Tres errores sobre el consumo local

Cuando se aproximan las fiestas navideñas se multiplican los eslóganes para que los consumidores opten por el consumo local. Según sus promotores —políticos, empresas públicas, asociaciones de empresarios— consumir bienes producidos en zonas próximas o vendidos en comercios de proximidad es beneficioso para la economía local. Los ecologistas, por su parte, afirman que el consumo de productos locales beneficia al medio ambiente porque se reducen las emisiones de CO2 producidas por el transporte de mercancías.

De las campañas en «defensa» del consumo local se infiere la menor competitividad (relación calidad-precio) de algunos productores locales. De no ser así, estas campañas nunca se hubieran realizado. Sin embargo, no es el pequeño comercio, en general, el que está amenazado por los grandes distribuidores y la venta por Internet, sino específicos empresarios que no han sido capaces de adaptarse a los gustos de los consumidores; prueba de ello es el reemplazo de empresarios españoles por chinos en muchos negocios minoristas: bares, restaurantes, tiendas de alimentación, bazares, peluquerías, telefonía móvil, etc. A lo largo del artículo nos referiremos exclusivamente a esos empresarios locales «menos» competitivos que se benefician de campañas institucionales en las que se pide al consumidor que realice un sacrificio económico. Nuestro análisis de hoy desvelará tres errores —ético, lógico y económico— sobre el consumo local.

a) Error ético

Cualquier campaña gubernamental destinada a fomentar el consumo local no es gratis y supone una transferencia coactiva de dinero desde los contribuyentes hacia los grupos receptores de las ayudas. La propaganda gubernamental se realiza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. Estos favores políticos constituyen una vieja práctica llamada mercantilismo: «Un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir las importaciones y subsidiar las exportaciones» (Rothbard, 2013a: 247). Las actuales campañas municipales de consumo local repiten los mismos errores del absolutismo real entre los siglos XVI y XVIII. Toda injerencia política en el libre mercado supone un perjuicio para la sociedad porque la «protección» de ciertos productores o comerciantes locales necesariamente empobrece a miles de consumidores que verán reducido su nivel de vida. Debe ser el empresario, grande o pequeño, quien soporte exclusivamente los costes de cualquier campaña publicitaria.

Esta «defensa» del comercio local alcanza su paroxismo en la «guerra» que el ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha declarado a la empresa Amazon. La iniciativa «mojizon» permite a los residentes comprar en el pueblo por Internet y un empleado municipal hará el reparto a domicilio «gratuito». Menuda ocurrencia. Estos juramentados del consumo local ignoran que, sólo en España, Amazon tiene un catálogo de 180 millones de artículos distintos.

Sólo es ética la campaña publicitaria financiada con fondos privados (empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio,¹ etc). También es éticamente admisible que el publicitario apele a los sentimientos identitarios —«lo nuestro», «nuestra gente», «nuestro pueblo»— para que el consumidor acepte voluntariamente el sacrificio de comprar productos más caros o de menor calidad que los foráneos.

b) Error lógico

Las campañas de consumo local son genéricas, pero, a grandes rasgos, pretenden fomentar el consumo de alimentos —carne, pescado, fruta, verdura, vino, queso, confituras, etc.— producidos o elaborados en la comarca. Pero si el transporte es malo porque contamina ¿por qué no extender la campaña al resto de productos y servicios? Si los apóstoles del «kilómetro 0» fueran consecuentes con sus ideas (reducir la contaminación) deberían recomendar a los turistas que se quedaran en su casa pues, en términos relativos, el transporte aéreo es el más contaminante de todos. Por ejemplo, resulta contradictorio que el dueño de un hotel presuma de tener su propio huerto ecológico sin importarle demasiado que sus huéspedes hayan viajado en avión miles de kilómetros.

