¿Por qué las mujeres cobran menos?

Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Preparémonos pues para la marea rosa de cifras, estadísticas y eslóganes que pretenden un objetivo tan inmoral como ilegítimo: la supuesta y espuria justicia de género. Las feministas de antaño, las auténticas, pretendían la igualdad "ante" la ley; las de hoy quieren algo muy distinto: la igualdad "mediante" la ley, es decir, dando y quitando derechos instrumentalmente. Hace justo dos años redacté un artículo sobre la discriminación donde distinguía dos tipos: legítima e ilegítima. Hoy hablaré sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres e intentaré explicar, de nuevo, que esta diferencia es justa pues obedece a causas objetivas (biológicas, culturales, jurídicas, políticas) que configuran el mercado laboral. Debo anticipar que cualquier apreciación sobre la justicia salarial debe hacerse a nivel individual y nunca a partir de grandes clases (hombres y mujeres). La justicia es dar a cada uno lo suyo y no dar a "ellos" lo mismo que a "ellas". Nuestro afán colectivista pervierte la esencia de la justicia y olvida su objeto: el individuo. La justicia social es, por tanto, un oxímoron. Solo los individuos poseen derechos y obligaciones, y nunca los colectivos o "clases" de personas. Es patente que un juez sólo puede juzgar individuos y nunca colectivos, categorías o clases de individuos. Pero como el mantra feminista que hoy nos invade alude a hombres y mujeres, en general, entraré al trapo para identificar las causas de la diferencia salarial entre sexos. Admito que algunas de mis hipótesis son intuitivas, discutibles y que otras serán ampliamente compartidas por el lector.

En primer lugar, el empresario no paga salarios por el "tipo" de trabajo sino por el rendimiento esperado o demostrado del trabajador. Que exista igualdad salarial, por tanto, se debe únicamente a varios factores: a) el trabajador es un funcionario y el Estado aplica la norma "para todos café". Solamente en la esfera de lo público es posible ver con tanto descaro como una persona diligente y un vago redomado cobran lo mismo; b) las diferencias en productividad son mínimas o no hay forma precisa de calcularla; y c) el empresario es coaccionado por la legislación (convenio colectivo) a pagar el mismo salario a personas de la misma categoría profesional, al margen de los diferentes rendimientos. Refutemos pues el dogma laboral que dice "a igual trabajo, igual salario" porque la premisa es falsa: no existen dos trabajadores -ni aún dos gemelos- que realizando la misma labor obtengan idéntica productividad. Si realmente hubiera justicia retributiva no habría dos salarios idénticos. El deporte es un buen ejemplo de ello, los deportistas en cada equipo firman contratos ad personam y sus nominas son muy dispares. Si alguien se siente mal pagado con respecto a otro compañero puede negociar una subida salarial o simplemente buscar otro club.  

Adam Smith

La segunda falacia es que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Dos personas podrán estar las mismas horas en la oficina o hacer idénticas tareas pero no producen lo mismo. Es más, si aquello fuera cierto, los empresarios automáticamente dejarían de contratar hombres por ser estos más caros. Tampoco es plausible que todos los empresarios se equivoquen en masa o que hayan perdido misteriosamente su amor por el lucro. Si el empresario paga más al hombre que a la mujer (solo generalizo a efectos dialécticos) es porque, acertada o equivocadamente, atribuye subjetivamente más valor al primero. Veamos algunas causas objetivas de la diferencia salarial entre sexos. Ya Adam Smith [1] observó en 1776 que la naturaleza de los empleos generaba distintos salarios:

"primero, si los empleos son agradables o desagradables; segundo, si el aprenderlos es sencillo y barato o difícil y costoso; tercero, sin son permanentes o temporales; cuarto, si la confianza que debe ser depositada en aquellos que los ejercitan es grande o pequeña; y quinto, si el éxito en ellos es probable o improbable".

1) Agradabilidad. Factores como la suciedad, las malas condiciones ambientales o los escrúpulos hacen necesario pagar salarios más altos. Decía Smith: "El más detestable de todos los empleos, el del verdugo, resulta ser el oficio de lejos mejor pagado, en proporción a la cantidad de trabajo realizada". Las profesiones más desagradables, sucias o ingratas -pero mejor remuneradas- son ejercidas mayoritariamente por hombres: matarifes, espías, basureros, mineros, mecánicos, fontaneros, etc., excepto la prostitución, ejercida mayoritariamente por mujeres.

2) Sector de actividad económica. Hombres y mujeres presentan una diferente distribución por sectores de actividad económica. Hay más varones que mujeres en la industria o el sector financiero, donde se pagan altos salarios. A su vez, dentro de cada sector, los hombres ocupan puestos con mayor remuneración; en la industria las mujeres copan los puestos administrativos y los hombres los de técnico y operario; en la hostelería las mujeres ocupan puestos de administración, atención al cliente y limpieza de interiores mientras que los hombres suelen ocupar puestos de gerencia, mantenimiento y limpieza de exteriores (piscinas, jardines, máquinas), estos últimos mejor retribuidos.

