La ciencia y su presunción de rentabilidad

Reconozco que la radio es mi gran fuente de inspiración. Escucho lo que para mí son falacias económicas y siento un impulso irrefrenable por sentarme a escribir. Hoy hablaré de la ciencia y de su «insuficiente» financiación pública. Periodistas e investigadores se lamentan de que talentosos investigadores españoles deben abandonar su patria porque no tienen oportunidades para investigar en condiciones adecuadas. Los sueldos de los investigadores en España —afirman los tertulianos— son bajos en comparación con los de otros países de la UE. Evidentemente, a cualquiera le gustaría cobrar más. Otra queja es la poca estabilidad laboral.  La continuidad de los proyectos no está garantizada por falta de fondos económicos. Y el argumento principal para reclamar más «inversión» pública en investigación científica es su presunta rentabilidad social. Para ello, aluden a sesudos estudios que afirman que por cada euro invertido en ciencia, la sociedad recupera el doble o triple de la cantidad invertida. Esto es falso. Si fuera cierto, el problema de la pobreza en el mundo quedaría resuelto de un plumazo. Otros informes vinculan gasto en ciencia y creación de empleo. No deja de ser sospechoso que ni un solo estudio de este tipo afirme que el gasto en ciencia haya producido rentabilidades negativas. La causa es evidente: todos esos análisis de rentabilidad son falaces. En el sector público, por mucho que algunos se empeñen, no hay forma racional de medir la rentabilidad económica porque no hay cálculo económico. Solamente la cuenta de resultados de una empresa puede indicarnos si los costes de una línea de investigación se justifican o no. Afirmar que toda investigación per se produce un retorno positivo a la sociedad es tanto como afirmar que la actividad científica es intrínsecamente rentable. La ciencia económica refuta esta tesis.

La investigación científica sufragada públicamente no es una excepción a la norma y presenta las deficiencias propias de cualquier sistema público: a) Incentivos. Son los propios investigadores (sean o no funcionarios) o sus jefes políticos quienes deciden qué investigar. Ellos tienen intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses de los contribuyentes, que son quienes pagan sus sueldos. Además, el prestigio que tiene la ciencia es usado instrumentalmente para justificar todo tipo de políticas. Antes de que una ley se promulgue es habitual observar cómo una legión de científicos en nómina de la Administración, como los zapadores, va despeando el terreno de obstáculos. Por ejemplo, si el gobierno quiere prohibir que se fume dentro de los vehículos, asistiremos a una avalancha de estudios «científicos» que estiman en miles los muertos al año por esta causa, la mayoría de ellos niños inocentes. De esta manera, la verdad científica (siempre provisional) es fácilmente pervertida y sustituida por la verdad «oficial» que dicta el gobierno.

b) No existe forma racional de saber si una investigación ha sido o no rentable porque no hay cálculo económico; y tampoco es posible afirmar que la ciencia genera empleo porque no es posible aislar, en el experimento, el resto de variables que actúan. Las ciencias empíricas y las ciencias sociales emplean métodos distintos, y es un error confundir correlación con causalidad. Por tanto, es falaz hablar de «inversión» pública en ciencia cuando de lo que realmente hablamos es de "gasto público" en ciencia. Inversión pública es un oxímoron.

c) La ciencia no es gratis. Todo euro asignado al gasto en investigación ha debido ser previamente confiscado a los ciudadanos, y estos poseen necesidades propias, tal vez más urgentes que la investigación científica. Los defensores del gasto público olvidan el coste de oportunidad, es decir, lo que hubieran podido hacer los contribuyentes con su dinero si no se lo hubieran arrebatado. En el libre mercado son los consumidores quienes determinan, mediante el mecanismo de precios, la producción de la ciencia para atender las necesidades más perentorias de la sociedad.

