redes mafiosas y clientelares. Esta burbuja sigue intacta y, cual cáncer, consume gran parte del presupuesto. Esto explica que, a pesar de que los impuestos sean escandalosamente altos, no se observen mejoras equivalentes en las prestaciones públicas. 

Uno de los fallos más graves de la Constitución de 1978 fue no precisar, en términos monetarios, el concepto de "impuesto confiscatorio". Y no poner límites al poder político ha sido nefasto para el bienestar de los españoles: la expropiación fiscal no ha dejado de aumentar desde aquel aciago año en que nació el Estado de las Autonomías. 

Por fin, algunos canarios empiezan a darse cuenta de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de quien lo ganó con su trabajo. Nunca es tarde para entender que tras las bonitas promesas del Estado de bienestar se esconde una cruda realidad, a saber, que gran parte del bienestar prometido es consumido por quienes lo administran: políticos, funcionarios y empleados públicos. Y cuanto más dinero consumen los administradores en sí mismos menos queda para pagar la sanidad o la educación. La prosperidad del ciudadano y la del político suele ser inversamente proporcional.

Si se lograra el objetivo de reducir 50% el IRPF en Canarias los políticos se enfrentarían a un necesario dilema: cerrar hospitales y escuelas o cerrar empresas públicas y direcciones generales; despedir médicos y maestros o despedir parientes, amigos y enchufados. Sólo mediante la presión popular (y las urnas) los creadores de la burbuja estatal se verán forzados a pincharla. Los políticos deben entender, como todo hijo de vecino, que es el gasto el que debe ajustarse a los ingresos y no al revés. Pagando menos impuestos no se resiente el Estado de bienestar sino el bienestar del Estado. Cada euro de más en el bolsillo del consumidor genera empleo productivo, ahorro y mayor riqueza para el conjunto de la sociedad. Mi enhorabuena a la Alianza de Vecinos de Canarias por esta justa y brillante iniciativa.