jueves, 30 de octubre de 2014

La falacia del «consumo» de suelo


Cada mañana, mientras desayuno, escucho a mi buen amigo Antonio Salazar en su programa de radio La Gaveta, espacio donde corre una brisa fresca y es posible escuchar algo distinto del sofocante y adormecedor consenso socialdemócrata. No obstante, siempre interviene algún político diciendo sandeces y dispuesto a joderte ese ratito de placer. Hoy el protagonista de la falacia del «consumo» de suelo ha sido el ínclito Paulino Rivero, presidente del gobierno canario e intervencionista hasta la médula; el mismo que ha maniatado y enfundado una camisa de fuerza a la economía de la región.

Una de las señas de identidad de los nacionalistas canarios es el ecologismo y la idealización romántica del paisaje y la naturaleza, en contraposición al progreso y la modernidad. Estamos ante otra versión del mito rousseauniano del buen salvaje —el guanche— que vive en un territorio idílico sembrado de plantas tan bellas como los cardones y tabaibas, conocidas euphorbias tóxicas que ni siquiera el ganado es capaz de digerir. Para nacionalistas y ecologistas es imprescindible defender los eriales costeros de una supuesta agresión de los peligrosos especuladores del asfalto y el ladrillo. La moratoria turística que impide a los propietarios de terrenos y empresarios la construcción de nuevos hoteles no es otra cosa que la materialización legislativa de este ideal totalitario que describimos.

Esta mañana afirmaba ufano don Paulino que era magnífico ver cómo los hoteles viejos se estaban modernizando, pudiendo apreciar que lo nuevo sustituía a lo viejo y «sin consumo de suelo». Por lo visto, cada nuevo hotel que se construye se «come» un barranco o una finca de plátanos y eso, claro está, no se puede consentir. Oímos también otras metáforas aún más apocalípticas como que las obras «devoran» nuestro territorio, como si carreteras y hoteles fueran ogros que comen tierra; y como si las fincas de particulares pertenecieran a estos ecologetas colectivistas.

Llegados a este punto es preciso refutar las premisas sobre las que el gobierno justifica su intervención impidiendo el mal llamado «consumo» de suelo y restringiendo el uso a sus legítimos propietarios. En primer lugar, el territorio no se consume ni se agota; el suelo permanece debajo de los edificios, carreteras y aeropuertos construidos. Cada actuación sobre el suelo es una modificación de su uso por parte de su dueño. ¿Y por qué lo cambiamos? Porque el factor de producción llamado tierra proporciona distintas rentas según su uso. Si los agricultores sustituyen plataneras por aguacateros es porque esperan obtener una mayor rentabilidad económica. El valor descontado del producto marginal aumenta porque, ceteris paribus, la cantidad de kilos de fruta producida multiplicada por su precio de mercado es mayor en el segundo caso (aguacates) que en el primero (plátanos). Siguiendo el mismo razonamiento, el dueño del terreno pudiera considerar que es más rentable «plantar» hoteles y apartamentos antes que producir frutas, verduras o queso de cabra. El auge turístico en Canarias, que se inició en la década de 1960, sustituyó el uso agrario de miles de hectáreas de terreno por el uso turístico: miles de hoteles, apartamentos, gasolineras, bares, restaurantes y un largo etcétera de servicios que nacen básicamente del incremento de la población. En este cambio, no diseñado intencionalmente por jerarcas como «modelos», mi querido Paulino, nadie ha comido tierra. Más bien lo contrario: los canarios dejaron de comer coles con gofio para comer carne y pescado. Miles de campesinos, que pasaban mucho desconsuelo, dejaron la guataca —esa que tanto gusta al nostálgico Vladimiro Rodríguez Brito— en el campo y se pusieron la pajarita de camarero porque así podían mejorar sus condiciones de vida.