En conclusión, la ciencia económica refuta la tesis de la rentabilidad garantizada del gasto en ciencia. Reclamar una mayor asignación de dinero público para la investigación científica no se justifica y solo puede obedecer a los intereses de grupo. Algunos investigadores repiten el conocido mantra de sindicalistas y socialistas: «Queremos empleo estable y de calidad». Quieren vivir del dinero confiscado a los demás y eludir la molesta incertidumbre que les ofrece el libre mercado.

El municipalismo como solución al problema catalán

El debate sobre la independencia de Cataluña consiste básicamente en un planteamiento de suma cero. La sociedad catalana está dividida y tanto si Cataluña permanece en España como si se independiza la insatisfacción de la mitad de su población está asegurada. La pugna actual entre los gobiernos español y catalán tiene por objeto únicamente el poder político sobre un territorio: el primero, para mantenerlo, y el segundo, para arrebatárselo al primero. Pero el bienestar de la población parece no importar demasiado a los gobernantes de uno y otro lado del Ebro. 

Respecto a la cuestión de la ilegalidad o inconstitucionalidad de la independencia de Cataluña, esta propuesta es absolutamente liberal. Las leyes deben servir a los ciudadanos y no constituir un obstáculo para que puedan alcanzar sus legítimos fines, incluida la libertad política y el cambio de statu quo. Yo defiendo el concepto hoppeano de secesión indefinida, es decir, los catalanes pueden secesionarse de España y, a su vez, los gerundenses o araneses pueden hacerlo de Cataluña. Esto es jurídicamente viable. El Principado de Liechtenstein admite constitucionalmente la secesión democrática de cada uno de sus once municipios. Por eso, el municipalismo puede ser la solución que proporciona mayor bienestar al mayor número de personas y reduce la pugna social entre facciones.

1. Territorio. Se organiza un referendum de independencia donde se acata el resultado a nivel municipal. Cada dos legislaturas se repite el referendum de tal manera que los municipios pueden cambiar de adscripción nacional cada ocho años. El statu quo político es reversible. Tras la consulta, el territorio de Cataluña es un mosaico de municipios catalanes y españoles, cada uno sujeto a las leyes respectivas de cada Estado. Cada residente podrá encontrarse en alguna de estas cuatro situaciones: a) español en municipio español; b) catalán en municipio catalán; b) español en municipio catalán; y d) catalán en municipio español.

2. Soberanía. El nuevo Estado Catalán fija su capital y completa sus instituciones. Ejerce soberanía sobre todos los municipios cuyo resultado haya sido favorable a la independencia. El Estado español mantiene la suya sobre el resto de municipios. Las competencias municipales serán fijadas por cada Estado.

3. Nacionalidad. Cada español residente en Cataluña será libre de elegir su nacionalidad. Podrá hacerse utilizando una segunda papeleta (nombre, apellidos y DNI) en el mismo acto de la consulta o posteriormente. A los abstencionistas se les asignará, de oficio, la nacionalidad española, inicialmente, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de cambio de nacionalidad.  

4. Relaciones internacionales. En un proceso como el que se describe: negociado, amistoso, libre de coacción y amenazas, no existe motivo alguno que justifique la expulsión del nuevo Estado catalán de las instituciones europeas o internacionales. La vigencia del tratado de Schengen permite una total libertad de circulación de personas, empresas y capitales en todo el territorio, tal y como sucede actualmente cuando una persona circula entre la Seo de Urgell, Andorra y Francia. El euro sigue siendo la moneda común de ambos Estados.

5. Nacionalismo. Todas aquellas personas que posean un fuerte sentimiento nacional y que, tras el referendum, hayan quedado residiendo en un municipio «extranjero» tienen dos opciones: a) mantener su residencia y esperar un cambio de resultado en la próxima consulta; b) mudarse a un municipio de su nacionalidad preferida. Este último caso supondría, sin duda, el afianzamiento de mayorías nacionales en determinados municipios, aumentando la satisfacción de un mayor número de individuos. 

6. Defensa, Seguridad y Justicia. Podrán acordarse cuotas para el reparto de instalaciones y medios de estas instituciones, que deberán radicarse finalmente en sus respectivos territorios. La Policía Local quedará vinculada a cada municipio y sus agentes podrán mantener su nacionalidad independientemente de cambios en la soberanía de los municipios.

