El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.

Filosofía para empresarios: el altruismo

Ayn Rand

Tengo la impresión, o casi la certeza de que a los empresarios les interesa poco o nada la filosofía. Como personas pragmáticas, orientadas a la acción, emplean la mayoría de sus energías en los duros avatares de la vida cotidiana y en sacar adelante sus empresas, que no es poco. Los empresarios piensan lo mismo que decían los romanos: primum vivere, deinde philosophari; o dicho en castizo: primero vivir, después filosofar. Sin embargo, este latinajo puede llevarnos a engaño ya que, como advertía Ayn Rand, fundadora del objetivismo, no es posible vivir sin filosofía. Toda acción humana está íntimamente vinculada al sistema de creencias que se configura durante la vida a través de la experiencia y el conocimiento. Por tanto, tal vez sería más adecuado afirmar que "vivir y filosofar" simultáneamente es lo habitual en todo ser humano. El hecho es que todos, seamos o no conscientes de ello, tenemos un sistema filosófico que nos sirve de guía en la vida y de cuyos efectos no podemos sustraernos. Somos libres de creer cualquier cosa pero no somos libres de evitar la sanción que impone la realidad objetiva. Es decir, una mala filosofía tendrá un precio que será preciso pagar. 

Auguste Comte

Hoy trataremos cómo el altruismo afecta al empresario mermando su libertad de acción y sus derechos de propiedad. El filósofo francés Auguste Comte acuñó en 1851 la palabra "altruisme", cuya raiz latina "alter" significa "otro"; literalmente significa "otro-ismo". El altruismo consiste en "poner a los demás por delante de uno mismo como regla básica de vida" o también (RAE) "diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio". La doctrina cristiana -cuestionable filosóficamente en ciertos aspectos- ha calado de tal manera en el subconsciente que es creencia extendida el deber moral de toda persona de ayudar a quien lo necesite. Y aquí es donde surge la trampa filosófica: la persona con menos recursos exige al Estado que cumpla con su deber altruista: dar a cada uno según sus necesidades; y puesto que el Estado es un ente improductivo, debe expropiar la riqueza a unos ciudadanos para entregársela a otros. Esta es la génesis perversa por la que se justifica la redistribución de la riqueza mediante la expropiación fiscal del Estado.

Hans-Hermann Hoppe

El altruismo, por tanto, se adora en el altar sacrosanto del edificio socialdemócrata donde el Estado se convierte en una organización criminal, como acertadamente ya definió Hoppe: "un monopolio territorial de seguridad, coacción y expropiación". La caridad ya no es voluntaria sino forzosa y este error filosófico ha transformado el derecho en legislación, ha convertido una noble institución milenaria en una maraña burocrática, putrefacta, inconexa, insegura e inestable de normas arbitrarias donde el empresario, entre otros, es objeto de múltiples tropelías.


El altruismo nos conduce a una contradicción: es inmoral negarse ser expropiado pero no lo es recibir la mercancía robada. Unicamente un místico o un demente se sentiría moralmente obligado a entregar su patrimonio al prójimo y mucho menos pondría a los demás por delante de  él mismo. Sin embargo, el Estado legisla continuamente en una orgía redistributiva donde el empresario es saqueado por los cuatro costados. Veamos un ejemplo: un empresario, ¿es culpable de que una persona tenga discapacidad? ¿es acaso responsable de velar por la supervivencia de un discapacitado? ¿tiene obligación de proporcionarle trabajo? Damos por hecho que no existe tal responsabilidad. Sin embargo, las leyes laborales, contaminadas por el altruismo y la envidia, han incorporado la doctrina social de la empresa según la cual es deber del empresario proporcionar empleo a los discapacitados. Es decir, la empresa -pero no otro bien particular- tiene una supuesta "función social" y por eso se admite como legítimo lo anterior.

Existen otros ejemplos de abusos altruistas: los ayuntamientos, en lugar de proveer un servicio de baños públicos, como es su deber, lo traslada a los propietarios de bares cuando lo justo sería, en todo caso, negociar un precio a cambio del servicio. Claro que es más fácil y barato seguir coaccionando al empresario a golpe de reglamento.

Como conclusión, parece relevante filosofar sobre la empresa, su naturaleza privada y sobre los derechos de propiedad. Mientras los empresarios admitan un supuesto deber altruista serán tratados como animales de sacrificio. Mientras persistan en este error filosófico, el expolio y la vulneración de derechos no cesará. Las consecuencias están a la vista. No se genera empleo, entre otras causas, porque faltan incentivos racionales a quienes deben crearlo. Nadie moralmente sano, inteligente y juicioso estará dispuesto a trabajar duro y arriesgar su patrimonio para tener éxito y luego ser ordeñado, sancionado y vilipendiado por un sistema político -la socialdemocracia- que ha decidido alimentar a un ejército de parásitos.

