Contra el Estado autonómico

Es un principio de la ciencia política que un gobierno, ceteris paribus, mejora cuando se descentraliza, o sea, cuando la toma de decisiones está más próxima a los ciudadanos. Desde esta óptica, el proceso de descentralización autonómica española de 1978 supuso un avance teórico en el modelo de Estado. Y digo teórico porque no me cabe la menor duda de que el Estado autonómico, diseñado para dar satisfacción política a vascos y catalanes, ha sido un error histórico monumental. Nadie pensó, en su día, que las autonomías se convertirían en diecisiete Leviatanes que crecerían hasta convertirse en una de las peores cleptocracias conocidas. Cleptocracia es el gobierno de los ladrones. La creación, en 1978, de un cuarto nivel administrativo ha resultado un fiasco en toda regla y un perjuicio neto para los españoles que han visto mermadas su libertad y su renta.

En primer lugar, la reducción de la libertad individual es debida a la facultad legislativa de las regiones. Los diecisiete parlamentos autonómicos (más Ceuta y Melilla), con 1.218 diputados autonómicos -por desgracia, gente trabajadora- no cesan de vomitar basura legislativa. Se legisla de forma sectaria, arbitraria y a golpe de ocurrencia o capricho. Una desgracia. El deterioro de la Ley (en mayúscula) ha sido brutal. La consecuencia de tanta intervención y regulación es que los ciudadanos, para poder alcanzar sus fines, se acostumbran a incumplir la ley o a buscar subterfugios, trampas o favores de los políticos y funcionarios. Otra grave consecuencia es la parálisis económica. No hay desarrollo porque el coste derivado de la regulación es muy alto. Además, la legislación (al contrario que la Ley) no es estable y provoca inseguridad jurídica, algo que ahuyenta a los inversores. Más leyes y normas significa, en realidad, mayor dependencia de quien otorga las licencias y permisos. Ya lo decía Tácito: "Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".   

En segundo lugar, el crecimiento de las autonomías ha ido mermando poco a poco, hasta dejar exangüe, el bolsillo del contribuyente. Según Javier Sevillano, entre 1987 y 2013, las autonomías multiplicaron por 4,35 sus funcionarios, pasando de 363.900 a 1.585.500. Pero además, los funcionarios autonómicos son, de media, más onerosos que los de la Administración General del Estado. 

Echando la vista atrás, en lugar de crear autonomías, hubiera sido preferible descentralizar el Estado hacia las provincias, islas y municipios, manteniendo los tres niveles administrativos. Por ejemplo, Suiza es un país altamente descentralizado en lo político (especialmente a nivel municipal) pero los suizos solo deben sufragar tres niveles gubernamentales (federal, cantonal y comunal) frente a los cinco (europeo, central, autonómico, provincial-insular y municipal) de los españoles. A mayor lastre político y funcionarial, menor producción económica y menor nivel de vida.

Por último, el tercer gran problema de las autonomías ha sido su vocación centralizadora. Los gobernantes autonómicos, con su política de "café para todos", han sembrado la discordia entre las diputaciones, cabildos y ayuntamientos. En Canarias, donde cada isla tiene problemas singulares, la egolatría de los nacionalistas ha beneficiado a los habitantes de unas islas a expensas del resto. La tan absurda como innecesaria ley de Obligaciones de Servicio Público no sólo ha impedido la entrada de Ryan Air en el mercado interinsular, además ha supuesto sotto voce el monopolio de la aerolínea Binter Canarias. El resultado está a la vista: tarifas escandalosas que empobrecen a los consumidores y que perjudica, en mayor medida, la economía de las islas menores. Otro ejemplo, la moratoria turística, fruto del nuevo nacional ecologismo que practica Coalición Canaria, sigue perjudicando a los propietarios de tierras, inversores, empresarios, trabajadores y consumidores. La moratoria perjudica a todas las islas pero, relativamente, a unas más que otras, por ello, no es de extrañar que en Gran Canaria surjan voces proponiendo el abandono de la Autonomía. El archipiélago podría seguir desarrollándose si no fuera por el corsé económico que supone el intervencionismo. Pero vayamos aún más lejos. Imaginemos siete islas compitiendo entre sí por atraer residentes, inversores y turistas, y no lo que tenemos ahora: un "solo pueblo" económicamente deprimido, cuyo gobierno festeja la salida de la multinacional Repsol y promueve la autarquía económica.