Por otro lado, muchos productores (elaboradores) locales deben comprar las materias primas en el exterior. Por ejemplo, el helado «local» de Canarias se fabrica con leche asturiana, gallega o francesa. Con los bienes de capital ocurre otro tanto: los proveedores de mobiliario, maquinaria y herramientas se encuentran generalmente a cientos o miles de kilómetros. Si los productores y comerciantes compraran, a su vez, todo localmente (independiente de su precio y calidad), muy pronto quedarían fuera del mercado por falta de competitividad. En definitiva, no resulta admisible que el productor local pida al consumidor un sacrificio que él mismo, por necesidad o conveniencia, nunca hará pues está obligado a ejercer la función empresarial con criterio económico.

c) Error económico

Es muy popular la creencia de que si compramos «local» el dinero se queda «aquí» y que, en caso contrario, el dinero se va «fuera». Analicemos esta falacia; por ejemplo: ¿a dónde va nuestro dinero cuando compramos en Carrefour, Ikea o McDonalds? El dinero siempre paga los factores productivos «allá donde estén»: los artículos y materias primas provienen de múltiples países, pero el trabajo —salarios— y la mayoría de servicios —limpieza, mantenimiento, seguridad— se contratan localmente. ¿Y qué ocurre con los beneficios? La mayor parte no acaba en Francia, Suecia o EE.UU., sino en el bolsillo de millones de pequeños accionistas (propietarios de fondos de inversión y pensiones), repartidos por todo el mundo, que perciben el dinero en forma de dividendos. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, la familia Botín sólo posee el 1% del capital social del Banco de Santander. Hoy en día el capital de las grandes empresas está tan repartido que carece de sentido asignarles una nacionalidad.

Es innegable que, tanto si compramos «local» como si compramos «fuera», parte del dinero saldrá de nuestras fronteras ²—municipales, regionales o nacionales—; sin embargo, lejos de ser una mala noticia, la «salida» del dinero resulta necesaria y beneficiosa. La división del trabajo implica necesariamente la «salida» y «entrada» de dinero. Por ejemplo, si los andaluces no compran manzanas de Cataluña, los catalanes no tendrán dinero para comprar aceitunas de Andalucía; y si los españoles no compran vehículos Mercedes y Toyota, los alemanes y japoneses no podrán hacer turismo en España. Es decir, exportación e importación son cara y cruz de una misma moneda, ambas se complementan y ambas tienden a igualarse en el tiempo. El clásico error mercantilista ha sido considerar que es mejor exportar que importar, que es mejor el dinero que «entra» que los bienes que «salen». El mito de la balanza comercial se derrumba cuando lo analizamos desde el individualismo metodológico: «toda balanza es necesariamente favorable desde el punto de vista de la persona que realiza el intercambio» (Rothbard, 2013b: 336). O como dice Mises (2011: 539) «La balanza (de pagos) cuadra siempre».Es falso que con el consumo local «todos» ganamos. Por ejemplo, si el bien local cuesta el doble que el foráneo, ceteris paribus, optar por el primero reducirá nuestro consumo a la mitad. Consumir algo peor o más caro solo empobrece a los consumidores de la región, siendo los productores locales los únicos beneficiados.

Por último, el consumidor que asume una pérdida económica para mantener con vida a los productores menos eficientes está haciendo un flaco favor al conjunto de la sociedad pues interfiere la adecuada asignación del capital. Este consumo sacrificial (voluntario) ocasiona los mismos males que cualquier medida (coactiva) proteccionista: obstaculiza la innovación y que el escaso capital disponible pase a manos más capaces. Al comprar de forma «egoísta» los consumidores no sólo mejoran su propia economía, sino la general pues van colocando —mediante el sistema de pérdidas y ganancias— a cada cuál en el sitio donde mejor sirve los intereses del prójimo. Si algunos productores o comerciantes locales son menos eficientes lo mejor para el conjunto no es mantenerlos artificialmente con vida, sino dejar que el libre mercado haga su trabajo. Sin el asistencialismo (público o privado) los empresarios menos eficientes deberán innovar, cambiar o ser reemplazados por otros mejores.

