Contra la intervención turística

Playa de Nogales (La Palma)

Ya en otros artículos he denunciado que el intervencionismo económico, es decir, forzar mediante leyes y mandatos a los consumidores y empresarios para que hagan algo que no desean, no solo es innecesario, sino que produce efectos nocivos en el mercado. Toda intervención restringe o prohíbe los deseos de los consumidores, su libertad para comerciar y, sobre todo, siempre significa una agresión a la propiedad privada. Intervenir en el turismo es el deporte favorito de muchos gobernantes: quieren restringir la libertad horaria en el comercio, prohibir «temporalmente» (moratoria) la construcción de hoteles, imponer un determinado menú en los establecimientos, cobrar una tasa por cada pernoctación o por cada café que ingieran, etc. Canarias es cuna de insignes políticos intervencionistas (valga la redundancia). Aquí se impone a las compañías aéreas unas determinadas rutas, frecuencias y plazas en cada vuelo. En su parlamento, templo de la ciencia económica, los diputados del PSOE han pretendido recientemente —como vulgares matones— fijar plantillas mínimas en los hoteles para «incrementar» la contratación de personal. Pretenden eliminar el paro a base de hostias, al más puro estilo soviético. Según Gloria Gutiérrez, defensora de esta insólita moción, en el sector turístico canario faltan 42.000 empleos que deben ser cubiertos según cálculos del visionario órgano de planificación central. Todavía no sabemos como la pitonisa Gloria pudo llegar a la mágica cifra anterior: ¿intuición femenina?

Un curioso argumento utilizado para denostar el turismo es que los consumidores compran un paquete completo en su lugar de origen y el dinero se queda allí. No es fácil apreciar que todo lo que consume un turista extranjero en España es equivalente a la exportación. Si los productores de frutas y hortalizas vieran incrementados sus pedidos a nadie se le ocurriría impedir la plantación de nuevos árboles y plantas. Exportar naranjas a Alemania nos parece fabuloso, pero idéntico resultado se obtiene cuando las naranjas van desde Valencia a Palma de Mallorca para ser consumidas allí por los turistas alemanes. Es una contradicción que nos parezca bien incrementar las exportaciones de productos y al mismo tiempo veamos como una amenaza el aumento de visitantes que consumen esos mismos productos. Restringir la producción de un servicio demandado por los consumidores, como es el turismo, es una práctica antieconómica que no se sostiene.

Un segundo argumento es que los turistas «consumen» servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.) que no pagan. Lo cierto es que los turistas, directa o indirectamente, lo mantienen todo. Los turistas pagan IVA en cada consumo que realizan, los turistas pagan proporcionalmente más impuestos que los residentes porque consumen en pocos días una mayor cantidad de bienes y además consumen en mayor proporción productos sujetos a impuestos especiales como las bebidas alcohólicas o la gasolina. Los turistas tienen seguros médicos y pagan la sanidad que, en su caso, reciben. Cada turista que pernocta paga indirectamente el IBI y las tasas de basura del establecimiento que lo aloja. Los turistas mantienen empresas, salarios y servicios públicos en igual o mayor cuantía que un residente permanente. Lo que no se dice es que los turistas frecuentemente son víctimas de pequeños hurtos y sisas (comercios, bares, taxis) y que no reciben la protección policial adecuada.

El tercer argumento es de tipo medioambiental. Por lo visto, las islas son ecosistemas «frágiles» y deben ser protegidas de una plaga bíblica llamada turismo que devora el territorio y consume demasiada agua. Por lo visto, los hoteles y apartamentos «comen» tierra como si fueran míticos trols. Todo esto carece de sentido.

En cuarto lugar, también hay quienes pretenden prohibir el sistema «todo incluido» porque, según parece, los turistas no salen del hotel y consumen menos de lo «debido». ¿En qué quedamos? ¿consumen demasiado o no consumen lo suficiente? Si los turistas prefieren beber y comer dentro del hotel, ¿qué hay de malo en ello? Si así ahorran dinero demuestran un comportamiento económico impecable. Tal vez prefieran gastar lo ahorrado en viajar más frecuentemente o en alargar sus estancias. Los dueños de bares, restaurantes o taxis no tienen derecho alguno sobre el dinero de los visitantes y en lugar de pedir favores a los políticos deberían adaptar la oferta a sus cambiantes gustos.

Es cierto que en algunas localidades —Magaluf, Gandía, Lloret de Mar, Benidorm— grupos de turistas causan desórdenes, se tiran de los balcones a la piscina e impiden el descanso de los vecinos. Estos hechos son minoritarios en un país que recibe anualmente 65 millones de turistas. Si España es un país que (supuestamente) atrae a los folloneros será debido a nuestros fallos institucionales; mejoremos pues nuestros sistemas legal, judicial y policial. 

Pero todo lo anterior es tan sólo la aparente justificación de los verdaderos fines del intervencionismo: la confiscación y la imposición. Así, porque el gobierno considera que vienen «demasiados» visitantes, impone una tasa turística y prohibe la construcción de nuevos hoteles (moratoria). La alcaldesa Ada Colau acaba de paralizar la construcción de 48 nuevos hoteles en Barcelona y ya veremos qué significa para Manuela Carmena «relanzar» el turismo en Madrid. Nada bueno podemos esperar de estos enemigos de la libertad y la propiedad.

Henry Thoreau

Sin embargo, como decía Henry Thoreau, el mercado tiene la elasticidad del caucho y siempre encuentra maneras de soslayar la intervención violencia sobre el mercado. Empresas como Airbnb, Uber o Blablacar, que funcionan a través de Internet, han facilitado nuevos servicios turísticos «persona a persona» que operan al margen de la regulación gubernamental. Cualquier propietario oferta sus habitaciones, casas o medios de transporte disponibles para satisfacer la demanda de los consumidores. Y aquí, una vez más, aparecen los políticos matones: sanciones para todos aquellos particulares que osen comerciar sin pasar por caja. Estamos ante un nuevo episodio de la eterna lucha entre la libertad y la coacción; entre el mantenimiento de la propiedad privada y la confiscación.