Eurovegas: por qué los empresarios necesitan filosofía

La polémica existente sobre el caso Eurovegas así como las posturas enfrentadas entre sus partidarios y detractores nos conduce a una inevitable reflexión filosófica sobre el origen de la disputa: los diferentes conceptos que se tienen sobre la propiedad privada.

Toda cuestión controvertida habitualmente descansa en un desacuerdo sobre las distintas jerarquías que adquieren los valores. Por ejemplo, en EEUU prevalece la inviolabilidad del domicilio sobre la integridad física de un intruso y las leyes amparan al ciudadano que dispara con su pistola al criminal. En España no es igual: la ley considera la vida del criminal un bien jurídico superior a la propiedad privada de la víctima y por eso España es un chollo para asaltantes, ladrones y criminales en general. 

En el caso Eurovegas también se pone de manifiesto la diferente idea que americanos y españoles tienen de la empresa privada: para unos, es una propiedad que no puede ser violada por nadie, ni siquiera por el Estado; para los segundos, es un ente cuyo funcionamiento puede y debe ser intervenido y controlado por el Estado para equilibrar fuerzas y proteger al trabajador del supuesto abuso del empresario, que es visto y tratado como un presunto delincuente. El resultado de ambas concepciones filosóficas está a la vista: unos empresarios -como Sheldon Adelson- se muestran orgullosos de serlo, y otros -los españoles- han asumido su "pecado original": la culpa de querer ganar dinero, y se esconden como conejos ante las tropelías del político de turno o de los sindicatos. 

El empresario Sheldon Adelson, dueño de Las Vegas Sand Corporation, cree que sus casinos, los suyos, son de su propiedad y que nadie ajeno al negocio tiene el derecho de intervenir en su funcionamiento; sólo las partes interesadas o stakeholders (propiedad, empleados, proveedores y clientes) poseen la facultad de negociar, de forma libre y consentida, los asuntos que le conciernan; por lo anterior, Adelson presume con orgullo randiano que en ninguna de sus empresas rija convenio colectivo alguno. Como explican Braun y Rallo en su libro El liberalismo no es pecado: "los sindicatos son cárteles de trabajadores que pretenden conseguir un salario mayor que el que podrían obtener en un mercado libre".

El socialismo admite como legítima una ecuación éticamente dudosa: A (gobierno) y B (sindicato) deciden lo que C (empresa) hará por D (trabajador). Resulta evidente que el señor Adelson, con buen criterio, no está dispuesto a tomar el ricino filosofal con el que se desayunan a diario sus colegas españoles. 

Las reglas que necesitan las empresas no son distintas de las generales que operan en la economía: derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos. Sin embargo, los políticos, intentan una y otra vez imponer estérilmente, a golpe de ocurrencia, sus propias reglas al Mercado cuando éste solo busca libertad y seguridad jurídica. Es patente que estamos gobernados por imbéciles y analfabetos que sólo miden su rendimiento político contabilizando un sinfín de paridas legislativas. No es una broma, el Gobierno (PP) de Murcia está revisando la Ley Regional de Turismo y el borrador contempla sanciones para las empresas que "no traten bien a sus clientes".

Las posiciones sobre Eurovegas son de tres tipos: a) Los sindicatos y partidos de izquierda han puesto el grito en el cielo desplegando su tradicional arsenal metafórico: vuelta a la esclavitud, agresión a la clase trabajadora, capitalismo salvaje, coacción del gran capital, fomento de la ludopatía y prostitución, agresión medioambiental, y resto de exabruptos. Desde la ideología colectivista, cuyo principal enemigo es la libertad, hay que impedir a toda persona -por su propio bien- trabajar bajo las condiciones particulares de Eurovegas, aunque aquella estuviera conforme; restringiendo de paso el uso de la primera propiedad privada: el propio cuerpo, las habilidades y el trabajo. Al igual que ocurre cuando se fija un salario mínimo, el Estado, sea por ignorancia o por un sesgo ideológico, provoca un desempleo involuntario, y ya estamos en 25,8 %.

b) Los socialistas de derecha, que proliferan cada vez más, con Rajoy como máximo exponente, intentan contemporizar situándose en un terreno intermedio y embarazoso que realmente no convence a nadie, debido a sus contradicciones internas.

c) Por último, en franca minoría, están los favorables al proyecto de Madrid-Eurovegas: la valiente pero ya dimitida Esperanza Aguirre, su sucesor Ignacio González y los escasos liberales que todavía quedan en España.