Conclusión

Los promotores del consumo local no pueden alcanzar su objetivo —mejorar la economía de la región— persuadiendo a los consumidores para que compren peor. Este sacrificio, lejos de dar fruto, empobrecerá a los habitantes de la región, sostendrá artificialmente a las empresas menos eficientes e interferirá la adecuada asignación del capital. Como nos recordaba Mises (2011: 1019): «La aplicación de teoremas económicos falsos se traduce en consecuencias indeseadas».

Notas
¹ El gobierno de Zapatero, en 2011, derogó la cuota cameral, más conocida como «impuesto revolucionario», y las Cámaras de Comercio se vieron obligadas a financiarse mediante aportaciones voluntarias.

² Frontera en sentido lato.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013a). Historia del pensamiento económico. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013b). El hombre, la economía y el Estado. Vol. II. Madrid: Unión Editorial.

Web del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

Crímenes sin víctima

Para afirmar si algo es justo o injusto es preciso disponer, con carácter previo, de una teoría de la justicia. En la tradición libertaria sólo hay crimen cuando un individuo —el agresor— «inicia» una acción cuyo resultado viola la integridad física o la propiedad de un tercero —la víctima—.  Decimos «inicia» porque la legítima defensa es la respuesta violenta a una agresión injustificada. Por tanto, para que una conducta sea punible debe producir un daño «objetivo» sobre una específica «víctima». Por último, el principio de imputación establece unos criterios para atribuir a un sujeto la realización de un hecho penal. Vayamos analizando todos estos elementos.

Primero, para que el daño sea objetivo, debe ser claramente identificable, es decir, «físico». Los estados psicológicos subjetivos como «sentirse» ofendido, atacado, herido, maltratado, etc., no pueden considerarse daño objetivo. Por ejemplo, odiar no puede ser un delito porque el odio (antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea) es un sentimiento o estado mental. Una persona que odia a otra puede desearle la muerte, pero un deseo —por perverso que sea— no ocasiona daño objetivo y, por tanto, no hay víctima. Los maleficios y otras prácticas esotéricas son banales intentos de causar efectos físicos empleando métodos metafísicos. El fantasioso cliente que contrata a un «médium justiciero» habita en el reino de lo imaginario, por tanto, carente de causalidad. Aquí nunca podemos saber si el brujo es un timador o realmente cree que tiene poderes taumatúrgicos. El Karma, como «ley cósmica de retribución», es otra ilusión propia de místicos y personas con creencias trasnaturales. El juez (de carne y hueso), para imputar un delito, debe encontrar una relación causal, clara, evidente, objetiva, que no dependa de imaginaciones, suposiciones o estados psicológicos.

La destrucción de símbolos —nacionales, religiosos, identitarios— tampoco causa daño objetivo a terceros (siempre que lo destruido sea propiedad del agente). Quemar una bandera, la foto de un rey o una biblia hiere los sentimientos de muchas personas, pero ya hemos visto que «sentirse» herido, ofendido o maltratado es un estado psicológico. No es la libertad de expresión lo que protege al que ofende sino la ausencia de daño físico ocasionado a terceros o a su propiedad. 

