Sobre la abstención electoral

El próximo 28 de mayo se celebran en España elecciones municipales y autonómicas.¹ Hoy reflexionaremos sobre la abstención electoral: juridicidad, críticas que recibe, causas y utilidad. Primero, desde el punto de vista jurídico y en términos generales cualquier tipo de abstención es un derecho subsumido, es decir, forma parte de otro.² Por ejemplo, el derecho a deambular incluye el derecho a quedarse en casa, el derecho a contraer matrimonio incluye el derecho a permanecer soltero, el pacifista tiene derecho a no defenderse, el acreedor tiene derecho a no cobrar (condonar) la deuda y el derecho a votar incluye el derecho a no votar.

Esta verdad tan evidente es retorcida y manipulada cuando se afirma que algo —trabajo, defensa nacional, sufragio, ser miembro de un jurado popular— sea, a la vez, derecho y deber. Según García-Trevijano se trata de una imposibilidad jurídica. Si votar es un derecho, no puede ser un deber, y si fuera deber, dejaría de ser derecho. Pero si la abstención electoral es legítima, ¿por qué motivo se la critica? La razón más plausible es que deslegitima al Estado. Todo poder reside, en última instancia, en la aceptación o anuencia de los gobernados. La legitimidad del poder político en una democracia se manifiesta (principalmente) en la participación electoral, por tanto, es lógico que el político y toda la maquinaria del Estado glorifique «la fiesta de la democracia» y censure la abstención.

Las causas para no votar son variadas: imposibilidad física (enfermedad, estar de viaje), racionalidad: analizar las distintas opciones políticas es costoso mientras que la utilidad del voto es marginal. Algunos ven la política como el más perfecto crimen organizado: robo, mentira, fraude, manipulación, arbitrariedad, nepotismo, corrupción, etc. Otros —como Aristóteles— ven la democracia como una forma de gobierno degenerada: la tiranía de la mayoría. Por su parte, algunos grupos religiosos —Testigos de Jehová, amish— o étnicos —gitanos, nómadas— no votan por desafección al Estado. Finalmente, los libertarios o anarquistas se abstienen por motivos éticos, a saber, votar significaría patrocinar un sistema inmoral: liberticida y confiscatorio.

Para terminar veremos a quién beneficia la abstención. Ésta se computa sumando aquellos integrantes del censo que no acudieron a votar. Al igual que el voto nulo, su efecto es neutro: no beneficia ni perjudica porque no altera los porcentajes electorales. En cambio, los votos en blanco (sobre vacío o papeleta en blanco) son válidos y se reparten proporcionalmente entre las candidaturas. Los pocos votos en blanco de cada colegio electoral van a parar a los partidos mayoritarios. Esta ventaja es exigua. Pero volvamos a la abstención. ¿Cómo saber su influjo en el resultado? La única forma de averiguarlo sería preguntando al abstencionista: «Si usted hubiera votado, ¿a quién hubiera elegido?». Así podríamos elaborar un nuevo e imaginario mapa electoral de dudosa utilidad. Lo cierto es que, desde una óptica praxeológica³ (preferencia revelada), la abstención (al igual que toda conducta deliberada) beneficia subjetivamente a quien la practica, dadas las circunstancias concurrentes en cada individuo.

Por ejemplo, el abstencionista ético disfruta mostrando su desafección de un modo parecido al empleado que no asiste a la comida anual de su empresa. Desde una óptica sociológica se le critica porque renuncia a ejercer influencia política: «No dejes que otros elijan por ti»; pero el abstencionista activo (consciente) no sopesa la utilidad de su acción (que sigue siendo marginal), sino que actúa por principio. No debemos  infravalorar los efectos de una elevada abstención: un descontento generalizado llama la atención sobre la necesidad de cambios o reformas políticas que vuelvan a ilusionar al votante.

Notas:
¹ Excepto en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León.
² Una excepción es el delito de omisión del deber de socorro (Código Penal, Art. 195).
³ La praxeología es la ciencia de la acción humana.