7. Competencia política. La descentralización política que supone el municipalismo, junto con el principio de reversibilidad de adscripción nacional, constituye una innovación política que proporciona grandes ventajas para las personas. Los Estados, y los municipios en particular, se ven obligados a competir fiscalmente y los ciudadanos no sólo pueden cambiar de Estado cada ocho años sino que, con muy poco esfuerzo, podrá también "votar con los pies". Las inversiones se encaminarán hacia los municipios más atractivos fiscalmente, estables, pacíficos y que proporcionen mayor seguridad jurídica; mientras que los peor gobernados se irán despoblando (y empobreciendo) paulatinamente. Además, está la ventaja de que no hay redistribución forzosa de las rentas de los ciudadanos que pertenecen a municipios de distintos Estados.  

8. Conflictividad social. Las políticas lingüística, educativa y cultural perderán influencia como medios de adoctrinamiento político y deberán ponerse al servicio de los ciudadanos. Los padres disconformes con estas políticas podrán enviar a sus hijos a estudiar a otros municipios colindantes. Sin embargo, no cabe descartar intentos de limpieza étnica. Algunas corporaciones nacionalistas radicales intentarán expulsar de su territorio a las minorías para consolidar su identidad nacional. Aun así, el número total de insatisfechos siempre será menor que en una solución total: todos españoles o todos catalanes.

Muchos calificarán esta propuesta de utópica, heterodoxa o absurda. No ha sido concebida buscando la soberanía de naciones o estados sino otra soberanía más importante: la del individuo. Este modelo innovador, pacífico, municipalista y reversible permite alcanzar la necesaria paz social en Cataluña a la vez que introduce una saludable competencia política entre Estados. La alternativa que nos ofrece la política ortodoxa no es sino la confrontación social permanente, consecuencia de otra lucha, la que libran las élites políticas de uno y otro bando por el monopolio del poder.

Mejor liquidar que rescatar

Excelente entrevista que nos explica por qué las Cajas de Ahorro nunca debieron ser rescatadas con el dinero de millones de contribuyentes. Solo discrepo de una cosa: el motivo por el que una entidad financiera, como cualquier empresa, debe ser liquidada no es "económico" (que sea más barato) sino "jurídico". Las pérdidas de un negocio privado debe recaer exclusivamente en sus propietarios y nunca en el conjunto de la población.

Los derechos espurios

Espurio significa falso, ilegítimo, no auténtico. Hoy escribiré sobre los derechos espurios que, desgraciadamente, abundan en casi todas las legislaciones. En primer lugar, derecho y obligación son dos elementos indisociables en toda relación jurídica. El derecho a la vida de toda persona implica la obligación del resto de la humanidad de respetar su integridad física, es decir, de abstenerse de agredir a esa persona. El derecho de propiedad implica el deber de los demás de respetar y no violar la propiedad ajena. Este tipo de derechos se denomina “negativo” porque implica una prohibición del resto de personas, es decir, implica la no interferencia y la abstención de actuar de los demás. El derecho “positivo”, en cambio, es aquél que para que sea satisfecho requiere una obligación de actuar de otra parte. Si aceptamos que los niños tienen el derecho a ser alimentados, alguien tendrá el deber de alimentarlos -normalmente sus padres. El derecho "negativo" implica la no interferencia o abstención de actuar mientras que el derecho "positivo" implica una servidumbre de actuación por parte de alguien. El problema de los derechos espurios aparece cuando el legislador, ya sea movido por su ideología, por necedad, por populismo o por una mezcla de todo lo anterior, pervierte un derecho negativo en positivo. La Constitución española de 1978 es un buen ejemplo de mala legislación (valga la redundancia) pues ha creado ex nihilo derechos inexistentes. El derecho a la vivienda (o al trabajo) es espurio porque nadie tiene el deber de proporcionar una vivienda (o trabajo) a nadie. El dirigente comunista Julio Anguita se quejaba amargamente de que la Constitución no se cumplía porque había españoles sin casa y sin trabajo. Los marxistas, los colectivistas, los enemigos de la realidad, los ignorantes, los positivistas, los constructivistas y los imbéciles -entre otros- creen que es posible resolver los problemas del mundo mediante simples actos legislativos. No son capaces de distinguir entre Ley y legislación. Supongo que no han leído a Hayek ni a Leoni.

