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| Gloria Gutiérrez |
En anteriores artículos ya hemos analizado las consecuencias de la intervención política en la economía y, en particular, en el sector del turismo en Canarias. Vimos el error que supone forzar la renovación de la planta hotelera o la pretensión arrogante de instaurar coactivamente un modelo económico único a toda la sociedad. La última perla intervencionista es la proposición no de ley que el grupo PSC-PSOE ha elevado a la Cámara regional para fijar plantillas mínimas en los hoteles. Creen algunos -como la diputada Gloria Gutiérrez- que es posible reducir el alto desempleo en las islas a golpe de decretazo, al más puro estilo estalinista. Estos indigentes intelectuales -también llamados "sus señorías"- tienen una fe ciega en el voluntarismo y en el poder de la coacción legislativa para obtener sus fines. La fuerza bruta que emana del Boletín Oficial suele ser la alternativa a su incapacidad intelectual o fruto de la ceguera ideológica.
Según algunos políticos nacionalistas y socialistas (tanto monta, monta tanto), sindicalistas, tertulianos radiofónicos indocumentados e intelectuales de izquierda -entre otros- la plantilla de los hoteles en Canarias es insuficiente y se requeriría aumentar la contratación. Si el número de turistas aumenta cada año -afirman aquellos- pero el empleo no aumenta significa que los hoteleros están explotando a los trabajadores. En la entrada Turismo y empleo en Canarias apunté algunas razones por las cuales esto sucedía. Otra razón bastante manida para justificar la imposición de una plantilla mínima a cada hotel es la calidad. Vamos a ir refutando cada uno de los argumentos intervencionistas.
El primer y más importante motivo para oponernos a esta medida es de tipo ético y jurídico. Toda empresa es una propiedad privada y sólo compete a sus dueños organizar la producción. La regulación económica es inmoral pues viola el derecho natural de propiedad. En su día expliqué por qué los empresarios necesitaban de la filosofía. Ellos asumieron dócilmente las tesis socialistas del interés general, las necesidades colectivas, la función social de la empresa y otras majaderías que se incorporaron al derecho constitucional. Fue una desgracia pues esta perversión de la Ley convirtió a los capitalistas en meros dueños nominales (o jurídicos) de sus negocios. El político arrebató, mediante la legislación, el libre uso económico (ius fruendi) de la propiedad a sus legítimos dueños. El resto de la historia ya la sabemos.
En segundo lugar, los hoteles son sólo una parte del negocio turístico. Muchos otros sectores participan en esta actividad económica: líneas aéreas, cafeterías, restaurantes, coches de alquiler, casas rurales, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, supermercados, discotecas, taxis, autobuses, parques acuáticos y de ocio, etc. Resulta arbitrario que se pretenda aumentar el número de camareras de piso en los hoteles y no el número de camareros en los bares.
En tercer lugar tenemos el mito de la calidad. Si queremos un turismo de calidad -afirman algunos- es preciso dar un servicio de calidad a los visitantes y ello pasa, entre otros factores, por disponer de más personal en los hoteles. Aquí sería preciso recordar la teoría subjetiva del valor. En el mercado todas las calidades son buenas para los consumidores. Un hotel con poco personal (y "menos" calidad) no es distinto de otro negocio -digamos un hipermercado- con poco personal. Muchos clientes están dispuestos a recibir un servicio más lento o incluso a no recibirlo a cambio de tarifas más reducidas. Muchos aparthoteles han podido sobrevivir a la crisis precisamente porque tenían la plantilla imprescindible para atender la recepción y poco más. Pocos hoteles hoy en día ofrecen servicio en las habitaciones porque los consumidores no están dispuestos a pagar un sobre coste.
En cuarto lugar, ¿cómo sabe el órgano planificador cuál es la plantilla "adecuada" de cada hotel? Es posible que algún experto en econometría, utilizando ecuaciones ininteligibles, calcule de forma precisa y objetiva la plantilla óptima de cada establecimiento. La fórmula mágica integraría diversas variables debidamente ponderadas tales como: categoría del hotel, tipo de alojamiento del turista, metros cuadrados construidos, número de instalaciones y servicios, número y calidad de las habitaciones, número de camas, temporada alta o baja, facturación anual de la empresa, etc. Como es lógico, el gobierno deberá crear un nuevo Cuerpo de Técnicos Inspectores o, en su defecto, una empresa pública que gestione y supervise el nuevo Sistema de Control de Plantilla Hotelera (SCPH). Es decir, más funcionarios y más impuestos.
