Sindicatos, huelgas y empresarios

Esta mañana, tras el primer partido de padel del año, un joven amigo me pregunta qué opino de los sindicatos; "es una mafia legalizada cuyo objetivo es conseguir para los empleados condiciones laborales mejores de las que podrían obtener en el libre mercado", le respondo presumiendo de haber leído a Mises, Hayek y Rothbard.

Los sindicatos son organizaciones que benefician a sus afiliados a expensas de que otras personas no tengan trabajo. Así de simple. Los sindicatos crean desempleo pues en ausencia de la coacción sindical, habría más personas trabajando con salarios más bajos que los actuales. A continuación intentaré argumentar por qué la actividad sindical, apoyada mediante privilegios gubernamentales, es manifiestamente antisocial e injusta. Comenzaré analizando lo que ocurre en una huelga. Los trabajadores quieren obtener mejoras laborales (salario, descanso, beneficios, etc.) y organizan la huelga para presionar a la propiedad de la empresa y conseguir que ésta acceda a sus pretensiones. Damos por hecho que las negociaciones pacíficas, caso de haberlas, no han surtido efecto y que el sindicato opta por usar medios violentos.

En primer lugar, dejar de trabajar en un derecho inalienable de toda persona. Nadie, excepto un esclavo, está obligado a seguir trabajando si no lo desea. Pero si un empleado tiene derecho a rescindir unilateralmente su contrato laboral, igual derecho le asiste el empresario. Abandonar la empresa o despedir son las dos caras de la misma moneda, el mismo derecho ejercido desde dos partes distintas. 

El empleado en huelga no cobra el salario correspondiente al trabajo no realizado en su empresa pero es libre, en principio, de optar libremente por: a) formar parte de los piquetes: grupos de vulgares matones que amenazan, rompen y agreden. b) ser un esquirol y trabajar para sí mismo o incluso para un segundo empresario, mientras dure la huelga. Sin embargo, el gobierno prohibe al empresario reemplazar a los huelguistas por nuevos trabajadores, de esta manera la empresa sufre pérdidas económicas y cede ante la presión. Así, a través de una doble coacción -sindical y gubernamental- los empleados obtienen una retribución superior al valor descontado de su productividad marginal. Es decir, cobran más de lo que cobrarían en ausencia de violencia. Algo parecido sucede con la prohibición de UBER en España: decenas de miles de personas podrían trabajar como taxistas amateur ganando pequeñas cantidades de dinero pero la presión de los taxistas "autorizados" sobre el gobierno lo impide. Es incorrecto afirmar, por tanto, que el "mercado laboral" sea rígido, todo lo contrario, la institución Mercado siempre es flexible y dinámica; la rigidez sólo es achacable a la "legislación laboral".

Ahora imaginemos que fuera el empresario -como en la novela La Rebelión de Atlas- el que se pusiera en huelga. Supongan que el patrón cree que su plantilla no rinde lo suficiente y decide cerrar la empresa una semana para que los trabajadores "reflexionen" al respecto. Si la ley fuera igual para ambas partes, los empleados no trabajarían ni cobrarían durante esa semana pero además tampoco serían autorizados a trabajar en ninguna otra empresa, debiendo reincorporarse todos a su trabajo al finalizar la huelga. Nadie podría abandonar la empresa, es decir, nadie podría "despedir" a su patrón. Esto resultaría injusto puesto que si una parte (empresario) incumple el contrato, la otra parte (empleado) debería quedar libre de toda obligación. Con otro sencillo ejemplo tal vez podamos verlo mejor: en una pareja de novios, si una parte decide interrumpir la relación amorosa durante un tiempo, no puede legítimamente impedir que la otra parte inicie otra relación con una tercera persona. Esto es de perogrullo.

Si en lugar de la basura legislativa que vomitan los parlamentos democráticos en forma de mandatos caprichosos tuviésemos una Ley universal, estable, evolutiva, no creada, descubierta, justa y digna de ser respetada; el empresario que sufre una huelga tendría el derecho a reemplazar, temporal o permanentemente, a los huelguistas. La libertad de interrumpir toda relación laboral debe ser irrestricta por ambas partes. Solo la coacción gubernamental, basada en la falaz teoría marxista de la explotación, puede inclinar la balanza en favor de los sindicatos mediante el establecimiento de una legislación laboral arbitraria y antijurídica.