Sobre la peseta y el euro

Después de trece años de la entrada en vigor del euro sigo escuchando con frecuencia que el cambio de pesetas a euros ha supuesto un encarecimiento general de los precios y una pérdida de la capacidad adquisitiva de los españoles. Hoy pretendo analizar el fenómeno de cambio de moneda para llegar a una conclusión aparentemente paradójica: el cambio de moneda, per se, no puede provocar inflación de los precios en la economía. La subida de los precios debe justificarse por otras causas que pasan desapercibidas. 

Empezaremos definiendo la inflación como un cambio en la relación monetaria, es decir, es el aumento de la cantidad de dinero en circulación con respecto al stock de productos y servicios que existen en un mercado. Podemos señalar tres causas de la inflación: a) el gobierno (a través de su Banco Central) imprime billetes y gasta ese dinero en atender sus fines. Este incremento de la masa monetaria reduce la capacidad adquisitiva del dinero teniendo para los consumidores un efecto equivalente a una subida de impuestos. b) los bancos, orquestados por el Banco Central, otorgan créditos (depósitos) sin que haya habido ahorro genuino (Banca con Reserva Fraccionaria). Ahora, en la expansión crediticia, son los bancos quienes se lucran ilegítimamente a expensas de los consumidores. Estas dos causas producen perversas distorsiones en la economía y constituyen un robo encubierto de la propiedad privada de los ciudadanos. La tercera causa es la que más nos interesa hoy: c) los consumidores deciden reducir sus saldos de dinero en efectivo y este dinero afluye a la economía en forma de mayor consumo. 

Veamos un ejemplo. Tras la entrada en vigor del euro (2002) los periódicos pasaron de costar 100 pts. a costar 1 € (166 pesetas) ¿acaso no es esto una subida brutal del precio? Mediante el "hiper redondeo" los vendedores suben el precio de ciertos productos aprovechando la dificultad de los compradores para realizar sus cálculos económicos en la nueva moneda. Pero nadie puede sentirse estafado. Calculadora en mano, algunos consumidores simplemente dejan de comprar prensa escrita; otros son conscientes de la subida de precios (+66%) pero siguen consumiendo periódicos a pesar de todo (consumidores cuya demanda de periódicos es inelástica). Pero si un consumidor gasta cada mes 12€ extra en prensa (40 cent. x 30 días), ceteris paribus, deberá forzosamente de abstenerse de gastar 12€ en otros productos. La subida de precios del periódico se compensa con la bajada de precios de otros productos que dejan de consumirse o que se consumen menos. El cambio de moneda no implica que haya más cantidad de dinero en la economía (única causa de la inflación) y la mera sustitución de pesetas por euros no justifica la subida de los precios. 

Supongamos ahora que estamos en un escenario donde a) y b) no se producen o lo hacen de forma mínima; la única explicación de la subida de precios es la tercera causa: el "desatesoramiento". Los consumidores mantienen habitualmente en su poder saldos de tesorería, dinero en efectivo en la moneda que pronto va a desaparecer (peseta) y parte de ese dinero,  especialmente aquél que ha sido salvado de la confiscación -dinero negro- afluye a la economía en forma de nuevas compras. La cantidad total de dinero en la economía permanece invariable, por tanto, técnicamente no hay inflación monetaria, pero los precios suben porque los consumidores dejan de retener una parte del dinero atesorado y esa mayor afluencia de dinero puja por el mismo stock de bienes. Este fenómeno es inducido durante la transición a la nueva moneda. Una vez que los consumidores se acostumbran a hacer cálculos en euros, lo cual puede llevar un número considerable de años, y una vez que los efectos de la subida de precios por desatesoramiento se reparten por toda la economía, la situación vuelve a estabilizarse y la nueva moneda rinde su servicio en condiciones normales. 

