Sobre la renovación de la planta hotelera en Canarias

Escucho con frecuencia en la radio a políticos, periodistas y tertulianos varios hablando sobre qué estrategias son más convenientes para el turismo en Canarias y no puedo sentir otra cosa que una mezcla de tristeza y cólera frente a tanto desatino. No es que yo tenga la solución para que los hoteles se llenen de turistas, ni mucho menos, el problema es que ellos: jerarcas de la política canaria, indigentes intelectuales que jamás han abierto un libro de economía, esos que nunca han pisado la empresa privada, ni llevado un negocio propio y mucho menos dirigido un hotel, pretenden saber mejor que nadie qué conviene a empresarios y turistas. Es difícil encontrar, a la vez, tanta arrogancia e idiocia.

Los empresarios no son infalibles, ni mucho menos, pero si alguien está capacitado y avalado por la experiencia para tomar las mejores decisiones empresariales son ellos. Los políticos deberían de abstenerse de intervenir en la economía y, en este caso, en el turismo. En primer lugar, los hoteles y los terrenos para construir nuevas instalaciones son propiedad privada y, a nadie, excepto a sus propietarios, corresponde decidir sobre ellos. Impedir la construcción de nuevos hoteles y subsidiar la rehabilitación de los viejos es un acto arbitrario e ilegítimo que viola los derechos de propiedad. En el primer caso, se viola la libre disposición de un terreno particular y en el segundo, se beneficia al hotelero subsidiado a expensas del dinero expropiado a los ciudadanos.

Además, en ambos casos, siempre existe la posibilidad de que políticos y funcionarios prevariquen favoreciendo a sus amigos o exijan mordidas a cambio de favores. Recordemos que intervencionismo y corrupción política van siempre de la mano. Por este motivo, entre otros, a los políticos les encanta intervenir y "reparar" las imperfecciones del mercado. Lo que siempre sucede es que la "mano invisible" del mercado se sustituye por la "patada visible" del Gobierno.

Otra intervención perniciosa sería forzar a las entidades bancarias a otorgar créditos preferentes para la rehabilitación de la planta hotelera, es decir, a un interés inferior al que fijara libremente el mercado financiero; o presentar avales públicos en favor de los hoteleros que pidan créditos. De este modo, el mayor riesgo crediticio se traslada artificialmente a los bancos o a los contribuyentes, según cada caso.  

No parece, por tanto, extraño que el lobby hotelero (ASHOTEL) se frote las manos y pida "mayor dotación económica para la renovación de la planta hotelera".

Los políticos, no entienden -o no quieren entender- cómo funciona el mercado. No admiten que los turistas, tal vez, prefieran alojarse en hoteles viejos a cambio de un precio menor. Tampoco entienden que los empresarios, que arriesgan su dinero, opten por agotar la propiedad y no invertir si no vislumbran suficientes ganancias futuras. No existe diferencia conceptual alguna entre agotar la vida útil de un hotel y la de otro negocio cualquiera, ¿por qué empeñarse en rehabilitar los hoteles y no los bares, taxis u hospitales? Si alguien decide no pintar su casa o mantener en uso un coche viejo ¿qué problema hay? Subsidiar la renovación de un edificio es igual de nocivo que el plan PIVE: se beneficia a las industrias hotelera y automovilística, respectivamente, a expensas del contribuyente.

Querer diseñar, mediante la coacción legislativa, un "modelo turístico" arbitrario interfiriendo los deseos del mercado es una ensoñación propia de ilusos que sólo perjudica a empresarios, turistas y contribuyentes. Una gran virtud del liberalismo es precisamente tener la humildad de reconocer que la información necesaria para tomar buenas decisiones económicas está dispersa en el mercado y nunca en la mente de unos cuantos políticos iluminados.

El robo del I.B.I.

El pasado mes de junio recibí el cargo correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) conocido popularmente como la "contribución". El pago era referido a un piso de 109 m2 en la ciudad de Santa Cruz de La Palma (Canarias). Entre los años 2004 y 2008, el incremento del IBI fue similar al aumento del coste de la vida (IPC) pero desde que entramos en esta crisis los ayuntamientos han aplicado, cada año, subidas realmente confiscatorias y abusivas. En mi caso, pagué 156€ en 2008 y 342€ en 2013; es decir, más del doble en cinco años. O sea, mientras el IPC ha subido 5,5% (datos INE, provincia S/C Tenerife) en los últimos cinco años, el IBI de Santa Cruz de La Palma lo ha hecho 118%. ¿Acaso no es esto un atraco?