Segundo, veamos si las expresiones verbales pueden ser crímenes. Si alguien dice: «Te odio y ojalá te mueras» ¿Existe víctima? La reacción al insulto es subjetiva, por tanto, heterogénea: carcajada, risa, indiferencia, enojo, ira, etc. Codificar penalmente el maltrato psicológico, sin duda, sería origen de numerosas injusticias y arbitrariedades. Los delitos como la injuria y la calumnia pretenden castigar «mentiras» dichas en público que ocasionan un daño al honor, pero éste es un concepto subjetivo: alguien tiene buena o mala fama según a quien preguntemos. La reputación, por tanto, no es patrimonio personal, sino que es una opinión atribuida por terceros. Pero supongamos que una injuria intenta causar un daño económico, por ejemplo, si alguien dijera: «La Coca-Cola está en quiebra»; la compañía, en pocas horas, puede contrarrestar la información falsa aportando datos y pruebas. Según Daniel Lacalle (2013) las empresas contrarrestan fácilmente los míticos ataques de especuladores porque disponen de toda la información necesaria. La realidad es bien distinta: las posiciones «cortas» se basan en información contrastada y, por tanto, prohibirlas es un grave error del gobierno. La apología o incitación «directa» a cometer un crimen tampoco puede ser delito porque el autor del crimen es libre para aceptar o rechazar la recomendación del apologista. No hay tal cosa como «autor intelectual», el autor o ejecutante siempre es material; de hecho, los asesores —fiscales, legales, matrimoniales— no asumen la responsabilidad de sus clientes frente a terceros. Quienes prohiben la publicidad de ciertos bienes ignoran que la persuasión es legítima, pacífica y que el consumidor, a fin de cuentas, es libre para comprar o abstenerse de hacerlo.

Tercero, un axioma económico dice que si las relaciones son consentidas no hay daño, sino mutuo beneficio. El narcotraficante, el transportista de migrantes ilegales o el proxeneta no ocasionan daño alguno a sus clientes, al revés, les proporcionan lo que ellos desean (Block, 2012). El elevado precio de sus servicios es fruto de la legislación, que incrementa artificialmente el riesgo (cárcel) asumido por el proveedor. Por otro lado, el legislador es arbitrario autorizando unas drogas —tabaco, alcohol, marihuana— y prohibiendo otras—cocaína, heroína, LSD—. El sádico que golpea al masoquista tampoco delinque porque, aún existiendo un daño material evidente (objetivo), quien disfruta con el dolor y acepta voluntariamente el castigo no puede ser catalogado como víctima. Si hay acuerdo entre las partes que realizan el intercambio no puede haber crimen.

Por último, es preciso aclarar que nadie puede ser víctima de sí mismo y que resulta absurdo penalizar el suicidio, el consumo de drogas, los juegos de azar o cualquier adicción autodestructiva. Por otro lado, la víctima debe ser una persona física o jurídica titular del derecho que ha sido violado. Por ejemplo, tirar basura al océano ocasiona un daño al medio ambiente, pero como la propiedad no está claramente definida —el mar es de «todos»— no hay una víctima específica a la que resarcir. Una forma de evitar la «tragedia de los comunes» sería la privatización de todos los espacios públicos: montes, ríos, océanos, etc. La «naturaleza» puede ser una víctima en sentido biológico, pero no en sentido jurídico.

Bibliografía:

Block, W. (2012). Defendiendo lo indefendible. [Versión Kindle] Innisfree.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle).

Rodríguez, J. C. (2006). «Crímenes sin víctima». Instituto Juan de Marina. Recuperado de: https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/crimenes-sin-victima

Contra la educación estatal

El común de las personas considera que la educación obligatoria, universal y gratuita es uno de los grandes logros del Estado moderno. Hoy expondremos dos objeciones a esta idea: a) Ética. La educación pública no es gratis, se finanza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. El fin no justifica los medios: todo fin (incluida la educación) debe ser alcanzado con medios éticos. Por extraño que les parezca a muchos, la educación no es un derecho. Todo derecho implica un deber de un tercero y nadie tiene el deber de educar o de pagar la educación a otra persona. Todos los derechos positivos —educación, sanidad, trabajo, vivienda,  etc.— constitucionales son falsos porque imponen falsos deberes. La educación tampoco debe ser obligatoria. La coacción nunca es justificable, además provoca efectos perversos. Si los estudiantes son forzados a permanecer en las aulas el conflicto es inevitable. Algunos se aburren, no aceptan la disciplina escolar y boicotean las clases; tampoco pueden ser expulsados porque el Estado ha convertido los colegios en guarderías de jóvenes. Los profesores, cuya autoridad ha sido destruida, se ven impotentes para mantener el orden. El resultado es la desmotivación y la aparición de patologías psiquiátricas (ansiedad, depresión). 

