Gestión de crisis de la Covid-19: lecciones aprendidas

La gestión de la pandemia por Covid-19 ha suscitado numerosas críticas: analistas —médicos, economistas, sociólogos, juristas, geoestrategas, filósofos, etc.—, desde sus respectivas disciplinas, intentan extraer aprendizajes de esta terrible crisis. Hoy vamos a tratar de identificar algunas lecciones aprendidas en el campo de la economía y la función empresarial.

1. Sobre el ahorro

Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando llega una crisis, muchos lamentan no haber ahorrado lo suficiente. ¿Por qué hoy no se ahorra o se ahorra menos que antes? La red asistencial –sanidad, educación, desempleo, pensiones, vivienda, subsidios, becas, etc.– que ha tejido el Estado reduce los incentivos al ahorro convirtiendo al individuo en un ser económicamente irresponsable e imprevisor. Los falsos derechos –sanidad, educación, trabajo, vivienda–, creados ex novo en la legislación, han sido asumidos por la población en la creencia que el Estado puede y debe garantizarlos. Sin embargo, cada crisis nos demuestra lo frágil e ilusoria que es la seguridad de papá Estado. Nuestra recomendación es: a) constituir un fondo de reserva (mínimo) equivalente a 3 salarios mensuales. b) sólo endeudarse para la hipoteca, nunca para gasto corriente –coche, vacaciones, muebles–. Supongamos una persona que obtiene su primer empleo y necesita un coche para trabajar, lo más sensato es comprar uno barato (segunda mano) y ahorrar para constituir su fondo de reserva, posteriormente seguir ahorrando para adquirir un vehículo nuevo.

Lección aprendida: ahorra primero y gasta después.

2. Deuda pública

Aunque no podemos equiparar la deuda privada con la pública, la imprevisión de las familias también se observa en el Gobierno. Tras la crisis de 2008, la deuda pública española se situó en el 100% del PIB y el Gobierno pudo haberla reducido aprovechando los últimos años de bonanza económica (2016-2020), tal y como hicieron Alemania y Holanda. Ahora que vienen mal dadas, nuestro Gobierno (y el italiano) no tiene margen para aumentar su deuda y suplica «mutualizar» una nueva emisión de «coronabonos». Lo que Sánchez pretende es que los contribuyentes del norte de Europa paguen la irresponsabilidad del Estado español.

Lección aprendida: la deuda pública debe reducirse en tiempos de bonanza económica para tener mayor capacidad de endeudamiento en tiempos de crisis.[1]

3. Plan de choque por 200.000 meuros

El 17 de marzo, el Gobierno aprobó un paquete de medidas económicas por valor de 200.000 meuros, entre fondos públicos (117.000 meuros) y privados (83.000 meuros); siendo la partida más cuantiosa la de avales (100.000 meuros). Pero como advierte Daniel Lacalle, el problema de las empresas que han cesado su actividad no es de crédito, sino de ausencia de ingresos. Si la empresa no factura y no sabe cuándo recuperará su actividad, el crédito o las moratorias de pago –hipotecarias, fiscales– no son de gran ayuda. Lo que necesita una empresa que no produce (y que confía reanudar la actividad) es reducir urgentemente los costes fijos: salarios, cotizaciones S.S., impuestos, alquileres, seguros, mantenimiento, etc.; tal y como hace la industria hotelera en los periodos de inactividad. Por tanto, lo mejor que podría hacer el Gobierno, en lugar de burocratizar las ayudas, es una exención temporal del pago de cotizaciones e impuestos.

Suspender temporalmente la producción es una cuestión organizativa, pero las empresas se han visto sorprendidas por una serie de decretos improvisados (de un día para otro), confusos y arbitrarios.

Por otro lado, algunas entidades bancarias exigen una serie de requisitos –documentación, seguro de vida (de la propia entidad)– que encarecen los créditos ICO, haciendo las operaciones inasumibles para muchos autónomos y PYMES. Este plan del choque del Gobierno no evitará la destrucción de una parte considerable del tejido productivo del país.

Lección aprendida: no cerrar la economía y permitir que la producción se adapte a las exigencias de la pandemia. Las ayudas no deben estar burocratizadas.

4. Más intervencionismo

La pandemia de la covid-19, parafraseando a Randolph Bourne, es «la salud del Estado». Durante el estado de alarma, el Gobierno tiene poderes excepcionales y los ejerce de forma ostensible interviniendo en la economía o, peor aún, reemplazando al mercado por un sistema de planificación centralizada. Veamos algunos errores cometidos.

Daniel Lacalle

a) Prohibición de «cortos» en la bolsa

Como afirma Daniel Lacalle (2013: 69%): «Cuando las bolsas se desploman, los Gobiernos, acostumbrados a pensar que todo debe subir siempre y que ninguna caída es justificada, consideran necesaria una intervención. Y lo primero que suelen hacer es culpar a las posiciones cortas». Quien prohíbe los «cortos» ignora que, frecuentemente, los inversores los usan para financiar posiciones «largas», algo llamado inversión «largo-corto». Las posiciones «cortas» reducen el riesgo de las «largas». Por tanto, si el Gobierno prohíbe las primeras, también reduce las segundas. Las posiciones cortas generan tres beneficios: 1. Incrementan la liquidez de los valores. 2. Dan la oportunidad a las empresas para reaccionar ante noticias o eventos que pudieran reducir el precio de la acción. 3. El prestamista de la acción recibe un interés y mejora su liquidez. (Lacalle, 2013: 68%). Una explicación más prolija se encuentra en mi análisis «La crisis del coronavirus y la prohibición de cortos».[2]

Lección aprendida: la prohibición de cortos es innecesaria porque no evita que la bolsa caiga, además es detrimental porque reduce los volúmenes de contratación y aumenta la volatilidad.

b) Requisa, monopolio y control de precios

La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la escasez de específicos productos –respiradores, test, mascarillas, equipos de protección, geles, alcohol– y servicios –hospitalización, cuidados intensivos, fumigación– de primera necesidad. La intervención del Gobierno ha producido una triple contracción de la oferta, cuyas causas son: a) requisa de bienes en los almacenes interiores y aduanas; por ejemplo, los pedidos por Internet (Amazon) son retenidos; b) monopolio: prohibición del libre comercio de bienes y servicios sanitarios (test) afectados por la covid-19; c) fijación de precios máximos de las mascarillas (0,96€). Como resultado, las empresas españolas pararán la producción o, en su caso, la colocarán en terceros países. Los importadores –mayoristas, minoristas e individuos–dejarán de hacer pedidos. Interferido el mercado, la escasez se agudiza y los consumidores se lanzan a fabricar aquello que está a su alcance: mascarillas de tela, protectores faciales de acetato e incluso respiradores de circunstancia.[3] Los sectores intervenidos transitan desde el capitalismo hacia el socialismo. Aparecen la economía de subsistencia, el consumo de capital y la reducción en la división del trabajo; fenómenos todos previstos por la teoría económica del intervencionismo (Rothbard, 2013).