F. Hayek y B. Leoni 

Para crear derechos espurios, a su vez, es preciso apoyarse en otras mentiras y falacias. Una de ellas es el colectivismo metodológico, que consiste en atribuir personalidad a entes que carecen de existencia real. La “sociedad”, el “pueblo” o la “nación” no poseen derechos ni obligaciones, sólo los individuos son sujetos del Derecho. Cuando afirmamos que una empresas u organización tiene derechos y obligaciones, estas sólo pueden recaer en sus propietarios, que son de carne y hueso. Si alguien dice que los indigentes tienen derecho a una vivienda y que la sociedad tiene la obligación de proporcionársela estamos afirmando, implícitamente, que todos los no indigentes -personas particulares- tienen el deber de ayudar a los que no tienen medios económicos. Pero el deber relativo a la caridad (o solidaridad) es, en todo caso, un deber moral y no un deber jurídico. Los políticos son muy dados a ser "solidarios" con el dinero confiscado violentamente a los contribuyentes. La legislación no puede crear derechos de la nada como quien saca un conejo de la chistera. Los derechos son preexistentes a los legisladores y estos, en el mejor de los casos, tan sólo pueden reconocerlos. Los adoradores del Boletín Oficial creen ilusamente, por ejemplo, que los salarios pueden subir por arte de magia legislativa -leyes de salario mínimo- y no mediante un aumento de la productividad del trabajo. En general, todo el derecho laboral es espurio y debería ser abolido pues no sólo es injusto sino que es la principal causa del desempleo. 

También es posible crear derechos espurios apelando a la igualdad de oportunidades, otro mito que es preciso refutar. La igualdad de oportunidades no existe, lo que sí existe, afortunadamente, es la diversidad de oportunidades. El derecho a tener una mejor oportunidad es espurio, no es real, porque nadie tiene el deber de proporcionar oportunidades. Por ejemplo, el derecho a obtener una “beca pública” es falso porque para sufragarla debemos primero robarle el dinero a alguien; solo las becas privadas son legítimas porque se obtienen mediante un acto voluntario llamado donación. Todos aquellos “derechos” cuya satisfacción implique la violación de otros derechos que son efectivamente legítimos -como el derecho de propiedad- son espurios, en concreto, todos los denominados derechos “sociales”. Los políticos de las islas “afortunadas” (cuya labor padecemos estoicamente) afirman que los residentes en las islas pequeñas deberían tener las mismas oportunidades que los residentes en las islas grandes (capitalinas) y han hecho recaer en las empresas privadas de transporte aéreo y marítimo el correspondiente “deber” de hacer más viajes de los que requiere el libre mercado. Obligaciones (espurias) de Servicio Público es la ley que se han sacado de la manga estos enemigos del Derecho sin que los canarios sean capaces de asociar los fenómenos concatenados causalmente: derecho espurio, intervencionismo, monopolio y precios de monopolio.

Entrevista en Esradio (03/03/2016), sobre los derechos espurios.

Sobre la peseta y el euro

Después de trece años de la entrada en vigor del euro sigo escuchando con frecuencia que el cambio de pesetas a euros ha supuesto un encarecimiento general de los precios y una pérdida de la capacidad adquisitiva de los españoles. Hoy pretendo analizar el fenómeno de cambio de moneda para llegar a una conclusión aparentemente paradójica: el cambio de moneda, per se, no puede provocar inflación de los precios en la economía. La subida de los precios debe justificarse por otras causas que pasan desapercibidas. 