3) Peligrosidad. Existe una nítida y directa correlación entre riesgo laboral y salario, y es una evidencia que existen muchos más hombres que mujeres en las profesiones más peligrosas: militares, policías, bomberos, pilotos, mecánicos, mineros, pescadores, trabajadores que realizan trabajos en altura o bajo el agua, etc. Y aquí se vuelve a repetir el patrón de doble riesgo: internamente, en cada profesión, el hombre asume más riesgos que la mujer: los mariscadores varones cogen percebes en la rompiente y las mujeres almejas o berberechos en la playa. A cambio, los hombres copan las estadísticas sobre siniestralidad laboral.

4) Disponibilidad. Es la predisposición personal del trabajador para subordinar sus propios intereses a los intereses corporativos y es, sin duda, uno de los factores más valorados por las organizaciones y tenidos en cuenta para retribuir y promocionar a sus empleados. En el mercado aquellas personas que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes obtienen mayor retribución y reconocimiento; el mercado laboral no es una excepción: el empresario es "cliente" interno del trabajador ya que el segundo satisface las necesidades del primero. El trabajador varón es más proclive a sacrificios como la movilidad geográfica, viajar con frecuencia o trabajar fuera del horario regular. Aquellas mujeres que quieran cobrar tanto como sus compañeros tendrán que abandonar el rol de víctima y asumir los roles propios de los varones. Serán recompensadas justamente con más dinero y poder, que es lo que reclaman. Pero no se puede estar en misa y repicando. Si los hombres compiten duro por alcanzar el éxito profesional y pagan un elevado precio en su vida personal (los directivos no concilian) ¿porqué las mujeres deberían tener un descuento?

5) Tipo de contrato y jornada. Hay más hombres con contratos indefinidos y jornadas laborales más largas. Sería injusto no reconocer que muchas mujeres se ven presionadas a asumir roles culturales como el cuidado del hogar o los dependientes. Aún así, no es legítimo que el Estado coaccione a contribuyentes y empresarios para que asuman los costes económicos derivados de la diversidad biológica (maternidad), cultural o social existentes.

6) Relaciones interpersonales. Es un factor clave en la promoción profesional y, por ende, en la mayor retribución. Los varones son más proclives a socializar fuera del trabajo lo que les permite construir relaciones personales que impulsan sus carreras profesionales. Esta actividad, por cierto, consume mucho tiempo. Lealtad, conocimiento personal, confianza mutua y compromiso con los jefes y con la organización son generalmente factores más determinantes para el éxito profesional que otros asociados a la mera productividad. Algunas mujeres trabajan tanto y tan bien que ni siquiera se permiten el lujo de tomar un café con su jefe, cometen un grave error, luego se escandalizan cuando ascienden a otro compañero de la oficina -el que deja su trabajo para tomar café con el jefe. Este último, sin embargo, demuestra poseer mayor inteligencia y astucia. Luego llegan los lamentos y el sentimiento de ser una víctima: ¡Qué injusto es el mundo! ¡Yo soy más capaz y productiva pero no me ascendieron por ser mujer!. 

7) Intereses y preferencias. Es muy probable que la escasa presencia femenina en la alta dirección -efecto "techo de cristal"- no se deba a la menor capacidad profesional de la mujer ni tampoco a una confabulación del "patriarcado" sino a un conjunto de circunstancias biológicas y culturales que hemos ido desbrozando. Por último, hombres y mujeres manifiestan diferentes preferencias personales, familiares y profesionales; y estas elecciones tienen implicaciones salariales. Los hombres se interesan más por la tecnología, la industria, las finanzas o los negocios, actividades altamente remuneradas. Las mujeres se orientan más hacia las ciencias sociales. Noruega es el país más igualitario del mundo pero la gran mayoría de ingenieros son hombres y la gran mayoría de enfermeras son mujeres. Un estudio [2] realizado por el profesor Richard Lippa en 53 países de culturas distintas muestra que los hombres se interesan más por la física, la ingeniería o la mecánica y las mujeres más por los trabajos relacionados con las personas. Si la cultura no es determinante ¿será acaso una cuestión biológica? El psiquiatra infantil Trond Diseth, del Hospital Nacional de Noruega, trabaja en identificar el sexo de los niños que nacen con malformaciones genitales y ha desarrollado un test-juego donde observa las preferencias de niños y niñas a partir de los nueve meses de edad; en el experimento se colocan diez juguetes distintos, cuatro considerados "masculinos", cuatro "femeninos" y dos "neutros". Los resultados indican que los niños prefieren jugar con juguetes masculinos y las niñas con juguetes femeninos; y si a tan temprana edad no resulta posible "culpar" a la influencia parental, la explicación biológica de los distintos intereses cobra sentido.

La ideología de género, que reclama privilegios y derechos espurios, hunde sus raíces filosóficas en la tesis marxista de la lucha de clases: la mujer constituye la clase explotada y el hombre ¡como no! la clase explotadora. Alusiones a la "feminización" de la pobreza o que ésta tiene "cara de mujer" son burdas manipulaciones del lenguaje para dar lástima y, de paso, justificar sus pretensiones: sentencias judiciales, ayudas directas, subvenciones, bonificaciones, blindajes, etc. Resentimiento, misandria y afán de revancha se esconden tras algunas medidas que pretenden "empoderar" a las mujeres: legislación de género ad hoc, paridad electoral, listas cremallera, órganos paritarios y cuotas en los consejos de administración de las empresas. Sólo mediante la violencia política puede el feminismo alcanzar sus objetivos. Particularmente lesivas para el hombre son las sentencias que impiden la custodia compartida, medida utilizada en ocasiones por las mujeres como herramienta para la venganza. Muchos hombres quedan en la ruina económica y moral.