Lo que no entiendo es una cosa, si las autoridades españolas ceden -como todo parece indicar- ante las demandas de un empresario americano, en el sentido de respetar sus derechos de propiedad, aduciendo que es bueno para la economía de Madrid y de España, y porque se crearán más de 200.000 empleos; ¿no es esto una afrenta a la razón? ¿por qué respetar la propiedad de uno grande y violar la de miles pequeños? El empresario español, como el ser mitológico Atlas, ha sido castigado por el dios Estado a sostener el mundo económico bajo sus hombros sin recibir a cambio más que ultrajes: su propiedad privada intervenida, su libertad de contratar y despedir coartada, su iniciativa obstaculizada por la burocracia y su reputación pisoteada. Cuánta razón tenía Leonard Peikoff cuando afirmaba en un ensayo: "por qué los empresarios necesitan filosofía".

Más Estado, más impuestos

Este artículo es una reflexión crítica sobre los diferentes impuestos que pagamos, su naturaleza, razón de ser y una propuesta de ideas alternativas a los modelos recaudatorios actuales.

Partimos de una premisa básica: el Estado no produce nada; todos los bienes, servicios y ayudas que proporciona deben ser sufragados por los únicos productores: ciudadanos y empresas. Por tanto, en la medida en que el Estado se arroga la provisión de más bienes y servicios también recaudará en igual proporción; y en la medida en que los ciudadanos exijan más del Estado, éste queda tácitamente legitimado para recaudar en proporción a la demanda. Cuanto más pedimos al Estado, más nos detrae el Estado. Esta situación aboca a una lucha permanente de grupos de interés por llevarse la mayor tajada de dinero público. Es la forma en que unos pocos que gritan y patalean exigiendo "derechos" expolian a una mayoría de ciudadanos anónimos.

El hecho contradictorio de exigir cada vez más del Estado y a la vez quejarse de que los impuestos son asfixiantes parece un claro indicador de que muchas personas desconocen la naturaleza improductiva del Estado. Tal vez piensen que el dinero sale, por arte de magia, de una misteriosa cámara acorazada del Banco de España (o del BCE). Por tanto, una primera cuestión que debemos entender es que todo aquello que nos proporciona el Estado debe de salir del bolsillo del contribuyente.

Segundo, el impuesto es un acto coercitivo y se caracteriza por no requerir una contraprestación directa por parte del acreedor tributario (hacienda). Los ciudadanos estamos obligados legalmente a pagar los impuestos por raros, insólitos y abusivos que parezcan. Por ejemplo, nunca he entendido el motivo de pagar IBI cada año, por el mero hecho de poseer una vivienda. Si usted no está de acuerdo con pagar IBI podría vivir de alquiler pero seguramente su casero lo repercutirá en la renta mensual que finalmente pagará usted como inquilino. No hay escapatoria. No es posible no pagar los impuestos, salvo que usted se tire al monte y se convierta en un pobre de solemnidad, o en un free-rider (gorrón social), en cuyo caso recibirá mucho pagando poco. El economista liberal Carlos Rodríguez Braun  nos advierte que los bienes públicos incentivan tanto la sobreexplotación como la elusión de su pago.

La tercera cuestión es que el Estado recauda por unos conceptos o hechos imponibles: renta (IRPF), venta de bienes (IVA), la propiedad de una vivienda (IBI), etc.; para posteriormente gastarlo en otros distintos de forma discrecional o arbitraria. Este sistema no permite ejercer un adecuado control del gasto público. Es decir, ¿podríamos sustituir unos hechos imponibles por otros más adecuados? ¿deberíamos dejar de pagar IBI y sustituirlo por el IPL (Impuesto de Policía Local). Veamos algunas soluciones generales que propongo:

1) Criterio pago-consumo."Quien más consume, más paga", o sea: quien más servicio público consume, más impuestos debería pagar. Por ejemplo, la persona que posee más vehículos contribuye (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o IVTM) más pero no necesariamente consume más "vialidad", lo razonable -creo yo- sería vincular el impuesto a los costes derivados del asfaltado, limpieza, señalización, iluminación, etc.; pero quien consume más vialidad no es quien posee más coches en el garage o el que tiene un coche con mayor cilindrada sino quien circula más por la carretera, por tanto, resultaría más adecuado vincular el IVTM al consumo de combustible y no a la cantidad o categoría del vehículo. Una alternativa sería cobrar una tasa por cada litro de combustible suministrado dentro del término municipal.

