La gestión de la pandemia por Covid-19 ha suscitado numerosas críticas: analistas —médicos, economistas, sociólogos, juristas, geoestrategas, filósofos, etc.—, desde sus respectivas disciplinas, intentan extraer aprendizajes de esta terrible crisis. Hoy vamos a tratar de identificar algunas lecciones aprendidas en el campo de la economía y la función empresarial.
Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando llega una crisis, muchos lamentan no haber ahorrado lo suficiente. ¿Por qué hoy no se ahorra o se ahorra menos que antes? La red asistencial –sanidad, educación, desempleo, pensiones, vivienda, subsidios, becas, etc.– que ha tejido el Estado reduce los incentivos al ahorro convirtiendo al individuo en un ser económicamente irresponsable e imprevisor. Los falsos derechos –sanidad, educación, trabajo, vivienda–, creados ex novo en la legislación, han sido asumidos por la población en la creencia que el Estado puede y debe garantizarlos. Sin embargo, cada crisis nos demuestra lo frágil e ilusoria que es la seguridad de papá Estado. Nuestra recomendación es: a) constituir un fondo de reserva (mínimo) equivalente a 3 salarios mensuales. b) sólo endeudarse para la hipoteca, nunca para gasto corriente –coche, vacaciones, muebles–. Supongamos una persona que obtiene su primer empleo y necesita un coche para trabajar, lo más sensato es comprar uno barato (segunda mano) y ahorrar para constituir su fondo de reserva, posteriormente seguir ahorrando para adquirir un vehículo nuevo.
Lección aprendida: ahorra primero y gasta después.
2. Deuda pública
Aunque no podemos equiparar la deuda privada con la pública, la imprevisión de las familias también se observa en el Gobierno. Tras la crisis de 2008, la deuda pública española se situó en el 100% del PIB y el Gobierno pudo haberla reducido aprovechando los últimos años de bonanza económica (2016-2020), tal y como hicieron Alemania y Holanda. Ahora que vienen mal dadas, nuestro Gobierno (y el italiano) no tiene margen para aumentar su deuda y suplica «mutualizar» una nueva emisión de «coronabonos». Lo que Sánchez pretende es que los contribuyentes del norte de Europa paguen la irresponsabilidad del Estado español.
Lección aprendida: la deuda pública debe reducirse en tiempos de bonanza económica para tener mayor capacidad de endeudamiento en tiempos de crisis.
[1]
3. Plan de choque por 200.000 meuros
El 17 de marzo, el Gobierno aprobó un paquete de medidas económicas por valor de 200.000 meuros, entre fondos públicos (117.000 meuros) y privados (83.000 meuros); siendo la partida más cuantiosa la de avales (100.000 meuros). Pero como advierte Daniel Lacalle, el problema de las empresas que han cesado su actividad no es de crédito, sino de ausencia de ingresos. Si la empresa no factura y no sabe cuándo recuperará su actividad, el crédito o las moratorias de pago –hipotecarias, fiscales– no son de gran ayuda. Lo que necesita una empresa que no produce (y que confía reanudar la actividad) es reducir urgentemente los costes fijos: salarios, cotizaciones S.S., impuestos, alquileres, seguros, mantenimiento, etc.; tal y como hace la industria hotelera en los periodos de inactividad. Por tanto, lo mejor que podría hacer el Gobierno, en lugar de burocratizar las ayudas, es una exención temporal del pago de cotizaciones e impuestos.
Suspender temporalmente la producción es una cuestión organizativa, pero las empresas se han visto sorprendidas por una serie de decretos improvisados (de un día para otro), confusos y arbitrarios.
Por otro lado, algunas entidades bancarias exigen una serie de requisitos –documentación, seguro de vida (de la propia entidad)– que encarecen los créditos ICO, haciendo las operaciones inasumibles para muchos autónomos y PYMES. Este plan del choque del Gobierno no evitará la destrucción de una parte considerable del tejido productivo del país.
Lección aprendida: no cerrar la economía y permitir que la producción se adapte a las exigencias de la pandemia. Las ayudas no deben estar burocratizadas.