Pero volvamos al tema laboral. La herramienta intelectual favorita de los ideólogos de género es la propaganda y la ingeniería social, o sea, la creencia ingenua de que es posible cambiar la naturaleza y el orden espontáneo de la sociedad a golpe de boletín oficial. Pero, como Bastiat afirmara, su ceguera no les permite apreciar uno de los efectos diferidos del intervencionismo laboral: los empresarios descontarán toda toda servidumbre legislativa. Y cuando se defienden de la coacción son tachados de "machistas" o de no respetar los "derechos legales" de la mujer, pseudoderechos porque se sustentan en la violación de derechos genuinos. Legisladores, sindicalistas y trabajadores olvidan con frecuencia que toda empresa es una propiedad privada.

Mónica Oriol

Mónica Oriol, presidente del Círculo de Empresarios y madre de seis hijos, con gran valentía, explicaba por qué las empresas sotto voce evitan contratar mujeres: la legislación las blinda del despido durante los once años después del parto. Este beneficio otorgado a las madres es siempre a expensas de las empresas y de sus compañeros de trabajo, es un juego de suma cero. Si contratar a una mujer en edad fértil supone un pasivo para el empresario, éste se opondrá a la medida con los medios a su alcance y procurará, ceteris paribus, contratar a un varón. Es precisamente la legislación feminista la que hace al varón más atractivo para el contratador porque el hombre no es portador de una servidumbre laboral añadida a las muchas existentes. Cual bumerán, la "protección" laboral de la mujer actúa en sentido contrario al pretendido inicialmente. 

El feminismo quiere destruir la división sexual del trabajo, que beneficia a todos, y convertir la sociedad en una especie de hormiguero. Sin embargo, no es la ideología de género, ni las cuotas, ni los observatorios, ni el populismo, ni la coacción política lo que puede legítimamente ayudar a la mujer a alcanzar sus fines, sino las oportunidades que le brinda una sociedad abierta. Es la tecnología la que reduce e incluso hace irrelevante la diferente fuerza física entre sexos; es la Red la que posibilita trabajar desde casa o dejar de viajar porque existe videoconferencia. Es, en definitiva, el avance tecnológico inherente al sistema capitalista el que proporciona mayores posibilidades de realización personal, familiar y laboral a todas las personas que participan en el libre mercado, sean hombres o mujeres.

[1] La riqueza de las naciones. Alianza Editorial, 2011, p. 153.
[2] www.outono.net/elentir/2013/03/03/un-interesante-documental-que-echa-por-tierra-los-dogmas-de-la-ideologia-de-genero
[3] Consejo General del Poder Judicial. Informe estructura demográfica de la carrera judicial, 1/01/2012

Sobre el concepto de autopropiedad

John Locke

En el pasado artículo hice una defensa de la propiedad privada basándome en el concepto lockeano de autopropiedad: cada persona es propietaria de sí mismo y, por tanto, de su cuerpo. Gran parte de la literatura anarcocapitalista se apoya en esta idea y debo reconocer que, por el hecho de ser bastante intuitiva, proporciona abundantes frutos para la comprensión y defensa del derecho de propiedad. Sin embargo, Samuel Gallop, con gran agudeza me ha hecho ver que el concepto de autopropiedad es filosóficamente inadecuado y dialécticamente innecesario para tal empresa.

En primer lugar —afirma Gallop— si la propiedad privada es una relación de dominio y uso exclusivo que se establece entre un ser humano y un objeto, desde el punto de vista lógico, nadie puede ser simultáneamente propietario y ser poseído. No dejamos de apreciar cierto optimismo en el hecho de que siempre nos veamos a nosotros mismos en el papel de dueño pero nunca en el de objeto poseído. La autopropiedad, por tanto, iría contra el principio lógico de "no contradicción":No es posible ser, a la vez, A y no A. La única manera de solventar esta paradoja sería admitir el dualismo platónico del ser humano donde la mente —psique— sería la parte poseedora y el cuerpo físico —soma— la parte poseída. 

Es evidente que determinadas expresiones mercantiles como «yo vendo mi pelo», «yo dono mi sangre» o «yo permuto un riñón por un pulmón» pueden conducirnos inconscientemente a la idea de autopropiedad. De igual forma, también proferimos que una prostituta «alquila» su cuerpo, pero todos estos actos constituyen la legítima disposición de uno mismo sin que sea preciso acudir a la idea de autopropiedad para explicarlos. Con respecto a la esclavitud o a la «venta» de niños, tampoco es posible admitir que aquellos hubieran sido propiedad legítima de esclavistas o padres, respectivamente. Cito textualmente a Gallop:

Los esclavos no fueron nunca propiedad de sus amos porque un ser humano, por su naturaleza, no puede ser jamás el objeto de propiedad en una relación de propiedad. Ningún humano puede reafirmar su identidad siendo de dominio y uso exclusivo de otro ser humano. La esclavitud fue simplemente agresión a la vida y la libertad de los individuos, sistematizada y legalizada por la fuerza, bajo un manto de propiedad que nunca existió. Como todas las imposiciones humanas sobre la realidad de los hechos, ha durado lo que tardan los humanos en darse cuenta de su error. No es sostenible en el tiempo ir contra la realidad.

