Racionalizar el horario laboral

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presentado una iniciativa para «racionalizar» el horario laboral, en particular, pretende que con carácter general la jornada laboral finalice a las 18:00 horas. De aquí inferimos que los empresarios, que son quienes fijan el horario, actúan de forma «irracional». Hoy intentaré demostrar que los empresarios actúan racionalmente y que esta mujer comete un triple error: teórico, empresarial y ético. 

En primer lugar, la medida es un error teórico porque en el mercado la información está dispersa en las mentes de las personas, es dinámica, tácita, no se puede articular y se va creando ex novo en los procesos de mercado. Nadie puede saber, a priori, cuál es el mejor horario para cada empresa. El dueño es la persona más capacitada e interesada en que el horario se adapte dinámicamente al mercado.

En segundo lugar, la medida es un error empresarial. Una empresa, si quiere seguir en el mercado, debe anteponer los intereses de sus clientes a los intereses de sus empleados. Mercadona tiene claro este orden: cliente - empleado - proveedor - sociedad y capital. Esto no significa que los intereses de los empleados se ignoren, todo lo contrario, las empresas compiten entre sí por atraer a las mejores personas y están obligadas a satisfacer en todo lo posible sus preferencias. La función empresarial consiste en utilizar la información del mejor modo posible. Los empresarios deben ajustar continuamente plantillas, turnos y horarios según los deseos de los consumidores. No es recomendable subordinar los intereses del público a los intereses de los trabajadores. En Tenerife, hace 30 años, se decretó el cierre de las gasolineras los días festivos para que sus empleados gozaran del «merecido» descanso dominical. Recuerdo las monumentales colas que se formaban en las gasolineras los sábados por la noche. Con los comercios pasaría algo parecido: si son obligados a cerrar a las 18:00, poco antes de esa hora se formarán colas. Recuerde que una cola es sinónimo de retraso e ineficiencia; las colas son propias de países comunistas; si usted soporta una cola, intuitivamente, sabe que algo funciona mal.

Son los clientes quienes determinan, indirectamente, la organización de la empresa, y en particular, el horario. Si las tiendas abren los domingos es porque los consumidores desean comprar en domingo. La racionalidad económica, guiada por los beneficios y pérdidas, exige abrir el negocio los días y horas de mayor demanda. La ministra, si fuera racional, debería focalizar sus esfuerzos en modificar los hábitos de consumo de los españoles; por ejemplo, podría persuadirles de que no fueran al gimnasio después de las 6 de la tarde; que se abstuvieran de dormir la siesta o de ver la telenovela. En política económica es un error muy frecuente poner la carreta delante de los bueyes. Imponer coactivamente un horario perjudica la economía. El intervencionista (gobierno) no puede anticipar las perversas consecuencias de su actuación. Por ejemplo, si forzamos el cierre de los comercios a las 18:00 y el cierre de los bares a las 20:00, la productividad de estos negocios será menor y habrá despidos. Toda limitación del horario provocará una menor producción, menores tasas de capitalización, menores salarios y mayor desempleo. La ministra, que cursó económicas en ICADE, parece ignorar todo esto.

Por último, la medida es inmoral pues viola la libertad de los consumidores para organizar su vida y la libertad de los empresarios para organizar su empresa, sin injerencias externas. La ministra, a pesar de la fingida sonrisa que habitualmente muestra, actúa violentamente, como un matón sindicalista (valga la redundancia), y todo por un puñado de votos. No se puede mejorar la vida de los empleados violentando a empresarios y consumidores.

Sobre el control de precios

La foto que ven arriba no es de Cuba o Venezuela, la hice antes de ayer en el Agromercado de Breña Alta (La Palma, Islas Canarias). Aprovechando este hecho insólito, hablaremos hoy del control de precios. En este caso, la autoridad municipal fija, cada semana, unos precios mínimos y máximos de venta de los productos agrícolas. Son los propios productores quienes venden directamente al público su género sin que exista un intermediario comercial. La finalidad del control de precios, según reza la propia web del Agromercado es: «garantizar los precios más justos para consumidores y productores».

Supuestamente —dicen los valedores del control de precios— esta medida limita la «feroz» competencia y ello beneficia a vendedores y compradores; también mejora la economía de los campesinos y artesanos locales, amén de otros beneficios relacionados con el «ecologismo» y la «sostenibilidad». Intentaré justificar que, lejos de alcanzar sus objetivos, el control de precios perjudica a cuantos participan en un intercambio.

Lo primero que debemos aclarar es que conceptos como «comercio justo», beneficio «razonable» (o «excesivo»), «soberanía», «consumo responsable», «economía humanista» (Sampedro) y otras expresiones retóricas similares tienen su origen en sentimientos, deseos y prejuicios ideológicos que son completamente ajenos a la ciencia económica.

En segundo lugar, existe un intermediario institucional —el ayuntamiento de Breña Alta— que paga los costes de mantenimiento de las instalaciones del mercadillo con cargo a su presupuesto. Los políticos otorgan un privilegio a una treintena de productores a expensas del resto de vecinos.

Ahora hagamos un análisis económico del control de precios. Si la franja autorizada es muy amplia, es decir, si el precio mínimo es muy bajo y el precio máximo es muy alto, la medida no afectará al mercado. Pero si la horquilla de precios se va estrechando aparecen problemas. Por ejemplo, los productos perecederos se deterioran rápidamente y es posible que el precio de mercado de alguno se sitúe por debajo de su precio mínimo de venta. En tal caso, el vendedor no podrá colocar ese género y sólo le queda aceptar la pérdida, intentar venderlo en otro mercado o utilizarlo como materia prima para elaborar otros productos (mermelada, repostería) no sometidos al control de precios. El precio mínimo inflige pérdidas al vendedor en forma de mermas y pérdidas al comprador en forma de una oportunidad de ahorro desperdiciada. 

En relación al precio máximo. Los productos que ofrecen los vendedores no son homogéneos, por ejemplo, las cebollas y calabacines de cada puesto tienen diferentes calibres y calidades; por otro lado, algunos productos son más escasos de otros. Esto hará que el precio de mercado de ciertos productos se sitúe por encima de su precio máximo. Si el vendedor no hace nada, los primeros consumidores agotarán las existencias rápidamente y el mayor beneficio de estos habrá sido a expensas del primero. Pero el vendedor no es tonto y procurará sustraer aquellos productos de alto valor para venderlos a mayor precio en otro sitio. El precio máximo, por tanto, impide al vendedor obtener mayores beneficios y a los consumidores tener acceso a productos de mayor calidad. Los dos salen perdiendo.