La asignación del stock fruto de la requisa ya no obedece a las leyes de la cataláctica (intercambios de mercado), sino a la discrecionalidad de la autoridad y al favor de políticos y funcionarios. El material requisado es del todo insuficiente para satisfacer la demanda de los hospitales. A las residencias privadas de ancianos y al conjunto de la población no llega absolutamente nada, y lo poco que algunas empresas consiguen por su cuenta es inmediatamente requisado, tal ha sido el caso de Siemens Gamesa, que disponía para sus empleados 2.000 test de detección del coronavirus.[4]

Lección aprendida: evitar la requisa, no intervenir empresas y dejar fluctuar libremente los precios para que se incremente la oferta de bienes escasos.

c) Confinamiento y cierre de la economía

Ante los errores de cálculo del Gobierno sobre los efectos de la Covid-19, la ausencia de planes de contingencia y la letalidad de la pandemia, la autoridad ha optado por soluciones drásticas: confinamiento masivo de la población y el cierre forzoso de la economía. Dos graves errores. Por un lado, un confinamiento voluntario hubiera conseguido un resultado similar en términos de contención de la pandemia, al fin y al cabo, los individuos son los más interesados en preservar su propia salud. Además, nos habríamos ahorrado más de medio millón de multas[5] abusivas que han venido a empeorar la situación económica de muchas personas. Por otro lado, hubiera sido preferible dejar funcionar a todas las empresas, pero exigiendo medidas preventivas del contagio.

Es preciso conjugar seguridad y libertad, en lugar de pretender la primera a expensas de la segunda. Dice Adela Cortina (2015: 8): «El dilema seguridad versus libertad es falso. Tratar de compaginar una y otra sin renunciar a ninguna de ellas es un problema, no un dilema». España, por desgracia, viene avalando nuestra tesis: es líder en violación de libertad y líder en mortalidad (por millón de habitantes).

«La salud está antes que la economía» es otra falacia similar, en efecto, los países orientales –Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong– han obtenido los menores índices de contagio sin haber cerrado sus economías. La clave del éxito ha sido su anticipación: acopio de medios, test masivos –aleatorios y selectivos–, confinamiento de las personas contagiadas y libertad de acción para el resto (adoptando las medidas sanitarias). De esta forma, estos países han cosechado tenido un triple éxito: a) controlar la pandemia; b) preservar las libertades; y c) mantener abiertas sus economías.

Por último, la precipitación con que ha actuado el Gobierno español ha sorprendido a las empresas sin darles tiempo a evaluar la situación, tomar decisiones y organizarse internamente. Como suele decirse: «Cuando la cabeza va mal los pies van peor».

Lección aprendida: la respuesta debe ser proactiva, flexible, gradual y adaptada a las diversas situaciones de individuos y territorios.

d) Centralización económica

Cuando hay una emergencia nacional lo primero que hace el Gobierno es centralizar determinados abastecimientos y servicios que considera básicos para la población. Veremos el grave error que supone esta medida.

La sociedad, en general, y el mercado, en particular, son órdenes sumamente complejos donde millones de personas actúan buscando sus propios fines, empleando diversos medios. Se trata de un sistema social «descentralizado» y por ello puede funcionar armoniosamente.

En España, la sanidad pública está transferida a las CC.AA. Son ellas y los propios hospitales (públicos y privados) quienes realizan todas las gestiones logísticas —personal, compras, mantenimiento, administración económica— para su funcionamiento. De repente, ante la pandemia, el Ministerio de Sanidad, sin capacidad de gestión, ni conocimiento (experiencia) y al mando de un filósofo dice: «Yo me hago cargo». Es como si en mitad de una tormenta, reemplazáramos al capitán del buque por un grumete. El desastre está servido.

El primer problema de la centralización es que la gestión cambia de manos: la «mano invisible» del mercado es reemplazada por la «patada visible» del Gobierno. El segundo, se ralentizan todos los procesos que ahora están bajo un «mando único». Se producen «cuellos de botella» en el sistema que parece haberse militarizado. Múltiples fallos afloran de inmediato: los pagos a proveedores se retrasan y el producto es vendido a otro cliente más rápido, se compra material defectuoso (test, mascarillas) que debe devolverse al proveedor, los abastecimientos llegan tarde al usuario porque han sido retenidos en la aduana o han ido pasando por almacenes intermedios, etc. Estos retrasos ocasionan más contagios, nuevas bajas de personal sanitario y más muertes. La centralización ha agudizado el problema. Ante la inoperancia del Gobierno central, las CC.AA., ayuntamientos, hospitales, empresas y particulares eluden el monopolio estatal y se lanzan a la compra de material con sus propios medios: ¡Sálvese quien pueda! Del resto de bienes –no centralizados– hay abundancia y no falta de nada. Si el Gobierno centralizara la producción y suministro de alimentos, en pocos días estaríamos haciendo cola con la cartilla de racionamiento en la mano. La centralización de la economía no es algo nuevo, es la vieja receta fracasada del «sistema socialista de panificación central», cuya imposibilidad económica ya demostrara Ludwig von Mises, en 1920. Asistir a este lamentable espectáculo nos ayuda a entender cómo sería la vida bajo el yugo totalitario de un Estado socialista.

Por último, la pandemia no afecta por igual a todo el territorio. Sería razonable que las autoridades regionales y locales participaran en la toma de decisiones. La desastrosa gestión centralista del «mando único» podría, tal vez, avivar los deseos de secesión política en los individuos y Gobiernos regionales.

Lección aprendida: mantener el sistema descentralizado propio del libre mercado y dejar que los recursos afluyan de la manera habitual.

e) El mito de los bienes «esenciales»

Otro error del Gobierno ha sido clasificar ciertos negocios o sectores económicos en «esenciales» y «no esenciales», impidiendo o restringiendo la actividad de estos últimos. La autoridad dice que bares, restaurantes y hoteles no son esenciales, pero los camioneros, las personas que residen permanentemente en hoteles y los turistas que desean permanecer en España, entre otros, no opinan lo mismo. La autoridad dice que las ferreterías no son esenciales, pero pensemos en los albañiles, fontaneros y tantos profesionales y particulares que las necesitan. Imagine que usted tiene una fuga de agua en su casa: tanto el fontanero como la ferretería son esenciales. La autoridad dice que los talleres de vehículos no son esenciales, pero ambulancias, coches de la policía, vehículos de reparto y logísticos y miles de vehículos particulares pueden tener una avería; por tanto, grúas, talleres y comercios de venta de repuestos son esenciales. ¿A dónde queremos llegar? El valor es subjetivo. Lo que es «esencial» para una persona puede no serlo para otra y viceversa. La sociedad es un «cosmos», un orden espontáneo sumamente complejo cuyos integrantes necesitan libertad de acción para tomar decisiones según su personal (subjetiva) escala de valores. Por tanto, establecer clases de bienes, negocios o sectores económicos no sólo es un acto arbitrario, sino inútil y confuso (Mises, 2011: 148).