En segundo lugar, los políticos, tan atrevidos como ignorantes, creen saber mejor que nadie qué uso debe darse al suelo (el de los demás); y como no son capaces de convencer a nadie con sus geniales ideas y ocurrencias diversas, deben imponerlas coactivamente mediante mandatos, o sea, a golpe de boletín oficial. Da igual quien sea el propietario jurídico del terreno, los gobernantes, cual mafia organizada, se han convertido en los propietarios económicos del suelo pues deciden arbitrariamente lo que sus dueños pueden o no hacer con lo suyo. Estos dictadorzuelos y pillos demócraticos hace tiempo que se cargaron el Derecho Romano, esa institución milenaria que mantenía un respeto irrestricto por la propiedad privada (ius utendi, ius fruendi, ius abutendi). Toda iniciativa personal o empresarial está supeditada a su superior criterio y otorgamiento de licencia, sin olvidar que hay que pasar por caja: mordida fiscal y, en su caso, un pequeño tanto por ciento para el partido por eso de «agilizar» los trámites.

sábado, 18 de octubre de 2014

Sobre el concepto de «modelo»

Oímos con frecuencia a políticos, economistas y sociólogos abogar por tal o cual modelo para organizar la sociedad. Así, se discute sobre los modelos educativo, económico o energético -entre otros- que supuestamente mejorarían la educación, la economía o el medioambiente. Un modelo es un «arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo». Es decir, algo percibido subjetivamente como bueno para obtener determinados fines. En principio, cualquiera es libre de elegir un modelo e intentar imitarlo. Por ejemplo, los vegetarianos adoptan un modelo de alimentación exclusivamente vegetal porque lo consideran beneficioso para su salud y porque se ajusta a ciertos principios éticos y filosóficos. El problema surge cuando alguien, mediante la fuerza, pretende imponer su modelo a los demás. Imagínese usted un gobernante que prohibiera, bajo amenaza de sanción, el consumo de carne a toda la población. Esto tal vez nos parezca inadmisible y sin embargo los gobernantes nos imponen -de forma coactiva- sus diversos modelos en otras facetas de la vida: nos imponen un modelo de sanidad pública, nos imponen su modelo educativo, pretender «ordenar» el urbanismo, nos imponen un modelo colectivista de reparto de las pensiones, nos imponen la forma de heredar la propiedad, nos imponen un modelo de relaciones laborales, etc. Ninguna faceta de la vida social escapa a la imposición política de determinados modelos. Incluso las relaciones de pareja y de organización familiar están sometidas al modelo dictado por el gobierno. Por ejemplo, la poligamia no es admitida legalmente en los países occidentales y sólo unos pocos países en el mundo respetan los derechos civiles de los homosexuales y transexuales.

Esta práctica de diseño social mediante modelos se denomina «constructivismo». Según Ludwig von Mises (La acción humana, 234): «Existen dos diferentes formas de cooperación social: la cooperación en virtud de contrato y la coordinación voluntaria, y la cooperación en virtud de mando y subordinación, es decir, hegemónica». La primera se produce cuando cada persona es libre de elegir su propio modelo de vida y la segunda cuando una autoridad impone un modelo colectivo mediante el uso de la violencia o bajo amenaza de violencia, es decir, bajo coacción legislativa. La sociedad liberal y la sociedad comunista, respectivamente, son el producto de aplicar uno u otro modelo de cooperación social. La socialdemocracia o socialismo edulcorado que padecemos no es otra cosa que un híbrido entre la libertad y la coacción institucional. En la sociedad hegemónica las élites políticas, apoyadas por sesudos intelectuales, asesores políticos, burócratas y otros adoradores del estado, actúan como ingenieros sociales diseñando e implantando sus modelos a toda la población. Para ello utilizan datos, estadísticas e informes que, adecuadamente presentados por los medios de comunicación al servicio del gobierno, justifican la imposición violenta de sus modelos políticos. Su error consiste en pretender encontrar una medida objetiva y universal de la utilidad cuyo nefasto resultado es la subordinación de la libertad individual a una supuesta e imaginaria verdad objetiva. 