Parque de Los Alamos, Breña Alta, La Palma

En ambos supuestos, el vendedor intenta colocar parte de su producción en otro mercado, pero si el control de precios es general, intentará venderlo al margen de la ley en el mercado negro. Éste es consecuencia directa de una prohibición o regulación gubernamental del comercio. Los consumidores, por otra parte, salen perjudicados al no poder comprar a precios con mayores descuentos. 

Este razonamiento económico es aplicable a cualquier control de precios y en cualquier mercado, da igual que analicemos frutas y verduras, alquileres de inmuebles o leyes de salario mínimo. El perjuicio a ambas partes del intercambio siempre está presente y en unos casos será más visible que en otros. Ningún control de precios puede mejorar la economía y es una desgracia que los políticos de Breña Alta todavía lo ignoren.

El daño que hace el control de precios en el Agromercado de Breña Alta es mínimo, al fin y al cabo, estamos ante un diminuto mercadillo donde unos pocos lugareños coloca su producción doméstica. Este tipo de mercadillos municipales «regulados», en general, no mejoran la economía local pero sirven para que los políticos capturen un centenar de votos entre unas cuantas familias: agricultores, ganaderos, reposteros, artesanos y otros que se cobijan bajo el paraguas dadivoso del ayuntamiento. 

El Agromercado de Breña Alta es un espacio para el encuentro entre productores y consumidores ocupados en mejorar nuestra alimentación y nuestra salud, potenciando la soberanía alimentaria y el consumo responsable.

Lo relevante de esta nefasta práctica, a mi juicio, es su simbolismo. El marxismo, desgraciadamente, no ha muerto; se ha mimetizado en forma de bioideologías, como el ecologismo, y es aquí donde despliega sus plan de acción colectivista. Las ideas en contra del libre comercio gozan de buena salud. A pesar de que todos entendemos y disfrutamos las ventajas materiales del capitalismo y del libre mercado, sus principios éticos siguen sin ser entendidos. Muchos no comprenden que toda transacción libre y consentida siempre es justa pues ambas partes salen ganando. Y como el valor es subjetivo e inconmensurable no hay forma de saber cuál de las dos partes ha ganado más en el intercambio. En definitiva, el control de precios no tiene justificación alguna, ni económica, ni ética y sólo perjudica a quienes participan en el mercado.  

¿Se hereda la pobreza?

Un tertuliano afirmaba esta mañana: "la pobreza se hereda", y por poco me atraganto con el gofio. El gofio es ese alimento de aspecto grumoso que sólo un canario es capaz de apreciar. La leche con gofio me ayuda a digerir, cada mañana, el cúmulo de sandeces que oigo en la radio.

En primer lugar, la pobreza no es un fenómeno genético. No se hereda la pobreza como se hereda la diabetes, la calvicie, la belleza o cualquier otro rasgo físico (fenotipo). En el sentido biológico, por tanto, de padres pobres no nacen hijos pobres. La pobreza, afortunadamente, no es un estado permanente del hombre. Alguien puede nacer pobre, después hacerse rico y morir otra vez pobre. El hombre puede "estar" pobre pero no "es" pobre ya que posee su cuerpo y su mente para producir bienes, comerciar y crear riqueza.

Duquesa de Alba

En segundo lugar, la pobreza o la riqueza tampoco se heredan en el sentido económico. Un afortunado heredero no hereda la "riqueza" de sus industriosos progenitores ¡qué más quisiera! lo que hereda es una cierta cantidad de capital: dinero, bienes, propiedades, etc. que lo convierten en una persona rica. Creían los marxistas que el capital se mantenía de forma automática, craso error, para conservarlo se requiere trabajo, juicio y, sobre todo, mantener una conducta económica; en caso contrario se termina en la ruina.

En el Antiguo Régimen la sociedad era estamental y la riqueza se heredaba junto al título nobiliario, aún así, este privilegio recaía exclusivamente en el hijo primogénito (mayorazgo) mientras que el resto tenía que buscarse la vida el Ejército o en la Iglesia. Gonzalo Fernández de Córdoba, el famoso Gran Capitán, fue uno de estos segundones que hizo fortuna haciendo la guerra. Esto fue así hasta la aparición de la burguesía y la Revolución Industrial.

Con la aparición de los burgos y el fomento del comercio, entre otros factores, la estanqueidad de las clases sociales dio paso a una incipiente movilidad social. La nobleza dejó de ser un seguro de riqueza y la pobreza dejó de ser el destino inexorable de las masas. 

La llegada del capitalismo dio la puntilla a la sociedad estamental e hizo posible una mayor permeabilidad social. Haber nacido pobre ya no era una excusa para morir pobre. El pecado era morir pobre pudiendo haber hecho al respecto durante la vida. Por ello, resulta anacrónico que en el siglo XXI alguien afirme que la pobreza se hereda, y si no, que le pregunten a Amancio Ortega.

A pesar de la evidencia todavía se oyen bobadas de este tipo: "el dinero llama al dinero" o "los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres". Solo los necios, los vagos o los envidiosos se quejan de que haya ricos y pobres, como si los primeros lo fueran a expensas de los segundos, popular mito atribuido a Montaigne. Menos mal que la imbecilidad, la pereza y la envidia tampoco se heredan.

Brexit e inflación

El titular de este artículo es algo alarmista y por ello intentaré hoy explicar qué es la inflación y cómo se produce. En primer lugar, la inflación no es un caballo y, por tanto, no se «desboca». Más bien, son los políticos quienes se «desbocan» y se enloquecen imprimiendo billetes hasta destruir la moneda. La inflación no es un fenómeno misterioso e incontrolable, obedece a causas muy bien conocidas. La inflación es el aumento de la cantidad de dinero en circulación y se produce de dos formas: a) La primera es muy clara, el Banco Central tiene una máquina para imprimir billetes, este dinero pasa a manos del gobierno que lo gasta de diferentes formas (servicios públicos, armamento, obras públicas, etc.). b) La segunda forma, más confusa, es provocada por la banca comercial. Funciona así: Los bancos cogen el dinero depositado a la vista (cuentas corrientes) de sus clientes y lo prestan a otros clientes, esto se llama Banca con Reserva Fraccionaria. En España, el coeficiente de reserva es 2%, es decir, el gobierno permite a los bancos que presten hasta el 98% del dinero depositado a la vista. De igual forma que el Banco Central imprime billetes (expansión monetaria), los bancos comerciales imprimen cheques y pagarés que se intercambian «como» si fuera dinero (expansión crediticia). Ambos fenómenos son equivalentes y provocan inflación: el aumento de la cantidad de dinero en circulación. 