Sobre el anarcocapitalismo . entrevista con Rocío López

Contra la educación estatal

El común de las personas considera que la educación obligatoria, universal y gratuita es uno de los grandes logros del Estado moderno. Hoy expondremos dos objeciones a esta idea: a) Ética. La educación pública no es gratis, se finanza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. El fin no justifica los medios: todo fin (incluida la educación) debe ser alcanzado con medios éticos. Por extraño que les parezca a muchos, la educación no es un derecho. Todo derecho implica un deber de un tercero y nadie tiene el deber de educar o de pagar la educación a otra persona. Todos los derechos positivos —educación, sanidad, trabajo, vivienda,  etc.— constitucionales son falsos porque imponen falsos deberes. La educación tampoco debe ser obligatoria. La coacción nunca es justificable, además provoca efectos perversos. Si los estudiantes son forzados a permanecer en las aulas el conflicto es inevitable. Algunos se aburren, no aceptan la disciplina escolar y boicotean las clases; tampoco pueden ser expulsados porque el Estado ha convertido los colegios en guarderías de jóvenes. Los profesores, cuya autoridad ha sido destruida, se ven impotentes para mantener el orden. El resultado es la desmotivación y la aparición de patologías psiquiátricas (ansiedad, depresión). 

Aprendiz de albañil (Foto: A. Sander)

b) Económica. La educación privada es más eficiente que la pública. Se trata de un servicio relativamente barato que está al alcance de la mayoría. Hace 60 años, siendo el nivel de vida inferior al actual, muchos niños aprendían a leer y escribir en escuelas privadas de barrio, a un módico precio. ¿Y qué hacer con los más pobres? Pueden ser escolarizados con fondos privados de parientes, mecenas, fundaciones, etc. o incluso pueden formarse a lo largo de su vida.

El Estado dilapida el dinero del contribuyente ofertando una educación uniforme, pero de baja calidad. En cambio, la oferta privada es heterogénea en materias, horarios, idearios, metodologías, etc.; en función de las preferencia de padres y alumnos. Los jóvenes que prefieren aprender un oficio ingresan (como aprendices) en empresas, pudiendo ganar dinero desde temprana edad. Bajo el Estado, los jóvenes españoles pasan demasiados años estudiando y, con frecuencia, no obtienen un empleo acorde a su formación. Según Primerempleo.com «el 45% de los titulados universitarios españoles trabajan por debajo de su cualificación». Nuestro mercado laboral no puede absorber a tantos graduados y estos tienen dos opciones: a) Quedarse en España y trabajar en lo que demanda la sociedad: conductores, repartidores, cocineros, camareros, comerciales, operarios, electricistas, albañiles, telefonistas, agricultores, ganaderos, cuidadores de personas mayores, etc. b) Emigrar y ejercer su profesión en otro país. En ambos casos se escucha un lamento similar; por ejemplo: «es una pérdida que un biólogo trabaje de camarero»; o bien: «la fuga de cerebros es una pérdida para España». Esta forma de razonar —la basada en los deseos— conduce frecuentemente a la frustración, al victimismo y, finalmente, a la exigencia de derechos espurios. 

Pero podemos pensar de otra manera, aceptando la realidad tal cual es, sin autoengaños y sin pedir al gobierno que nos conceda, mediante la coacción, lo que la gente libremente no desea darnos. Si los consumidores no demandan (tantos) biólogos, psicólogos, filósofos o actores es porque no les resultan útiles. Un pensador realista no se lamenta de que un joven biólogo trabaje como camarero, sino de que un camarero haya perdido cuatro años estudiando biología, cuando uno solo le hubiera bastado para hacer bien su trabajo. La realidad le dice amargamente a muchos jóvenes: «te equivocaste al estudiar algo que la gente no demanda». Se produjo un doble coste de oportunidad: a) Personal: esfuerzo intelectual, dinero, tiempo, etc. del estudiante. b) Social: el dinero público fue desperdiciado y ahora los ciudadanos tienen menos dinero disponible. La educación privada no elimina estos errores, pero los reduce. Los estudiantes y sus familias mirarían con lupa qué estudios tienen salida laboral. Los jóvenes ya no podrían estar «de flor en flor», hasta los 30 años, perdiendo su tiempo y el dinero de los contribuyentes. La educación privada elimina las externalidades que produce el Estado porque quien se equivoca paga la factura. 