Contra la intervención turística

Playa de Nogales (La Palma)

Ya en otros artículos he denunciado que el intervencionismo económico, es decir, forzar mediante leyes y mandatos a los consumidores y empresarios para que hagan algo que no desean, no solo es innecesario, sino que produce efectos nocivos en el mercado. Toda intervención restringe o prohíbe los deseos de los consumidores, su libertad para comerciar y, sobre todo, siempre significa una agresión a la propiedad privada. Intervenir en el turismo es el deporte favorito de muchos gobernantes: quieren restringir la libertad horaria en el comercio, prohibir «temporalmente» (moratoria) la construcción de hoteles, imponer un determinado menú en los establecimientos, cobrar una tasa por cada pernoctación o por cada café que ingieran, etc. Canarias es cuna de insignes políticos intervencionistas (valga la redundancia). Aquí se impone a las compañías aéreas unas determinadas rutas, frecuencias y plazas en cada vuelo. En su parlamento, templo de la ciencia económica, los diputados del PSOE han pretendido recientemente —como vulgares matones— fijar plantillas mínimas en los hoteles para «incrementar» la contratación de personal. Pretenden eliminar el paro a base de hostias, al más puro estilo soviético. Según Gloria Gutiérrez, defensora de esta insólita moción, en el sector turístico canario faltan 42.000 empleos que deben ser cubiertos según cálculos del visionario órgano de planificación central. Todavía no sabemos como la pitonisa Gloria pudo llegar a la mágica cifra anterior: ¿intuición femenina?

Un curioso argumento utilizado para denostar el turismo es que los consumidores compran un paquete completo en su lugar de origen y el dinero se queda allí. No es fácil apreciar que todo lo que consume un turista extranjero en España es equivalente a la exportación. Si los productores de frutas y hortalizas vieran incrementados sus pedidos a nadie se le ocurriría impedir la plantación de nuevos árboles y plantas. Exportar naranjas a Alemania nos parece fabuloso, pero idéntico resultado se obtiene cuando las naranjas van desde Valencia a Palma de Mallorca para ser consumidas allí por los turistas alemanes. Es una contradicción que nos parezca bien incrementar las exportaciones de productos y al mismo tiempo veamos como una amenaza el aumento de visitantes que consumen esos mismos productos. Restringir la producción de un servicio demandado por los consumidores, como es el turismo, es una práctica antieconómica que no se sostiene.

Un segundo argumento es que los turistas «consumen» servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.) que no pagan. Lo cierto es que los turistas, directa o indirectamente, lo mantienen todo. Los turistas pagan IVA en cada consumo que realizan, los turistas pagan proporcionalmente más impuestos que los residentes porque consumen en pocos días una mayor cantidad de bienes y además consumen en mayor proporción productos sujetos a impuestos especiales como las bebidas alcohólicas o la gasolina. Los turistas tienen seguros médicos y pagan la sanidad que, en su caso, reciben. Cada turista que pernocta paga indirectamente el IBI y las tasas de basura del establecimiento que lo aloja. Los turistas mantienen empresas, salarios y servicios públicos en igual o mayor cuantía que un residente permanente. Lo que no se dice es que los turistas frecuentemente son víctimas de pequeños hurtos y sisas (comercios, bares, taxis) y que no reciben la protección policial adecuada.

El tercer argumento es de tipo medioambiental. Por lo visto, las islas son ecosistemas «frágiles» y deben ser protegidas de una plaga bíblica llamada turismo que devora el territorio y consume demasiada agua. Por lo visto, los hoteles y apartamentos «comen» tierra como si fueran míticos trols. Todo esto carece de sentido.

En cuarto lugar, también hay quienes pretenden prohibir el sistema «todo incluido» porque, según parece, los turistas no salen del hotel y consumen menos de lo «debido». ¿En qué quedamos? ¿consumen demasiado o no consumen lo suficiente? Si los turistas prefieren beber y comer dentro del hotel, ¿qué hay de malo en ello? Si así ahorran dinero demuestran un comportamiento económico impecable. Tal vez prefieran gastar lo ahorrado en viajar más frecuentemente o en alargar sus estancias. Los dueños de bares, restaurantes o taxis no tienen derecho alguno sobre el dinero de los visitantes y en lugar de pedir favores a los políticos deberían adaptar la oferta a sus cambiantes gustos.