El encarecimiento de la cesta de la compra, en realidad, es tan sólo el efecto de la auténtica inflación y ninguna otra cosa puede causarla. Por ejemplo, la subida del precio del petróleo no puede causar un aumento generalizado de los precios. Cuando el precio de un producto sube, el precio de otro producto baja. Supongamos que cada mes usted gana 1.500€ y gasta 100€ en gasolina, si el precio de ésta sube 50% y usted recorre los mismos km., si quiere llegar a fin de mes, deberá dejar de consumir 50€ en otros productos; esta menor demanda provoca la caída de los precios de estos últimos y el nivel general queda inalterado. Si la cantidad de dinero en circulación no aumenta, no hay inflación posible pues el sistema de precios funciona como un circuito de vasos comunicantes. La caída de la libra, por tanto, no puede hacer que todos los precios aumenten:

«La fuerte caída de la libra, de alrededor del 18% desde que se votó a favor del Brexit, está provocando que se encarezcan las importaciones, por lo que a muchos productores están subiendo los precios para mantener su negocio»

Si debido a la nueva coyuntura los productores pudieran subir los precios, sin más, sin que los consumidores reaccionen dejando de comprar ¿por qué no lo hicieron antes? Todo empresario siempre procura vender al mayor precio posible que le permite el mercado. De igual modo, algunos políticos también creen que una subida de impuestos puede repercutirse automáticamente al consumidor de tal forma que la medida sea neutra para el productor. Ambas ideas son falsas. La formación de precios funciona en sentido inverso a como la mayoría de la gente piensa. Como dice Miguel Anxo Bastos: «la economía es contraintuitiva». Es el consumidor final quien fija el precio que está dispuesto a pagar y, a partir de aquí, se forman los precios de los factores de producción (materias primas, salarios, maquinaria) de forma regresiva. Si sube el precio del pan, cuya demanda es poco elástica, deberá bajar el precio del perfume, cuya demanda es elástica. Los consumidores no dejan de comer pan pero gastan menos en colonia o zapatos. Si las importaciones se encarecen, las exportaciones se abaratan. El resultado neto es cero. Recuerden, la única forma de que exista una subida generalizada de precios es mediante la expansión monetaria (Banco Central) y la expansión crediticia (Banca con Reserva Fraccionaria).

¿Contribuimos para recibir?

Propaganda es la difusión de ideas de carácter político para que una audiencia acepte ciertas ideas y se comporte según los intereses del propagandista. La propaganda es una forma de manipulación que combina mentiras, falacias y medias verdades. La campaña del Ministerio de Hacienda titulada «Contribuimos para recibir» es un esfuerzo más por generar una opinión pública favorable a los impuestos y así reducir el fraude fiscal. El argumento central es que si no nos resistimos al cobro de impuestos todos salimos ganando. 

La primera trampa es el eufemismo de llamar al impuesto «contribución» como si tal cosa fuese voluntaria. El ciudadano no es libre de no contribuir y, por ello, el término «contribuyente» es equívoco y debería ser reemplazado por «confiscado». De igual modo, cuando el ayuntamiento te dice que se abre el «Periodo voluntario de pago» de tributos tú piensas en voz alta: ¡son unos cachondos!

El anuncio que hoy analizo comienza con una serie de gazapos: «Si no fuera por Juan (abuelo), Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana». Esto es un falso dilema. Si el abuelo no existiera Ana buscaría una solución, entre varias alternativas, para que su hija no faltara al colegio. El anunciante intenta presentar la cooperación social como si de una cadena de favores se tratara pero lo que hace Juan por Ana no tiene conexión causal con lo que hace Ana por Cristina, ni en lo que hace Cristina por Héctor. Por ejemplo, si el panadero que vive enfrente de mi casa no hiciera el pan cada mañana no pasaría nada grave, yo buscaría otro panadero en el mercado y asunto resuleto. Esta línea argumentativa termina, de forma circular, en que «Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría cada mes su pensión a tiempo». Nueva falacia, pues el único causante de convertir a los pensionistas en dependientes de los cotizantes es el gobierno. En un sistema de capitalización (y no de reparto) Juan no dependería de Héctor, sino de sí mismo.

Lo siguiente es algo llamado «desliz argumentativo». Los ejemplos presentados al inicio son actos voluntarios: Juan lleva a su nieta al colegio; Ana, Cristina y Héctor realizan intercambios en el libre mercado; pero el último caso es distinto: Héctor no paga voluntariamente la pensión de Juan. El anunciante quiere inducirnos a pensar que los intercambios (forzosos) del gobierno, los mercantiles y los familiares son todos de la misma naturaleza: libres y consentidos.

Hacienda nos dice que gracias a los impuestos disfrutamos de una serie de servicios públicos: sanidad, educación, pensiones, parques, carreteras, ayudas, etc. Esto es una verdad a medias. Los consumidores disfrutarían más si pudieran consumir servicios libremente y no los que impone el gobierno. Y si no es así ¿por qué el 80% de los funcionarios elige un seguro privado de salud?

La falacia principal, a mi entender, es intentar convencernos de que si todos pagamos impuestos (la cantidad dictada por el gobierno en cada momento), todos salimos ganamos. Si esto fuera cierto el anuncio sobraría. Los impuestos benefician a unos y perjudican a otros; John C. Calhoum afirmó que la sociedad se dividía en dos clases: los consumidores y los proveedores netos de impuestos. Los primeros reciben más de lo que pagan más y los segundos pagan más de lo que reciben. 

«Contribuir para recibir» resulta un tanto ambiguo. En los servicios estatales (servicio público es un oxímoron) no existe una correlación entre el pago y el consumo. Nadie sabe con precisión cuánto recibe por lo que paga si bien, de forma intuitiva, muchos son conscientes de que gran parte del dinero se queda por el camino. Todo servicio público es beneficioso para el Estado y ruinoso para el contribuyente, por este motivo, el intercambio debe ejecutarse bajo amenaza de sanción.