Aprendiz de albañil (Foto: A. Sander)

b) Económica. La educación privada es más eficiente que la pública. Se trata de un servicio relativamente barato que está al alcance de la mayoría. Hace 60 años, siendo el nivel de vida inferior al actual, muchos niños aprendían a leer y escribir en escuelas privadas de barrio, a un módico precio. ¿Y qué hacer con los más pobres? Pueden ser escolarizados con fondos privados de parientes, mecenas, fundaciones, etc. o incluso pueden formarse a lo largo de su vida.

El Estado dilapida el dinero del contribuyente ofertando una educación uniforme, pero de baja calidad. En cambio, la oferta privada es heterogénea en materias, horarios, idearios, metodologías, etc.; en función de las preferencia de padres y alumnos. Los jóvenes que prefieren aprender un oficio ingresan (como aprendices) en empresas, pudiendo ganar dinero desde temprana edad. Bajo el Estado, los jóvenes españoles pasan demasiados años estudiando y, con frecuencia, no obtienen un empleo acorde a su formación. Según Primerempleo.com «el 45% de los titulados universitarios españoles trabajan por debajo de su cualificación». Nuestro mercado laboral no puede absorber a tantos graduados y estos tienen dos opciones: a) Quedarse en España y trabajar en lo que demanda la sociedad: conductores, repartidores, cocineros, camareros, comerciales, operarios, electricistas, albañiles, telefonistas, agricultores, ganaderos, cuidadores de personas mayores, etc. b) Emigrar y ejercer su profesión en otro país. En ambos casos se escucha un lamento similar; por ejemplo: «es una pérdida que un biólogo trabaje de camarero»; o bien: «la fuga de cerebros es una pérdida para España». Esta forma de razonar —la basada en los deseos— conduce frecuentemente a la frustración, al victimismo y, finalmente, a la exigencia de derechos espurios. 

Pero podemos pensar de otra manera, aceptando la realidad tal cual es, sin autoengaños y sin pedir al gobierno que nos conceda, mediante la coacción, lo que la gente libremente no desea darnos. Si los consumidores no demandan (tantos) biólogos, psicólogos, filósofos o actores es porque no les resultan útiles. Un pensador realista no se lamenta de que un joven biólogo trabaje como camarero, sino de que un camarero haya perdido cuatro años estudiando biología, cuando uno solo le hubiera bastado para hacer bien su trabajo. La realidad le dice amargamente a muchos jóvenes: «te equivocaste al estudiar algo que la gente no demanda». Se produjo un doble coste de oportunidad: a) Personal: esfuerzo intelectual, dinero, tiempo, etc. del estudiante. b) Social: el dinero público fue desperdiciado y ahora los ciudadanos tienen menos dinero disponible. La educación privada no elimina estos errores, pero los reduce. Los estudiantes y sus familias mirarían con lupa qué estudios tienen salida laboral. Los jóvenes ya no podrían estar «de flor en flor», hasta los 30 años, perdiendo su tiempo y el dinero de los contribuyentes. La educación privada elimina las externalidades que produce el Estado porque quien se equivoca paga la factura. 

En definitiva, imponer a las personas el consumo y/o pago de aquello que no desean no solo es injusto, sino antieconómico. ¿Y cómo saber si algo es de interés social? La sociedad está integrada por individuos que tienen específicos gustos, deseos y necesidades, las cuales se manifiestan en los procesos de mercado. Al consumir o abstenerse de consumir, las personas revelan aquello que más interesa a la sociedad. Si el Estado impone forzosamente el consumo y pago de «su» educación a la sociedad, perjudica sus intereses; por tanto, «Estado social» es un oxímoron. El Estado no produce (ni puede producir) lo que la sociedad demanda y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben ser consumidos y/o financiados por la fuerza. Solo un sistema educativo laissez faire es ético y económico, por tanto, genuinamente social.