La implantación política de modelos tiene también una base psicológica. El gobernante sufre la ilusión de creerse poseedor de la verdad por el mero hecho de haber obtenido una mayoría en las urnas. El político arrogante -valga la redundancia- se cree ungido por los dioses y disfruta del inmenso placer que supone imponer sus designios a los demás. El sistema democrático parece dotarles automáticamente de una superior visión para saber mejor que nadie qué conviene y qué no conviene a la gente. Y como las masas de votantes son incapaces de apreciar por sí mismas la bondad de sus modelos, estos deben ser impuestos a los ciudadanos en forma de mandato; es decir, por cojones. De esta forma, la libertad para que cada individuo o empresa persiga su propio modelo de actuación queda obstruida por el «café para todos» de la basura legislativa que vomitan 18 parlamentos. La democracia, así entendida, se convierte en un sistema de legitimación de prácticas totalitarias. 

La implantación de modelos es un acto de agresión a la libertad de las personas y una forma sutil de autoritarismo. Los políticos, auténticos maestros del engaño y la falacia, disfrazan su lenguaje para que sus mandatos no parezcan tales. Ellos profieren expresiones metafóricas como «defendemos» -la defensa siempre es un acto legítimo- o «apostamos» -como si se tratara de una lotería o juego de azar. Pero la libertad no es ningún juego que podamos dejar en manos de sátrapas disfrazados de benévolos defensores del «bien común». Tras cada modelo se esconde una doble violación: primero se viola la libertad del individuo para perseguir sus propios fines de la forma que considere oportuna, y segundo, se viola la propiedad privada. Por ejemplo, el modelo turístico (moratoria turística) de los políticos nacionalistas canarios prohibe, entre otras lindezas, la construcción de hoteles de cuatro estrellas impidiendo que los propietarios de las tierras decidan libremente que uso darles. Y en Cataluña se impone un modelo lingüístico que debe ser obedecido bajo amenaza de sanción. No es casualidad que los gobiernos nacionalistas sean los más proclives a implantar sus modelos porque el nacionalismo es una doctrina esencialmente constructivista y violenta. Así pues, ojo al parche porque detrás de cada modelo que quieren vendernos sólo obtendremos opresión, imposición y pérdida de libertad individual.

sábado, 4 de octubre de 2014

Sobre la conciliación laboral y familiar

La ideología de género sustituyó al mito marxista de la lucha de clases (burgueses contra proletarios) por otro mito: la lucha entre los sexos. Como no podía ser de otra forma, el hombre es la clase sexual explotadora y la mujer la clase sexual explotada. En otros artículos he denunciado que la ideología de género es una doctrina falsa e inmoral. Es la herramienta utilizada por el lobby feminista para obtener privilegios gubernamentales basándose en supuestas e imaginarias injusticias y discriminaciones que la "sociedad" o los hombres (en general) perpetran alevosamente contra las mujeres (en general).

Hoy intentaré refutar el mito de la conciliación entre el trabajo y la familia. Según los ideólogos de género la mujer no puede conciliar de forma adecuada ambas actividades -trabajo y familia- que, según se deduce de la propia definición de conciliar: "conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias", son antagónicas. Así pues, lo primero que debemos negar es que trabajo y familia sean antagónicos, todo lo contrario, el trabajo proporciona el dinero necesario para el sustento de la familia y ésta última otorga al trabajador un entorno donde satisfacer sus necesidades más básicas: seguridad, amor, satisfacción sexual, reproducción, etc.

Pero cuando se alude a la necesidad de conciliar nos referimos generalmente a que la mujer trabaja demasiadas horas si sumamos ambos trabajos: el externo y el doméstico. La supuesta injusticia es que la mujer trabaja fuera y dentro del hogar mientras que el hombre tiende a eludir el trabajo doméstico. Ya sea debido a una cuestión biológica o cultural (no voy a entrar ahora en los motivos) es cierto que la mujer dedica normalmente más tiempo que el hombre al cuidado de los dependientes -hijos y ancianos- y a las tareas del hogar. Admitir este hecho como bueno o malo, sin embargo, no deja de ser un juicio de valor. Algunas mujeres preferirían tener maridos más dedicados a los hijos y al hogar, otras son felices siendo exclusivamente amas de casa y otras no están dispuestas a casarse y/o tener hijos porque valoran más su carrera profesional o su ocio. Hay de todo, si bien las generalizaciones que estoy realizando son, a mi entender, válidas.

