Agradezco desde este blog la visita que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas realizó ayer a Tenerife para explicarnos el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El Sr. Beteta pudo decirlo más alto pero no más claro: es preciso eliminar duplicidades en los servicios públicos, limitar sus funciones y asegurar el equilibrio presupuestario. Lo más importante, tal vez, fue percibir que al menos había un político en la sala pensando que los servicios públicos salen del bolsillo del sufrido contribuyente. Al que paga impuestos yo prefiero llamarlo expropiado porque expresa mejor la naturaleza coactiva del impuesto. Como no podía ser de otra manera, los políticos locales presentes, que ven amenazada con esta ley su discrecionalidad, expresaron su desacuerdo.
El Alcalde de la Laguna, Sr. Clavijo, empleó los términos "desapoderamiento" de los gobernantes locales y "efecto centralista" de la norma. Era patente que el hombre se había leído los papeles y habló con criterio, dando razones. Pero no dijo que aquí, en este país corrupto y enfermo, el único realmente desapoderado es el ciudadano: un paria moderno que sufre el expolio fiscal de cinco administraciones públicas: todas en competencia por ver quién da más a unos ciudadanos, previa expropiación forzosa del dinero de otros ciudadanos. Llevaba razón Beteta cuando dijo que en algunas ciudades había varias bibliotecas, cada una de diferente Administración.
La intervención del presidente de la Fecam, Sr. Curbelo, fue larga y patética. Profirió una retahíla de tópicos, lugares comunes y frases hechas: que si la insularidad y especificidad, que si Canarias es frágil, etc. Ni un sólo argumento que tratara la norma y su contenido. Populismo barato.
Durante el turno de intervenciones, Ana Oramas se quejaba de que la norma salía sin consenso, que se aplicaría manu militari y -alegaba la diputada- que las leyes debían tener una vocación de permanencia. Su tono no estaba exento de cierta chulería y hasta amenazó veladamente al Secretario con que cada cuatro años había elecciones. Al igual que Curbelo, ni un sólo argumento. Tampoco Oramas parecía recodar que todo lo que hace el Estado, incluidos los gobernantes de su partido, es manu militari, desde la óptica del ciudadano. El Estado es un monopolio territorial de coacción y expropiación. Lo que ocurre es que los caciques locales y regionales no están acostumbrados a soportar el yugo de otro poder del Estado. Y es que la Administración autonómica tal vez sea lo peor que nos haya pasado en los últimos 35 años.
Para terminar, quisiera felicitar al alcalde de Garachico, Sr. Berto González, porque encontrar un ayuntamiento que paga puntualmente a sus empleados y proveedores, y que tiene saneadas sus cuentas es digno de admiración. Hace ya muchos años que decidí no trabajar, como proveedor, con los Cabildos y Ayuntamientos porque no eran de fiar, no cumplían los contratos; pero me alegro de que existan excepciones. El Alcalde Berto expresaba una objeción lógica: si su ayuntamiento tiene equilibrio presupuestario, aunque tenga menos de 20.000 habitantes, ¿por qué se limitan sus funciones? Y la respuesta es sencilla: el Estado debe limitarse a su función esencial, que no es otra que proporcionar las condiciones de seguridad para asegurar el orden social. El mejor Estado es el Estado mínimo y todo crecimiento de la Administración significa empobrecer al pueblo. La dramática crisis económica que vivimos proviene, entre otras cosas, de la hipertrofia del Estado. Cuando un alcalde abre una guardería pública no es consciente de que, en ese preciso instante, contribuye a aumentar el paro en su municipio, pues emplea la riqueza privada para crear empleo improductivo. La alternativa es recolocar al Estado en su auténtica función: crear las condiciones para que la iniciativa privada abra con facilidad guarderías, clubes deportivos, cementerios, comercios, etc. El Estado no es dueño del dinero de los ciudadanos y no es posible entregar algo a uno sin quitárselo previamente a otro.