Lo anterior presupone la existencia de una ética objetiva, universal y válida en todo tiempo y lugar. No se trata, por tanto, de que la esclavitud (o la homosexualidad) fuera ética ayer y hoy haya dejado de serlo. Nunca lo fue, ni lo es, ni lo será. Si enlazamos esta idea con mi crítica de la conscripción (artículo anterior), no cabe duda de que el Estado aliena al conscripto y confisca temporalmente su vida y su libertad. Aquí me ratifico. El catedrático de filosofía, José María Vinuesa, en su crítica del concepto de autopropiedad afirma con mucho tino que: «Mientras se diga que un hombre es propiedad de alguien —aunque sea de sí mismo— será factible que cambie de dueño".

En conclusión, creo que Gallop lleva razón y debo rectificar. Para defender la vida, la libertad y la propiedad no es preciso acudir al concepto de autopropiedad como si un deus ex machina filosófico se tratara. No es necesario establecer una relación posesoria con uno mismo, ni razonable poner la propiedad por delante y defender que la vida y la libertad son sus corolarios. Para defender la causa de la propiedad privada bastaría con acudir al principio de no (inicio de la) agresión, al respeto a la persona y su derecho a retener para sí el fruto íntegro de su trabajo.

El cuerpo como propiedad privada: un análisis ético

En este artículo intentaré hacer una defensa de la propiedad privada basada en el principio ético de la no agresión al cuerpo de otra persona. Empezaremos la argumentación introduciendo una premisa inicial: el propio cuerpo es la primera propiedad privada que el ser humano posee; no admitirlo nos llevaría al absurdo de que nadie podría disponer de su propio cuerpo, o bien, a la esclavitud: existe un tercero que es el dueño del cuerpo de otro. Por tanto, admitamos prima facie que todos los hombres son libres y que cada cuál es dueño de su propio cuerpo.

Alberto (A), Benito (B) y Camilo (C) son tres enfermos terminales que necesitan urgentemente sendos trasplantes de pulmones, hígado y riñones, respectivamente. Si no son trasplantados pronto morirán todos. Víctor (V) es un cuarto hombre sano. Se realiza una votación y por mayoría A, B y C deciden sacrificar a V para obtener sus órganos sanos y realizar los trasplantes. La mayor utilidad del resultado sería, en este caso, la justificación de la medida adoptada: al fin y al cabo tres vidas son más valiosas que una vida. ¿Por qué entendemos que esta acción es inmoral? porque A, B y C han iniciado la violencia para arrebatar a V su cuerpo, que es su propiedad privada. La primera conclusión obtenida es que la mayor "utilidad" de muchos, algo que habitualmente llamamos "interés general", no justifica violar la propiedad privada de un solo hombre. En primer lugar, no existe una unidad de medida que nos permita comparar utilidades interpersonales; y aunque la hubiera, matar a V y extraer sus órganos en beneficio de A, B y C sería igualmente inmoral. Tampoco sería admisible sacrificar a V apelando a otro tipo de razones como la edad, parentesco, sexo o importancia social de los personajes en escena. ¿Y qué ocurriría si el Parlamento de la nación, elegido democráticamente, promulgara una ley que autorizara disponer del cuerpo de V? Entendemos que la legislación, per se, pueda modificar la moralidad del hecho en cuestión. Siempre han existido leyes inmorales. Y como decía Tácito: "cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".

Supongamos ahora que A, B y C reducen su nivel de violencia y deciden "solamente" extirpar un pulmón, medio hígado y un riñón de V para que los cuatro puedan vivir. Además, cada uno de ellos pagará a V, a modo de compensación, un millón de euros por la expropiación forzosa de sus órganos. En este caso, aún siendo menor la agresión, la inmoralidad del acto permanece pues V es forzado a realizar un intercambio no consentido. Da igual que sea un particular o el Estado el que viole el cuerpo de V, entendido como su propiedad exclusiva. Hasta este momento de nuestro razonamiento, solamente un psicópata, discreparía de nuestra conclusión: en ningún caso es ético violar el cuerpo de una persona porque su cuerpo es su propiedad privada y a nadie, excepto a su dueño, le corresponde decidir su uso.

En el derecho romano, la propiedad incluye tres derechos: a) ius utendi o derecho de uso; b) ius fruendi o derecho a obtener sus frutos; y c) ius abutendi o derecho de abuso sobre la propiedad. En lo que respecta al propio cuerpo, esto significa que podemos legítimamente usar nuestro cuerpo con libertad, obtener los frutos de nuestro trabajo o incluso abusar de nuestro cuerpo flagelándonos o consumiendo drogas. Si tenemos una vivienda, podemos usarla directamente, alquilarla o incluso abandonarla hasta que sea una ruina. Si tenemos dinero, podemos gastarlo juiciosamente, prestarlo para obtener una renta o dilapidarlo en los juegos de azar. Todas estas acciones son éticamente permisibles siempre y cuando no inicien la violencia contra otras personas o contra sus propiedades privadas. Como decía Lysander Spooner: "los vicios no son crímenes". Prohibir el consumo de ciertas sustancias, la homosexualidad o la prostitución -libre y consentida- entre adultos significa una violación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. O como dice Antonio Escohotado: "de la piel para dentro mando yo". De igual modo, la donación de órganos o incluso su intercambio comercial, hecho de forma voluntaria, es perfectamente ético desde esta óptica.