Empezaremos definiendo la inflación como un cambio en la relación monetaria, es decir, es el aumento de la cantidad de dinero en circulación con respecto al stock de productos y servicios que existen en un mercado. Podemos señalar tres causas de la inflación: a) el gobierno (a través de su Banco Central) imprime billetes y gasta ese dinero en atender sus fines. Este incremento de la masa monetaria reduce la capacidad adquisitiva del dinero teniendo para los consumidores un efecto equivalente a una subida de impuestos. b) los bancos, orquestados por el Banco Central, otorgan créditos (depósitos) sin que haya habido ahorro genuino (Banca con Reserva Fraccionaria). Ahora, en la expansión crediticia, son los bancos quienes se lucran ilegítimamente a expensas de los consumidores. Estas dos causas producen perversas distorsiones en la economía y constituyen un robo encubierto de la propiedad privada de los ciudadanos. La tercera causa es la que más nos interesa hoy: c) los consumidores deciden reducir sus saldos de dinero en efectivo y este dinero afluye a la economía en forma de mayor consumo. 

Veamos un ejemplo. Tras la entrada en vigor del euro (2002) los periódicos pasaron de costar 100 pts. a costar 1 € (166 pesetas) ¿acaso no es esto una subida brutal del precio? Mediante el "hiper redondeo" los vendedores suben el precio de ciertos productos aprovechando la dificultad de los compradores para realizar sus cálculos económicos en la nueva moneda. Pero nadie puede sentirse estafado. Calculadora en mano, algunos consumidores simplemente dejan de comprar prensa escrita; otros son conscientes de la subida de precios (+66%) pero siguen consumiendo periódicos a pesar de todo (consumidores cuya demanda de periódicos es inelástica). Pero si un consumidor gasta cada mes 12€ extra en prensa (40 cent. x 30 días), ceteris paribus, deberá forzosamente de abstenerse de gastar 12€ en otros productos. La subida de precios del periódico se compensa con la bajada de precios de otros productos que dejan de consumirse o que se consumen menos. El cambio de moneda no implica que haya más cantidad de dinero en la economía (única causa de la inflación) y la mera sustitución de pesetas por euros no justifica la subida de los precios. 

Supongamos ahora que estamos en un escenario donde a) y b) no se producen o lo hacen de forma mínima; la única explicación de la subida de precios es la tercera causa: el "desatesoramiento". Los consumidores mantienen habitualmente en su poder saldos de tesorería, dinero en efectivo en la moneda que pronto va a desaparecer (peseta) y parte de ese dinero,  especialmente aquél que ha sido salvado de la confiscación -dinero negro- afluye a la economía en forma de nuevas compras. La cantidad total de dinero en la economía permanece invariable, por tanto, técnicamente no hay inflación monetaria, pero los precios suben porque los consumidores dejan de retener una parte del dinero atesorado y esa mayor afluencia de dinero puja por el mismo stock de bienes. Este fenómeno es inducido durante la transición a la nueva moneda. Una vez que los consumidores se acostumbran a hacer cálculos en euros, lo cual puede llevar un número considerable de años, y una vez que los efectos de la subida de precios por desatesoramiento se reparten por toda la economía, la situación vuelve a estabilizarse y la nueva moneda rinde su servicio en condiciones normales. 

Contra la intervención turística

Playa de Nogales (La Palma)

Ya en otros artículos he denunciado que el intervencionismo económico, es decir, forzar mediante leyes y mandatos a los consumidores y empresarios para que hagan algo que no desean, no solo es innecesario, sino que produce efectos nocivos en el mercado. Toda intervención restringe o prohíbe los deseos de los consumidores, su libertad para comerciar y, sobre todo, siempre significa una agresión a la propiedad privada. Intervenir en el turismo es el deporte favorito de muchos gobernantes: quieren restringir la libertad horaria en el comercio, prohibir «temporalmente» (moratoria) la construcción de hoteles, imponer un determinado menú en los establecimientos, cobrar una tasa por cada pernoctación o por cada café que ingieran, etc. Canarias es cuna de insignes políticos intervencionistas (valga la redundancia). Aquí se impone a las compañías aéreas unas determinadas rutas, frecuencias y plazas en cada vuelo. En su parlamento, templo de la ciencia económica, los diputados del PSOE han pretendido recientemente —como vulgares matones— fijar plantillas mínimas en los hoteles para «incrementar» la contratación de personal. Pretenden eliminar el paro a base de hostias, al más puro estilo soviético. Según Gloria Gutiérrez, defensora de esta insólita moción, en el sector turístico canario faltan 42.000 empleos que deben ser cubiertos según cálculos del visionario órgano de planificación central. Todavía no sabemos como la pitonisa Gloria pudo llegar a la mágica cifra anterior: ¿intuición femenina?