Por otro lado, esta distinción maniquea ignora la ley de Say, es decir, si los trabajadores «no esenciales» no producen, tampoco podrán demandar bienes «esenciales». Por ejemplo, muchas gasolineras[6] tienen que cerrar o reducir su actividad porque la mayoría de clientes pertenece al grupo de «no esenciales», a saber, la población confinada. El sistema económico es interdependiente y no se puede bloquear una parte sin ocasionar un mal a todo el conjunto.

Lección aprendida: dar libertad para que individuos y empresas, utilizando las medidas sanitarias adecuadas, sean libres para alcanzar fines y utilizar medios.

f) Medidas extraordinarias para la «protección» del empleo.

La economía no puede mejorar apelando a la violencia, pero el 28 de marzo, el Gobierno emite un nuevo decreto-ley (art. 2) cuya finalidad es mantener el empleo, pero coaccionando a los empresarios para que opten por un ERTE, en lugar de un ERE:

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

Tras la medida, si los empresarios necesitan despedir empleados, por muy objetiva que sea la causa –el cierre forzoso decretado en el estado de alarma–, su precio será equivalente a 33 días por año trabajado (máximo 24 pagas), en lugar de 22 días (máximo 12 pagas). Ante la agresión, ¿qué opciones tiene el empresario?:

1) Ceder al chantaje y pagar los despidos encarecidos (11 días más/año).

2) Hacer un ERTE, reanudar la actividad y aguantar 6 meses (preceptivo), y finalmente hacer un ERE por causas objetivas.

3) Realizar acuerdos alegales con los empleados.

4) Cierre y concurso de acreedores.

En definitiva, no es posible «proteger» el empleo desprotegiendo jurídicamente a quienes lo crean. El Gobierno exhibe una excesiva confianza en la coacción sin reparar que el Boletín Oficial del Estado no obra milagros (más bien es un malgasto de papel y tinta). Ya puestos, ¿por qué no prohibir directamente que la gente enferme? «Proteger» el empleo vía decreto-ley solo ocasionará más quiebras y mayor desempleo: Daniel Lacalle estima que 900.000 empresas no llegarán a 2021 y que el paro ascenderá al 35%.[7]

Lección aprendida: no manipular las leyes. Respetar la propiedad privada y la libertad del empresario para determinar la organización interna y el funcionamiento de su empresa.

5. Conclusión

Toda pandemia inflige per se elevadas pérdidas humanas y económicas. A los enfermos y fallecidos hay que añadir el cese forzoso de actividad de las personas sanas. La enfermedad merma la capacidad física de los individuos, las medidas de higiene y distanciamiento reducen la productividad del trabajo, el gasto sanitario se dispara, etc. Todo ello provoca, en términos agregados, caídas significativas en la oferta y la demanda cuyo resultado es la recesión económica. Por tanto, es vital que el Gobierno no agrave aún más la situación interviniendo «temporalmente»[8] la economía, lo que supone un avance hacia el socialismo: «Sistema de agre­sión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial» (Huerta de Soto, 2010: 25). Quien pretenda dirigir la sociedad jerárquicamente, a golpe de decreto-ley, se enfrenta a una misión imposible: el Gobierno no dispone (ni puede disponer) de la información necesaria para dirigir los procesos de coordinación social. La irrupción de una crisis –sea bélica, sanitaria o económica– no modifica este axioma praxeológico.

A las pérdidas por la menor producción hay que añadir los costes derivados del consumo de capital, de la menor división del trabajo y del previsible incremento de la litigiosidad en los próximos años. El colapso de los juzgados provocará, sin duda, un número adicional de quiebras empresariales.

La correcta gestión de una pandemia debe ser anticipatoria, técnicamente acertada, flexible, gradual y económica; pero el Gobierno carecía de un plan de contingencia a nivel nacional (Cegarra, 2020). Precisamente, la falta de anticipación y su corolario, la gestión reactiva de la crisis, ha desembocado en una mezcla de improvisación, desorganización y autoritarismo. El confinamiento forzoso y el cierre de la economía han sido tan innecesarios como detrimentales. Lo correcto hubiera sido tratar de conjugar todos los valores –salud, seguridad, libertad, economía, preferencia temporal– en liza, pero como son subjetivos, su imposición hegemónica a los individuos solo puede deteriorar la situación.

Por otra parte, el Gobierno ha esgrimido falsos dilemas –seguridad vs libertad– y ha caído en errores maniqueos –esencial vs no esencial. Particularmente dañina ha sido la legislación positiva que autoriza específicas actividades y usos: quién puede trabajar, qué puede producirse, a dónde se puede ir, etc. algo que es irremediablemente arbitrario y que nunca puede contemplar la diversidad de situaciones personales. Los mandatos del Gobierno, unas veces, deben aclararse porque son ambiguos; otras, deben rectificarse porque son contrarios al más elemental sentido común; en dos palabras: caos legislativo. La ley debe ser siempre negativa y no debe «estar sometida nunca a cambios súbitos e imprevisibles» (Leoni, 2011: 103). Las prohibiciones, restricciones y servidumbres, más propias de un estado de excepción, han causado una parálisis social y económica de enormes proporciones. Resulta paradójico que las autoridades de Francia, Italia y España se estén comportando como antiguos déspotas orientales, mientras que los dirigentes de Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong lo hagan como genuinos liberales decimonónicos.

El cúmulo de errores cometidos por el Gobierno español es de tal amplitud y calado que cabe preguntarse si se debe una absoluta inoperancia para gestionar la pandemia, o bien, considerando la naturaleza psicopática del poder político, asistimos a un plan deliberado de destrucción de la economía cuyo fin último sería provocar un cambio de régimen. Como reza el lema revolucionario: ¡Cuanto peor, mejor!

En definitiva, una correcta gestión de la crisis sanitaria no debe bloquear la acción humana, la función empresarial y el orden social, sino facilitar su libre y natural adaptación a las nuevas exigencias de la pandemia.

Publicado originalmente en el Instituto Juan de Mariana (04/05/2020, Análisis diarios)

Bibliografía

Bastiat, F. (2012). Obras escogidas. Madrid: Unión Editorial.

Bourne, R. (2013) [1918]. “War is the Health of the State”. Ed. John Calvin Jones.

Cegarra, A. (2020). https://clubjaimeprimero.org/index.php/content/la-crisis-sanitaria-del-c...