Desde la ética de la propiedad privada ¿cómo sería visto el servicio militar obligatorio? Si el propio cuerpo es una propiedad privada, el Estado dispone, durante un periodo, del uso (ius utendi) y los frutos del trabajo (ius fruendi) de esa propiedad: el cuerpo del conscripto. El Estado no solo viola la libertad del individuo sino que le impide obtener el producto de su trabajo durante el tiempo que está en filas. El coste de oportunidad es lo que el ciudadano pierde cuando es reclutado a la fuerza y deja de estudiar o trabajar y, en su caso, mantener a su familia. Evidentemente, un militar profesional que accede voluntariamente al Ejército está ejerciendo íntegramente su derecho de propiedad. Por tanto, la conscripción no deja de ser una modalidad de esclavitud temporal donde el Estado es el amo que se apropia del derecho de uso del cuerpo del esclavo. Eso sí, todo amparado por la legislación. En caso de guerra, esta violación se vuelve más intensa pues el Estado puede abusar (ius abutendi) del cuerpo del militar causándole indirectamente la muerte o la invalidez.

En conclusión, hemos visto que ni una supuesta mayor "utilidad" basada en el número, el intercambio forzoso o el criterio de legalidad pueden modificar la condena ética que supone violar el cuerpo de otra persona. Si no es admisible que A, B y C dispongan del cuerpo de V, tampoco lo es que un conjunto de personas D, E, F, etc. que actúan al frente del Estado, dicten mandatos que afecten al libre uso del cuerpo como propiedad privada, ya sea en forma de restricciones, prohibiciones o servidumbres.

¿Es peligrosa la deflación?

Escucho esta mañana en la radio a dos antiguos compañeros de colegio, economistas de profesión, alertando sobre la "peligrosa" deflación. Entendemos por deflación la bajada de los precios resultante de cambios en la relación monetaria. Para entendernos, los precios bajan por dos motivos: a) Se reduce la oferta de dinero, es decir, aumentan los saldos de tesorería de los consumidores; la gente, por así decirlo, "atesora" una mayor cantidad de dinero y reduce su consumo. Por ejemplo, una persona decide no irse de vacaciones para liquidar una deuda. b) Aumenta la productividad y los empresarios pueden ofrecer a los consumidores productos más baratos y eficientes. Por ejemplo, una empresa se traslada de España a China y puede fabricar teléfonos móviles más baratos. Los precios bajarán en proporción a la mayor demanda (por retención) de dinero y a la mayor productividad de las empresas. Estos dos factores, pueden sumarse o contrarrestarse mutuamente. Es posible que los precios se estabilicen si a) aumenta y b) disminuye en igual proporción.

La mayoría de economistas -mainstream- sostiene, según la tesis de John Maynard Keynes (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1936), que la deflación perjudica a la economía, a saber, se reduce el consumo y aumenta el desempleo. Según los keynesianos, las crisis cíclicas de la economía pueden mitigarse si el gobierno interviene oportuna y convenientemente. Es decir, los políticos pueden conjurar la crisis si aplican "medidas anticíclicas" tales como los "estímulos económicos". Un buen ejemplo de "estímulo" fue el ruinoso Plan "E" del gobierno de Zapatero o pócima keynesiana cuyo resultado fue rematar al enfermo. Por fortuna, cada día quedan menos defensores -como Paul Krugman- de Lord Keynes y cobra fuerza la tesis de los economistas de la Escuela Austriaca de Economía: Mises, Hayek, Rothbard y Huerta de Soto, por citar los más relevantes. Estos autores opinan que la causa del ciclo económico es de origen monetario: la inflación causada por el gobierno (a través del Banco Central) que aumenta la masa monetaria y por la expansión artificial del crédito que provoca la Banca Privada (orquestada por el Banco Central). Ambos fenómenos tienen el mismo efecto: un cambio acelerado en la relación monetaria que desajusta la estructura del capital. Ahora veamos por qué la deflación, lejos de ser peligrosa, tiene efectos deseables:

Jesús Huerta de Soto

1. La deflación forma parte de la "purga de errores" cometidos durante la primera fase del cliclo económico: auge o expansión monetaria que ocasiona las consabidas "burbujas". La recesión económica, como dice el profesor Huerta de Soto, es la resaca que llega inevitablemente después de la borrachera de crédito artificial (que no es producto de ahorro genuino). La deflación es la reacción del mercado para que los precios inflados vuelvan a la "normalidad" (es una forma de hablar ya que no hay precios "normales"). Por ejemplo, si durante la burbuja inmobiliaria los precios de la vivienda subían anormalmente 12% anual, es inevitable que durante la recesión se haga el ajuste en sentido contrario. Lo malo -como afirma Rothbard- es que tanto inflación como deflación no son neutras, o sea, benefician a unos y perjudican a otros. La subida de precios beneficia a los que venden y perjudica a los que compran; y viceversa.

2. La deflación compensa los desajustes ocasionados por la inflación. Esto es especialmente cierto con aquellas personas que tienen ingresos fijos: asalariados, funcionarios y pensionistas. Cuando los precios subían en mayor cuantía que su ingreso perdían capacidad adquisitiva pero con la deflación sucede al revés: pueden comprar más bienes con el mismo dinero. Los vendedores, durante el auge, ganan más dinero y durante la recesión ganan menos dinero o incluso sufren pérdidas. Por tanto, la subida o bajada de precios no afecta por igual a todos los agentes económicos. La deflación sanea, por tanto, los nocivos efectos producidos por la inflación.      