Un curioso argumento utilizado para denostar el turismo es que los consumidores compran un paquete completo en su lugar de origen y el dinero se queda allí. No es fácil apreciar que todo lo que consume un turista extranjero en España es equivalente a la exportación. Si los productores de frutas y hortalizas vieran incrementados sus pedidos a nadie se le ocurriría impedir la plantación de nuevos árboles y plantas. Exportar naranjas a Alemania nos parece fabuloso, pero idéntico resultado se obtiene cuando las naranjas van desde Valencia a Palma de Mallorca para ser consumidas allí por los turistas alemanes. Es una contradicción que nos parezca bien incrementar las exportaciones de productos y al mismo tiempo veamos como una amenaza el aumento de visitantes que consumen esos mismos productos. Restringir la producción de un servicio demandado por los consumidores, como es el turismo, es una práctica antieconómica que no se sostiene.

Un segundo argumento es que los turistas «consumen» servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.) que no pagan. Lo cierto es que los turistas, directa o indirectamente, lo mantienen todo. Los turistas pagan IVA en cada consumo que realizan, los turistas pagan proporcionalmente más impuestos que los residentes porque consumen en pocos días una mayor cantidad de bienes y además consumen en mayor proporción productos sujetos a impuestos especiales como las bebidas alcohólicas o la gasolina. Los turistas tienen seguros médicos y pagan la sanidad que, en su caso, reciben. Cada turista que pernocta paga indirectamente el IBI y las tasas de basura del establecimiento que lo aloja. Los turistas mantienen empresas, salarios y servicios públicos en igual o mayor cuantía que un residente permanente. Lo que no se dice es que los turistas frecuentemente son víctimas de pequeños hurtos y sisas (comercios, bares, taxis) y que no reciben la protección policial adecuada.

El tercer argumento es de tipo medioambiental. Por lo visto, las islas son ecosistemas «frágiles» y deben ser protegidas de una plaga bíblica llamada turismo que devora el territorio y consume demasiada agua. Por lo visto, los hoteles y apartamentos «comen» tierra como si fueran míticos trols. Todo esto carece de sentido.

En cuarto lugar, también hay quienes pretenden prohibir el sistema «todo incluido» porque, según parece, los turistas no salen del hotel y consumen menos de lo «debido». ¿En qué quedamos? ¿consumen demasiado o no consumen lo suficiente? Si los turistas prefieren beber y comer dentro del hotel, ¿qué hay de malo en ello? Si así ahorran dinero demuestran un comportamiento económico impecable. Tal vez prefieran gastar lo ahorrado en viajar más frecuentemente o en alargar sus estancias. Los dueños de bares, restaurantes o taxis no tienen derecho alguno sobre el dinero de los visitantes y en lugar de pedir favores a los políticos deberían adaptar la oferta a sus cambiantes gustos.

Es cierto que en algunas localidades —Magaluf, Gandía, Lloret de Mar, Benidorm— grupos de turistas causan desórdenes, se tiran de los balcones a la piscina e impiden el descanso de los vecinos. Estos hechos son minoritarios en un país que recibe anualmente 65 millones de turistas. Si España es un país que (supuestamente) atrae a los folloneros será debido a nuestros fallos institucionales; mejoremos pues nuestros sistemas legal, judicial y policial. 