El IBI se calcula multiplicando el Valor Catastral (V) por el tipo de gravamen (G). El primero lo fija el Catastro (Ministerio de Hacienda) y nada tiene que ver con el valor de mercado del inmueble, sólo se trata de un valor discrecional con fines recaudatorios. El segundo, lo fija discrecionalmente cada Ayuntamiento pero entre un mínimo de 0,4% y un máximo de 1,1%; esta horquilla, a su vez, se fija de forma arbitraria por la Administración. Según esto, si V es bajo, basta con incrementar G lo suficiente para obtener una determinada recaudación, esto hizo el Estado hasta 2008. A partir de 2009, lo que han hecho es aumentar V y mantener G. En concreto, el valor catastral de mi piso era 24.263€ en 2008 y 74.606€ en 2009. El Catastro triplicó el valor del inmueble para poder, durante los próximo 9 años, triplicar también el importe del IBI (cuota tributaria). En los próximos cuatro años, si no le ponemos remedio, tendremos subidas del IBI de 20% anual. Pero no nos dejemos confundir con cálculos arbitrarios, como decía Murray Rothbard, lo importante de un impuesto no es cómo se calcula la cuota ni tampoco si es directo o indirecto, lo relevante es la cantidad finalmente pagada. 

De esta manera, los políticos han actuado como lo que son: vulgares ladrones que anteponen sus necesidades de financiación a las necesidades de individuos y familias que apenas tienen para malvivir. Si no tienen dinero, reduzcan el Estado, quiten funcionarios, vendan sus onerosos inmuebles y coches de lujo, privaticen sus ruinosas empresas públicas, supriman sus vergonzosas dietas, eliminen su "personal de confianza", renuncien al clientelismo político y respeten nuestro dinero, malditos hijos de puta. 

El pasado 2 de agosto me reuní con el alcalde de S/C Palma y la concejal de hacienda para quejarme y decirles que las subidas del IBI eran confiscatorias y que no deberían robarnos tanto en tan poco tiempo, que no era justo expropiar al ciudadano arbitraria, unilateral e ilimitadamente. La concejal de hacienda, cual cobarde, echó la culpa al "Estado" pero no dijo que son los ayuntamientos quienes piden al Catastro la "revisión" del valor catastral de los inmuebles ni tampoco dijo que, pudiendo aplicar un tipo de gravamen de 0,4%, el ayuntamiento aplicó 0,69%. Para no cansarles, les pedí expresamente que me devolvieran el dinero expropiado sin mi consentimiento y ellos, los expropiadores democráticamente elegidos, los "servidores del pueblo", soltaron al unísono una contenida carcajada: ¡qué cosas dice usted!. Finalmente, rellené una instancia para pedirles la devolución de lo robado y recientemente han desestimado mi pretensión. Comete un grave error el político al subestimar la capacidad de lucha de un ciudadano informado y presto a defender sus derechos de propiedad.

Frente al abuso de los gobernantes democráticos ¿qué podemos hacer? al fin y al cabo, ellos creen que la elección popular les ha otorgado un cheque en blanco para vulnerar, a su antojo, nuestra libertad y nuestra propiedad. Hagámosles saber que están equivocados, que no tienen patente de corso. En primer lugar, hay que tomar conciencia de que estamos siendo expoliados. No hace falta entender de fiscalidad, miremos los recibos que nos cobra el banco, hagamos las cuentas domésticas y seamos los primeros defensores de lo nuestro. Recuerden una cosa: al político sólo le interesa el voto y es muy sensible a los estados de opinión. Cuando les pidan su voto ¡no lo regalen coño! exijan la reducción del IBI a los niveles previos a 2009. Sólo es preciso dirigirte a tu alcalde y decirle: ¡tú eres mi empleado, tú trabajas para mí, yo no soy tu esclavo a tiempo parcial y si no me bajas el IBI te voy a despedir en las próximas elecciones!