2) Reducir las asimetrías. Existen medidas arbitrarias que privilegian a unos ciudadanos en perjuicio de otros. Por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid bonifica el IBI de una vivienda (valor catastral < 120.000 €) ocupada por una familia numerosa especial (más de 4 hijos) con el 90% de reducción de la cuota. Es decir, los propietarios solteros, viudos, parejas sin hijos y familias con menos de 5 hijos deben subsidiar a aquellos que, de forma consciente (o irresponsable) han decidido tener muchos hijos. Alguien diría que hay que fomentar la natalidad, pero: a) no creo que esto sea misión del Estado y b) el privilegio para unos supone el perjuicio de otros. 

3) Adecuación de parámetros impositivos. Consiste en establecer parámetros objetivos que vinculen servicio e impuesto. Por ejemplo, la tasa de basura se paga actualmente en función de dos parámetros: uso (vivienda, almacén, local, oficina, edificio) y valor catastrales; pero ninguno de ellos indica la cantidad de residuos generados. Un piso vacío no genera basura. En un edificio pagan lo mismo la viuda del primero, la pareja joven del segundo y la familia numerosa  del tercero, pero las tres viviendas no generan la misma basura. El ayuntamiento, mediante el padrón municipal, conoce cuantas personas habitan cada inmueble y sería posible gravar no en función del inmueble sino de sus habitantes. Otra fórmula sería cobrar un impuesto por cada bolsa de basura (oficial) adquirida en el comercio o por el volumen del contenedor de basura, como ocurre en Alemania.

En conclusión, la entrega de más servicios públicos por el Estado sólo es posible mediante una mayor presión fiscal y además, aquél no se caracteriza por ser un gestor eficiente. Solamente devolviendo a la sociedad civil la producción de servicios públicos evitaremos una merma en la prosperidad. Los pocos servicios restantes (orden público, justicia) a cargo del Estado deberán ser sufragados con impuestos que tengan una alta correlación servicio-hecho imponible, de tal manera que sea más fácil ejercer el control sobre el gestor público.

¿Por qué la gente no lee filosofía?

La pasado noche participé como moderador en una tertulia liberal para hablar del libro de Hayek, Individualismo: el verdadero y el falso. Varios de los asistentes, algunos de ellos miembros del Partido de la Libertad Individual, me comentaban que apenas habían entendido algo y no les faltaba razón: leer filosofía no es tan fácil como leer una novela. Ya en 1739, David Hume en su Tratado de la naturaleza humana afirmaba refiriéndose a sus contemporáneos: "los hombres parecen estar de acuerdo en convertir la lectura en una diversión y rechazan todo aquello que exija para ser comprendido de un grado considerable de atención". 

Leer filosofía no sólo requiere atención sino reflexión acerca de las ideas - tal vez originales- del autor; por otra parte, la habilidad para exponer en un texto y de forma clara conceptos abstractos es rara avis y Hayek se muestra confuso y desordenado en este ensayo sobre el individualismo escrito en 1949. Para mí, la forma más útil de captar y fijar conceptos filosóficos consiste en buscar (mentalmente) ejemplos y analogías de la vida cotidiana. Esto significa leer un párrafo y pararse a meditar; es decir, consiste en una lectura que se cocina a fuego lento. Aún así, no siempre es posible entender todo lo que leemos, ya sea por la falta de habilidad del filósofo o por nuestra falta de costumbre y entendimiento. No pasa nada, no hay que desesperarse, la filosofía es así y el lector debe asumir que no entenderá algunas o muchas partes del texto. El proceso de entendimiento es similar al aprendizaje de una lengua extranjera: vamos mejorando poco a poco a medida que practicamos la comunicación.

La mayoría de las personas prefiere leer novelas porque entiende que el ocio no debe requerir esfuerzo alguno o, en todo caso, sólo un esfuerzo moderado. Sin embargo, al igual que quien practica un deporte emplea su tiempo libre haciendo un esfuerzo físico que rinde sus frutos, leer filosofía es el equivalente al deporte en su faceta mental. Leer filosofía nos permite acceder al pensamiento de otras personas cultas, brillantes y originales que han pensado por sí mismas. Tal vez sea ésta la principal virtud que podemos adquirir: pensar por nosotros mismos.  

El individualista es una persona que acostumbra a pensar por sí mismo, lo cual va unido a una cierta independencia de carácter y autoestima. Otra personas -llamémosles colectivistas- prefieren no pensar demasiado y delegan en otros la facultad humana por excelencia: la racionalidad. 