Cortina, A. (2015). «Compaginar seguridad y libertad sin renunciar a ninguna de ellas es un problema con solución, no un dilema». Abogados, Revista del

Consejo General de la Abogacía, No 95, diciembre.

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle). 

Leoni, B. (2011). La libertad y la ley. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2009) [1922]. El Socialismo. Madrid: Unión Editorial.

Murphy, R. (2006). "The Social Function of Stock Speculators". Mises Institute. https://mises.org/library/social-function-stock-speculators.

Rothbard, M. (2013). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.

[1] Idealmente, la deuda pública debería ser abolida legalmente en su totalidad porque supone una violación de la libertad y la propiedad de los contribuyentes.

[2] Instituto Juan de Mariana. Análisis diarios, 01/04/2020.

[3] El pasado 3 de abril, la planta de Seat, en Martorell, comenzó la producción del respirador OxyGen, diseñado a partir del motor de un limpiaparabrisas. La empresa ha distribuido más de 500 unidades a diversos centros hospitalarios. La producción se ha detenido debido a la mejora de la situación en las UCI.

[4] https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-14/gobierno-requisa-siem... test-deteccion-coronavirus_2546600/

[5] Un informe de la Abogacía General del Estado sostiene que la Ley de Seguridad Ciudadana sólo se puede emplear contra quienes desobedecen las órdenes directas de los agentes. Esto significa que la inmensa mayoría de las sanciones por romper el confinamiento forzoso son contrarias a derecho. Es decir, se multa por «desobediencia» lo que (generalmente) es un «incumplimiento».

[6] Esta epidemia ha revalorizado las gasolineras automáticas (mal llamadas «desatendidas»): sanitariamente, porque el servicio no requiere contacto personal; económicamente, porque al tener menos personal, resisten mejor la crisis.

[7] https://www.elmundo.es/economia/2020/03/31/5e824ee121ef a0e0298b45e7.html

[8] No hay nada más permanente que una medida temporal del Gobierno.

La crisis del coronavirus y la prohibición de «cortos»

La crisis del coronavirus ha ocasionado un desplome generalizado de las bolsas. En España, en tan sólo un mes (19 febrero-16 marzo), el IBEX 35 se ha dejado un 40%. Tras cada crisis y para «salvar» la bolsa de los «malvados especuladores», el gobierno suspende temporalmente las posiciones «cortas». Como afirma Daniel Lacalle (2013: 69%): «Cuando las bolsas se desploman, los gobiernos, acostumbrados a pensar que todo debe subir siempre y que ninguna caída es justificada, consideran necesaria una intervención. Y lo primero que suelen hacer es culpar a las posiciones cortas». En efecto, el pasado 16 de marzo, la CNMV las prohibió durante un mes debido a la «extrema volatilidad de los mercados de valores». Hoy veremos qué es una inversión «corta» y por qué el gobierno no debería prohibirlas.

Jesús Huerta de Soto

De forma preliminar, debemos evitar los prejuicios contra la especulación. Especular –mirar al futuro– forma parte de la función empresarial y, por tanto, es una actividad inherente a la acción humana (Huerta de Soto, 2010: 41). Todos los inversores en bolsa son empresarios especializados en la especulación diacrónica o intertemporal (Huerta de Soto, 2010: 68), característica en los mercados de valores[1]. «A pesar de su horrible reputación, los especuladores en bolsa desempeñan un servicio crucial en la economía de mercado. Sus intentos de comprar a bajo (precio) y vender alto elimina rápidamente los errores de precio en el mercado de valores» (Murphy, 2006). Es decir, los especuladores, en su búsqueda del beneficio, de forma no intencionada, provocan un «mejor» – más aproximado a la realidad­– ajuste en el precio de las acciones.

Ahora veamos qué son posiciones «largas» y «cortas». 1) Largas. Si el especulador (o inversor) considera que una acción está infravalorada, la compra esperando que el precio suba en el futuro, momento en que la venderá. 2) Cortas. El especulador considera lo contrario –acción sobrevalorada– y hace lo siguiente: a) pide la acción en «préstamo» a su dueño (i.e. fondo de inversión), en un plazo y con pago de intereses; b) siendo ahora el nuevo dueño de la acción,[2] la vende y espera que baje su cotización para volver a comprarla; c) finalmente, al vencimiento del plazo, devuelve al prestamista la acción junto con los intereses, obteniendo, en su caso, un beneficio neto. Según la opinión maniquea del gobierno español (CNMV), la especulación larga es «buena» y la corta es «mala» (solo si la bolsa se hunde). En ambos casos, si la predicción es acertada, el inversor gana dinero, pero si es equivocada, sufre pérdidas. De forma selectiva, el mercado bursátil conserva a los buenos especuladores y expulsa a los malos.

Daniel Lacalle

¿Por qué el gobierno prohíbe las posiciones cortas? Es inverosímil que los técnicos de la CNMV no entiendan bien el funcionamiento del mercado de valores, por tanto, lo más seguro es que la orden venga «de arriba»: de algún «lumbreras» del gobierno. Sea como fuere, está extendido el mito de que los cortos hunden las cotizaciones, pero la realidad es otra: «Las cotizaciones se hunden cuando los resultados y la situación financiera empeoran» (Lacalle, 2013: 70%). Los especuladores no juegan temerariamente con el dinero de sus clientes, sino que toman decisiones basadas en un riguroso análisis de la situación de cada empresa, del sector, la competencia, etc.

Quienes prohíben los cortos parecen ignorar que, frecuentemente, los inversores los usan para financiar posiciones largas, algo llamado inversión «largo-corto». Las posiciones «cortas» reducen el riesgo de las «largas». Por tanto, si el gobierno prohíbe las primeras, también reduce las segundas. Las posiciones cortas generan tres beneficios: 1. Incrementan la liquidez de los valores. 2. Dan la oportunidad a las empresas para reaccionar ante noticias o eventos que pudieran reducir el precio de la acción. 3. El prestamista de la acción recibe un interés y mejora su liquidez. (Lacalle, 2013: 68%).

El supervisor que prohíbe los cortos demuestra cobardía y arrogancia.[3] Es cobarde porque rehúye afrontar la realidad del mercado y es arrogante porque cree que puede manipularlo mediante órdenes. Pero lo único que consigue la autoridad es empeorar la situación (Lacalle: 2013: 70%): a) los volúmenes de contratación se desploman y se incrementan los costes de contratación; b) contrariamente a los fines del gobierno, la prohibición aumenta la volatilidad porque (a resultas del punto anterior) las caídas y las subidas son más acentuadas.

Resumiendo, la ciencia económica predice que toda injerencia coactiva en el mercado –intervencionismo o socialismo– tiene efectos perversos en la economía, frecuentemente contrarios a la finalidad pretendida por la autoridad. Como hemos visto, la prohibición de posiciones cortas es tan innecesaria como detrimental. Resulta arbitrario y es de todo punto inaceptable cambiar las reglas del juego cuando el partido se va poniendo feo.