4. Más intervencionismo
La pandemia de la covid-19, parafraseando a Randolph Bourne, es «la salud del Estado». Durante el estado de alarma, el Gobierno tiene poderes excepcionales y los ejerce de forma ostensible interviniendo en la economía o, peor aún, reemplazando al mercado por un sistema de planificación centralizada. Veamos algunos errores cometidos.
 |
| Daniel Lacalle |
a) Prohibición de «cortos» en la bolsa
Como afirma Daniel Lacalle (2013: 69%): «Cuando las bolsas se desploman, los Gobiernos, acostumbrados a pensar que todo debe subir siempre y que ninguna caída es justificada, consideran necesaria una intervención. Y lo primero que suelen hacer es culpar a las posiciones cortas». Quien prohíbe los «cortos» ignora que, frecuentemente, los inversores los usan para financiar posiciones «largas», algo llamado inversión «largo-corto». Las posiciones «cortas» reducen el riesgo de las «largas». Por tanto, si el Gobierno prohíbe las primeras, también reduce las segundas. Las posiciones cortas generan tres beneficios: 1. Incrementan la liquidez de los valores. 2. Dan la oportunidad a las empresas para reaccionar ante noticias o eventos que pudieran reducir el precio de la acción. 3. El prestamista de la acción recibe un interés y mejora su liquidez. (Lacalle, 2013: 68%). Una explicación más prolija se encuentra en mi análisis «La crisis del coronavirus y la prohibición de cortos».
[2]
Lección aprendida: la prohibición de cortos es innecesaria porque no evita que la bolsa caiga, además es detrimental porque reduce los volúmenes de contratación y aumenta la volatilidad.
b) Requisa, monopolio y control de precios
La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la escasez de específicos productos –respiradores, test, mascarillas, equipos de protección, geles, alcohol– y servicios –hospitalización, cuidados intensivos, fumigación– de primera necesidad. La intervención del Gobierno ha producido una triple contracción de la oferta, cuyas causas son: a) requisa de bienes en los almacenes interiores y aduanas; por ejemplo, los pedidos por Internet (Amazon) son retenidos; b) monopolio: prohibición del libre comercio de bienes y servicios sanitarios (test) afectados por la covid-19; c) fijación de precios máximos de las mascarillas (0,96€). Como resultado, las empresas españolas pararán la producción o, en su caso, la colocarán en terceros países. Los importadores –mayoristas, minoristas e individuos–dejarán de hacer pedidos. Interferido el mercado, la escasez se agudiza y los consumidores se lanzan a fabricar aquello que está a su alcance: mascarillas de tela, protectores faciales de acetato e incluso respiradores de circunstancia.
[3] Los sectores intervenidos transitan desde el capitalismo hacia el socialismo. Aparecen la economía de subsistencia, el consumo de capital y la reducción en la división del trabajo; fenómenos todos previstos por la teoría económica del intervencionismo (Rothbard, 2013).
La asignación del stock fruto de la requisa ya no obedece a las leyes de la cataláctica (intercambios de mercado), sino a la discrecionalidad de la autoridad y al favor de políticos y funcionarios. El material requisado es del todo insuficiente para satisfacer la demanda de los hospitales. A las residencias privadas de ancianos y al conjunto de la población no llega absolutamente nada, y lo poco que algunas empresas consiguen por su cuenta es inmediatamente requisado, tal ha sido el caso de Siemens Gamesa, que disponía para sus empleados 2.000 test de detección del coronavirus.
[4]
Lección aprendida: evitar la requisa, no intervenir empresas y dejar fluctuar libremente los precios para que se incremente la oferta de bienes escasos.
c) Confinamiento y cierre de la economía
Ante los errores de cálculo del Gobierno sobre los efectos de la Covid-19, la ausencia de planes de contingencia y la letalidad de la pandemia, la autoridad ha optado por soluciones drásticas: confinamiento masivo de la población y el cierre forzoso de la economía. Dos graves errores. Por un lado, un confinamiento voluntario hubiera conseguido un resultado similar en términos de contención de la pandemia, al fin y al cabo, los individuos son los más interesados en preservar su propia salud. Además, nos habríamos ahorrado más de medio millón de multas
[5] abusivas que han venido a empeorar la situación económica de muchas personas. Por otro lado, hubiera sido preferible dejar funcionar a todas las empresas, pero exigiendo medidas preventivas del contagio.
Es preciso conjugar seguridad y libertad, en lugar de pretender la primera a expensas de la segunda. Dice Adela Cortina (2015: 8): «El dilema seguridad versus libertad es falso. Tratar de compaginar una y otra sin renunciar a ninguna de ellas es un problema, no un dilema». España, por desgracia, viene avalando nuestra tesis: es líder en violación de libertad y líder en mortalidad (por millón de habitantes).