En definitiva, imponer a las personas el consumo y/o pago de aquello que no desean no solo es injusto, sino antieconómico. ¿Y cómo saber si algo es de interés social? La sociedad está integrada por individuos que tienen específicos gustos, deseos y necesidades, las cuales se manifiestan en los procesos de mercado. Al consumir o abstenerse de consumir, las personas revelan aquello que más interesa a la sociedad. Si el Estado impone forzosamente el consumo y pago de «su» educación a la sociedad, perjudica sus intereses; por tanto, «Estado social» es un oxímoron. El Estado no produce (ni puede producir) lo que la sociedad demanda y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben ser consumidos y/o financiados por la fuerza. Solo un sistema educativo laissez faire es ético y económico, por tanto, genuinamente social.

Los militares no saben mentir

General Santiago

El General Santiago, Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, dijo ayer que están trabajando para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». No creemos que esto sea un «lapsus». La violación del derecho de libertad de expresión, más bien, es la mejor prueba del cariz comunista del gobierno de Pedro Sánchez.

Los militares no están acostumbrados a mentir. Desde muy temprano se les inculca un estricto código moral de inspiración cristiana: «la milicia es una religión de hombres honrados» –decía Calderón de la Barca.

Mentir mucho y bien es la principal «virtud» del político y los más hábiles mentirosos alcanzan las mayores cotas de poder. Porque no saben mentir, los militares no encajan bien en la política. Desde Gutiérrez Mellado (1981) no ha habido un solo militar en el gobierno.

General Gutiérrez Mellado

Sin embargo, las virtudes militares de disciplina y lealtad a los jefes pueden tener consecuencias devastadoras cuando se trata de obedecer los mandatos de un déspota. En este caso, la indisciplina es la mejor virtud.

Un General honra su juramento a la Bandera cuando repudia una orden contraria a la Constitución o que viola los derechos naturales de la persona. Ningún militar debe cooperar con un gobierno que intenta someter al pueblo aprovechándose de una emergencia sanitaria.

Las consecuencias de la obediencia irreflexiva a la autoridad, según Rose (2011: 4), pueden ser nefastas: «La creencia en la ‘autoridad’, que incluye toda creencia en el gobierno, es irracional y autocontradictoria; es contraria a la civilización y a la moralidad, y constituye la más peligrosa, destructiva superstición que haya existido jamás».

En definitiva, el principio de obediencia de un funcionario –militar o civil– no puede nublar el propio juicio moral y la responsabilidad individual frente a los mandatos ilegítimos del poder político.

Bibliografía:
Rose, L. (2011). The Most Dangerous Superstition. Pensilvania: Larken Rose.

Dos clases de privilegiados

Angel Víctor Torres

Dice Angel Víctor Torres (PSOE), flamante presidente de Canarias, que los privilegiados deben tenerle miedo. No es lo mismo «ser un privilegiado» que ser receptor de un privilegio político. Veamos las diferencias. En el lenguaje popular, «ser un privilegiado» significa tener éxito en la vida por las cualidades innatas (fuerza, belleza, inteligencia, salud), por las habilidades naturales, adquiridas y perfeccionadas mediante el esfuerzo personal o incluso gracias a la suerte. Todos estos factores influyen para tener éxito en la vida y sentirse «un privilegiado»: estado psicológico que varía de un sujeto a otro, o incluso para un mismo individuo a lo largo de su vida. Por ejemplo, Amancio Ortega y Rafael Nadal son dos privilegiados (cada uno en lo suyo), pero también hay miles de personas que se sienten privilegiadas: tienen salud, familia, trabajo, patrimonio, etc. 