En resumen, la campaña «Contribuimos para recibir» tiene todos los ingredientes de una falacia informal la cual, según Luis Vega, catedrático de Historia de la Lógica, se caracteriza por el uso equívoco de términos (contribuyente, todos), por partir de premisas falsas («si no fuera por...»), por abusar de imprecisión (recibir), por emplear deslices discursivos (inferir que algo forzoso es voluntario) y por llegar a conclusiones que no están debidamente justificadas (todos nos beneficiamos por igual). En realidad, no necesitamos alguien que nos esquilme por nuestro propio bien.

Turismo y empleo en Canarias

Hotel Palacio de Isora 

Existe en Canarias una crítica generalizada a los hoteleros porque, supuestamente, no contratan suficiente personal  y entregan a los turistas un servicio deficiente. Estos ataques provienen de políticos, sindicatos y periodistas, siendo aceptados por gran parte de la población. El presidente de ASHOTEL, Jorge Marichal, es preguntado día sí y día también lo siguiente: ¿Cómo es posible que si aumenta el número de turistas en Canarias no aumente en igual proporción el empleo en el sector? Algunos intervencionistas ya han advertido que es preciso fijar, «por ley» —es decir, por cojones— plantillas mínimas para mantener la calidad del destino turístico y evitar que los empresarios obtengan una ganancia "excesiva". Por desgracia, el marxismo sigue gozando de buena salud en este archipiélago hostil al libre mercado. Un ejemplo de esta infame campaña lo aprecio al escuchar Inter Radio Tenerife, donde se critica al Hotel Gran Meliá Palacio de Isora por ofrecer a sus clientes no hacer las habitaciones (máximo 3 días seguidos) a cambio de un bono de 20€/día para ser consumido dentro del establecimiento. Llamo a este hotel para informarme del asunto y la telefonista me dice que, efectivamente, la "Green Choice" lleva funcionando varios años con gran acogida por parte de los clientes. Pero el periodista "Lito" y su contertulio prefieren la limpieza de las habitaciones a diario y que toallas y sábanas se laven sin necesidad para poder contratar más personal. ¡Hay que joderse, cuánto daño puede hacer un par de ignorantes con un micrófono! La solución, creo yo, frente a tanta demagogia, es evitar caer en contradicciones y aceptar la verdad sin tapujos. Los empresarios deben defenderse con valentía y reconocer públicamente lo que piensan en privado. Yo les propongo usar estos argumentos:

1. La misión de la empresa no es crear empleo sino ganar dinero satisfaciendo cumplidamente las necesidades de los consumidores. El empleo no es un fin empresarial, es un medio. Para el empleado el trabajo tampoco es un fin sino un medio para ganar dinero y atender otros fines. 

2. La productividad aumenta con una mayor cantidad de capital invertido. Si una máquina es más rentable que un empleado todo empresario juicioso se hará con la primera y despedirá al segundo. Cuanto más se empeñen gobierno y sindicatos en elevar coactivamente el precio del factor trabajo (las mal llamadas "conquistas sociales") por encima del precio que fije el libre mercado, mayores incentivos tiene el empresario para sustituir mano de obra por máquinas. Esto es conocido como "efecto Ricardo", en alusión al economista británico David Ricardo (1772-1823).

3. Mantener los estándares de calidad que se entregan al cliente empleando menos personal es tan bueno como hacerlo gastando menos agua, electricidad u otro gasto de funcionamiento. El buen empresario debe reducir, tanto como sea posible, todos sus costes, y los salarios es el epígrafe más importante. Esta reducción debe ser compatible con el buen funcionamiento del negocio a medio y largo plazo. La oferta Green Choice de Hoteles Meliá es un ejemplo de innovación turística donde la empresa ahorra personal, agua, jabón, electricidad, etc. y transfiere parte de ese ahorro a los clientes en forma de bono económico. Las dos partes salen ganando. Además, el cliente es libre de aceptar o no la oferta del hotel.

En definitiva, no existe una relación directamente proporcional entre el aumento de visitantes y el aumento del empleo en un destino. Afirmar que si el turismo crece X%, el empleo debería crecer X% es reducir la ciencia económica a una simple regla de tres. Los econometristas suelen hacer este tipo de proyecciones y créanme, fallan más que una escopeta de feria. El método es incorrecto. La cuestión es que se puede (y se debe) trabajar con la plantilla más ajustada posible y esto, lejos de ser censurable, es lo correcto. La plantilla óptima de cada hotel es un dato que no está disponible en el mundo, es vano buscarlo mediante fórmulas y más perverso aún tratar de imponerlo mediante la violencia legislativa (valga la redundancia). Dimensionar la plantilla es un proceso de descubrimiento propio de la función empresarial y que únicamente compete a la Propiedad. La cuenta de resultados le dice posteriormente si acertó o se equivocó. Cualquier intento de forzar al hotelero para que contrate más personal y así reducir la tasa de paro en las islas no sólo es una fechoría sino que además es una medida destinada al fracaso. El empresario no es un animal de sacrificio, ni contrata empleados para reducir la tasa de paro, contrata la mano de obra necesaria para producir y ganar dinero; de igual modo, los empleados tampoco trabajan para mantener a sus empresas, lo hacen por interés propio. Así que políticos, sindicalistas, periodistas y tertulianos: ustedes que nunca han dirigido un hotel, que en economía están limpios como escoplos y que no saben de lo que hablan, dedíquense mejor a buscar otro chivo expiatorio. Lean primero a Mises (La Acción Humana) y luego a Rothbard (Poder y Mercado) y si llegaran a entender el texto, cosa que es posible con esfuerzo, tal vez empiecen a dirigir sus críticas hacia los verdaderos responsables de la elevada tasa de paro. Ahí lo dejo.