Es cierto que en algunas localidades —Magaluf, Gandía, Lloret de Mar, Benidorm— grupos de turistas causan desórdenes, se tiran de los balcones a la piscina e impiden el descanso de los vecinos. Estos hechos son minoritarios en un país que recibe anualmente 65 millones de turistas. Si España es un país que (supuestamente) atrae a los folloneros será debido a nuestros fallos institucionales; mejoremos pues nuestros sistemas legal, judicial y policial. 

Pero todo lo anterior es tan sólo la aparente justificación de los verdaderos fines del intervencionismo: la confiscación y la imposición. Así, porque el gobierno considera que vienen «demasiados» visitantes, impone una tasa turística y prohibe la construcción de nuevos hoteles (moratoria). La alcaldesa Ada Colau acaba de paralizar la construcción de 48 nuevos hoteles en Barcelona y ya veremos qué significa para Manuela Carmena «relanzar» el turismo en Madrid. Nada bueno podemos esperar de estos enemigos de la libertad y la propiedad.

Henry Thoreau

Sin embargo, como decía Henry Thoreau, el mercado tiene la elasticidad del caucho y siempre encuentra maneras de soslayar la intervención violencia sobre el mercado. Empresas como Airbnb, Uber o Blablacar, que funcionan a través de Internet, han facilitado nuevos servicios turísticos «persona a persona» que operan al margen de la regulación gubernamental. Cualquier propietario oferta sus habitaciones, casas o medios de transporte disponibles para satisfacer la demanda de los consumidores. Y aquí, una vez más, aparecen los políticos matones: sanciones para todos aquellos particulares que osen comerciar sin pasar por caja. Estamos ante un nuevo episodio de la eterna lucha entre la libertad y la coacción; entre el mantenimiento de la propiedad privada y la confiscación.

Sobre el individualismo metodológico

Imagínese que usted necesita con urgencia un trasplante de riñón, si esto no ocurre pronto su vida corre peligro. Usted recibe una noticia agridulce: una persona ha fallecido en accidente de tráfico y sus familiares han consentido la donación de sus órganos. Usted es trasplantado con éxito y puede seguir viviendo con normalidad. Su gratitud es inmensa y, tal vez, desearía conocer a esas personas que le han salvado la vida. Usted sabe muy bien que ese riñón no procedía de un ente abstracto llamado “sociedad”, sino de un individuo singular, alguien con nombre y apellidos. El individualismo metodológico consiste en analizar cualquier fenómeno teniendo en cuenta que toda acción humana es realizada por un individuo, sólo o en conjunción con otros individuos. Lo contrario es el colectivismo metodológico, es decir, atribuir las realizaciones humanas a entes colectivos o agregados de individuos tales como pueblo, ciudad, nación, gobierno, estado, etc. Un colectivista metodológico diría: “la nación A declara la guerra a la nación B”, un individualista metodológico diría: “el jefe del estado A declara la guerra al jefe del estado B”. Usar un método u otro tiene importantes consecuencias para interpretar la realidad.

Imagine ahora que usted tiene un hijo de 18 años -Luis- que obtiene una beca de estudios del gobierno, el dinero de esa ayuda proviene de los presupuestos generales del estado que a su vez proviene de cientos de tributos distintos pagados por millones de contribuyentes. En este caso, por decirlo de alguna manera, parece que es la “sociedad” quien paga la beca de Luis. Sin embargo, sólo los individuos (las empresas la forman individuos) pueden pagar impuestos. Desde el punto de vista económico, la diferencia entre un riñón y una beca es que el primero es un bien único, indisociable de su propietario, mientras que la beca -mejor dicho, su equivalente en dinero- es un bien fungible que se puede mezclar. El dinero, el trigo o el aceite son bienes fungibles. Estos productos pueden mezclarse sin que sea posible identificar a quien pertenece cada porción de materia. La fungibilidad del dinero hace posible la redistribución de la riqueza ocultando la conexión entre el “benefactor” y el beneficiado. El erario se parece a un gran silo, por la parte superior entra el dinero procedente de la recaudación fiscal y por la parte inferior sale el dinero destinado al gasto público.