3. La deflación no puede causar desempleo. Esto es más difícil de ver. Supongamos que Repsol, como consecuencia de la caída de los precios del crudo, se ve obligada a reducir los salarios de sus trabajadores. Si durante la fase de auge (vacas gordas) los salarios suben, por igual motivo, también deberían bajar durante la recesión (vacas flacas). Pero ¿cuál es el problema? que muchos convenios colectivos no permiten este ajuste y el despido es la única solución. Esta ha sido la gran tragedia de España y la causante de tres millones de parados más. Si el mercado laboral fuese completamente libre no habría desempleo involuntario, es decir, todos aquellos dispuestos a trabajar tendrían un empleo. Por tanto, sólo la rigidez salarial provocada por sindicatos y gobierno es la causante del desempleo masivo que se produce durante la fase deflacionaria. Pero vayamos más lejos, supongamos que Repsol debe despedir, en todo caso, 1.000 trabajadores ¿dónde se colocarán? El mercado los podrá situar en otros sectores de la economía; con la gasolina más barata, las empresas de transporte podrán ampliar sus operaciones y necesitarán contratar más personal. Los consumidores también dispondrán de un dinero extra en sus bolsillos para gastarlo en consumo: comida, bares, ropa, ocio, servicios, etc. Por tanto, la deflación puede provocar el trasvase de trabajadores de un sector a otro de la economía e incluso la reducción de los salarios pero, si el mercado no es interferido, no puede provocar desempleo neto.

Contra el Estado autonómico

Es un principio de la ciencia política que un gobierno, ceteris paribus, mejora cuando se descentraliza, o sea, cuando la toma de decisiones está más próxima a los ciudadanos. Desde esta óptica, el proceso de descentralización autonómica española de 1978 supuso un avance teórico en el modelo de Estado. Y digo teórico porque no me cabe la menor duda de que el Estado autonómico, diseñado para dar satisfacción política a vascos y catalanes, ha sido un error histórico monumental. Nadie pensó, en su día, que las autonomías se convertirían en diecisiete Leviatanes que crecerían hasta convertirse en una de las peores cleptocracias conocidas. Cleptocracia es el gobierno de los ladrones. La creación, en 1978, de un cuarto nivel administrativo ha resultado un fiasco en toda regla y un perjuicio neto para los españoles que han visto mermadas su libertad y su renta.

En primer lugar, la reducción de la libertad individual es debida a la facultad legislativa de las regiones. Los diecisiete parlamentos autonómicos (más Ceuta y Melilla), con 1.218 diputados autonómicos -por desgracia, gente trabajadora- no cesan de vomitar basura legislativa. Se legisla de forma sectaria, arbitraria y a golpe de ocurrencia o capricho. Una desgracia. El deterioro de la Ley (en mayúscula) ha sido brutal. La consecuencia de tanta intervención y regulación es que los ciudadanos, para poder alcanzar sus fines, se acostumbran a incumplir la ley o a buscar subterfugios, trampas o favores de los políticos y funcionarios. Otra grave consecuencia es la parálisis económica. No hay desarrollo porque el coste derivado de la regulación es muy alto. Además, la legislación (al contrario que la Ley) no es estable y provoca inseguridad jurídica, algo que ahuyenta a los inversores. Más leyes y normas significa, en realidad, mayor dependencia de quien otorga las licencias y permisos. Ya lo decía Tácito: "Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".   

En segundo lugar, el crecimiento de las autonomías ha ido mermando poco a poco, hasta dejar exangüe, el bolsillo del contribuyente. Según Javier Sevillano, entre 1987 y 2013, las autonomías multiplicaron por 4,35 sus funcionarios, pasando de 363.900 a 1.585.500. Pero además, los funcionarios autonómicos son, de media, más onerosos que los de la Administración General del Estado. 

Echando la vista atrás, en lugar de crear autonomías, hubiera sido preferible descentralizar el Estado hacia las provincias, islas y municipios, manteniendo los tres niveles administrativos. Por ejemplo, Suiza es un país altamente descentralizado en lo político (especialmente a nivel municipal) pero los suizos solo deben sufragar tres niveles gubernamentales (federal, cantonal y comunal) frente a los cinco (europeo, central, autonómico, provincial-insular y municipal) de los españoles. A mayor lastre político y funcionarial, menor producción económica y menor nivel de vida.

Por último, el tercer gran problema de las autonomías ha sido su vocación centralizadora. Los gobernantes autonómicos, con su política de "café para todos", han sembrado la discordia entre las diputaciones, cabildos y ayuntamientos. En Canarias, donde cada isla tiene problemas singulares, la egolatría de los nacionalistas ha beneficiado a los habitantes de unas islas a expensas del resto. La tan absurda como innecesaria ley de Obligaciones de Servicio Público no sólo ha impedido la entrada de Ryan Air en el mercado interinsular, además ha supuesto sotto voce el monopolio de la aerolínea Binter Canarias. El resultado está a la vista: tarifas escandalosas que empobrecen a los consumidores y que perjudica, en mayor medida, la economía de las islas menores. Otro ejemplo, la moratoria turística, fruto del nuevo nacional ecologismo que practica Coalición Canaria, sigue perjudicando a los propietarios de tierras, inversores, empresarios, trabajadores y consumidores. La moratoria perjudica a todas las islas pero, relativamente, a unas más que otras, por ello, no es de extrañar que en Gran Canaria surjan voces proponiendo el abandono de la Autonomía. El archipiélago podría seguir desarrollándose si no fuera por el corsé económico que supone el intervencionismo. Pero vayamos aún más lejos. Imaginemos siete islas compitiendo entre sí por atraer residentes, inversores y turistas, y no lo que tenemos ahora: un "solo pueblo" económicamente deprimido, cuyo gobierno festeja la salida de la multinacional Repsol y promueve la autarquía económica. 