Rafael Nadal

Ser receptor de un privilegio político es algo distinto. En este caso, el privilegiado no obtiene el éxito de forma natural, sino porque la autoridad política aplica restricciones a terceros. Por ejemplo, Rafael Nadal gozaría de un privilegio político si el gobierno español prohibiera la participación de Federer y Djokovic en el Open de tenis de Madrid. Seguramente, veríamos con malos ojos este favor, pero se trata del mismo privilegio que gozan hoy, taxistas, farmacéuticos y funcionarios. El gobierno permite sólo a unos pocos elegidos realizar cierta actividad. Según Lord Coke: el monopolio es un favor político, un fenómeno mercantilista y su existencia sólo es debida a «una concesión de privilegios por parte del gobierno».

Amancio Ortega

La diferencia entre ambos tipos de privilegiados es notable. Los primeros son benefactores de la sociedad y su fortuna es el justo resultado de haber satisfecho puntualmente las necesidades y deseos de sus congéneres. Si Amancio Ortega quiere incrementar su beneficio deberá fabricar mejores prendas y más baratas que sus competidores. En cambio, si un taxista quiere aumentar su facturación deberá conseguir que el político de turno restrinja la oferta todo lo posible, por ejemplo, paralizando la concesión de nuevas licencias y prohibiendo la entrada de Uber y Cabify al mercado. Los políticos lo tienen bastante fácil: si quieren aumentar su renta deberán alzar la mano para votar su propia subida de salario.

Pero cuando el presidente Torres dice que los «privilegiados» deben tenerle miedo, ¿a qué grupo se refiere? Yo creo que se dirige a los primeros, a esos «malditos ricos» que ganan una cantidad de dinero «excesiva». Detrás de su amenaza, que debe ser considerada seriamente, reside el secular odio, resentimiento y envidia que siente el mediocre contra aquellas personas más productivas. Por este motivo, pronto veremos en Canarias nuevos impuestos: ¿tasa turística?

Este nuevo gobierno de saqueadores (valga la redundancia) cree que puede construir una sociedad mejor robando a unos y repartiendo el botín a otros. No sabe que su perverso código moral lleva la semilla de su propia destrucción. Una sociedad que castiga el éxito de los mejores es una sociedad condenada al fracaso y a la miseria. Solo hay que echar un vistazo a Venezuela, pero estos fanáticos de la «redistribución» están cegados por su ignorancia y sus prejuicios.

Huelga decir que las declaraciones del presidente Torres ahuyentará a los inversores: «No hay nada más cobarde que un millón de dólares», o como dice el profesor Huerta de Soto: «Que invierta su puta madre».

Jesús Huerta de Soto

Contra la igualdad

Conferencia impartida el 22 de marzo de 2019, en el Real Casino de Tenerife, dentro de las VI Jornadas Liberales de Tenerife.

Sinopsis:

La idea de igualdad, en general, tiene buena fama en la sociedad. Se piensa, acríticamente, que la igualdad es buena y, por tanto, es considerada como un objetivo ético y político. Vamos a reflexionar sobre los distintos conceptos de igualdad para alcanzar una conclusión: la igualdad es inhumana y pretender imponerla por la fuerza no sólo es un error, sino un horror.

En primer lugar, existe una igualdad matemática (i.e. 2 + 2 = 4). Aquí no es posible el desacuerdo ni la discusión ética porque estamos ante una herramienta intelectual abstracta y ajena a la acción humana; pero si nos adentramos en el ámbito social, necesitamos prima facie una definición: «Se dice que A y B son iguales si son idénticos con respecto a un determinado atributo»; por ejemplo: si A y B ganan 1.000€/mes decimos que ambos tienen igual salario.