Réplica a Paco Capella sobre el anarco-capitalismo

Este artículo es una réplica a otro de Francisco Capella titulado «Más problemas del anarcocapitalismo», publicado en la web del Instituto Juan de Mariana (IJM), el 11/08/2016. Empieza Capella su argumentación con esta frase: «Independientemente de la corrección o validez de sus ideas, el anarcocapitalismo es una teoría política (o antipolítica) extrema, muy minoritaria, y con un alto porcentaje de fanáticos e ingenuos entre sus seguidores». Mal comienzo sin duda porque la esencia de un debate intelectual, precisamente, es la corrección y validez de los argumentos presentados y no el número de seguidores que tengan ciertas ideas. No es epistemológicamente aceptable apelar a una pretensión democrática de la verdad, regla que nuestro autor evidentemente olvida cuando se trata de comparar el número de liberales con el de socialistas. Hace pocas semanas Capella impartió en Málaga una magnífica conferencia TEDx donde afirmaba que la ausencia de libertad —el socialismo— era imposible que funcionara (Mises, 1920), por eso, no entendemos que ahora diga, de otro modo y en otro foro, que un «poquito» de socialismo (minarquismo) sí es posible porque la ausencia total de socialismo (anarcocapitalismo) no es posible. ¿Ustedes entienden esto? 

Thomas Hobbes

Apelando al argumento de Thomas Hobbes —el hombre es un lobo para el hombre— Capella opina que el monopolio de la violencia estatal es un mal menor que debemos asumir y, por ello, algunos sectores económicos como Defensa, Seguridad y Justicia deben seguir en manos de un «Gran Lobo» que es más fiable que muchos pequeños lobos actuando libremente en el mercado. Admito que el anarcocapitalismo para algunos (Dalmacio Negro) es una utopía fuerte —algo imposible— mientras que para otros es una utopía débil  —algo difícil de conseguir. Eso está por ver. El problema es que los apóstoles del Estado, incluidos los minarquistas del Estado «pequeñito», siguen dando vida y amparando intelectualmente la violencia institucional, eso sí, sólo en pequeñas dosis. 

José Hdez. Cabrera

Respecto de los argumentos económicos que justifican la existencia del Estado no voy a criticar, una vez más, la endeble teoría samuelsoniana de los bienes públicos, externalidades y free riders. Tan solo quisiera aclarar que el anecdótico ejemplo de los fuegos artificiales, que expuse a contrarreloj en el IX Congreso de EconomíaAustriaca, debe interpretarse en este sentido: si la gente demuestra cooperar económicamente, al margen del free rider, en asuntos poco relevantes para su vida, ¿por qué no habría de cooperar en otras cuestiones vitales? 

Lo que resulta inadmisible del artículo de Capella es su elenco de descalificaciones, algo impropio de quien imparte clases de comunicación de las ideas. Es una falacia ad hominem calificar a los ancaps como un grupo de «radicales, fanáticos, ingenuos, fundamentalistas, integristas y adolescentes inmaduros». El anarcocapitalismo, como decía Rothbard, no es otra cosa que llevar los principios de libertad, propiedad y no agresión hasta sus últimas consecuencias lógicas. Craso error es confundir «integridad» intelectual con «integrismo y fanatismo».

Jesús Huerta de Soto

Vuelve a equivocarse Capella apelando a una supuesta evolución positiva del pensamiento que discurre desde posturas radicales hacia otras más equilibradas, como si ello fuera sinónimo de progresismo intelectual o como si la verdad estuviera en algún sitio intermedio entre ideas opuestas. El hecho es que muchos ancaps no lo fueron en sus tiempos mozos y sólo abrazaron la anarquía de mercado en su madurez intelectual, caso de Rothbard, Hoppe, Huerta de Soto y Bastos, entre otros. Capella presume de haber «evolucionado» hacia la sensatez y de haber influido (tal vez) en Rallo en este sentido. El pasado julio, en Lanzarote, Rallo afirmaba que el anarcocapitalismo pudiera ser deseable, pero que no lo creía factible; por este motivo, tal vez, defienda un Estado del 5%, pero al menos lo hace respetando a quienes opinamos que un 5% de coacción es inmoral. Espero que los dirigentes del IJM recuperen la mejor tradición escolástica que defendía la libertad, la propiedad y la justicia «sin concesiones», tal y como decía ufanamente el profesor Huerta de Soto refiriéndose a sí mismo el pasado 3 de junio al recibir el X Premio Juan de Mariana.

El estancamiento económico de La Palma: análisis y prospectiva

Playa de Nogales - La Palma

Desde hace 32 años visito frecuentemente la isla de La Palma, lugar único en el mundo por su belleza natural y clima. En el transcurso de tres décadas, sin embargo, he podido constatar su estancamiento económico y demográfico. Sería muy complejo hacer una análisis detallado y riguroso de las causas de esta situación, por ello, aquí sólo pretendo apuntar algunas intuiciones personales. El principal problema de La Palma, creo yo, es que el sector público ha ido colonizando todos los ámbitos económicos que en una sociedad libre corresponden al sector privado. 

La intervención económica, la regulación obsesiva de los políticos (autonómicos, insulares y locales) y los altos impuestos han convertido a La Palma en un territorio hostil a la inversión empresarial (y no existe tal cosa como «inversión pública»). En 2001, el gordo de la lotería de Navidad repartió 15.000 millones de pesetas (90,1 millones €) en Santa Cruz de La Palma (censo 17.000). ¿Y qué hicieron los agraciados? la mayoría asignó una parte del dinero al consumo (casa, coche, viaje) y guardó la otra parte en el banco, en forma de ahorro (depósitos) o inversión (fondos, acciones, bonos). Esta decisión no sólo es respetable: cada uno es soberano para emplear su dinero como quiera; además, es una decisión impecable desde el punto de vista económico: solamente los héroes o los idiotas (según se mire) se complican la vida montando un negocio y contratando empleados. En La Palma la expresión «que invierta su puta madre» adquiere su máximo sentido.

Plaga "rabo de gato"

La Palma tiene una excesiva dependencia del sector público, ya sea directamente con organismos y personal (políticos y funcionarios) públicos o indirectamente con la agricultura del plátano subsidiada con fondos europeos. Los políticos han conseguido que nadie haga nada, salvo ellos, que lo hacen todo y lo controlan todo; siempre en aras de ese misterioso e indefinido «interés general». Toda actividad económica es pública o está controlada políticamente mediante regulaciones y subvenciones. El teatro es público y el cine está licenciado, todos los centros de visitantes turísticos son públicos, las escuelas de música, folclore y artesanía son públicas, la empresa de guaguas recibe ayudas públicas, las pistas de pádel y los cursos de natación (complejo deportivo de Miraflores) son públicos y hasta los artesanos necesitan un carné del omnipresente Cabildo. Nada en la isla bonita escapa al «Ojo de Sauron», una Administración Pública omnipotente que somete a la población con una doble fórmula: premios para los amigos y castigo para los que osen ir por libre. Ningún empresario puede asomar el hocico sin el visto bueno de la autoridad y nadie puede competir con este formidable rival, que como «rabo de gato», todo lo invade.  