Publicado originalmente en el Instituto Juan de Mariana.

[1] Nos referimos a los agentes de bolsa, sean o no empleados, dedicados profesionalmente a dirigir las inversiones.

[2] Ocurre algo similar en un «plazo fijo»: es un préstamo de dinero donde la propiedad pasa del cliente al banco. No sucede lo mismo con un depósito (cuenta corriente), donde la propiedad no cambia de manos.

[3] «Prohibir los cortos es de cobardicas» es el subtítulo del cap. 30 del libro de Lacalle (2013): Nosotros, los mercados.

Bibliografía:

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle). 

Murphy, R. (2006). "The Social Function of Stock Speculators". Mises Institute.

https://mises.org/library/social-function-stock-speculators.

Sobre el confinamiento

A raíz de mis críticas al confinamiento por la pandemia de Covid-19, algunos amigos me corrigieron diciéndome que «confinamiento voluntario» era un oxímoron (contradicción en los términos) porque aquél siempre es forzoso. Efectivamente, la R.A.E. lo define así: «Pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente, en libertad, en un lugar distinto al de su domicilio».

A pesar de su uso tan extendido, «confinamiento» no aparece en la legislación española,[1] ni siquiera en la serie de reales decretos relativos al estado de alarma. Esta omisión no es fortuita, forma parte de la estrategia legitimadora del Estado que consiste en eludir cualquier palabra que huela a coacción.

Sin embargo, ese término ha sido utilizado por el Ministerio de Sanidad, en la Instrucción, de 19 de marzo de 2020: «situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma». Este pequeño lapsus no es baladí, pues de él inferimos que en el estado de alarma existe confinamiento, no solo de facto, sino también de iure.

Algunos países contemplan el confinamiento. El Código Penal Federal de México, art. 28 reza: «El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él». El Código Penal de Chile, art. 33: «Confinamiento es la expulsión del condenado del territorio de la República con residencia forzosa en un lugar determinado». 

Lo que nos importa resaltar aquí es que el confinamiento sanitario (el penal está claro), aunque su nombre haya sido proscrito en la legislación, es un hecho jurídico observable; por ejemplo, en el art. 7 del Real Decreto 463/2020, donde figuran restricciones de circulación, producción, comerciales, educativas y religiosas con motivo de la pandemia de Covid-19. Y como todo acto jurídico es coercible, el confinamiento siempre es forzoso y no hay tal cosa como confinamiento voluntario. Esto es independiente de que la mayoría de la población se quede en casa por miedo al contagio. La ley no es neutral, tiene costes y beneficios que son distintos para cada individuo (Ghersi, 2010); por ejemplo, el coste de no poder trabajar no es igual para un funcionario, que sigue cobrando, que para un autónomo, que sigue pagando gastos mientras deja de facturar.

El confinamiento penal y el sanitario son distintos. En el primero, la pena recae exclusivamente sobre el delincuente, en el segundo, la sanción recae de forma indiscriminada sobre un conjunto de personas inocentes. Por ello, las medidas de éste último deben ser las precisas para frenar la epidemia y, en todo caso, respetuosas con las libertades, derechos y necesidades de los confinados. El gobierno no debe extralimitarse aprovechándose de la emergencia sanitaria.

Academia General Militar

Nadie puede «autoconfinarse», ni «esclavizarse», ni «autoarrestarse», porque ello requiere una relación de poder entre dos personas distintas: el coaccionador y el coaccionado. En 1980, el general Luis Pinillla, director de la Academia General Militar de Zaragoza, puso en marcha un novedoso código disciplinario –el autoarresto–, con carácter experimental, para los cadetes recién ingresados de la XXXIX promoción. Los profesores y cadetes más antiguos quedamos atónitos ante un plan tan heterodoxo como imposible.[2] Los experimentos sociales los carga el diablo.

Durante la pandemia, políticos de Compromís han pedido al gobierno central que los municipios y comarcas turísticos de la región valenciana ejercieran el derecho al «autoconfinamiento», pero detrás de ese oxímoron se escondía una pretensión de confinamiento negativo: impedir a los forasteros el uso de sus propiedades. En las pandemias los tiranos se multiplican y causan un daño aún mayor que el propio virus.

El pasado 25 de abril, el presidente Sánchez, durante su comparecencia en TV, decía que había «pedido» a los españoles que se quedaran en casa, ¡como si el confinamiento fuera voluntario! Las severas y arbitrarias restricciones impuestas por el gobierno durante el estado de alarma han supuesto una agresión sin precedentes sobre las personas, violencia más propia de un régimen comunista que de una democracia liberal. ¡Quédate en casa! es un eslogan que muchos presentan como «recomendación», pero se trata de una imposición legal en toda regla, es mandato coactivo que se impone bajo amenaza de sanción.

Bibliografía:
Bourne, R. (1998). The State. Tucson: See Sharp Press. 

Código Penal Federal de México.
Código Penal de la República de Chile.
Ghersi, 2010. «Economía de la corrupción». Madrid: La ilustración liberal, Nº 6-7.

Instrucción del Ministerio de Sanidad, de 19 de marzo de 2020:
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

[1] Constitución, Código Penal, Código Civil, Ley General de Sanidad, Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, y reales decretos del Covid-19.
[2] En 1980, el autor era cadete de tercer curso en la A.G.M.

Los militares no saben mentir

General Santiago

El General Santiago, Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, dijo ayer que están trabajando para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». No creemos que esto sea un «lapsus». La violación del derecho de libertad de expresión, más bien, es la mejor prueba del cariz comunista del gobierno de Pedro Sánchez.

Los militares no están acostumbrados a mentir. Desde muy temprano se les inculca un estricto código moral de inspiración cristiana: «la milicia es una religión de hombres honrados» –decía Calderón de la Barca.

Mentir mucho y bien es la principal «virtud» del político y los más hábiles mentirosos alcanzan las mayores cotas de poder. Porque no saben mentir, los militares no encajan bien en la política. Desde Gutiérrez Mellado (1981) no ha habido un solo militar en el gobierno.

General Gutiérrez Mellado

Sin embargo, las virtudes militares de disciplina y lealtad a los jefes pueden tener consecuencias devastadoras cuando se trata de obedecer los mandatos de un déspota. En este caso, la indisciplina es la mejor virtud.

Un General honra su juramento a la Bandera cuando repudia una orden contraria a la Constitución o que viola los derechos naturales de la persona. Ningún militar debe cooperar con un gobierno que intenta someter al pueblo aprovechándose de una emergencia sanitaria.