La naturaleza es diversa, desigual y los hombres también lo son. Lo genuinamente humano es la desigualdad: genética, familiar, étnica, cultural, etc. Todas las personas son desiguales: hombre-mujer, alto-bajo, guapo-feo, blanco-negro, rubio-moreno, listo-tonto, vago-industrioso, frugal-vicioso, etc. Es imposible igualar todas estas diferencias, a las que se añade el azar: la suerte o el infortunio. Las diferencias genéticas, las adquiridas y el ambiente impiden la igualdad de oportunidades y de resultados. Cada cuál tiene sus propias oportunidades: diversas, cambiantes a lo largo de la vida.

La idea de igualdad está vinculada al concepto de justicia. Los igualitarios creen que la desigualdad de resultados es injusta y que compete al Estado reducirla por la fuerza a través de la legislación. Durante la Revolución francesa (1793) la aguja de la catedral de Estrasburgo fue objeto de un proceso judicial: los jacobinos planteaban destruirla por el delito de «injuria a la igualdad»; para salvarla, el maestro cerrajero Stultzer convenció a los republicanos de cubrirla con un gorro frigio gigante que «alabaría las virtudes de la Revolución hasta Alemania». Así, la catedral llevó durante nueve años un gorro rojo que los alsacianos denominaron Kàffeewärmer (la estufilla de café).

La justicia, según Ulpiano, es «dar a cada uno lo suyo». Y como no podemos redistribuir los dones naturales, ni los adquiridos, al igualitario sólo le queda redistribuir el resultado: la riqueza. Con el pretexto de la igualdad y de la espuria «justicia social», el Estado ha legalizado el robo masivo de la propiedad privada y la mayoría de la sociedad lo ha aceptado.

La desigualdad económica no es injusta si los medios que la han causado son justos. Por ejemplo, millones de personas juegan a la lotería, tras cada sorteo unos pocos agraciados son ricos y el resto es algo más pobre. Este aumento de la desigualdad económica no es objeto de condena moral. Los igualitaristas, si fueran consecuentes, no participarían en los juegos de azar.

Otra gran falacia es: «Igual salario por igual trabajo». Esta queja, común entre las feministas, presenta un doble error: a) Económico: El empresario no paga según el tipo de trabajo, sino por la productividad en el trabajo. El salario es la estimación subjetiva de la contribución del empleado a la facturación de la empresa. Si todos los empleados tienen desigual rendimiento, lo justo (según Ulpiano) sería que todos cobraran salarios distintos, algo observado en los deportistas profesionales que juegan en equipos. b) Ético. El empresario, como propietario de su empresa, debe ser libre de convenir salarios con cada empleado. Esta libertad debe respetarse aún en el supuesto de que se equivoque al calcular la productividad o de la existencia de sesgos y prejuicios.   

Las pretensiones de igualdad de resultados siempre son parciales e interesadas. Nadie quiere igualarse con otro «por abajo». Por ejemplo, son los guardias civiles y policías nacionales los que quieren igual salario que los agentes locales y autonómicos. Al revés nunca sucede.

Con frecuencia, igualdad y solidaridad se confunden. La desigualdad humana no es incompatible con la compasión, la ayuda y la caridad, virtudes todas humanas. Pero la ayuda al prójimo o la solidaridad (voluntaria) no busca la igualdad entre el donante y el receptor de la ayuda, sino mitigar la situación del último.

En conclusión, lo genuinamente humano es la desigualdad: genética, de personalidad y carácter, de origen (étnico, familiar, geográfico), cultural, de intereses y preferencias, en el azar, etc. Fruto de todo ello es la desigualdad económica de rentas y riqueza. Pretender la igualdad mediante la fuerza, vía legislación, es inmoral y quiebra el principio de justicia, entendido como «dar a cada uno los suyo». La única igualdad legítima es la igualdad ante la ley.

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Contra la huelga

El estío es la época elegida por ciertos grupos de trabajadores para organizar una huelga: controladores aéreos, tripulaciones, maquinistas de tren, taxistas o recogedores de basura dejan de trabajar en verano porque así causan el mayor daño a la sociedad. La huelga y el terrorismo tienen cosas en común, ambas utilizan la violencia para alcanzar su objetivo: doblegar la voluntad del gobierno. Los terroristas asesinan unos pocos mientras que los huelguistas joden la vida a miles, pero su lógica es idéntica, ambos grupos pretenden subvertir el orden social y crear el caos para obtener sus fines. La diferencia es que la violencia de la huelga ha sido legalizada.