Nacionalismo canario y autarquía

En los últimos años Coalición Canaria (CC), al igual que nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, ha ido avanzando en su proyecto soberanista, aspiración legítima que yo respeto. La cuestión, a mi entender, no es si nos gobiernan desde Madrid o desde Canarias, lo importante es que estemos "poco" gobernados; como decía R. W. Emerson: "cuanto menor el gobierno, mejor". Por eso CC me parece más peligrosa que otros partidos, porque los nacionalistas quieren gobernar con mayor intensidad. Y las leyes sirven para imponer o prohibir. Todo aumento legislativo, algo que lamentablemente mide la "productividad" de los políticos, significa menos libertad individual y más confiscación de la riqueza.

Todo nacionalismo busca el ideal de sociedad en un pasado mítico, glorioso e idealizado: Platón identificó la mejor forma estatal en las antiguas aristocracias tribales de Esparta y Creta, Mussolini quería resucitar el Imperio Romano, Hitler quería instaurar un régimen nacional socialista que durara 1.000 años y Franco definía España como "unidad de destino en lo universal". Como Canarias no posee un pasado imperial al que poder resucitar, los nacionalistas canarios se han inspirado en la ecología y en el "estado de naturaleza". Su inspiración se basa en la sana, bucólica y pastoril vida de los primitivos habitantes de las islas: los guanches. 

En el discurso de los nacionalistas canarios se observa la principal seña de identidad de los regímenes totalitarios: La autarquía económica. Se pretende fomentar la "soberanía alimentaria" y el autoconsumo de los productos canarios reduciendo la dependencia exterior (Manifiesto Canarias20). Para ello se ponen barreras arancelarias (AIEM) que benefician a los productores canarios a expensas de todos los consumidores (que representan el interés general). Se subsidian los sectores más tradicionales (agricultura, ganadería, artesanía) mediante un holding de empresas públicas deficitarias (valga la redundancia) que tiene un doble cometido: fomentar los sectores de la economía "tradicional" y comprar los votos de los agraciados: viticultores (Bodegas Insulares Tenerife, SA), ganaderos (Granja Teisol, SL.) y artesanos (Empresa Insular de Artesanía, SA). Este sistema transfiere las rentas de la población urbana a la rural, importante caladero de pesca del voto nacionalista.

La moratoria turística obedece a este nacionalismo ecologista. Hay que evitar que se construyan más hoteles y fomentar el sector primario para que el paisaje no se deteriore aún más. Hay que volver a cultivar los campos abandonados. En la mente obtusa del nacionalista no cabe que un noble campesino canario sustituya las cabras y la guataca -señas de identidad nacional- por la denigrante pajarita de camarero de hotel. La norma arbitraria e intervencionista que impide construir cierto tipo de hoteles en ciertas islas solo obedece a la ceguera ideológica. Ya hay "demasiados" hoteles -dicen los profetas nacionalistas- como si la cantidad óptima les hubiera sido misteriosamente revelada. Y para sustentar sus tesis sólo aportan apocalípticas metáforas: los hoteles "devoran" el territorio y "consumen" el suelo. Esta tropa no atiende a razones, ni respeta la Ley, ni los derechos de propietarios e inversores, ni las preferencias de los consumidores. 

Otra forma de autarquía es la "autosuficiencia energética", propuesta en el V Congreso Nacional de CC. Es una contradicción tratar de impedir la extracción de petróleo y declarar, al mismo tiempo, la autosuficiencia energética, como si Canarias pudiera subsistir exclusivamente con energías renovables. En la sociedad utópica y ecologista de CC, todos deberemos circular en vehículos eléctricos, todas las casas tendrán paneles solares; se prohibirá -bajo severa sanción- el gas butano, la gasolina y el diesel. Y todo se hará a golpe de boletín oficial y velando por el "interés general". Todos deberán plegarse al nacionalismo ecológico y a la ingeniería social por el bien del pueblo canario. Canarias será, sin duda, la "plataforma experimental" donde ensayar el Nacional Ecologismo. Seremos la envidia del mundo, el referente de una nueva sociedad limpia y sostenible. Esta es la ensoñación de los nuevos ingenieros sociales. Es preocupante hallar, a la vez, tanta radicalidad, farfolla y penuria intelectual en los documentos de CC. 

Por último, pondré de relieve otra contradicción de CC que se aprecia en las continuas alusiones (Manifiesto Canarias20) a la internacionalización, liderazgo, globalización, innovación, competitividad, etc. No es posible afirmar lo anterior y a la vez sostener que el "empleo debe ser ocupado en primer lugar por las personas que ya residen en Canarias". Los políticos canarios (todos) ya han conseguido dificultar la llegada de productos foráneos (AIEM), dificultar la entrada de nuevas líneas aéreas en los vuelos interinsulares (Obligaciones de Servicio Público) y ahora sólo falta impedir la llegada de extranjeros que compitan laboralmente con los residentes. Los canarios podrán trabajar en todo el mundo pero los de fuera no podrán trabajar en Canarias, mientras haya un solo canario en paro. Pretenden la autarquía laboral pero, de momento, España y la UE se lo impiden. 