Tal vez, los excesivos desmanes de la clase política en España se hayan consentido por nuestra pereza mental, por nuestra falta de lectura, por nuestra incomprensión de lo que realmente sucede o por una connivencia con esta pseudodemocracia basada en el clientelismo político: o entender la democracia, no como un ejercicio de convencer al otro mediante argumentos razonados, sino mediante el engaño o la compra de votos. Este, a mi juicio, es un grave error moral y filosófico.  

Anoche, durante la tertulia liberal, tuve la suerte de hacer nuevos amigos que piensan por sí mismos y cuando intercambiamos opiniones y puntos de vista, el enriquecimiento es mutuo y el diálogo se convierte en una actividad altamente enriquecedora y placentera.

Rajoy es socialista

Tras casi ocho meses en el poder, hoy podemos afirmar que tenemos en Mariano Rajoy a un magnífico presidente socialista. Fiel seguidor de su ínclito y predecesor en el cargo, Rajoy ha tomado todas las decisiones de un socialista ejemplar: subir el IRPF y el IVA o bajar el sueldo a los funcionarios y dejarlos sin paga de Navidad. Lo único que faltaría, para darnos la puntilla, sería copiar las medidas anti-rico del francés Hollande y provocar que los buenos y escasos empresarios de éxito abandonen esta enferma y decrépita piel de toro que es España. 

Visto lo visto, se ha revelado el peor escenario posible: la aparición de un gran partido nacional y corrupto denominado PPSOE cuyos dos integrantes simulan oponerse ideológicamente pero que en realidad son cómplices mafiosos de las peores tropelías y canalladas que se pueden cometer contra el pueblo. La principal finalidad del PPSOE es mantener el statu quo existente: una infecta casta política, con sus miles de empresas públicas y varios millones de clientes políticos, que viven parasitando de los cada vez menos españoles que sudan la gota gorda en la economía productiva.  

España necesitaba urgentemente un gobernante audaz que tomara medidas para reducir el Hiperestado y su déficit estructural, lo que pasaba por eliminar el Senado y sus onerosos traductores, adelgazar los 17 reinos de taifa, agrupar miles de pequeños municipios, eliminar subsidios y subvenciones a partidos políticos, sindicatos, iglesias, fundaciones, ONG,s y demás parásitos del presupuesto; entre otras cosas.

La importante crisis económica y política que vive España tiene sus orígenes en la Constitución de 1978, cuya redacción revela importantes errores filosóficos, como la confusión entre los conceptos de derecho y necesidad (Art. 35: derecho al trabajo; Art. 47: derecho a la vivienda) o la asunción de la teoría de la imprevisión: el individuo no es suficientemente responsable y es deber del Estado tutelarlo como si de un menor de edad se tratase. El resultado es un Estado asfixiante que merma la libertad del individuo hasta límites feudales.

Otro aspecto, de consecuencias funestas para una sociedad libre, es el desprecio del Estado por la propiedad privada. El ciudadano es sometido a una variada fauna de impuestos y tasas que alcanza casi la mitad de lo que produce (5 de los 12 meses del año se trabaja para el Estado); se le asigna -sin posibilidad de elección- la educación, la sanidad y otros servicios esenciales. De la empresa, ¿qué decir? al empresario se le obliga a cumplir convenios colectivos en los que no ha participado ni está de acuerdo; se le detrae dinero para obligarle a dar formación; se le obliga a contratar discapacitados como si el altruismo fuese un deber y no una elección personal; etc. El dueño de Eurovegas, Sheldon Adelson, con muy buen criterio; se ha negado a aceptar las leyes laborales y regulaciones liberticidas propias de un sistema socialista.

Por último, frente al panorama desolador que se nos presenta en los próximos años, a los ciudadanos les queda, en mi opinión, cuatro opciones: 1) seguir sumidos en el vasallaje votando al Gran PPSOE, para mayor gloria de la casta política; 2) votar a los nuevos partidos políticos emergentes; 3) emigrar a un país decente y 4) defenderse del Hiperestado mediante la lucha de guerrillas: insumisión fiscal, trabajar en la economía sumergida y volver al trueque de productos y servicios; todo lo que haga falta para mitigar el expolio al que estamos y seguiremos sometidos.

La tarjeta alimentaria

Al igual que la sociedad del bienestar preconiza el acceso a la sanidad universal y gratuita, uno de los grandes logros del Estado colectivista y de la socialdemocracia; propongo a nuestros políticos populistas del PPSOE y nacionalistas centrípetos de los reinos de Taifa, la creación de la tarjeta alimentaria. 

A cambio de una notable -pero justificada- subida en los impuestos directos e indirectos, todos los ciudadanos independientemente de su nivel económico y social tendrían acceso a la alimentación universal y gratuita, dando así cumplida cuenta del art. 15 de la Constitución española, que formula el derecho a la vida.