El origen del problema reside en las ideas seculares que demonizan el capitalismo, el comercio y la economía laissez-faire. Estas ideas persisten en el cancionero popular cuando se culpa al malvado intermediario de la pobreza del campesino platanero. Mientras la gente siga pensando que los políticos dinamizan (y no dinamitan) la economía, estamos jodidos. Mientras los vecinos acudan al alcalde para pedir un puestito de trabajo, estamos condenados a la servidumbre de un nuevo señor feudal que cambia cada 4 años. Mientras los políticos sigan jugando a ser empresarios -con pólvora de rey- y sigan ahogando al sector privado, no hay nada que hacer. Y mientras los individuos no crean que son los únicos responsables de sus vidas, no hay arreglo posible. Tanto el problema como la solución residen en el campo ideológico. Lo malo es que las ideas que imperan en la sociedad son moldeadas por los políticos mediante la educación estatal y los medios públicos de comunicación de masas, entre otros. Si el sector público fagocita al privado es porque la gente prefiere el estatismo a la libertad, el favor al mérito y el robo al respeto de la propiedad privada. Hasta que la gente no comprenda que solamente el sector privado genera riqueza y el que sector público es un lastre, un parásito que hay que erradicar, no hay nada que hacer. En este sentido, soy pesimista, al menos a corto plazo.

¿Cuál es el futuro económico de La Palma? El día que las ayudas al plátano desaparezcan La Palma sufrirá una nueva crisis económica seguida de otra emigración masiva. En la isla ya no quedará nadie a quien administrar, regular y dar un carné. Sólo quedarán políticos, funcionarios, pensionistas, limpiadoras, cuidadores de ancianos, peluqueras, algunos dueños de comercios y bares, taxistas y un sector turístico famélico. Solamente podrán sobrevivir en La Palma aquellos trabajadores independientes (freelance) cuya actividad pueda eludir el asfixiante control gubernamental. Para ello, será esencial eliminar todo coste fijo como oficinas, locales o empleados. Podrá «escapar» todo aquél que trabaje desde su casa o haga servicios a domicilio. Aprecio un futuro en el alquiler vacacional de habitaciones y casas rurales siempre y cuando se actúe con discreción para evitar la depredación fiscal (valga la redundancia). Sólo quienes abracen la economía sumergida y quienes puedan soslayar a los saqueadores podrán vivir, aunque no sea holgadamente.  

El dinero ocioso

Esta mañana fui a la peluquería y, como es habitual, tuve una grata conversación con mi peluquero de cabecera (nunca mejor dicho). Afirmaba el hombre que la economía iría mejor si el dinero no estuviera «parado», lo bueno -añadió- es que el dinero circule y no esté «ocioso». Cuando me disponía a pagarle le espeto: «bueno, ahora supongo que saldrás inmediatamente a la calle a fundirte estos 14€ y así mejorar la economía».

Bromas aparte, la realidad es que mucha gente piensa como mi amigo el peluquero. Empecemos diciendo que la metáfora dinero «ocioso» no es muy acertada. El ocio es algo fabuloso que todos perseguimos y es muy necesario para el hombre alternar los periodos de actividad y descanso. Sin embargo, el dinero nunca «descansa» porque cuando está «parado» cumple diversas funciones muy importantes. 

En primer lugar, el dinero es una reserva de riqueza que nos proporciona liquidez y seguridad. También la rueda de repuesto de nuestro coche está "ociosa" y a nadie se le ocurriría "ponerla a trabajar". Créanme, se duerme muy bien sobre un buen colchón económico. 

En segundo lugar, el dinero ocioso está a la espera de ser invertido juiciosamente. Y es preferible tener el dinero debajo del colchón, al 0% de interés, que tenerlo en el banco al 0,1% de interés. Sobre todo, porque algunos sabemos que el 98% del dinero depositado a la vista es invertido por los bancos sin nuestro consentimiento, un fraude legalizado que se llama Reserva Fraccionaria.

Jesús Huerta de Soto

En tercer lugar, cuando los consumidores aumentan sus saldos en efectivo, algo demonizado como «acaparamiento», envían unas señales importantes a los políticos: no veo muy claro mi futuro; hay demasiadas trabas burocráticas; falta seguridad jurídica; los impuestos son muy altos, etc. En definitiva, si los saqueadores de todos los partidos no nos dejan vivir es lógico que alguien, como el profesor Huerta de Soto, afirme: «Que invierta su puta madre».

Los economistas keynesianos, cual druidas, creían en la magia circulatoria del dinero y pensaban que era el consumo (y no la producción) la solución a todo problema. Los ahorradores eran los culpables porque no gastaban lo suficiente y era preciso castigarlos con bajos tipos de interés e inflación. Todos estos mitos y falacias ya han sido refutados por los economistas Austriacos.

La gente hace muy bien (mientras la inflación sea moderada) en guardar su dinero debajo del colchón esperando tiempos mejores. Esto ha ocasionado, por ejemplo, un ajuste del precio de la vivienda de 50% en siete años. No está mal. El dinero «ocioso» ha podido desinflar la burbuja inmobiliaria. Mala noticia para algunos, pero excelente noticia para los actuales compradores de vivienda.

Tenemos muy reciente el castigo por haber invertido al tuntún, por haber avalado a nuestros hijos sin pensar en las consecuencias, por haber gastado más de la cuenta y por haber despreciado el ahorro. La realidad nos obliga a recoger velas, reducir el consumo y amortizar deudas. La buena noticia es que a medida que aumenta la cantidad de dinero «ocioso» se produce una bajada generalizada de los precios y podemos comprar más bienes con el mismo dinero. 