Para justificar mis afirmaciones haré uso del método individualista. Supongamos que el piloto «P» y la azafata «A» suscriben un contrato laboral con Ryanair, en él se especifican los derechos y deberes de las partes: salario, jornada, días libres y un largo etcétera. La aceptación de un contrato es un acto libre y consentido donde ambas partes esperan obtener una utilidad del intercambio. Esto es un axioma praxeológico (relativo a la acción o praxis) y económico. 

Pero los contratos no están «escritos en piedra» y es legítimo que cualquiera de las partes pretenda modificar alguna de las estipulaciones. Ryanair es una compañía registrada en la República de Irlanda, cuyas leyes son aplicables en las relaciones laborales. Ahora supongamos que «P» y «A» son españoles y solicitan a Ryanair que la legislación laboral aplicable sea la de España porque ésta es más favorable que la irlandesa. Por su parte, la empresa puede acceder a la petición o rechazarla así: «Estimados tripulantes: No aceptamos su propuesta porque lo que ustedes ganan, nosotros lo perdemos. No hay trato, pero ustedes son libres de abandonar la empresa», esta es la lógica pacífica de todo proceso social de mercado.

Sin embargo, los empleados insatisfechos insisten: «Ryanair debe cambiar», y como no lo hace por las buenas, acuden al sindicato y se organizan para chantajear a la empresa, es decir, intentan conseguir de forma violenta lo que no consiguieron pacíficamente en la negociación. Si no accedes a nuestros deseos -afirman los huelguistas- incumpliremos temporalmente el contrato laboral, amenazaremos a los esquiroles, interferiremos los planes a miles de consumidores y causaremos pérdidas millonarias a la empresa; todo ello, sin que nadie pueda defenderse. El gobierno, que ejerce el monopolio de la violencia, limitará el nivel de agresión a los huelguistas decretando servicios mínimos. Durante los días de huelga Ryanair no podrá contratar sustitutos y una vez finalizada, tampoco podrá despedir a quienes incumplieron su contrato y causaron daño a la empresa. El derecho a la huelga es un pseudoderecho porque viola un derecho genuino: la legítima defensa de las víctimas. Toda persona tiene derecho a dejar de trabajar pero no tiene derecho a conseguir mejoras laborales mediante la coacción sistematizada. La huelga es una actividad criminal que ha sido legalizada por el Estado.

Valores. Ingeniería social vs ética de la libertad

Real Casino de Tenerife, 16/04/2018

Comenzaré mi intervención aclarando qué entendemos por «ética de la libertad». La ética es una ciencia normativa que pretende orientar nuestra conducta. La ética nos dice qué cosas deberíamos hacer -el bien- y abstenernos de hacer -el mal- porque dichas acciones y omisiones son buenas para la vida. Una persona es libre de ignorar la ética, pero no lo es de sustraerse a sus consecuencias.

Ahora hablemos de la libertad. Según Isaiah Berlin, una persona es libre si nadie interfiere en su esfera de acción (libertad negativa). Murray N. Rothbard, economista de la escuela Austriaca, amplía un poco más la definición: «La libertad es la ausencia de interferencias o invasiones físicas coactivas contra las personas y las propiedades individuales». Efectivamente, uno de los límites de la libertad es la propiedad; por ejemplo, un grafitero que desea pintar una tapia, primero debería pedir permiso a su dueño, pero es completamente libre de pintar las paredes de su propia casa.