La visita del Sr. Beteta

Agradezco desde este blog la visita que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas realizó ayer a Tenerife para explicarnos el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El Sr. Beteta pudo decirlo más alto pero no más claro: es preciso eliminar duplicidades en los servicios públicos,  limitar sus funciones y asegurar el equilibrio presupuestario. Lo más importante, tal vez, fue percibir que al menos había un político en la sala pensando que los servicios públicos salen del bolsillo del sufrido contribuyente. Al que paga impuestos yo prefiero llamarlo expropiado porque expresa mejor la naturaleza coactiva del  impuesto. Como no podía ser de otra manera, los políticos locales presentes, que ven amenazada con esta ley su discrecionalidad, expresaron su desacuerdo. 

El Alcalde de la Laguna, Sr. Clavijo,  empleó los términos "desapoderamiento" de los gobernantes locales y "efecto centralista" de la norma. Era patente que el hombre se había leído los papeles y habló con criterio, dando razones. Pero no dijo que aquí, en este país corrupto y enfermo, el único realmente desapoderado es el ciudadano: un paria moderno que sufre el expolio fiscal de cinco administraciones públicas: todas en competencia por ver quién da más a unos ciudadanos, previa expropiación forzosa del dinero de otros ciudadanos. Llevaba razón Beteta cuando dijo que en algunas ciudades había varias bibliotecas, cada una de diferente Administración.

La intervención del presidente de la Fecam, Sr. Curbelo, fue larga y patética. Profirió una retahíla de tópicos, lugares comunes y frases hechas: que si la insularidad y especificidad, que si Canarias es frágil, etc. Ni un sólo argumento que tratara la norma y su contenido. Populismo barato. 

Durante el turno de intervenciones, Ana Oramas se quejaba de que la norma salía sin consenso, que se aplicaría manu militari y -alegaba la diputada- que las leyes debían tener una vocación de permanencia. Su tono no estaba exento de cierta chulería y hasta amenazó veladamente al Secretario con que cada cuatro años había elecciones. Al igual que Curbelo, ni un sólo argumento. Tampoco Oramas parecía recodar que todo lo que hace el Estado, incluidos los gobernantes de su partido, es manu militari, desde la óptica del ciudadano. El Estado es un monopolio territorial de coacción y expropiación. Lo que ocurre es que los caciques locales y regionales no están acostumbrados a soportar el yugo de otro poder del Estado. Y es que la Administración autonómica tal vez sea lo peor que nos haya pasado en los últimos 35 años. 

Para terminar, quisiera felicitar al alcalde de Garachico, Sr. Berto González, porque encontrar un ayuntamiento que paga puntualmente a sus empleados y proveedores, y que tiene saneadas sus cuentas es digno de admiración. Hace ya muchos años que decidí no trabajar, como proveedor, con los Cabildos y Ayuntamientos porque no eran de fiar, no cumplían los contratos; pero me alegro de que existan excepciones. El Alcalde Berto expresaba una objeción lógica: si su ayuntamiento tiene equilibrio presupuestario, aunque tenga menos de 20.000 habitantes, ¿por qué se limitan sus funciones? Y la respuesta es sencilla: el Estado debe limitarse a su función esencial, que no es otra que proporcionar las condiciones de seguridad para asegurar el orden social. El mejor Estado es el Estado mínimo y todo crecimiento de la Administración significa empobrecer al pueblo. La dramática crisis económica que vivimos proviene, entre otras cosas, de la hipertrofia del Estado. Cuando un alcalde abre una guardería pública no es consciente de que, en ese preciso instante, contribuye a aumentar el paro en su municipio, pues emplea la riqueza privada para crear empleo improductivo. La alternativa es recolocar al Estado en su auténtica función: crear las condiciones para que la iniciativa privada abra con facilidad guarderías, clubes deportivos, cementerios, comercios, etc. El Estado no es dueño del dinero de los ciudadanos y  no es posible entregar algo a uno sin quitárselo previamente a otro.