«La salud está antes que la economía» es otra falacia similar, en efecto, los países orientales –Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong– han obtenido los menores índices de contagio sin haber cerrado sus economías. La clave del éxito ha sido su anticipación: acopio de medios, test masivos –aleatorios y selectivos–, confinamiento de las personas contagiadas y libertad de acción para el resto (adoptando las medidas sanitarias). De esta forma, estos países han cosechado tenido un triple éxito: a) controlar la pandemia; b) preservar las libertades; y c) mantener abiertas sus economías.
Por último, la precipitación con que ha actuado el Gobierno español ha sorprendido a las empresas sin darles tiempo a evaluar la situación, tomar decisiones y organizarse internamente. Como suele decirse: «Cuando la cabeza va mal los pies van peor».
Lección aprendida: la respuesta debe ser proactiva, flexible, gradual y adaptada a las diversas situaciones de individuos y territorios.
d) Centralización económica
Cuando hay una emergencia nacional lo primero que hace el Gobierno es centralizar determinados abastecimientos y servicios que considera básicos para la población. Veremos el grave error que supone esta medida.
La sociedad, en general, y el mercado, en particular, son órdenes sumamente complejos donde millones de personas actúan buscando sus propios fines, empleando diversos medios. Se trata de un sistema social «descentralizado» y por ello puede funcionar armoniosamente.
En España, la sanidad pública está transferida a las CC.AA. Son ellas y los propios hospitales (públicos y privados) quienes realizan todas las gestiones logísticas —personal, compras, mantenimiento, administración económica— para su funcionamiento. De repente, ante la pandemia, el Ministerio de Sanidad, sin capacidad de gestión, ni conocimiento (experiencia) y al mando de un filósofo dice: «Yo me hago cargo». Es como si en mitad de una tormenta, reemplazáramos al capitán del buque por un grumete. El desastre está servido.
El primer problema de la centralización es que la gestión cambia de manos: la «mano invisible» del mercado es reemplazada por la «patada visible» del Gobierno. El segundo, se ralentizan todos los procesos que ahora están bajo un «mando único». Se producen «cuellos de botella» en el sistema que parece haberse militarizado. Múltiples fallos afloran de inmediato: los pagos a proveedores se retrasan y el producto es vendido a otro cliente más rápido, se compra material defectuoso (test, mascarillas) que debe devolverse al proveedor, los abastecimientos llegan tarde al usuario porque han sido retenidos en la aduana o han ido pasando por almacenes intermedios, etc. Estos retrasos ocasionan más contagios, nuevas bajas de personal sanitario y más muertes. La centralización ha agudizado el problema. Ante la inoperancia del Gobierno central, las CC.AA., ayuntamientos, hospitales, empresas y particulares eluden el monopolio estatal y se lanzan a la compra de material con sus propios medios: ¡Sálvese quien pueda! Del resto de bienes –no centralizados– hay abundancia y no falta de nada. Si el Gobierno centralizara la producción y suministro de alimentos, en pocos días estaríamos haciendo cola con la cartilla de racionamiento en la mano. La centralización de la economía no es algo nuevo, es la vieja receta fracasada del «sistema socialista de panificación central», cuya imposibilidad económica ya demostrara Ludwig von Mises, en 1920. Asistir a este lamentable espectáculo nos ayuda a entender cómo sería la vida bajo el yugo totalitario de un Estado socialista.
Por último, la pandemia no afecta por igual a todo el territorio. Sería razonable que las autoridades regionales y locales participaran en la toma de decisiones. La desastrosa gestión centralista del «mando único» podría, tal vez, avivar los deseos de secesión política en los individuos y Gobiernos regionales.
Lección aprendida: mantener el sistema descentralizado propio del libre mercado y dejar que los recursos afluyan de la manera habitual.