Pero sigamos imaginando y apliquemos el individualismo metodológico al caso de la beca. Recuerde, usted es el padre de Luis. Los 2.000€ de la beca de su hijo provienen del IRPF confiscado al ciudadano Pedro López, 43 años, natural de Madrid, de profesión taxista. En la carta de concesión de la ayuda, el “Director General de Becas” comunica que gracias a la “generosidad” de D. Pedro López (se adjunta teléfono y correo-e) su hijo Luis puede ir este año a la universidad. ¿Qué haría usted? ¿Llamaría a D. Pedro López para darle las gracias? ¿O tal vez prefiera no hacerlo?. Quizá la reacción del “donante” no sea muy amistosa. O tal vez suponga usted que ese tal Pedro López tan sólo cumple con su deber fiscal y que Hacienda hace otro tanto con su dinero. Tal vez usted pague, recíprocamente, la beca del hijo del taxista, ¿quién sabe? El administrador del silo -el gobierno- tiene un gran interés en que la gente piense que "todos pagamos lo de todos". A río revuelto, ganancia de pescadores. Los impuestos donde existe una nítida participación individual -conscripción, jurado o servicios electorales- suelen ser impopulares y los afectados procuran evadirlos. 

Veamos ahora qué sucedería si empleáramos el individualismo metodológico. Imagine que para todo político o empleado público, en el reverso de la nómina, se reflejara la identidad de las personas que han debido ser confiscadas para satisfacer pingües sueldos y suculentas comisiones, incluidas las cantidades que paga cada contribuyente. Imagine también que cuando se disfruta de guardería gratis, educación gratis o sanidad gratis se recibiera una factura con el precio del servicio (esto ya se ha hecho) y el nombre de los contribuyentes fiscales que deben pagarla. Por último, imagine que el recientemente nombrado alcalde o concejal, tras haberse subido el sueldo en el primer pleno celebrado, tuviera que enviar una carta personal a 100 contribuyentes -los paganinis de la subida- explicándoles que cada uno pagará 500€ más cada año en impuestos para sufragar el aumento de "dignidad" de la excelentísima corporación. Si hiciéramos lo anterior es muy probable que viésemos las cosas de otra manera. Tal vez, al cruzarnos en la calle con el flamante concejal le echáramos en cara que por culpa de su subida salarial este año no podremos reparar el baño de la casa o no podremos arreglarte los dientes a un hijo. Esta conexión sería fatal para quienes viven del presupuesto.

Al contrario que las organizaciones que viven gracias a la confiscación los sistemas voluntarios tienen interés en que donante y receptor se conozcan mutuamente. Es más fácil que alguien decida apadrinar a un niño si poseemos su foto, sus datos e información sobre sus progresos escolares que si los fondos los recibe una asociación o colectivo. Por otro lado, el agradecimiento genuino sólo es posible si se conoce la identidad del donante. El sistema de redistribución de la riqueza -mal llamado estado de bienestar- oculta sistemáticamente la conexión individual entre los proveedores y los consumidores netos de impuestos por varios motivos: a) técnicamente, es más fácil redistribuir la riqueza de la forma en que se hace ahora; b) se puede idear nuevos impuestos y aumentar su cuantía con menor resistencia de los confiscados; c) los consumidores netos de impuestos no tienen que enfrentarse cara a cara con sus proveedores fiscales; evitando así la vergüenza de los primeros y la ira a los segundos; d) el intermediario político -la clase extractiva o parasitaria- puede reservarse para sí una porción considerable del ingreso fiscal; "el que parte y reparte se lleva la mejor parte". e) el intermediario aumenta considerablemente su poder al atribuirse a sí mismo el mérito de asignar el gasto y repartir privilegios. 