Al igual que la tarjeta sanitaria nos permite ir al médico cuantas veces necesitemos o deseemos y obtener medicamentos gratis o a un precio subvencionado; la tarjeta alimentaria nos permitirá obtener alimentos, bebidas, artículos de limpieza para el hogar, etc. y todo de manera gratuita y sin discriminación alguna por razón de sexo, edad, religión, raza o nacionalidad. Hagamos que sea posible, de una vez por todas, la tan ansiada aspiración de igualdad y bienestar colectivos. Basta ya de estrecheces a final de mes. Es posible disponer, mediante la solidaridad fiscal, de un Sistema Universal y Gratuito que cubra la primera necesidad humana: La alimentación. 

Para evitar abusos por parte de algunos ciudadanos desaprensivos, el primer paso será la creación del Ministerio de Alimentación Social, con sede en Madrid y delegaciones en todas las provincias y ayuntamientos de España. Su misión será inicialmente organizar el sistema de distribución  comercial de tal forma que se ponga coto al excesivo ánimo de lucro que actualmente impera en el sistema capitalista. A cada ciudadano, en función de su residencia -como ya sucede en la enseñanza pública- se le asignará un supermercado donde podrá acudir con su tarjeta alimentaria y adquirir, sin limitación alguna, los alimentos que necesite para vivir dignamente; tal y como consagra nuestra Carta Magna y la Declaración Universal de Derechos del Hombre. El Ministerio de Alimentación Social reembolsará periódicamente a los supermercados y distribuidores, tal y como viene ocurriendo en el sistema farmacéutico, los importes correspondientes a los abastecimientos realmente efectuados. 

Para el adecuado uso de los fondos públicos, queda terminantemente prohibido:

1. Acudir a los supermercados sin necesidad alimentaria real; es decir, se prohibe ir a comprar sólo porque alguien esté aburrido en su casa.

2. Consumir más alimentos de los estrictamente necesarios para estar razonablemente bien alimentados. 

3. Acumular alimentos y artículos en los domicilios particulares puesto que inevitablemente caducarán. 

4. Extraer alimentos para enviarlos a familiares y amigos en terceros países o ser revendidos a las mafias.

5. Regalar o revender alimentos a turistas y no integrantes del Sistema de Alimentación Social (SAS).

6. Alimentar al ganado o mascotas con alimentos destinados al consumo humano.

7. Empadronarse fraudulentamente en otro domicilio con objeto de acudir a un supermercado mejor o preferido.

8. El tabaco y las bebidas alcohólicas, excepto cerveza y vino, quedan fuera del SAS.

9. Oportunamente se publicará un Reglamento donde se detallarán los procedimientos y los sistemas de control, supervisión y sancionador.

Con este iniciativa progresista, España será líder mundial de la sociedad de bienestar, alcanzando el noble anhelo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria donde todos podamos comer lo mismo sin distinción alguna. El sistema de seguridad social, por tanto, no se circunscribirá a la educación, desempleo, pensiones y salud; sino que haremos una extensión de derechos hacia aquello que todavía es más perentorio: una alimentación universal y gratuita. 

El bienestar del Estado

He llegado a la triste conclusión de que la única forma de regenerar esta nación enferma que se llama España es derrumbar el actual sistema político que nos ha conducido a esta situación. La crisis económica no es sino un efecto más -eso sí, importante- de una crisis política, social y moral que intentaré resumir: 

1. El Estado ha invadido, con la anuencia de empresas y ciudadanos, los derechos de propiedad bajo la excusa de un supuesto deber moral acuñado y repetido -cual mantra- con metáforas y lemas de todo tipo: "Contrato social", "solidaridad", "bien común, "sociedad igualitaria", "protección social", "derechos del ciudadano", "sanidad y educación universal y gratuita", etc. Esta invasión se produce mediante: a) Impuestos, y b) Regulaciones absurdas o innecesarias que obstaculizan el libre comercio y la competitividad.

2. Esta filosofía, cuya inmoralidad aquí denuncio, ha legitimado al Estado como redistribuidor arbitrario de la riqueza obtenida por empresas e individuos. Puesto que el Estado no produce nada per se, es preciso imponer numerosos y variados impuestos. Recordemos que todo impuesto es coercitivo y que el ciudadano no tiene opción alguna ni es libre de oponerse a él. 

3. Una vez recaudados los impuestos, el Estado nos hace creer que vela por nuestro bienestar entregándonos toda clase de servicios "gratis": Sanidad, educación, infraestructuras, pensiones, etc. Para entendernos, es como si a usted le roban, a punta de pistola, 2€ y luego el ladrón le invita a un café que vale 1€. ¡Qué ladrón tan generoso!