«Libertad» es un concepto positivo. Lo contrario a la libertad es la esclavitud; ésta puede ser completa o parcial, permanente o temporal; por ejemplo, un esclavo es forzado a trabajar toda su vida mientras que un soldado conscripto sólo es esclavo del Estado durante su permanencia en filas. Otra forma más sutil de esclavitud es la confiscación. El recaudador de impuestos no se apropia del cuerpo del esclavo, pero se apropia de una parte de los frutos de su trabajo. Cualquier pérdida coactiva de libertad es un mal ético porque la persona se ve forzada a realizar algo que claramente le perjudica. Si la gente es reacia a pagar impuestos es porque piensa que ellos mismos emplearían mejor su propio dinero.

Cuando un hombre persigue libremente un fin es porque lo considera un bien. La coacción, por tanto, es síntoma de que el hombre resulta perjudicado respecto de otras elecciones para él disponibles. Si alguien se ve forzado a realizar un intercambio inferimos que le perjudica pues, en otro caso, no lo hubiera realizado.

Ahora hablemos de la metáfora «ingeniero social». El ingeniero social se cree un ser superior al resto de sus congéneres, a quienes utiliza instrumentalmente para alcanzar sus fines. El ingeniero social trata al hombre como la pieza de una máquina o como un animal (por ejemplo, en Madrid, en la Navidad de 2017, la alcaldesa obligó a los peatones a circular por ciertas calles en una dirección única, como si fueran ganado) que puede ser sacrificado en el altar de la sociedad, la nación, el pueblo, la democracia o de cualquier otra deidad. El ingeniero social utiliza sus propias ideas o las toma prestadas de algún intelectual; por ejemplo, los jerarcas comunistas, que ocasionaron 100 millones de muertos, hicieron suyas las ideas del filósofo Carlos Marx.

La herramienta favorita del ingeniero social es la legislación, el Boletín Oficial, la imposición de mandatos que deben ser obedecidos bajo amenaza de sanción. El ingeniero social es malvado, pero no tonto, siempre busca legitimar sus actos y para ello se apoya convenientemente en los informes de expertos (científicos y académicos en la nómina del Estado) y las estadísticas y encuestas de opinión realizadas o sufragadas por el Estado. Todo, como pueden ver, muy «objetivo». Otras veces se escudan en que determinadas normas deben ser aplicadas porque así lo dictan otros ingenieros sociales que viven en Madrid o Bruselas.

Derecho y legislación son cosas bien distintas. La legislación es particular, cambiante, ocurrente, reactiva y, sobre todo, arbitraria. Especialmente lesivas para la libertad son las leyes de género (que violan principios fundamentales del Derecho), las cuotas, el control de la natalidad, la legislación laboral, la impunidad sindical, los incentivos a tal o cual sector económico, el control de precios, la inflación, los monopolios, etc. 

El ingeniero social tiene poder político y lo utiliza para diseñar la sociedad según un modelo que él considera subjetivamente bueno. Tiene un modelo económico, laboral, educativo, sanitario, energético, turístico, etc., y pretende imponer su modelo, de forma autoritaria, a toda la sociedad. Lo que reclama la ética de la libertad es que el ingeniero social y quienes les apoyan renuncien a la violencia y que las empresas e individuos no sean forzados a producir y consumir lo que no desean, es decir, que exista un mercado laissez-faire con múltiples modelos en competencia y que sean los individuos los que libremente elijan fines y medios.

Contra el igualitarismo

Ulpiano

Según el afamado jurista Ulpiano (¿Tiro?, ¿170? - Roma, 228) los preceptos fundamentales del Derecho son tres: 1) Vivir honestamente; 2) No dañar a nadie; y 3) Dar a cada quien lo suyo. Desde entonces y durante muchos siglos filósofos, juristas y, en general, las masas asumieron que la justicia coincidía con el tercer precepto de Ulpiano: «lo justo era dar a cada uno lo suyo». De esta forma, el concepto de justicia estaba en sintonía con la naturaleza humana. Es justo que los hombres acumulen distinta riqueza porque los hombres son distintos entre sí, unos son más fuertes, inteligentes, capaces, imaginativos o industriosos que otros. Esto es un hecho, una verdad incuestionable. Al mismo tiempo, aún teniendo capacidades y oportunidades distintas, cada persona tiene fines particulares, subjetivos, que difieren según la personalidad; por ejemplo, una persona dotada intelectualmente para el estudio puede preferir la artesanía porque trabajar con sus manos le reporta una mayor satisfacción. Sólo el individuo puede ser el juez de su propia felicidad. En definitiva, capacidades, oportunidades y fines son específicos e incluso varían a lo largo del tiempo para un mismo individuo. Si no media la violencia o el fraude, la diferencia de resultados es ética y justa porque obedece a la natural diversidad humana. 