e) El mito de los bienes «esenciales»
Otro error del Gobierno ha sido clasificar ciertos negocios o sectores económicos en «esenciales» y «no esenciales», impidiendo o restringiendo la actividad de estos últimos. La autoridad dice que bares, restaurantes y hoteles no son esenciales, pero los camioneros, las personas que residen permanentemente en hoteles y los turistas que desean permanecer en España, entre otros, no opinan lo mismo. La autoridad dice que las ferreterías no son esenciales, pero pensemos en los albañiles, fontaneros y tantos profesionales y particulares que las necesitan. Imagine que usted tiene una fuga de agua en su casa: tanto el fontanero como la ferretería son esenciales. La autoridad dice que los talleres de vehículos no son esenciales, pero ambulancias, coches de la policía, vehículos de reparto y logísticos y miles de vehículos particulares pueden tener una avería; por tanto, grúas, talleres y comercios de venta de repuestos son esenciales. ¿A dónde queremos llegar? El valor es subjetivo. Lo que es «esencial» para una persona puede no serlo para otra y viceversa. La sociedad es un «cosmos», un orden espontáneo sumamente complejo cuyos integrantes necesitan libertad de acción para tomar decisiones según su personal (subjetiva) escala de valores. Por tanto, establecer clases de bienes, negocios o sectores económicos no sólo es un acto arbitrario, sino inútil y confuso (Mises, 2011: 148).
Por otro lado, esta distinción maniquea ignora la ley de Say, es decir, si los trabajadores «no esenciales» no producen, tampoco podrán demandar bienes «esenciales». Por ejemplo, muchas gasolineras
[6] tienen que cerrar o reducir su actividad porque la mayoría de clientes pertenece al grupo de «no esenciales», a saber, la población confinada. El sistema económico es interdependiente y no se puede bloquear una parte sin ocasionar un mal a todo el conjunto.
Lección aprendida: dar libertad para que individuos y empresas, utilizando las medidas sanitarias adecuadas, sean libres para alcanzar fines y utilizar medios.
f) Medidas extraordinarias para la «protección» del empleo.
La economía no puede mejorar apelando a la violencia, pero el 28 de marzo, el Gobierno emite un nuevo decreto-ley (art. 2) cuya finalidad es mantener el empleo, pero coaccionando a los empresarios para que opten por un ERTE, en lugar de un ERE:
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Tras la medida, si los empresarios necesitan despedir empleados, por muy objetiva que sea la causa –el cierre forzoso decretado en el estado de alarma–, su precio será equivalente a 33 días por año trabajado (máximo 24 pagas), en lugar de 22 días (máximo 12 pagas). Ante la agresión, ¿qué opciones tiene el empresario?:
1) Ceder al chantaje y pagar los despidos encarecidos (11 días más/año).
2) Hacer un ERTE, reanudar la actividad y aguantar 6 meses (preceptivo), y finalmente hacer un ERE por causas objetivas.
3) Realizar acuerdos alegales con los empleados.
4) Cierre y concurso de acreedores.
En definitiva, no es posible «proteger» el empleo desprotegiendo jurídicamente a quienes lo crean. El Gobierno exhibe una excesiva confianza en la coacción sin reparar que el Boletín Oficial del Estado no obra milagros (más bien es un malgasto de papel y tinta). Ya puestos, ¿por qué no prohibir directamente que la gente enferme? «Proteger» el empleo vía decreto-ley solo ocasionará más quiebras y mayor desempleo: Daniel Lacalle estima que 900.000 empresas no llegarán a 2021 y que el paro ascenderá al 35%.
[7]
Lección aprendida: no manipular las leyes. Respetar la propiedad privada y la libertad del empresario para determinar la organización interna y el funcionamiento de su empresa.
5. Conclusión
Toda pandemia inflige
per se elevadas pérdidas humanas y económicas. A los enfermos y fallecidos hay que añadir el cese forzoso de actividad de las personas sanas. La enfermedad merma la capacidad física de los individuos, las medidas de higiene y distanciamiento reducen la productividad del trabajo, el gasto sanitario se dispara, etc. Todo ello provoca, en términos agregados, caídas significativas en la oferta y la demanda cuyo resultado es la recesión económica. Por tanto, es vital que el Gobierno no agrave aún más la situación interviniendo «temporalmente»
[8] la economía, lo que supone un avance hacia el socialismo: «Sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial» (Huerta de Soto, 2010: 25). Quien pretenda dirigir la sociedad jerárquicamente, a golpe de decreto-ley, se enfrenta a una misión imposible: el Gobierno no dispone (ni puede disponer) de la información necesaria para dirigir los procesos de coordinación social. La irrupción de una crisis –sea bélica, sanitaria o económica– no modifica este axioma praxeológico.
A las pérdidas por la menor producción hay que añadir los costes derivados del consumo de capital, de la menor división del trabajo y del previsible incremento de la litigiosidad en los próximos años. El colapso de los juzgados provocará, sin duda, un número adicional de quiebras empresariales.