Si conciliar es compatibilizar trabajo y familia, no cabe duda de que las mujeres concilian mucho más que los hombres. Si de conciliar se tratase, el gobierno debería preocuparse seriamente por el problema masculino. El hombre concilia poco -y no se queja- porque se ha especializado en todos aquellos trabajos que poseen menor estabilidad geográfica y horaria; por ejemplo: empresarios, directivos, militares, marinos, pescadores, transportistas, autónomos, mecánicos, pilotos, deportistas profesionales, artistas, etc. Por el contrario, las mujeres han ideado fórmulas que les permiten conciliar trabajo y familia: algunas optan por ser funcionarias o tener un trabajo a tiempo parcial, y otras renuncian voluntariamente a los ascensos porque trabajando en la cúpula de una organización las jornadas son eternas y se viaja demasiado. Si los directivos varones trabajan doce horas al día y duermen fuera de casa muchos días al año ¿por qué debería ser distinto en el caso de las mujeres directivas? ¿acaso son ellas más raudas y veloces? El éxito profesional en cualquier campo de actividad humana requiere una gran dedicación y esfuerzo. El que quiera peces que se moje el culo. Si una mujer envidia la situación del hombre que tiene éxito profesional lo que está admitiendo implícitamente es que ella, al igual que su ídolo masculino, prefiere no conciliar. En tal caso, podría hacer lo siguiente: 

a) Buscar un marido que esté dispuesto a ocuparse de los hijos y el hogar mientras ella trabaja duro. Casarse con un machista o con un "moro" puede ser una mala elección imputable exclusivamente a la mujer. b) Otra opción es no casarse o no tener hijos pero la mayoría de las personas prefiere formar una familia, en tal caso, la mejor solución es contratar a una persona que cuide de los hijos y haga las labores domésticas. Las filipinas son las mejores y no resultan onerosas. Todas estas soluciones se caracterizan por ser pacíficas. No hay coacción gubernamental. Ahora bien, ¿qué pretende un gobierno cuando dice que es preciso "fomentar" la conciliación de la mujer? Pues muy sencillo, el político igualitario sustituye la libertad personal por la imposición. Se promulgan leyes que otorgan privilegios a la mujer en perjuicio de los empresarios, compañeros de trabajo o contribuyentes. Las leyes igualitarias que imponen cuotas femeninas son un claro ejemplo de esta forma de violencia institucional. Sería admisible que quienes pretenden modificar la conducta humana emplearan la persuasión o la convicción pero es inmoral que utilicen la fuerza del estado para imponer a los demás su particular cosmovisión. 

Especialmente meritoria ha sido la intervención de Mónica Oriol, presidente del Círculo de Empresarios y madre de seis hijos, denunciando la regulación gubernamental que blinda a las mujeres ante el despido laboral en los siguientes once años después del parto. Las leyes feministas no son neutras, pretenden favorecer a las mujeres pero siempre a expensas de terceros. Mediante la legislación, el lobby feminista obtiene para sus patrocinadas privilegios por razón de sexo sin que a los legisladores les importe violar el principio jurídico de igualdad ante la ley. La ideología de género no sólo es antijurídica sino además inmoral porque utiliza la agresión. Es, por tanto, legítimo que el libre mercado reaccione oponiéndose a la coacción gubernamental. Si contratar a una mujer en edad fértil supone un pasivo para el empresario, éste procurará, ceteris paribus, contratar un hombre en lugar de una mujer. De esta manera, cual bumerán, los privilegios de corte feminista actúan precisamente en sentido contrario a los fines perseguidos.