En conclusión, el individualismo metodológico pone de relieve la verdadera naturaleza inmoral del impuesto -cualquier impuesto- y de su corolario: la "redistribución" (forzosa) de la riqueza. Por tanto, no es extraño que todos aquellos que viven parasitando del esfuerzo ajeno desplieguen un auténtico arsenal dialéctico de corte colectivista: bien común, interés general, social, público, igualdad, solidaridad, todos, entre todos, colectivo, consenso, estado, sociedad, pueblo, etc. son palabras que delatan frecuentemente a los colectivistas metodológicos. Y tengan cuidado, detrás de cada colectivista siempre se esconde un saqueador.

Sobre los bienes públicos

Es frecuente escuchar que algunos bienes como el agua, la sanidad, la educación o la defensa son bienes públicos. Y cuando afirmamos que algo es público se siguen, también frecuentemente, dos conclusiones: a) que todos, en conjunto, somos poseedores de ese bien; y b) que los gobernantes deben encargarse de producirlos o administrarlos. Intentaré demostrar la inconsistencia de la Teoría de los bienes públicos desde dos puntos de vista. Empecemos con el enfoque marginalista, es decir, los bienes económicos se consumen en cantidades discretas que pueden medirse en unidades. Por ejemplo, durante una jornada, una persona puede consumir 10 litros de agua al ducharse, 4 litros al tirar de la cisterna, 2 litros para cocinar, 1 litro para beber, 15 litros para lavar el coche, etc. Es decir, las personas no consumen "agua" en general sino determinados litros de agua en diferentes situaciones. Por tanto, si afirmamos que "el agua es un bien público", deberemos primero aclarar a qué agua nos referimos. Los 5 litros que contiene la garrafa de agua en un supermercado o los 100 metros cúbicos de agua contenidos en la piscina de un hotel, evidentemente, es agua privada. ¿Y por qué ese agua tiene dueño? porque alguien tuvo que trabajar para hallarla, extraerla, canalizarla o embotellarla. La naturaleza no proporciona los bienes en estado tal que sean directamente aprovechables, casi siempre es preciso añadir trabajo humano para poder transformarlos o transportarlos hasta poder consumirlos. Desde el punto de vista económico, el agua de lluvia y el agua embotellada, aún teniendo idéntica naturaleza, son dos bienes distintos. Exigir -como hacen algunos- la gratuidad del agua doméstica apelando a un supuesto derecho humano universal significa, de facto, convertir a todos aquellos que trabajaron para llevarla hasta el grifo en nuestros esclavos. Antiguamente los pobladores construían acequias y aljibes para almacenar el agua de lluvia y era de todo punto impensable que alguien exigiera agua gratis. El estado de necesidad, por urgente que sea, no genera derecho alguno, es decir, no genera ninguna obligación de los demás para con el necesitado. Los defensores del estado de bienestar se han encargado de invertir la lógica de las cosas y han creado mucha confusión haciendo creer a la gente que existen cosas gratis. ¡Sanidad y educación pública y gratuita! ofrecen los populistas a las masas sin darse cuenta de que se trata de una imposibilidad económica. Nada es gratis. Si alguien afirma que tiene derecho a la "sanidad" le quedan dos opciones: forzar al médico para que trabaje gratis o cobrar impuestos para pagar los servicios del médico. Lo primero se consigue mediante la esclavitud; lo segundo, mediante la confiscación. En ambos casos, ejercitar un "derecho social" -como la sanidad- sólo puede conseguirse mediante la violencia y la vulneración de derechos genuinos, a saber, la propiedad privada. 