4. Los políticos son los que deciden cuánto dinero hay que quitar, a quién hay que quitárselo y cómo se va a redistribuir posteriormente. Cuanto más dinero redistribuye un político, mayor es su poder. Por eso al político le interesa que el Estado realice muchas funciones y así justificar la elevada recaudación. Todo, siempre, "por nuestro propio bien" o por el "bien común". 

5.  Realmente, el Estado usa nuestro dinero en este orden: a) Su propio bienestar: Políticos, funcionarios, empresas públicas, clientes políticos. b) Grupos de presión: Bancos, sindicatos, religiones, ONG. y c) Gasto social: Sanidad, educación, justicia, seguridad; e infraestructuras.

6. Para que todo lo anterior sea posible, necesitamos un cooperador necesario o "animal de sacrificio": El contribuyente. Sin empresas e individuos que paguen impuestos no es posible lo anterior. Ningún político de ningún partido, hasta la fecha, ha considerado oportuno desmontar este "business" que podemos también llamar el timo del "Estado del bienestar".

7. Este sistema colectivista se basa en algunas falacias y es generador de patologías sociales: 

a) La solidaridad es exigible, mediante coacción, a través de la Ley y el Estado democrático. La "mayoría" así lo ha decidido. Por tanto, el robo con un fin "social" es legítimo.

b) La sociedad ha considerado la riqueza pecaminosa y al empresario como un vulgar explotador. 

c) Se han confundido derechos con necesidades (trabajo, vivienda, sanidad). 

d) Holgazanería social: Todos queremos que nos mantenga otro.

e) Pensamiento grupal: Falsa ilusión de que el Estado es garante de nuestra seguridad y bienestar.

f) El Estado nos ha hecho creer una gran mentira: "Existen cosas gratis".

El actual sistema de corrupción política nos conduce a la miseria moral y económica propia de los sistemas socialistas y colectivistas donde el esfuerzo, mérito, creatividad e iniciativa del individuo quedan penalizados y ahogados; la responsabilidad individual diluida y la pereza, recompensada. El "Bienestar del Estado" funciona siempre en detrimento del bienestar del individuo.

Las pocas medidas adecuadas que hasta ahora ha tomado el Estado español para reconducir la situación (supresión del impuesto cameral, cierre de algunas empresas públicas y poco más) no han llegado de una reflexión filosófica o política que ponga al descubierto la perversión del sistema o de un propósito de enmienda; sino por la necesidad y la falta de ingresos de las Haciendas. Por tanto, mientras no existan opciones políticas creíbles que propongan cambios sustanciales, me parece que el único arreglo es derrumbar el actual sistema mediante una lucha de guerrillas. Es preciso no dar de comer al Estado y privarle, en la medida de nuestras posibilidades, de sus fuentes de ingresos. Esto significa ahorrar, consumir poco, volver al trueque o trabajar todo lo posible en la economía sumergida. Al igual que la estrategia de tierra quemada, por dura que sea, priva de recursos propios al enemigo; el fraude y la insumisión fiscal también son necesarios para reducir el saqueo de la casta política que nos gobierna.

Alcaldes irresponsables

Antes de que el actual Gobierno declarase su plan contra la morosidad de las Administraciones Públicas ya era vox populi -aunque el gobierno anterior hiciera mutis por el foro- que los Ayuntamientos no eran buenos pagadores. Los autónomos y PYMES más solventes, los que podían elegir clientes, han procurado evitarlos de la misma forma que los médicos más reputados evitan trabajar con los seguros médicos. 

Durante este crisis, algunos proveedores insensatos siguieron creyendo en el engañoso paradigma: "La Administración paga tarde, pero paga". El resultado está a la vista: miles de autónomos y empresas arruinados por los mismos que organizan cursillos y jornadas para fomentar el "espíritu emprendedor". ¡Serán cínicos!. Mientras observemos tamaña contradicción escasearán los emprendedores en España. Mientras los alcaldes, culposa o dolosamente, se dediquen a robar (no pagar) a sus proveedores; solamente los tontos o los desesperados querrán hacer negocios con ellos porque sencillamente no son de fiar. Yo les recomendaría cobrar por adelantado y si no aceptan, que se vayan al carajo; siempre es preferible que hundan a un competidor incauto. Hay que considerar que, puestos a cobrar, siempre serán primero los paniaguados del clientelismo municipal y las empresas de familiares y amigos. La buena gestión siempre debe comenzar por uno mismo.