El coste de la insularidad

Es una idea muy extendida entre los canarios que el hecho de vivir en un archipiélago supone un perjuicio económico. La mayor carestía de la cesta de la compra o los frecuentes viajes en avión que deben realizar los residentes, entre otros factores, se utiliza para reclamar derechos. Los políticos canarios afirman que los residentes deben ser compensados económicamente (se supone que por el resto de españoles y europeos). La igualdad de oportunidades -afirman estos populistas- exige sufragar el coste de la insularidad. Trataré de refutar estos argumentos.

En primer lugar, hablemos de costes económicos. En Canarias, los productos que llegan a las islas se encarecen por el precio del transporte pero el coste de la aduana, el DUE o el monopolio abusivo de Binter es cosa de nuestros amados políticos. Las islas afortunadas tienen el mejor clima del mundo y los canarios no gastan en calefacción, ni en ropa de abrigo y, tal vez, necesitan ingerir una menor cantidad de calorías que los habitantes de Burgos o Teruel; además, en los sitios pequeños se gasta menos en el transporte o la vivienda. Para afirmar que vivir en Canarias es más caro que vivir en la península sería preciso hacer un intrincado balance de costes cuyo resultado es incierto pues el coste de la vida en cada localidad es muy dispar y depende de las circunstancias personales de cada individuo.

Pero también tenemos costes no económicos: clima, paisaje, medio ambiente, deporte, ocio, cultura, etc. son todos factores que se disfrutan y forman parte del consumo psíquico. Aún admitiendo que la cesta de la compra fuera más cara en Canarias que en la península, mucha gente prefiere vivir en las islas porque, subjetivamente, los factores no económicos compensan la mayor carestía de la vida. Es un dato que Canarias está a 2.000 km. al sur de Madrid, pero ¿quién ha dicho que esto sea malo? ¿Y para quién es malo? ¿Y por qué motivo tantos visitantes se quedan de por vida en las islas? La respuesta es la siguiente: el valor es subjetivo.

Tenemos un tercer problema y es dónde fijar los límites para determinar cómo debe hacerse un trasvase forzoso de dinero entre las gentes de distintos territorios. Los políticos de las islas menores hacen una doble reclamación porque existe una doble insularidad: sus habitantes deben ser también indemnizados por los de Tenerife y Gran Canaria (por eso de «igualar» las oportunidades); y los alcaldes de los pueblos más alejados de la capital o los vecinos de los barrios exteriores hacen lo mismo. Todos afirman tener derechos basados en la lejanía a otros sitios de mayor tamaño y población. Y todos pugnan, como hienas, para ver quien se mama el mayor pedazo de carne de contribuyente.

En cuarto lugar, el argumento de la igualdad de oportunidades es la gran excusa para robar. La igualdad de oportunidades no existe, es un mito, un objetivo imposible; por ejemplo, un joven que vive en Aragón o Madrid tiene más oportunidades de esquiar que un canario o un gaditano, pero estos últimos tienen más oportunidades de hacer surf que los primeros. No hay forma humana de igualar el territorio donde se vive, ni la familia donde uno nace, ni la inteligencia o la belleza naturales ¿acaso los guapos deberían indemnizar a los feos porque los segundos tienen menos oportunidades que los primeros? La igualdad de oportunidades es una ilusión colectivista, un virus utilizado por ladrones y parásitos. Además, resulta curioso que, para reclamar derechos, sistemáticamente nos comparemos con quienes tienen más renta que nosotros ¿y por qué no compararnos con los griegos o marroquíes?

Malta

Si un isleño, de promedio, tiene menor renta que un peninsular no es por culpa de la geografía. Los gibraltareños, que viven en un peñasco de 6,8 km2, tienen una renta per cápita de 40.000$; Malta, cuya superficie (316 km2) está entre la Gomera y el Hierro, 35.000$; y Singapur, un Estado-archipiélago del tamaño de La Palma, 58.000$. Vivir en una isla no condena a nadie a la pobreza ni tampoco otorga, de forma automática, ningún derecho sobre nadie.

Además, la política asistencialista con las islas menores no las ayuda en absoluto, al contrario, convierte a sus habitantes en clientes de los políticos quienes venderán empleo público y subsidios a cambio de votos. Vivir mendigando es una trampa mortal que anula la dignidad del hombre y lo condena a un estado permanente de pobreza. Nadie —tampoco los canarios— tiene derecho a reclamar el dinero ajeno ni a parasitar de los demás. Lo único que necesitamos es que nos dejen vivir, producir y comerciar en libertad; necesitamos seguridad jurídica en lugar de arbitrariedades; necesitamos más respeto por la propiedad privada y menos impuestos confiscatorios (valga la redundancia); necesitamos adelgazar el obeso sector público y privatizar o eliminar todas las ruinosas empresas públicas, observatorios y demás antros de corrupción política; en definitiva, necesitamos fortalecer la sociedad civil, despolitizar la sociedad y entender, de una vez por todas, que el poder político constituye la auténtica amenaza a nuestro bienestar y desarrollo. 

Los derechos espurios (ponencia)

¿Es eficiente el crédito público?

Observo en Facebook que los políticos se dedican, sin rubor alguno, a ejercer de propagandistas. Cada cual, siempre en tono triunfante, muestra sus logros aportando datos y estadísticas de eficiencia. La finalidad de este autobombo es doble: la caza de votos (siempre están en campaña electoral) y la pretensión de justificar su onerosa existencia. Hoy pretendo mostrarles un ejemplo de la falacia de la inversión pública: el caso de Sodecan (Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias), que se presenta en su web de esta manera:

"Sodecan, es una empresa pública del Gobierno de Canarias que desde 1983 se implica activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Nos especializamos en cubrir fallos del mercado, nuestras líneas de financiación están diseñadas para diferentes tipologías de proyectos empresariales que lo tienen especialmente difícil para conseguir financiación privada".

Hayek

La primera falacia consiste en algo que el economista austriaco Friedrich von Hayek denominó "la fatal arrogancia". Por lo visto, los responsables de Sodecan tienen una inteligencia y perspicacia superiores a la de sus colegas del sector privado. Ahora resulta que los políticos y sus "empleados", que disparan con pólvora de rey, aciertan más que los miopes profesionales del sector financiero, que deben rendir cuentas ante sus accionistas. 

Como se puede observar en la gráfica inferior, Sodecan es una empresa pública deficitaria, estado natural del ruinoso sector público (valga la redundancia).   

Pero lo realmente escandaloso es que pretendan hacernos creer que su actividad tiene un impacto positivo en la sociedad y que su eficiencia está probada (ver debajo).