La segunda confusión proviene del término "público", si algo es público suponemos que es de todos pero "todos" es un término equívoco; puede significar todos los habitantes del planeta, todos los habitantes de España, todos los habitantes de Madrid, etc. Los estoicos imaginaron que toda la tierra, al comienzo, era común a todos los hombres y llamaron a esta idea communis possessio originaria. San Anselmo, en la misma línea, pensaba que toda propiedad privada se debía a la usurpación (Bruno Leoni, La Libertad y la Ley). Sin embargo, pensar que todo es de todos nos conduce a situaciones imaginarias absurdas, por ejemplo, nadie podría consumir nada sin el permiso de los demás. No tiene sentido que un habitante de Canadá pudiera reclamar la carne de un animal cazado por otro habitante de Australia. Muchos podrán afirmar "todos tenemos derecho al agua" pero nadie puede cabalmente afirmar que un habitante de Almería tiene derecho al agua del Ebro. Y por ese motivo, los habitantes de una región pueden oponerse al trasvase de recursos naturales. En conclusión, para que un bien público sea de todos hay que aclarar dos cuestiones: primero, hay que precisar la naturaleza y cantidad del bien económico referido; segundo, hay que personalizar quienes son los sujetos poseedores del derecho de propiedad. La Suerte de Pinos, institución medieval que establece la propiedad comunal en la comarca soriana de Pinares, señala de forma inequívoca qué cantidad de pinos (o su equivalente en dinero) corresponde cada año a cada uno de los vecinos del pueblo. La propiedad comunal, por tanto, es la solución práctica a la falacia de los bienes públicos.

Democracia, impuestos y descivilización

Ya estamos en campaña electoral y dentro de pocas semanas muchos entonarán la manida metáfora de la "fiesta de la democracia". Se trata, sin duda, de una fiesta sui generis donde unos comen, beben y bailan mientras otros cocinan, sirven o tocan la música; donde unos disfrutan a expensas de otros. Dentro de esta juerga es posible identificar tres grupos. El primero lo constituye la oligarquía estatal, aquellos que viven íntegramente de la política y del Estado: políticos, empleados públicos y asimilados varios. El resto de la población, a su vez, se divide en dos grandes clases: los que reciben del Estado más de lo que pagan en impuestos (2º grupo) y los que contribuyen más de lo que reciben del Estado (3er grupo). Según la terminología de John C. Calhoum, consumidores y proveedores netos de impuestos, respectivamente. 

El primer grupo es el que más disfruta de la fiesta pues consume de todo sin pagar un duro. Políticos y funcionarios, stricto sensu, no pagan impuestos. El descuento en su nómina por IRPF no deja de ser una ficción fiscal para ocultar su naturaleza parasitaria y disfrazar un hecho incontestable: sus "impuestos" proceden de los impuestos genuinos, aquellos provenientes de la confiscación de la riqueza producida en el sector privado. Obtendríamos idéntico resultado contable si redujéramos sus nóminas y a la vez los declarásemos exento de IRPF. 

Todos los "servidores públicos" obtienen, por tanto, sus rentas mediante la expropiación forzosa del dinero de aquellos que son "servidos". Y este servicio público es tan noble, útil y necesario que debe sostenerse mediante la violencia fiscal. Los impuestos no son voluntarios. La gente paga porque no le queda más remedio y la forma empírica de comprobar esto que afirmo sería convertir el impuesto en "no impuesto". Si el pago fuera voluntario -lo único éticamente aceptable- asistiríamos sin duda a un adelgazamiento súbito del Estado o incluso a su muerte por inanición. Pero no pensamos que la oligarquía estatal renuncie voluntariamente a la succión del dinero ajeno, al contrario, su naturaleza depredatoria procurará optimizar la recaudación. 