Muchos alcaldes, ya sea por desvergüenza o por incapacidad profesional, han administrado mal los recursos públicos y de paso han alimentado, como nadie, las cifras de parados en España. La democracia no garantiza que los ediles sean honrados, responsables o competentes en sus funciones. Tampoco nuestro sistema judicial o administrativo ha sabido exigir responsabilidades ante una mala gestión y ahora viene el Gobierno con un plan de rescate para salvar el culo a una panda de ineptos y oportunistas que han llegado a la política municipal para hacer fortuna, como el que iba a "hacer las Indias".

Los políticos son proclives al abuso de poder y por eso es necesario cambiar el funcionamiento de las administraciones locales y delimitar la responsabilidad civil y penal de los gobernantes. Una primera propuesta sería eliminar la autonomía para fijarse ellos mismos sus sueldos escandalosos. La  segunda, disolver las corporaciones que incurran en mala gestión y crear gestoras municipales, como ya ocurrió en Marbella. La tercera, agrupar municipios para reducir políticos y funcionarios. Cuantos menos, mejor.

La cuarta, demoler todo el entramado clientelar de empresas públicas que han servido para crear una administración paralela y cometer la mayor injusticia social: quitar el dinero, mediante impuestos, a quienes lo han producido para regalárselo a quienes no lo han ganado ni merecido. La quinta, obligar a que los ayuntamientos paguen lo que deben como todo hijo de vecino: que vendan sus empresas públicas que sólo sirven para sus trapicheos indecentes, que vendan parte de su ostentoso patrimonio inmobiliario, que vendan sus coches de lujo y que paguen hasta el último céntimo que deben, y con intereses de demora. Ahora llega de nuevo papá Estado a poner orden como si los alcaldes fueran menores de edad o irresponsables por su gestión. Es insoportable ver cómo la casta política se protege mutuamente. Hasta que no hagamos como Islandia y los metamos en el trullo no espabilarán.

Asociación versus Grupo en Facebook

Hace dos años que soy socio y tesorero de una asociación de antiguos alumnos. La finalidad principal de la asociación es mantener y estrechar lazos de unión y amistad entre aquellos que hemos estudiado y sufrido las vicisitudes propias de la vida escolar. Básicamente nos reunimos una vez al año para celebrar la asamblea anual y comer juntos; y poco más que no viene al caso citar.

Durante este tiempo he podido apreciar los costes que supone en España crear y mantener una asociación por humilde que sea. Mi propuesta en este artículo es disuadir a cualquiera que pretenda crear una asociación y soslayar la pesada y desmesurada carga que supone la regulación del Estado. En su lugar, yo les propongo que creen un grupo en Facebook u otra alternativa similar (MeetUp Group) aprovechando las enormes ventajas que proporciona Internet. Dicho de forma metafórica: Internet es el futuro y el Estado es el "Parque Jurásico". Tomen buena nota de mi consejo:

1º. Los costes y quebraderos de cabeza que supone tener una asociación proceden -como bien saben las empresas en España- del perverso concepto de "regulación". El Estado, a nivel central y autonómico, en este caso; te dice qué, cómo, cuándo y dónde tienes que hacer las cosas. Una asociación necesita estatutos, registros, órganos de gobierno, asambleas, libros, actas, cuentas, bancos, habilitaciones, y un largo etcétera de trámites absurdos pero necesarios para joder al prójimo y mantener -de paso- a un ejército de burócratas. Y todo lo anterior es necesario para que usted se pueda reunir con sus vecinos o amigos de vez en cuando. Y ahí no queda la cosa, la asociación, por ejemplo, necesita tener un registro de sus socios y cumplir la Ley de Protección de Datos. En resumen, el coste de la regulación incluye trabajo, tiempo, dinero y responsabilidades innecesarias. 

2º. Si lo que usted quiere es relacionarse, compartir cosas o reunirse de vez en cuando con sus vecinos, amigos o personas afines; no se complique la vida y soslaye el lastre que supone el Estado: Organice un "Grupo de amigos" en Internet y dedíquese a disfrutar y no a trabajar. Hace tan sólo 15 días creamos un grupo de antiguos alumnos en Facebook y hemos podido localizar a antiguos compañeros, compartir fotos y comentar recuerdos entrañables; y todo eso a un coste despreciable.

Para finalizar, no quiero ejercer de "pitoniso" pero intuyo -y deseo- que Internet y las nuevas tecnologías se erijan como una nueva institución que vaya reemplazando las funciones de este caduco, oneroso y rancio Estado de las autonomías: una burocracia rampante que asfixia al ciudadano en una tupida y estúpida maraña legal.