La principal característica del nacionalismo es el uso de la violencia para alcanzar sus fines: todos los individuos habrán de plegarse forzosamente a la realización del proyecto nacionalista. Todo nacionalismo deriva forzosamente en un sistema socialista y totalitario: Hitler, Mussolini y Franco eran nacionalistas y socialistas, de derechas, pero colectivistas al fin y al cabo.  Da pánico imaginar que estos fanáticos enemigos de la libertad, de la propiedad privada y del comercio, pudieran gobernar algún día una Canarias independiente. Sería como para salir corriendo (o volando). Tal vez, el insularismo pueda servir de freno al ansia de poder de esta pandilla de ególatras regionales que sólo buscan poder y dinero ¿Quién iba a decirnos que el pleito insular podría ayudar? Si Canarias se independizara de España, lo único que podría salvarnos de la tiranía sería la inmediata secesión de todas las islas.

Charlie Hebdó y la libertad de expresión

A raíz del atentado terrorista al semanario satírico Charlie Hebdó se suscita en la sociedad el debate sobre si deben existir o no límites a libertad de expresión. En una sociedad libre, un texto, dibujo o imagen no es algo que sea considerado como "acto de agresión". La agresión, entendida como violencia, sólo procede de un acto físico que atente contra la integridad personal o contra la propiedad privada. Es importante distinguir entre lo que pudiera ser una acción inmoral, provocadora u obscena -como una viñeta satírica- de aquella otra que implica violencia física, como un asesinato. Intentaré justificar este criterio de demarcación propio del pensamiento "liberal" y más concretamente de la corriente "anarco-capitalista", que yo comparto plenamente. Es decir, sostengo que dentro de una sociedad libre la conducta de Charlie Hedbó, aunque fuera moralmente reprobable, es legítima, mientras que la acción terrorista no lo es. 

Leo Bassi

La llamada "libertad de expresión" no es otra cosa que el derecho irrestricto a usar la propiedad privada, es decir, el derecho a usar el propio cuerpo (voz, manos, mente) y otros medios (imprenta, papel, tinta, etc.) como mejor convenga.  Ahora bien, es innegable que la libertad de expresión, sin censura, puede ocasionar -y de hecho causa- una ofensa. "Sentirse ofendido" es un estado psicológico subjetivo que difiere de una persona a otra; por ejemplo, las parodias del payaso italiano Leo Bassi ofenden a algunos católicos y a otros no. En segundo lugar, una misma persona puede sentirse más o menos ofendida dependiendo de quien profiera la "ofensa". Como vemos, "sentirse ofendido" es algo tan variable y subjetivo que no proporciona una base jurídica sólida para poder afirmar que hablar, escribir o dibujar pueda ser, stricto sensu, un delito. Desde esta óptica, otras figuras jurídicas como la "injuria", "calumnia" y "blasfemia" dejarían de tener cabida en el código penal. Una primera conclusión es que sin que media agresión física a la persona o a la propiedad no hay delito posible.

Ahora bien, en una sociedad libre ¿de qué forma se castiga algo moralmente reprobable pero que no constituye delito? La sanción debe ser privada. Si una persona ofende a otra, ésta podría retirarle su amistad, ignorarla e incluso devolverle la ofensa. La palabra se combate con la palabra. Ahora bien, cuando el Gobierno pretende legislar sobre la moral o los sentimientos subjetivos de determinados grupos, no solo comete un grave error jurídico sino que vulnera un principio sobre el que se asienta la sociedad abierta: la libertad de expresión, que es una forma específica de ejercer un derecho de propiedad. En este sentido, es preocupante la declaración de Ángeles Carmona, presidente del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, que sugiere prohibir los piropos que hacen los hombres a las mujeres (al revés nunca es falta) porque -según ella- suponen una "auténtica invasión en la intimidad de la mujer, que hay que erradicar". Semejante dislate sólo puede provenir de la infame ideología de género y de la misandria: el odio al varón. 

Pero volvamos al caso Charlie Hebdó. Si algunos islamistas se ofenden por ciertas viñetas satíricas siempre pueden abstenerse de comprar la revista y además organizarle un boicot "pacífico"; por ejemplo, los ofendidos pueden manifestarse y persuadir a otros consumidores para que no compren el semanario; e incluso podrían recaudar fondos y adquirir la propiedad de la revista para modificar su línea editorial o incluso despedir a todos los dibujantes. Todas estas soluciones privadas son legítimas pues respetan el principio de no agresión (física). Por último, el mercado, a través del mecanismo de precios, ejerce una acción moderadora y disuasoria sobre aquellos que insultan, difaman o son pendencieros. Se trata de un incremento en las primas satisfechas en concepto de seguridad. Si Charlie Hebdó es un medio provocador y está amenazado por ello, sus superiores gastos de seguridad deberían ser sufragados internamente contratando seguridad privada. Si el Gobierno ofrece protección pública, los costes derivados de su conducta se externalizan sobre el conjunto de los contribuyentes.