El segundo grupo, los consumidores netos de impuestos, anima y legitima este sistema redistribuidor porque cree obtener un beneficio neto: supuestamente, los políticos le darán más en forma de servicios públicos, ayudas, becas, etc. de lo que le quitarán en impuestos. No sólo es lamentable sino preocupante que la sociedad legitime, ya sea de forma activa o anuente, actos que realizados de forma privada serían inaceptables. Casi nadie, de forma privada, se atrevería a asaltar y robar a otra persona por el mero hecho de poseer más dinero pero esa misma gente que no se expone personalmente a cometer un crimen vota sin pudor para que el gobierno lo haga en su nombre. El sofisticado mecanismo de elecciones democráticas, partidos políticos, parlamentos, legislación, funcionarios, etc. por el que el Estado se manifiesta, convierte mágicamente lo que es inmoral en algo ampliamente aceptado: el impuesto. Como decía Frank Chodorov en su crítica al impuesto sobre la renta: "El gobierno le dice al ciudadano: tus ganancias no te pertenecen exclusivamente, nosotros (gobierno) tenemos un derecho que precede al tuyo, te permitimos quedarte con una parte porque reconocemos tu necesidad, no tu derecho, pero nosotros decidimos lo que se te concederá".

El tercer grupo, los proveedores netos de impuestos, lo forman personas con productividad media y alta. Ganan más dinero que el resto porque, mediante los mecanismos de mercado, sirven mejor que otros los intereses de sus congéneres ofreciendo productos y servicios de alto valor. El impuesto sobre la renta castiga a todos los productores genuinos pero en mayor medida a las personas más trabajadoras, responsables y productivas. Estas tampoco se dejarán expoliar fácilmente y emplearán sus energías para defenderse de la agresión institucional. Algunos emigrarán y otros reducirán su esfuerzo porque la utilidad marginal del trabajo se reduce a medida que aumenta la confiscación.

En estos días asistimos a una especie de mercadillo electoral donde cada candidato intenta ofrecer al pueblo, en competencia con sus rivales políticos, más y mejores dádivas. Aquél que más cosas promete dar deberá ser necesariamente el mayor ladrón. Y muchos no reparan en que todo aquello recibido deberá serles previamente sustraído pero siempre con saldo negativo pues el intermediario político se reservará una parte para sí. Y créanme, esta gente ni es poca ni tampoco frugal. Los políticos son los campeones mundiales del gasto, la ostentación y el despilfarro del dinero ajeno.

En conclusión, más que una fiesta, esto parece una merienda de negros donde los grupos 1 y 2 vivirán a expensas del grupo 3. La sociedad en su conjunto sufrirá un continuo deterioro moral y material, algo que Hans Hoppe llama descivilización. Los incentivos de esta democracia que ofrece maná caído del cielo son perversos. Aumentará la utilidad marginal del ocio y de la actividad política e inversamente será cada vez menos rentable trabajar. Crecerá el número de parásitos y paniaguados en detrimento del número de personas productivas siendo el resultado global una disminución de la producción de bienes y servicios en la sociedad. Para colmo de males, los ciudadanos recibirán, de forma creciente, servicios públicos mediocres debido a la falta de competencia e incentivos propios del sector público. Feliz campaña electoral.

La peligrosa idea de Molinari: la defensa en libre competencia

Contra la Fundación Tripartita (II)

En noviembre de 2011 escribí una primera crítica contra la Fundación Tripartita y hoy, que entra en vigor una modificación legislativa (Real Decreto-Ley 4/2015), me ratifico en lo dicho: la Fundación Tripartita debería desaparecer porque es lesiva para los intereses de empresarios, empleados, formadores y contribuyentes. El problema de la intervención es que nunca tiene fin, el gobierno desajusta los procesos de coordinación social que se dan en el libre mercado y, frente a esos desajustes -cuyo culpable siempre es el empresario- el órgano central de planificación económica opta por nuevas intervenciones que provocarán inexorablemente nuevos problemas, y así sucesivamente. Además, como advierte el profesor Huerta de Soto, el intervencionismo genera corrupción.Veamos que dice esta norma y tratemos de identificar las consecuencias no previstas del legislador.