Las consecuencias de la obediencia irreflexiva a la autoridad, según Rose (2011: 4), pueden ser nefastas: «La creencia en la ‘autoridad’, que incluye toda creencia en el gobierno, es irracional y autocontradictoria; es contraria a la civilización y a la moralidad, y constituye la más peligrosa, destructiva superstición que haya existido jamás».

En definitiva, el principio de obediencia de un funcionario –militar o civil– no puede nublar el propio juicio moral y la responsabilidad individual frente a los mandatos ilegítimos del poder político.

Bibliografía:
Rose, L. (2011). The Most Dangerous Superstition. Pensilvania: Larken Rose.

Derecho o Deber: laudatio a García-Trevijano

D. Antonio García-Trevijano (1927-2018) –jurista, notario, abogado, político e intelectual republicano español– decía con gran agudeza que una cosa no podía ser, al mismo tiempo, derecho y deber; por tratarse de una imposibilidad jurídica. Un derecho propio implica un deber ajeno y viceversa: un deber propio implica un derecho ajeno. Por ejemplo, sobre una específica deuda, el acreedor tiene derecho de cobro y el deudor deber de pago. El primero no tiene deber de cobro porque, si así lo desea, puede condonar la deuda. Por tanto, un derecho tiene como corolario la renuncia a su ejercicio. En cambio, el que tiene un deber jurídico no puede desprenderse de él.

Resulta asombroso que la Constitución española de 1978 contenga varios errores de esta naturaleza. Por ejemplo, art. 3. 1. «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Si tenemos derecho a usarla, tenemos derecho a no usarla y nadie, en consecuencia, podría comprobar que si la lengua es conocida.

Art. 30.1. «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Si el ejército es profesional el aspirante a soldado tiene derecho, en todo caso, a participar en la selección, pero no tiene deber alguno de ser militar. Si es un ejercito de conscriptos,[1] y le toca por sorteo, existe deber y, por tanto, ya no hay derecho. Para entenderlo mejor, supongamos que en tiempo de guerra un joven es llamado a filas; si realmente fuera un derecho, el designado podría excusarse diciendo: «No gracias, no deseo ejercer mi derecho de defender a España». Como pueden imaginar, el reclutador le recordará de inmediato su «inexcusable deber» y la sanción penal en caso de negativa. En resumen: o es deber, o es derecho, pero no puede ser ambas cosas a la vez.

Art. 35.1. «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo». En primer lugar, el trabajo no es un deber, sino una necesidad o una preferencia. El asalariado tiene –contractualmente– deber de trabajar y derecho a cobrar un salario. El empresario, por su parte, tiene el derecho de apropiación del fruto del trabajo del empleado y el deber de pagarle un salario. Las personas que, pudiendo trabajar, no lo hacen, porque tienen patrimonio o porque son mantenidas, están ejerciendo su derecho a «no trabajar». Ni siquiera los reclusos son obligados a trabajar. Solo un esclavo es forzado a ello. Por este motivo, la conscripción y otras prestaciones personales forzosas que impone el Estado, aunque sean remuneradas, son formas temporales de esclavitud.[2] En segundo lugar, el trabajo es un derecho espurio porque nadie está obligado a proporcionar trabajo a un tercero. En conclusión, el trabajo ni es derecho, ni es deber.

En la legislación de rango inferior observamos idéntico error, por ejemplo, en la Ley del Tribunal del Jurado,[3] art. 6. «Derecho y deber de jurado. La función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley». El caso del jurado es análogo al de la conscripción, se trata claramente de un deber porque el «agraciado» en el sorteo, al que la Ley llama eufemísticamente «candidato», tiene (art. 7. 2.) «un deber inexcusable de carácter público y personal» y si rehúsa a realizar el trabajo, podrá ser castigado con multa entre 150,6 € y 1.506 €. Otra forma de comprobar que no estamos ante un derecho es la constatación de que los ciudadanos no pueden ejercerlo, a petición. Las solicitudes de quienes desean ser jurados son denegadas porque la selección de «candidatos» es aleatoria.

Por último, veamos el caso de la Ley de seguridad ciudadana,[4] art. 8. 1. «Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad». Y más adelante, art. 9. 1. «El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los catorce años». De aquí deducimos que, hasta los 14 años, expedir el DNI es un derecho (y no un deber) y que, a partir de esa edad, es un deber (y no un derecho). 

Podríamos preguntaros por qué los legisladores han podido incurrir en semejante desatino. Si conocen bien el derecho, ¿cuál podría ser la causa? Creemos que detrás de esta manipulación del lenguaje jurídico se encuentra el objetivo deliberado de confundir al ciudadano y ocultarle la coacción que ejerce el Estado. No obstante, en la Constitución española la palabra «derecho» es citada 84 veces, mientras que «deber» solo 5 veces, 3 de las cuales son usadas de forma tramposa, tal y como hemos visto.

El experto en argumentación, Luis Vega, clasifica a este tipo de engaños como «falacias informales», a saber, aquellas que «emplean de modo ilegítimo, abusivo o inductor de confusión ciertos recursos lingüísticos y discursivos» (Vega, 2007: 196). El positivismo jurídico es sin duda, una fuente inagotable de mentiras y falacias, pero, afortunadamente, hemos tenido el privilegio de disfrutar de la sabiduría, clarividencia jurídica y valentía intelectual del maestro García-Trevijano.

[1] Servicio militar obligatorio.
[2] Participación forzosa como miembro del Tribunal del Jurado, participación forzosa en los procesos electorales, participación forzosa en las selecciones nacionales deportivas y todo tipo de prestación forzosa en los estados de alarma, excepción y sitio.
[3] Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
[4] Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana.

Bibliografía
Constitución española de 1978.
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana.
Vega, L. (2007). Si de argumentar se trata. España: Montesinos.

La pandemia es la salud del Estado

Randolph Bourne

Randolph Bourne (1886-1918) fue un intelectual y escritor estadounidense que se opuso a la entrada de su país en la Gran Guerra. Murió con apenas 32 años a causa de la «gripe española», pandemia que realmente se originó en Kansas (EE.UU.), se propagó a Europa con la llegada de los soldados norteamericanos y mató a 40 millones de personas en todo el mundo.

Bourne acuñó la célebre frase: «La guerra es la salud del Estado», ensayo del mismo nombre donde describe magistralmente la naturaleza del Estado y cómo, durante una guerra, el poder político alcanza su apogeo. Todos, incluida la oposición, gobiernos regionales y locales, cierran filas en torno al líder. El pueblo recupera el sentimiento patriótico y de unidad frente a la amenaza, se entona el himno nacional, etc. Hoy trataré de exponer cómo la pandemia de COVID-19, mutatis mutandis, también es la «salud del Estado», que gana poder mermando las libertades y derechos del individuo.