Sobre la discriminación

Hoy es el día Internacional de la mujer y me gustaría reflexionar sobre el uso inadecuado del concepto discriminación. Los hablantes usan generalmente el término «discriminar» en su acepción negativa, como acción injusta realizada intencionalmente por alguien que lesiona derechos de la persona discriminada. Pero discriminar también significa diferenciar, excluir o seleccionar y esto nos interesa para eludir ciertas trampas del lenguaje que consideran toda discriminación como una vulneración de derechos. Paradójicamente, la discriminación abunda y casi siempre es legítima pues constituye en sí misma un derecho: elegir implica rechazar. La discriminación puede ser física o técnica, por ejemplo: un receptor de radio discrimina frecuencias o cuando una máquina agrícola discrimina la fruta en función de su calibre. 

Un segundo tipo de discriminación es la referida a elecciones personales: si elijo el color verde estoy discriminando al resto de la paleta; o sobre las personas: elijo salir con Laura y no con Silvia. En efecto, cada vez que hacemos una elección estamos discriminando y no por ello realizamos una acción injusta porque no violamos un derecho. La discriminación es legítima en dos casos: a) Cuando existen razones objetivas que la justifican, por ejemplo, aquellas personas que sobrepasan una determinada edad o no poseen ciertas condiciones psicofísicas (estatura, peso, vista, agudeza auditiva, control emocional, etc.) pueden ser excluidas del ingreso en ciertas profesiones: militares, policías, bomberos, pilotos aéreos, conductores, etc.; o cuando razones de seguridad aconsejan impedir que los niños, según sea su estatura, accedan a ciertos juegos en los parques de atracciones. Los criterios para discriminar pueden diferir según quien los dicte y ser, hasta cierto punto, discutibles en su naturaleza o alcance. 

Por ejemplo, cuando el Gobierno declara unas drogas como legales (tabaco, alcohol o medicamentos) y otras como ilegales (marihuana, cocaína o heroína) discrimina según criterios de letalidad de cada sustancia, si bien, la OMS afirma que el alcohol es más nocivo que algunas drogas de las denominadas "duras". b) También es legítimo -y esto no es tan evidente- discriminar basándose en los derechos de propiedad del agente discriminador. Trataremos aquí los dos tipos de propiedad existente: interna y externa. La interna es la propiedad más básica, el propio cuerpo; por ejemplo, todos somos libres de aceptar un encuentro sexual con una persona y rechazar a otra sin que ésta última pueda alegar discriminación; igual sucedería con la elección de los amigos. La propiedad externa es la referida a los objetos y seres vivos. Por ejemplo, como propietarios de una casa podemos contratar a una empleada del hogar filipina y rechazar a otras candidatas sin que estas últimas puedan alegar discriminación (en el sentido habitual del término). ¿Por qué? porque las candidatas excluídas nunca tuvieron el derecho a ser contratadas. Sin embargo, a medida que nos alejamos del ámbito doméstico y nos adentramos en otros ámbitos privados -como una empresa, asociación o club- los derechos de propiedad empiezan a ser cuestionados y, de paso, el derecho de discriminación del propietario. 

Un ejemplo de discriminación legítima basada en la propiedad privada es la que observamos en las sociedades gastronómicas del País Vasco donde cada sociedad instituye criterios específicos de admisión de candidatos como los basados en el sexo, la profesión, o la pertenencia a un colectivo; siendo posible además el derecho de veto por parte de los socios. Sin embargo, es habitual que el Estado restrinja la legítima acción discriminatoria de un propietario, o al revés, si decide no discriminar es el Estado quien injustamente discrimina; un buen ejemplo es la prohibición gubernamental de fumar en bares y restaurantes bajo la excusa de ser "lugares públicos" cuando esos lugares stricto sensu son propiedades privadas "abiertas al público". En buena ley, los dueños de bares y restaurantes son los únicos legitimados para decidir si se fuma o no en su propiedad, siendo inadmisible que sean los no propietarios quienes fijen las normas. En Eurovegas todo indica que se podrá fumar porque su dueño, Sheldon Adelson, al contrario que los sumisos y acomplejados empresarios españoles, defiende lo suyo; el orgulloso dueño de las Vegas Sand Corporation tiene muy claro que sus casinos son de su propiedad y que nadie ajeno al negocio tiene el derecho de intervenir en su funcionamiento, ni siquiera un Estado.