Bandera roja en la playa de Los Cancajos

No es la primera vez que ocurre. Cada tarde, a las 18:30 horas, los socorristas de Los Cancajos terminan su jornada laboral e izan la bandeja roja, independientemente del estado del mar. A la mañana siguiente, la arrían e izan la que corresponda según las condiciones del mar. Hace una década denuncié que el ayuntamiento de Breña Baja (isla de La Palma) no podía prohibir el baño en la playa por el hecho de que no hubiera socorrista. Ocurrió el día de año nuevo, la playa parecía un estanque, pero el socorrista dejó izada la bandera roja porque libraba ese día. El actual alcalde, Borja Pérez Sicilia, está cometiendo el mismo error, a pesar de haber sido advertido de ello en conversación privada. 

Recordemos que «bandera roja» significa prohibición taxativa de meterse en el agua y no otra cosa. Por tanto, oficialmente, el alcalde está prohibiendo, injustificadamente, el ejercicio de un derecho fundamental. Las razones del alcalde son: a) El estado del mar pudiera cambiar súbitamente, a partir de las 18:30, y por «precaución» se iza la bandera roja. b) En ausencia del socorrista, «bandera roja» significa que usted se baña «bajo su propia responsabilidad». Esta última es la respuesta que dan los socorristas a algunos bañistas que montamos en cólera ante semejante desatino.

Veamos por qué el alcalde se equivoca. Primero, «bandera roja» es un código internacional con significado propio —prohibición— y el ayuntamiento no tiene potestad para modificarlo y declarar otro significado sui generis. Es decir, un código no puede ser contingente y significar dos cosas distintas. Esto causa confusión: por ejemplo, al observar el mar en buen estado y la bandera roja, alguien pudiera pensar que existen otros motivos para prohibir el baño: medusas, microalgas, vertido contaminante, etc. Segundo, la probabilidad de que el estado del mar empeore súbitamente (bandera roja), a partir de las 18:30, es mucho menor que la probabilidad de que el mar siga siendo apto para el baño (banderas verde y amarilla). Por tanto, sería mucho más acertado no cambiar la bandera o incluso arriarla y dejar la playa sin bandera, tal y como hizo el ayuntamiento, hace diez años, cuando me quejé de esta misma práctica. 

Tercero, la medida fomenta el incumplimiento de las normas porque los bañistas se acostumbran a bañarse con bandera roja. Aunque, visto lo visto, tal vez sea preferible que la gente se acostumbre a incumplir la inmundicia normativa que padecemos. Cuando las leyes son malas, lo justo es desobedecerlas. Tal vez, la causa verdadera de esta medida sea la «precaución», pero no para los bañistas, sino para quienes pretenden «curarse en salud». Poniendo la bandera roja los políticos eluden toda responsabilidad en caso de que ocurriera un accidente, sin que les importe mucho joder al público. En cualquier caso, lo peor de esta situación es su trasfondo: la infantilización del ciudadano por parte del Estado. Esta práctica no solo es un error técnico, ante todo es la antesala al despotismo político (valga la redundancia) y a la violación de los derechos del individuo. El Estado normalmente no viola los derechos de forma abrupta, sino poco a poco, como quien va quitando capas de piel a una cebolla. Durante el confinamiento hemos asistido a muchos atropellos, por ejemplo, con la excusa de la pandemia se ha prohibido el baño en las playas, siendo esta actividad inocua para la transmisión del Covid. Si no detenemos hoy este abuso de poder, algún déspota cualquier día dará el siguiente paso: prohibirá el baño (de verdad) en ausencia de socorrista.