En España una pandemia es causa legal para decretar el estado de alarma,¹ pero la propia ley orgánica que lo regula (art. 1º, 2) deja claro que «Las medidas a adoptar [...] serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias». Por su parte, el preámbulo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que regula la crisis por COVID-19, dice: «Las medidas [...] son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental [...]». Aquí detectamos tres mentiras porque: a) Algunas medidas son prescindibles; b) Son desproporcionadas; y c) Suspenden derechos fundamentales: libertad de circulación, propiedad (requisa), trabajo, reunión, etc.

Trataremos a) y b) conjuntamente pues ambas se confunden. La prohibición absoluta de realizar actividades físicas al aire libre es claramente desproporcionada y tiene consecuencias sobre la salud (sedentarismo, obesidad). La seguridad no es un valor absoluto y debe conjugarse con otros valores que entran en competencia. Es razonable prohibir las concentraciones, pero muchos deportes pueden practicarse aisladamente –natación, ciclismo, motociclismo, atletismo, esquí, piragüismo, pesca, tiro, parapente– o con suficiente distancia entre los deportistas –tenis, senderismo, escalada, vela, caza. Por ejemplo, en Reino Unido está permitido hacer ejercicio al aire libre siempre que se haga solo o acompañado de cohabitantes.

Sabemos que el COVID-19 no permanece flotando en el aire, sino que se transmite a corta distancia (tos, estornudo) o por contacto con objetos contaminados. Por tanto, caminar al aire libre –actividad física por excelencia– no supone, por sí misma, riesgo de contagio. El peligro está cuando salimos y entramos a casa y tocamos las manillas de puertas, pasamanos, botones del ascensor, etc. Pero ya hemos aprendido a protegernos de eso porque salimos a trabajar, a tirar la basura o a comprar.

Igualmente desproporcionado ha sido el cierre forzoso de negocios considerados arbitrariamente como «prescindibles», pero para un camionero (y otros profesionales) los bares y hoteles no son prescindibles. El gobierno ha olvidado que el valor es subjetivo (Menger, 1871) y que el concepto «clase de necesidades» es inútil (Mises, 2011: 148). Los talleres de vehículos no solo son necesarios, sino que el riesgo de trabajar en ellos no es mayor que hacerlo en una oficina. Las ferreterías son necesarias para proveer a la construcción y a los particulares que disponen ahora de tiempo para realizar reparaciones y pequeñas obras domésticas. La prueba de que los negocios citados no son prescindibles es que siguen funcionando a «puerta cerrada».

Otras medidas son absurdas y contradictorias. La prohibición de llevar pasajeros en el coche (excepto taxis) no sabemos si es por falta de luces del legislador o se hace deliberadamente para favorecer a los taxistas. Por ejemplo, personas que conviven juntas, se acuestan juntas y ven la TV juntas en el mismo sillón no pueden ir juntas en el mismo vehículo, ¿alguien lo entiende? En buena lógica, una familia podría irse de picnic al campo o a la playa (de forma aislada) sin aumentar el riesgo de contagio.

Pero eso no es todo. Al abuso de poder de los políticos debemos añadir el de los «celosos» agentes del orden que, con frecuencia, se extralimitan en sus funciones; por ejemplo, impidiendo a los propietarios el disfrute de sus jardines y zonas comunitarias, cuando el ámbito del Real Decreto 463/2020 (art. 7) es referido exclusivamente a las «vías de uso público». En los controles policiales te pueden multar por no enseñar el ticket de la compra o el justificante de trabajar en tu empresa. Yo mismo, que visito a mi madre de 88 años, llevo en mi mochila una buena caja de paracetamol, las recetas médicas y una declaración jurada a modo de salvoconducto. Para rematar la faena, no faltan periodistas, tertulianos y vecinos que reclaman más mano dura:¡Vivan las cadenas! Y a más restricciones, más infracciones. En tan sólo una semana de estado de alarma se han producido en España 777 detenciones y 81.000 sanciones.² Cada día que pasa algún iluminado propone una vuelta de tuerca: «el perro no es para pasear, sino para que haga sus necesidades», «las compras no deben ser frecuentes o deben tener un importe mínimo», etc.

El severo confinamiento que padecemos es lo más parecido a un arresto domiciliario, donde solo se puede salir de casa para ir a comprar alimentos y medicamentos, trabajar, poner gasolina, bajar la basura y poco más. Sufrimos un estado policial cuando no existe un problema de orden público. Países como Italia, Francia y España han adoptado soluciones autoritarias y en lugar de identificar a los infectados para luego aislarlos –como hizo Corea del Sur– han preferido «cortar por lo sano». En cambio, Países como Japón, Taiwan, Singapur y Hong-Kong han sido más respetuosos con sus ciudadanos y la cuarentena de personas no infectadas es una opción personal basada en una evaluación de los riesgos. Lo peor de todo –como afirma el profesor Bastos– es que los políticos que dirigen el Estado aprenden que las crisis son ideales para ejercer un poder ilimitado sobre las personas.

¹ Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

² https://www.hoy.es/nacional/denunciado-hombre-anos-20200323133629-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com% 2F

Bibliografía

Menger, C. (2013) [1871]. Principios de economía política. [Versión Kindle]. Amazon.
Mises, L. (2011) [1949]. La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial

Pandemia de coronavirus: un análisis económico

De vez en cuando la normalidad se ve alterada bruscamente por eventos, como la pandemia del coronavirus que ahora padecemos. Evitar los contagios requiere, entre otras medidas higiénico-sanitarias, reducir el contacto físico entre personas. El aislamiento implica permanecer la mayor parte del tiempo en casa y evitar aglomeraciones: transporte público, viajes, eventos deportivos, culturales o lúdicos, etc.

Los cambios súbitos en los patrones de consumo provocados por la pandemia, cuya duración nunca podemos precisar, tiene implicaciones económicas de gran calado. Por un lado, dejan de consumirse determinados bienes –transporte, turismo, restauración, deportes, ocio– y por otro, se dispara la demanda de servicios sanitarios y productos específicos –medicamentos, mascarillas, papel, jabón. La abrupta caída de la demanda en muchos bienes provoca el cierre de los negocios afectados, mientras que el aumento en otros ocasiona el colapso de hospitales y el desabastecimiento. 

El mercado se ve completamente alterado porque la producción no puede modificarse al ritmo que impone la pandemia y los cambios súbitos de la demanda. Poniendo una analogía: el consumidor gira como una lancha motora y la producción como un trasatlántico. Sobran empleados en hoteles, restaurantes, bares, comercios, colegios, teatros y cines; pero faltan en hospitales, laboratorios, farmacias y domicilios particulares (repartidores, visitadores, cuidadores, canguros), etc. Sobran conductores de autobuses, pero faltan conductores de ambulancia. 