Las primeras diez páginas constituye la clásica farfolla jurídica o preámbulo donde la Administración justifica su intervención. Encontramos expresiones como "modelo productivo", "senda sostenible", "empleo estable y de calidad", "capital humano", "empleabilidad", "diálogo social", etc., todo muy propio de la verborrea socialdemócrata. Creen políticos y burócratas que su misión es satisfacer las necesidades "reales" de empresas y trabajadores, y entrecomillo "reales" porque parece que ellos, en su inmensa arrogancia, saben mejor que los demás sus propias necesidades. Además, la Administración -cual pitonisa- pretende adivinar las necesidades futuras del mercado mediante un ejercicio de análisis y prospección del mercado de trabajo. Es difícil encontrar a la vez tanta ficción y pseudociencia.

No voy a extenderme demasiado explicando los detalles técnicos que incorpora la norma y me referiré sólo a cuatro hechos relevantes. En primer lugar, las empresas de formación deberán tener instalaciones físicas y medios suficientes para impartir la formación sin tener en cuenta que estamos ante un sector cuya oferta está atomizada con consultoras pequeñas y formadores autónomos. Si la formación debe impartirse forzosamente en academias o instalaciones previamente registradas (-incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos para tal fin. Art. 17, a), los proveedores no podrán organizar cursos in-company, que es la opción más habitual, y solo aquellas empresas grandes que disponen de departamentos de formación podrán hacerlo. El resto -PYMES- tendrá que optar por contratar cursos online, enviar a sus empleados a los "centros registrados" o simplemente dejar de hacer cursos. En este último caso, el dinero no utilizado engrosará el tesoro público.

En segundo lugar, está el control de precios. Desde 2003, las entidades organizadoras (academias, consultoras) tenían fijado un precio máximo de sus honorarios de gestión: 25% de los costes de impartición. Este límite era suficientemente generoso para no ocasionar problemas de oferta pues el precio de mercado no sobrepasaba este límite. Pero a partir de hoy, el control de precios se sitúa en 10% de los costes de impartición, es decir, se producirá -como ocurre en Venezuela- desabastecimiento y situaciones de ilegalidad. Por ejemplo, supongamos que se imparte un curso por 1.000€ y los costes de gestión con la Tripartita se elevan a 150€. Si el precio máximo fijado por el gobierno es 25% (250€) la medida no tiene incidencia en el mercado pero si el precio máximo se reduce a 10% (100€), los costes de gestión exceden el máximo legal (en 50€) y los proveedores marginales -aquellos cuyos costes de producción superan el precio máximo- tendrán dos opciones: a) dejar de prestar el servicio y b) trabajar en la ilegalidad. 

En tercer lugar, la norma introduce un elemento muy peligroso que consiste en la posibilidad de que la Administración evalúe los "resultados" de la formación en base a indicadores objetivos y transparentes, en particular, de los resultados de la formación (art. 18.1). Imaginemos que tras la impartición de un curso, un funcionario realiza una inspección ex post, evalúa los conocimientos de un empleado y determina, en su caso, que el resultado de la formación ha sido "insuficiente". Tanto la empresa beneficiaria como la entidad formativa podrían ser sancionados. Introducir este tipo de discrecionalidad aumenta notablemente la inseguridad jurídica de empresas y formadores.  

Por último, la norma endurece el régimen sancionador, promueve el chivatazo e instaura la pena infamante de escarnio: se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y conocimiento de las situaciones fraudulentas (art. 19.1). Todo muy propio de regímenes totalitarios donde no hay peor pecado que pretender engañar al dios Estado. Con más intervención y más coacción la economía podrá caminar pero lo hará como lo hace un hombre con muletas. En conclusión, hoy es otro día aciago para lo que Karl Popper denominaba "sociedad abierta". El Gobierno, una vez más, viola la libertad comercial, viola la libertad contractual y viola los derechos de propiedad mediante su herramienta favorita: la legislación.