Algunas mentes esclarecidas declaran que es deber de la «sociedad» (en abstracto) retribuir a las amas de casa por su valiosa
y dura labor. Admitimos sin ambages la valía y utilidad del trabajo doméstico, pero entendemos que toda retribución debe proceder de los beneficiarios directos del trabajo, es decir, la propia ama de casa y las personas que conviven en el hogar: esposo, hijos,
etc. Hacer que la sociedad (para entendernos, los contribuyentes) paguen por lo que no
reciben es otra forma más de redistribución colectivista. Esta medida, amén de
injusta, originaría todo tipo de distorsiones en la economía; por ejemplo, las
mujeres empleadas por cuenta ajena en el servicio doméstico abandonarían su
empleo para hacer el mismo trabajo en su propia casa cobrando del Estado y
matando dos pájaros de un tiro. Otras mujeres optarían por hacerse amas de casa «profesionales» y ejercer un oficio en la economía sumergida, por ejemplo, trabajando en Internet, obteniendo así dos fuentes de ingresos. Es evidente que las sacrificadas
mujeres que optaran por trabajar fuera del hogar o las amas de casa «amateur» subsidiarían a las amas de casa «profesionales» sin dejar por ello de atender las
labores domésticas durante su tiempo libre. Tremenda injusticia.
Aquellas parejas con uno de sus miembros cobrando un salario bajo se verían incentivadas para que uno de ellos se convirtiera en profesional del hogar. Las personas solteras probablemente no tendrían derecho a este subsidio, lo cual fomentaría la formación de matrimonios y parejas de conveniencia, práctica ya utilizada para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales.
Si los subsidios son todos una importante fuente de fraude, el salario estatal de las amas de casa sería un coladero de dimensiones colosales; como dice Jorge Valín[1]: «a los burócratas no les importa despilfarrar aquel dinero que no es suyo, y por eso los controles siempre serán ineficientes en la administración». Tampoco tendría el gobierno forma de inspeccionar si las amas de casa son reales o ficticias. Poner en marcha este absurdo salario a las amas de casa es como pretender cobrarle al Estado diez euros cada vez que alguien lave su propio coche o cincuenta euros por confeccionar la propia declaración de la renta.
Imaginemos ahora otro
escenario: supongamos que el Estado decidiera no subsidiar a las amas de casa
profesionales pero que lo hicieran, a modo de empresario, sus parejas.
Inmediatamente los varones pedirían que las mujeres pagaran un canon de
alquiler, energía, agua, seguros, etc. para contribuir a los gastos comunes del
hogar y, voilà: el Estado ha
transformado una economía familiar de trueque, cuyos intercambios están libres
de impuestos, en una economía sujeta a fiscalidad y así poder
expropiar un poco más a ambos. Divide y vencerás.
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