La correcta gestión de una pandemia debe ser anticipatoria, técnicamente acertada, flexible, gradual y económica; pero el Gobierno carecía de un plan de contingencia a nivel nacional (Cegarra, 2020). Precisamente, la falta de anticipación y su corolario, la gestión reactiva de la crisis, ha desembocado en una mezcla de improvisación, desorganización y autoritarismo. El confinamiento forzoso y el cierre de la economía han sido tan innecesarios como detrimentales. Lo correcto hubiera sido tratar de conjugar todos los valores –salud, seguridad, libertad, economía, preferencia temporal– en liza, pero como son subjetivos, su imposición hegemónica a los individuos solo puede deteriorar la situación.
Por otra parte, el Gobierno ha esgrimido falsos dilemas –seguridad vs libertad– y ha caído en errores maniqueos –esencial vs no esencial. Particularmente dañina ha sido la legislación positiva que autoriza específicas actividades y usos: quién puede trabajar, qué puede producirse, a dónde se puede ir, etc. algo que es irremediablemente arbitrario y que nunca puede contemplar la diversidad de situaciones personales. Los mandatos del Gobierno, unas veces, deben aclararse porque son ambiguos; otras, deben rectificarse porque son contrarios al más elemental sentido común; en dos palabras: caos legislativo. La ley debe ser siempre negativa y no debe «estar sometida nunca a cambios súbitos e imprevisibles» (Leoni, 2011: 103). Las prohibiciones, restricciones y servidumbres, más propias de un estado de excepción, han causado una parálisis social y económica de enormes proporciones. Resulta paradójico que las autoridades de Francia, Italia y España se estén comportando como antiguos déspotas orientales, mientras que los dirigentes de Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong lo hagan como genuinos liberales decimonónicos.
El cúmulo de errores cometidos por el Gobierno español es de tal amplitud y calado que cabe preguntarse si se debe una absoluta inoperancia para gestionar la pandemia, o bien, considerando la naturaleza psicopática del poder político, asistimos a un plan deliberado de destrucción de la economía cuyo fin último sería provocar un cambio de régimen. Como reza el lema revolucionario: ¡Cuanto peor, mejor!
En definitiva, una correcta gestión de la crisis sanitaria no debe bloquear la acción humana, la función empresarial y el orden social, sino facilitar su libre y natural adaptación a las nuevas exigencias de la pandemia.
Publicado originalmente en el Instituto Juan de Mariana (04/05/2020, Análisis diarios)
Bibliografía
Bastiat, F. (2012). Obras escogidas. Madrid: Unión Editorial.
Bourne, R. (2013) [1918]. “War is the Health of the State”. Ed. John Calvin Jones.
Cortina, A. (2015). «Compaginar seguridad y libertad sin renunciar a ninguna de ellas es un problema con solución, no un dilema». Abogados, Revista del
Consejo General de la Abogacía, No 95, diciembre.
Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.
Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle).
Leoni, B. (2011). La libertad y la ley. Madrid: Unión Editorial.
Mises, L. (2009) [1922]. El Socialismo. Madrid: Unión Editorial.
Rothbard, M. (2013). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.
[1] Idealmente, la deuda pública debería ser abolida legalmente en su totalidad porque supone una violación de la libertad y la propiedad de los contribuyentes.
[2] Instituto Juan de Mariana. Análisis diarios, 01/04/2020.
[3] El pasado 3 de abril, la planta de Seat, en Martorell, comenzó la producción del respirador OxyGen, diseñado a partir del motor de un limpiaparabrisas. La empresa ha distribuido más de 500 unidades a diversos centros hospitalarios. La producción se ha detenido debido a la mejora de la situación en las UCI.
[5] Un informe de la Abogacía General del Estado sostiene que la Ley de Seguridad Ciudadana sólo se puede emplear contra quienes desobedecen las órdenes directas de los agentes. Esto significa que la inmensa mayoría de las sanciones por romper el confinamiento forzoso son contrarias a derecho. Es decir, se multa por «desobediencia» lo que (generalmente) es un «incumplimiento».
[6] Esta epidemia ha revalorizado las gasolineras automáticas (mal llamadas «desatendidas»): sanitariamente, porque el servicio no requiere contacto personal; económicamente, porque al tener menos personal, resisten mejor la crisis.
[8] No hay nada más permanente que una medida temporal del Gobierno.