Pero todo lo anterior es tan sólo la aparente justificación de los verdaderos fines del intervencionismo: la confiscación y la imposición. Así, porque el gobierno considera que vienen «demasiados» visitantes, impone una tasa turística y prohibe la construcción de nuevos hoteles (moratoria). La alcaldesa Ada Colau acaba de paralizar la construcción de 48 nuevos hoteles en Barcelona y ya veremos qué significa para Manuela Carmena «relanzar» el turismo en Madrid. Nada bueno podemos esperar de estos enemigos de la libertad y la propiedad.

Henry Thoreau

Sin embargo, como decía Henry Thoreau, el mercado tiene la elasticidad del caucho y siempre encuentra maneras de soslayar la intervención violencia sobre el mercado. Empresas como Airbnb, Uber o Blablacar, que funcionan a través de Internet, han facilitado nuevos servicios turísticos «persona a persona» que operan al margen de la regulación gubernamental. Cualquier propietario oferta sus habitaciones, casas o medios de transporte disponibles para satisfacer la demanda de los consumidores. Y aquí, una vez más, aparecen los políticos matones: sanciones para todos aquellos particulares que osen comerciar sin pasar por caja. Estamos ante un nuevo episodio de la eterna lucha entre la libertad y la coacción; entre el mantenimiento de la propiedad privada y la confiscación.

Sobre el individualismo metodológico

Imagínese que usted necesita con urgencia un trasplante de riñón, si esto no ocurre pronto su vida corre peligro. Usted recibe una noticia agridulce: una persona ha fallecido en accidente de tráfico y sus familiares han consentido la donación de sus órganos. Usted es trasplantado con éxito y puede seguir viviendo con normalidad. Su gratitud es inmensa y, tal vez, desearía conocer a esas personas que le han salvado la vida. Usted sabe muy bien que ese riñón no procedía de un ente abstracto llamado “sociedad”, sino de un individuo singular, alguien con nombre y apellidos. El individualismo metodológico consiste en analizar cualquier fenómeno teniendo en cuenta que toda acción humana es realizada por un individuo, sólo o en conjunción con otros individuos. Lo contrario es el colectivismo metodológico, es decir, atribuir las realizaciones humanas a entes colectivos o agregados de individuos tales como pueblo, ciudad, nación, gobierno, estado, etc. Un colectivista metodológico diría: “la nación A declara la guerra a la nación B”, un individualista metodológico diría: “el jefe del estado A declara la guerra al jefe del estado B”. Usar un método u otro tiene importantes consecuencias para interpretar la realidad.

Imagine ahora que usted tiene un hijo de 18 años -Luis- que obtiene una beca de estudios del gobierno, el dinero de esa ayuda proviene de los presupuestos generales del estado que a su vez proviene de cientos de tributos distintos pagados por millones de contribuyentes. En este caso, por decirlo de alguna manera, parece que es la “sociedad” quien paga la beca de Luis. Sin embargo, sólo los individuos (las empresas la forman individuos) pueden pagar impuestos. Desde el punto de vista económico, la diferencia entre un riñón y una beca es que el primero es un bien único, indisociable de su propietario, mientras que la beca -mejor dicho, su equivalente en dinero- es un bien fungible que se puede mezclar. El dinero, el trigo o el aceite son bienes fungibles. Estos productos pueden mezclarse sin que sea posible identificar a quien pertenece cada porción de materia. La fungibilidad del dinero hace posible la redistribución de la riqueza ocultando la conexión entre el “benefactor” y el beneficiado. El erario se parece a un gran silo, por la parte superior entra el dinero procedente de la recaudación fiscal y por la parte inferior sale el dinero destinado al gasto público.