Montaigne

¿Cuándo cambió el concepto clásico de justicia? Desde la antigüedad el hombre rico -comerciante, prestamista- siempre estuvo bajo sospecha y era objeto frecuente de la rapiña pública (gobierno) o privada (crimen). Ya en 1580, el filósofo y humanista Michel de Montaigne afirmaba (Ensayos, cap. XXI): «El beneficio de unos es perjuicio de otros», estableciendo una explícita condena moral a la obtención de la riqueza, desgraciadamente esta falacia persiste hoy en la mente de muchos. Ya en el siglo XVIII, la teoría del valor objetivo de Adam Smith (1776) fue precursora de la nefasta teoría marxista del valor-trabajo (1867) y de la explotación de los trabajadores; el resto de la historia es de sobra conocida.

John Rawls

El filósofo John  Rawls (1921-2002) puso su granito de arena elaborando una Teoría de la Justicia (1971) que proclamaba la «equidad» en los resultados y, de paso, alimentaba la espuria doctrina de la «justicia social». Las desigualdades socio-económicas —afirman los igualitaristas— son injustas y es deber de los poderes públicos redistribuir «equitativamente» la riqueza según criterios que necesariamente son arbitrarios. Dicho en román paladino: «es justo que el Estado robe al que más tiene para dárselo al que menos tiene». Así, Ulpiano fue reemplazado por Marx. La justicia ya no era dar a cada quien lo suyo sino «de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad». De esta forma, se pervirtió el concepto de justicia y se legalizó el robo, pero sólo si es perpetrado por el Estado. Bajo esta ética perversa el Estado social crece imparable desde principios del siglo XX. Como era de prever «el que parte y reparte se lleva la mejor parte» y los principales beneficiarios del saqueo no son los necesitados sino los políticos que dirigen el Estado, funcionarios y grupos de interés o lobbies. El Estado social, en realidad, es antisocial por inmoral y lleva en su interior la semilla de su propia destrucción.

El igualitarismo no sólo pretende igualar clases sociales —ricos y pobres— sino que se va extendiendo, como un cáncer, a toda la sociedad. Su nueva franquicia se llama «ideología de género», una doctrina neomarxista donde hombres y mujeres son presentados, respectivamente, como explotadores y explotados. En nombre de la «justicia social», una vez más, el Estado puede coaccionar a las organizaciones y empresas con cuotas y otras exigencias espurias que se presentan en forma de legislación de género. Políticos, juristas, intelectuales y periodistas se han doblegado ante la marea de género sin que nadie alce la voz contra esta ideología criminal. Las leyes de género violan principios generales del derecho como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia, convirtiendo a todo varón en un presunto culpable.

Atlas

Todas estas agresiones a la libertad, a la propiedad, al derecho y a la justicia, rectamente entendida, causan un enorme sufrimiento a los individuos y destruyen el orden social. Sus consecuencias son imprevisibles pero ya hacen aparición los primeros síntomas de descivilización: deterioro del juicio moral, debilitamiento de la familia y de otras instituciones sociales, incremento de la preferencia temporal, aumento de la corrupción política y social a todos los niveles, aumento de la violencia y del número de suicidios (con mayor incidencia en los varones), etc. En definitiva, el progreso social, económico y moral de una sociedad puede irse al traste si no recuperamos la sana tradición del Derecho Romano y combatimos la espuria doctrina de la justicia social y su perversa secuela del igualitarismo.