Por último, ¿tiene un empleado —sea hombre o mujer— derecho a cobrar lo mismo que otro compañero que ocupa un puesto idéntico? Una regla del derecho laboral dice: "a igual trabajo, igual salario", el empresario paga en función de la productividad (valor subjetivo que otorga a cada trabajador por lo que hace) y no existen dos trabajadores igual de productivos aún haciendo lo mismo. Por tanto,  no es adecuado hablar de discriminación salarial femenina pues el derecho a cobrar lo mismo no es tal, podrá ser legal pero no legítimo. Si el Estado introduce leyes igualitarias y restringe el derecho de todo propietario para discriminar salarialmente, si éste considera (acertada o equivocadamente) que una mujer tiene menor valor económico que un varón, pero es obligado a pagarles lo mismo, terminará contratando varones en lugar de mujeres. Como ya anticipó Frédéric Bastiat, el gobernante cegado por la ideología no ha sido capaz de apreciar el efecto diferido e indeseado de sus políticas igualitarias: al impedir la discriminación parcial (salarial) se acaba produciendo la discriminación total.

Retribuir a las amas de casa

Algunas mentes esclarecidas declaran que es deber de la «sociedad» (en abstracto) retribuir a las amas de casa por su valiosa y dura labor. Admitimos sin ambages la valía y utilidad del trabajo doméstico, pero entendemos que toda retribución debe proceder de los beneficiarios directos del trabajo, es decir, la propia ama de casa y las personas que conviven en el hogar: esposo, hijos, etc. Hacer que la sociedad (para entendernos, los contribuyentes) paguen por lo que no reciben es otra forma más de redistribución colectivista. Esta medida, amén de injusta, originaría todo tipo de distorsiones en la economía; por ejemplo, las mujeres empleadas por cuenta ajena en el servicio doméstico abandonarían su empleo para hacer el mismo trabajo en su propia casa cobrando del Estado y matando dos pájaros de un tiro. Otras mujeres optarían por hacerse amas de casa «profesionales» y ejercer un oficio en la economía sumergida, por ejemplo, trabajando en Internet, obteniendo así dos fuentes de ingresos. Es evidente que las sacrificadas mujeres que optaran por trabajar fuera del hogar o las amas de casa «amateur» subsidiarían a las amas de casa «profesionales» sin dejar por ello de atender las labores domésticas durante su tiempo libre. Tremenda injusticia.

Aquellas parejas con uno de sus miembros cobrando un salario bajo se verían incentivadas para que uno de ellos se convirtiera en profesional del hogar. Las personas solteras probablemente no tendrían derecho a este subsidio, lo cual fomentaría la formación de matrimonios y parejas de conveniencia, práctica ya utilizada para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales.

Si los subsidios son todos una importante fuente de fraude, el salario estatal de las amas de casa sería un coladero de dimensiones colosales; como dice Jorge Valín[1]: «a los burócratas no les importa despilfarrar aquel dinero que no es suyo, y por eso los controles siempre serán ineficientes en la administración». Tampoco tendría el gobierno forma de inspeccionar si las amas de casa son reales o ficticias. Poner en marcha este absurdo salario a las amas de casa es como pretender cobrarle al Estado diez euros cada vez que alguien lave su propio coche o cincuenta euros por confeccionar la propia declaración de la renta.

Imaginemos ahora otro escenario: supongamos que el Estado decidiera no subsidiar a las amas de casa profesionales pero que lo hicieran, a modo de empresario, sus parejas. Inmediatamente los varones pedirían que las mujeres pagaran un canon de alquiler, energía, agua, seguros, etc. para contribuir a los gastos comunes del hogar y, voilà: el Estado ha transformado una economía familiar de trueque, cuyos intercambios están libres de impuestos, en una economía sujeta a fiscalidad y así poder expropiar un poco más a ambos. Divide y vencerás.

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[1] El Gobierno es el problema. Amazon ebook, 2013.

Liberales en la radio

Un programa de radio con ideas liberales:

http://www.ivoox.com/espiritu-critico-16-01-13-audios-mp3_rf_1710754_1.html

El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.