Pero sigamos imaginando y apliquemos el individualismo metodológico al caso de la beca. Recuerde, usted es el padre de Luis. Los 2.000€ de la beca de su hijo provienen del IRPF confiscado al ciudadano Pedro López, 43 años, natural de Madrid, de profesión taxista. En la carta de concesión de la ayuda, el “Director General de Becas” comunica que gracias a la “generosidad” de D. Pedro López (se adjunta teléfono y correo-e) su hijo Luis puede ir este año a la universidad. ¿Qué haría usted? ¿Llamaría a D. Pedro López para darle las gracias? ¿O tal vez prefiera no hacerlo?. Quizá la reacción del “donante” no sea muy amistosa. O tal vez suponga usted que ese tal Pedro López tan sólo cumple con su deber fiscal y que Hacienda hace otro tanto con su dinero. Tal vez usted pague, recíprocamente, la beca del hijo del taxista, ¿quién sabe? El administrador del silo -el gobierno- tiene un gran interés en que la gente piense que "todos pagamos lo de todos". A río revuelto, ganancia de pescadores. Los impuestos donde existe una nítida participación individual -conscripción, jurado o servicios electorales- suelen ser impopulares y los afectados procuran evadirlos. 

Veamos ahora qué sucedería si empleáramos el individualismo metodológico. Imagine que para todo político o empleado público, en el reverso de la nómina, se reflejara la identidad de las personas que han debido ser confiscadas para satisfacer pingües sueldos y suculentas comisiones, incluidas las cantidades que paga cada contribuyente. Imagine también que cuando se disfruta de guardería gratis, educación gratis o sanidad gratis se recibiera una factura con el precio del servicio (esto ya se ha hecho) y el nombre de los contribuyentes fiscales que deben pagarla. Por último, imagine que el recientemente nombrado alcalde o concejal, tras haberse subido el sueldo en el primer pleno celebrado, tuviera que enviar una carta personal a 100 contribuyentes -los paganinis de la subida- explicándoles que cada uno pagará 500€ más cada año en impuestos para sufragar el aumento de "dignidad" de la excelentísima corporación. Si hiciéramos lo anterior es muy probable que viésemos las cosas de otra manera. Tal vez, al cruzarnos en la calle con el flamante concejal le echáramos en cara que por culpa de su subida salarial este año no podremos reparar el baño de la casa o no podremos arreglarte los dientes a un hijo. Esta conexión sería fatal para quienes viven del presupuesto.

Al contrario que las organizaciones que viven gracias a la confiscación los sistemas voluntarios tienen interés en que donante y receptor se conozcan mutuamente. Es más fácil que alguien decida apadrinar a un niño si poseemos su foto, sus datos e información sobre sus progresos escolares que si los fondos los recibe una asociación o colectivo. Por otro lado, el agradecimiento genuino sólo es posible si se conoce la identidad del donante. El sistema de redistribución de la riqueza -mal llamado estado de bienestar- oculta sistemáticamente la conexión individual entre los proveedores y los consumidores netos de impuestos por varios motivos: a) técnicamente, es más fácil redistribuir la riqueza de la forma en que se hace ahora; b) se puede idear nuevos impuestos y aumentar su cuantía con menor resistencia de los confiscados; c) los consumidores netos de impuestos no tienen que enfrentarse cara a cara con sus proveedores fiscales; evitando así la vergüenza de los primeros y la ira a los segundos; d) el intermediario político -la clase extractiva o parasitaria- puede reservarse para sí una porción considerable del ingreso fiscal; "el que parte y reparte se lleva la mejor parte". e) el intermediario aumenta considerablemente su poder al atribuirse a sí mismo el mérito de asignar el gasto y repartir privilegios. 

En conclusión, el individualismo metodológico pone de relieve la verdadera naturaleza inmoral del impuesto -cualquier impuesto- y de su corolario: la "redistribución" (forzosa) de la riqueza. Por tanto, no es extraño que todos aquellos que viven parasitando del esfuerzo ajeno desplieguen un auténtico arsenal dialéctico de corte colectivista: bien común, interés general, social, público, igualdad, solidaridad, todos, entre todos, colectivo, consenso, estado, sociedad, pueblo, etc. son palabras que delatan frecuentemente a los colectivistas metodológicos. Y tengan cuidado, detrás de cada colectivista siempre se esconde un saqueador.