En quinto lugar, la forma más plausible de regulación de plantilla sería utilizando el método de ensayo y error: el político ensaya y el posible error lo sufren los dueños y empleados del hotel así como sus clientes. Por ejemplo, el gobierno comienza forzando un aumento de plantilla de 5% sobre la plantilla existente y espera a ver si el hotel sobrevive o quiebra. En el primer caso, habremos tenido éxito ya que aumentamos el empleo un 5% a expensas del beneficio empresarial o de las rentas de los restantes factores de producción (tierra y bienes de capital). Suponemos aquí que la ocupación del hotel es constante y que no ha sido posible repercutir los mayores costes de personal en las tarifas del hotel. En el segundo caso (quiebra), habremos fracasado pues el negocio no habrá sido capaz de soportar los costes del incremento de plantilla y todos los trabajadores irán al paro. A priori, implantando la brillante medida podríamos ganar un 5% de empleo frente a una posible pérdida de 100%.
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| Jesús Huerta de Soto |
¿Cómo reaccionará el mercado frente a la agresión gubernamental? Los inversores tendrán otro motivo más para pensar: "que invierta su puta madre", frase acuñada por mi ilustre profesor D. Jesús Huerta de Soto. ¡Cuánta razón lleva el hombre!. Los inversores abandonarán Canarias o trasladarán sus inversiones a otros sectores de la economía que sean más remunerativos. Pero veamos qué pueden hacer los hoteleros. Si mantenemos la hipótesis anterior de 5% de incremento, los hoteles cuya plantilla se sitúe entre 20 y 39 empleados deberán contratar un trabajador más; entre 40 y 59 empleados, dos más; entre 60 y 79, tres más; y así sucesivamente a razón de un empleado más por cada veinte. Los hoteles con plantilla situada en la zona intermedia, lejos de los límites de corte (20, 40, 60, 80...) podrán seguir llevando su negocio con normalidad. La intervención, de momento, no les afecta. Cuando la plantilla alcance el punto en que ésta sea marginal (19, 39, 59, 79...) el empresario deberá tener en cuenta que, caso de necesitar más mano de obra, serán dos empleados (y no uno) los que deba contratar pues el incremento de 5% le afectará. Algo similar ocurre cuando el gobierno impone servidumbres (por ejemplo, contratación de discapacitados) a las empresas cuando alcanzan un mayor tamaño (50 empleados). En ambos casos el coste marginal de contratación se eleva artificialmente ejerciendo un efecto disuasorio o de resistencia sobre el empleo. Este efecto será directamente proporcional a la intensidad con que el órgano de planificación imponga sus mandatos, en este caso, una plantilla mínima.
Algunos gerentes buscarán fórmulas para aprovechar al personal excedente sin asumir pérdidas. Por ejemplo, si obligaran al hotel a contratar un cocinero de más podrían emplearlo para vender comida preparada a otros bares y negocios de la zona. Otra solución sería pasar de tener un cocinero a jornada completa a dos cocineros a media jornada, y así repartir el trabajo. Menos rentable, e incluso ilegal, sería emplear al cocinero sobrante en otra función distinta, por ejemplo, en recepción. En general, se produciría trasvase de personal desde los oficios intervenidos hacia los no intervenidos, pero el daño seguiría existiendo.
En conclusión, hemos expuesto el perjuicio que para propietarios, empleados y consumidores supone cualquier injerencia gubernamental sobre la producción de los hoteles. Ni políticos ni funcionarios pueden hacerse con la información necesaria para fijar una plantilla óptima porque aquella surge ex novo, de forma dinámica en los procesos de mercado y sólo está al alcance de los empresarios. Realizar una nueva intervención en el mercado, esta vez fijando plantillas mínimas, sólo ahonda un poco más la tumba donde el gobierno canario entierra a las empresas.