La gráfica nos indica que, en 2013 y 2014, Sodecan, con menos empleados, ha sido capaz de beneficiar a un mayor número de empresas y ha dado una mayor cantidad de crédito. Pero de aquí no se infiere éxito alguno, de hecho, el balance de explotación es negativo en ambos ejercicios (descontada la venta de inmuebles). Tal vez, lo más inadmisible es el concepto sui generis de "eficiencia". Lean esto:

"Nuestro principal indicador de EFICIENCIA es la financiación total que ponemos a disposición de empresas y emprendedores canarios dividido por los gastos de explotación de SODECAN. Dicho en otras palabras: cuantos euros inyectamos en la economía por cada euro que le costamos al contribuyente".

Fijémonos en la última fila, año 2014, el indicador de eficiencia es 5,96; es decir; el dinero prestado (5.215.965€) para financiar proyectos dividido por lo que cuesta mantener Sodecan (876.424€). En 2014 -afirma Sodecan- la empresa pública inyectó en la economía canaria casi seis veces más dinero del que costó al contribuyente su mantenimiento, un milagro como el de la multiplicación de los panes y los peces. Estos sedicentes economistas, por no llamarlos impostores, olvidan que el dinero "inyectado" en créditos fue previamente "desinyectado" del bolsillo del contribuyente. Es decir, todo el dinero en su conjunto procede de la confiscación y hablar de "eficiencia" es un puro sarcasmo. La única forma de saber si algo es rentable o no es la cuenta de resultados de una empresa con capital privado, todo lo demás son enjuagues propios de trileros. A continuación, voy a justificar por qué la actividad de Sodecan es, en términos netos, perjudicial para la sociedad:

1) El dinero prestado por Sodecan fue arrebatado previamente a sus legítimos dueños mediante impuestos y los políticos hurtan al ciudadano la posibilidad de elegir cómo invertir (o gastar) su propio dinero. Este "ahorro forzoso" es ilegítimo y supone una violación de la libertad y la propiedad.

2) Riesgo moral. Los créditos públicos soportan un exceso de riesgo porque el prestamista no arriesga su propio dinero, sino el dinero ajeno. Además, con mucha frecuencia, el préstamo no es otorgado con un criterio económico sino político o según la discrecionalidad del empleado de turno (recordemos el saqueo de las Cajas de Ahorro).

3) Irresponsabilidad. En caso de impago, las pérdidas las sufrirá el contribuyente sin que los responsables políticos paguen, con su patrimonio personal, sus errores en materia crediticia. 

4) Competencia desleal. El crédito público compite deslealmente con el privado perjudicando a los ahorradores e inversores privados. Este hecho expulsa del mercado a las empresas financieras marginales, creando desempleo.

5) Consumo de capital. Parte del ahorro disponible en la sociedad, que siempre es escaso, es mal invertido. El dinero, de no haber sido arrebatado con impuestos, hubiera sido dedicado, en el libre mercado, al consumo, ahorro o inversión de las familias y hubiera creado un desarrollo económico genuino.

Por último, ¿quién sale beneficiado de la existencia de una empresa pública? a) los políticos: cobran rentas al formar parte del Consejo de Administración, ocupan cargos permanentes bien remunerados, aumentan el número de puertas giratorias y colocan en la empresa a parientes, amigos, etc. b) los empleados: tienen una nómina y la facultad de otorgar créditos discrecionalmente; y c) los emprendedores y empresarios beneficiados por los créditos y avales, que nunca debieron darse. Por el bien de la sociedad, Sodecan, al igual que el resto de empresas públicas, debería ser cerrada o privatizada.

Ni jurar ni prometer

Cada vez que un político o funcionario toma de posesión de su cargo pronuncia la siguiente frase: «Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo... con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado». Yo creo que es preferible que los políticos ni juren ni prometan sus cargos para evitar ponerlos en un brete.

En primer lugar, es altamente improbable que el juramento o promesa tenga algún valor más allá de su función perlocutiva, es decir, el político sólo puede acceder formalmente al cargo si profiere esa fórmula exigida por ley (Real Decreto 707/1979). La otra función es protocolaria y social: el acto de toma de posesión es un rito iniciático de una élite gobernante.

En segundo lugar, es propio de ingenuos creer que una frase ritual como «juro o prometo» tiene alguna eficacia o que compromete de algún modo a quien la pronuncia. Da igual si se hace ante un crucifijo, poniendo la mano sobre la constitución o en presencia de la familia y otros jefes de superior rango. El juramento o promesa puede ser tan falso como el beso de Judas y, al contrario que un contrato, no obliga jurídicamente a quien lo profiere. Por el número de políticos corruptos, tampoco creo que jurar el cargo posea valor moral para quienes carecen de moralidad. La fórmula es un mero brindis al sol, una mentira más de las muchas necesarias para alcanzar el poder.

En tercer lugar, dudo que el político actual tenga algo que llamamos «recta conciencia», la suya es más flexible que el caucho y siempre está subordinada a sus dos únicos fines: imponer sus ideas coactivamente a los demás y vivir de los impuestos. Por ese motivo, un político con honor es una contradicción en los términos. Tal vez, en tiempos pasados, los aristócratas tenían como principios de actuación el honor, la verdad y la justicia, que eran cumplidos cabalmente aún a costa de su propia vida; en cambio, para el político moderno el honor es un concepto extraño.

Alberto Benegas Lynch (h)

La democracia no permite que los políticos expresen sus propios valores porque, si quieren seguir en el cargo, deben asumir los valores imperantes en la sociedad. Una persona con recta conciencia y honor tiene sus días contados en la política pues en esta infame profesión los valores morales no son guías que orientan la conducta sino más bien obstáculos en su camino. Como dice el profesor Alberto Benegas Lynch (h): «El político es un cazador de votos» y si quiere seguir en activo debe satisfacer, no sus valores, sino aquellos que poseen los votantes; y si estos le reclaman panen et circenses aquél se los dará y les persuadirá, con muy poco esfuerzo, que «pan y circo» constituyen derechos universales del hombre y una conquista social. El político, por imperativo de la democracia, no puede tener recta conciencia ni honor, se trata de una imposibilidad lógica. Por eso, creo yo, deberíamos renunciar a la impostura que supone la fórmula de toma de posesión de un cargo público.