Un primer análisis es el referido a visualizar cómo los factores de producción se trasladan más eficientemente de un sector a otro. Respecto del factor trabajo, la rígida legislación laboral y el sistema estatal de regula las cualificaciones profesionales no facilita el necesario trasvase de trabajadores de unos sectores a otros. Solo un sistema económico laissez-faire proporciona la flexibilidad y la inmediatez necesarias que requiere la crisis. Una economía libre de interferencias políticas y sindicales permitiría el rápido trasvase de la mano de obra; por ejemplo, una camarera de hotel es despedida hoy, pero mañana encuentra trabajo como cuidadora o limpiadora. Los procesos de aprendizaje, en este caso, son poco costosos en tiempo y esfuerzo. Cuanto más fácil sea el despido, más fácil será encontrar empleo y más eficiente será el reajuste de la economía.

Durante la pandemia, los colegios y los centros de día de mayores –entre otros– han cerrado y se necesitan miles de cuidadores para atender a pequeños y mayores en sus casas, y miles de limpiadores para labores de higiene y desinfección. Las mujeres, principalmente, podrán encontrar acomodo en estos sectores. También harán falta muchos repartidores a domicilio. Los estudiantes que no van a clase, por su parte, podrán trabajar esporádicamente como «canguros». Podemos imaginar muchos casos donde los desempleados pueden recolocarse rápidamente. Por ejemplo, un hotel entero puede transformarse en alojamiento sanitario para pacientes en cuarentena y la mayoría de su personal podría seguir ocupando el mismo puesto.¹

Sin embargo, cuando los factores de producción son específicos, el trasvase no resulta fácil. Por ejemplo, un teatro no puede reconvertirse fácilmente en hospital, ni un actor en enfermero (harían falta 4 años de estudio). Mientras dure la pandemia, por desgracia, el teatro permanecerá cerrado y los actores en paro. 

Una segunda cuestión de análisis es la respuesta que dan las empresas ante la crisis. Si hubiera un pico de demanda de productos –medicamentos, mascarillas, geles desinfectantes, trajes de protección– la primera respuesta sería doblar o triplicar la plantilla para producir ininterrumpidamente (H24 x 365 días). Una segunda medida sería reconvertir líneas de producción y/o abrir otras nuevas. Por último, nuevas fábricas y hospitales pueden construirse ex novo. El personal sanitario especializado –médicos, enfermeros, técnicos–, con carácter temporal, puede ser trasladado desde las zonas no afectadas por la pandemia hacia aquellas menos afectadas. De nuevo, solamente un sistema sanitario privado, ofreciendo mayores salarios, podrá conseguir este necesario trasvase geográfico de trabajadores.

Algunas empresas mantienen estable su nivel de producción, pero deben tomar medidas para evitar el contagio entre empleados. Por ejemplo, la empresa HP, en Barcelona, ha establecido tres categorías de personal: a) Los que deben ir inexcusablemente al centro de trabajo (operarios de instalaciones fijas). b) Los que pueden hacer tele-trabajo (oficinas); y c) Los que deben alternar. 

Por último, están las empresas afectadas por una caída súbita de la demanda –hoteles, bares,  comercios, transportistas, gimnasios. Lo más socorrido es dar vacaciones (oficiales) a los empleados y acometer, en su caso, reformas y obras de mantenimiento pendientes; pero si la crisis se prolonga, los despidos no solo son inevitables, sino imprescindible para poder atender las nuevas demandas sociales. Por tanto, es un grave error subsidiar a empleados ociosos cuando sus servicios son requeridos en otros sectores económicos.

Un tercer elemento de análisis es el referido a la situación económica del Estado y su actuación ante la crisis. Lo más notorio es observar la fragilidad del Estado de bienestar, que hace aguas por los cuatro costados: a) La producción agregada del país cae y con ella la recaudación fiscal (sociedades, IVA); b) Hay menos trabajadores activos y más parados, lo que implica menor ingreso y más gasto social; c) Algunos funcionarios dejan de trabajar, pero siguen cobrando; d) Se dispara el gasto sanitario; y e) El pago de subsidios a los sectores en crisis aumenta la espiral de déficit público.

Los políticos, siguiendo el nefasto manual de Keynes, diseñan un plan de «choque» con dinero inflacionario o deuda pública –pan para hoy y hambre para mañana–, pero lo peor es que las medidas paliativas impiden que la economía se reajuste más rápidamente al nuevo escenario. La única solución realmente efectiva es una bajada generalizada de impuestos, acompañada de una drástica reducción del Estado y del gasto público: reducción salarial de políticos y funcionarios, privatizaciones de empresas públicas, liberalización completa del mercado laboral y eliminación de chiringuitos políticos (fundaciones, observatorios, etc.). 

La pandemia del coronavirus ocasiona una caída neta de la producción de bienes en la economía y, con ella, una reducción generalizada del nivel de vida de las personas. Por otro lado, la reducción del consumo tiene un efecto deflacionario (algunos precios bajan) y se produce un aumento del ahorro y la inversión privada (no hay tal cosa como «inversión pública»), aunque solo sea temporalmente. Los que perciben rentas del Estado (políticos, funcionarios, pensionistas) verán aumentada su capacidad adquisitiva, mientras que el sector privado –para no variar– se llevará la peor parte: desempleo y pérdida de rentas.

Secularmente, individuos y familias se protegían de las contingencias de la vida mediante el ahorro, las mutualidades, los seguros y la familia; pero estas instituciones han sido laminadas sistemáticamente por el Estado asistencial, tal y como señala acertadamente Hoppe:²

Hans-Hermann Hoppe

Dispensando a los individuos de la obligación de ocuparse de sus propios ingresos, de su salud, de su seguridad, de su vejez o de la educación de los hijos, se reduce el horizonte temporal de la provisión privada, disminuyendo así mismo el valor del matrimonio, la familia, la descendencia y las relaciones de parentesco. La irresponsabilidad, la previsión a corto plazo, la negligencia, la enfermedad e incluso el «destruccionismo», todos ellos «males», serán promovidos, mientras que la responsabilidad, la previsión a largo plazo, la diligencia, la salud o el conservadurismo, «bienes» en si mismos, serán castigados.

Por último, señalar que algunas intervenciones de los gobiernos son especialmente lesivas para combatir la pandemia. Por ejemplo, la requisa del stock de mascarillas (y su producción), anunciada el 3 de marzo por el presidente Macron, reducirá su oferta porque ningún empresario, en su sano juicio, montará una fábrica bajo condiciones de requisa. En Francia, la producción de mascarillas no aumentará al ritmo requerido porque su presidente es un ignorante o un populista. La requisa y el control de precios son dos graves errores porque sólo el libre mercado hará que el capital, orientado por los altos precios, fluya hacia donde es más necesario.

¹ El empresario Kike Sarasola ha puesto 2 de sus hoteles a disposición de las autoridades madrileñas para atender las necesidades de la pandemia de coronavirus.

² Conservadurismo y Libertarismo, pag. 9