El despoblamiento de Santa Cruz de La Palma

Desde 1983 paso mis vacaciones en La Palma (no confundir con Las Palmas de Gran Canaria ni con Palma de Mallorca), una bella y tranquila isla canaria. La Palma tiene una superficie de 706 km², una altitud máxima de 2.426 m., un parque nacional —La Caldera de Taburiente— y una economía basada en el cultivo del plátano, el turismo y el comercio. Hoy les hablaré del despoblamiento que sufre su capital, Santa Cruz de La Palma, y expondré algunas hipótesis sobre sus causas.

En los últimos 20 años la población de La Palma se ha mantenido prácticamente constante: los censos, en 2000 y 2019, eran 82.483 y 82.671 habitantes, respectivamente. Sin embargo, dentro de la isla se han producido flujos poblacionales.

Fuente: ISTAC

En la gráfica superior vemos que siete municipios han ganado población (azul) y otros tantos la han perdido (naranja). Analicemos los datos por zonas geográficas: tres de los cuatro municipios norteños —Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces— han perdido en torno al 20% de su población mientras que Puntagorda ha sumado 325 personas (18,21%). En el sur, Fuencaliente también pierde algo de población (4,33%). Por tanto, una primera conclusión es que las zonas más distales pierden población en favor del centro de la isla.

La Palma: Municipios

Por vertientes, sin embargo, ocurren dos fenómenos contrarios: en el oeste, la capital económica —Los Llanos de Aridane— gana población (12,52%) a expensas de los municipios vecinos —Tazacorte (-25,57%) y Tijarafe (-5,24%)—. En el este, los municipios periféricos a la capital —Puntallana, Breña Alta, Breña Baja y Mazo— ganan población a expensas de ella, que se anota un significativo -13,70%. A este último hecho —el despoblamiento de la capital— dedicaremos especial atención.

En España, en las últimas décadas, los flujos migratorios internos se dirigen desde las zonas rurales hacia las urbanas. ¿Por qué en Santa Cruz de La Palma sucede lo contrario? La capital palmera sigue siendo el centro político, administrativo y cultural de la isla: Cabildo, Policía Nacional, Guardia Civil, Juzgados, Subdelegación del Gobierno, UNED, Escuela Oficial de Idiomas, Correos y principales franquicias comerciales tienen sede en Plaza. Por otro lado, su patrimonio cultural es notable: iglesias, museos, teatros, cine, salas de exposición, casas nobles, folclore, fiestas lustrales, etc. También alberga el principal puerto de la isla, una marina e instalaciones deportivas, públicas y privadas. Las infraestructuras públicas —puentes, túneles y ensanche de carreteras— han mejorado mucho las comunicaciones dentro de la isla y el aeropuerto de Mazo está muy próximo a la capital. Por último, la nueva playa y la remodelación del frente marítimo son obras públicas de gran importancia para la afluencia de turistas y residentes. Dadas todas estas fortalezas resulta insólito que Santa Cruz de La Palma haya perdido 2.488 habitantes en las dos últimas décadas y que hoy sea una ciudad deprimida. Solamente se observa un cambio de tendencia a partir de 2017: en los dos últimos años la capital ha ganado 135 habitantes, principalmente cubanos y venezolanos que vienen huyendo de sus respectivos «paraísos» socialistas.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera (PP), desea que aumente en número de empadronados. No en balde, su municipio, al tener menos de 20.000 habitantes, recibe una menor asignación directa de fondos del Estado.¹ De ahí la campaña municipal dirigida a «fomentar y favorecer que todos los residentes en la capital se empadronen». Pero la suposición de que hay residentes no empadronados en muy endeble: ¿qué podrían ganar empadronándose fuera? Tal vez, unos pocos euros en el impuesto de vehículos (IVTM). Por ejemplo, el propietario de un utilitario paga 56,47€ en S/C Palma; 40,01€ en Breña Alta y 34,08 en S/C Tenerife. Lo que equivale a un ahorro de 16,46€/año y 22,39€/año, respectivamente. Bajando el IVTM al mínimo legal (34,08€), S/C Palma podría aumentar su padrón en unos cuantos «listillos». 

La campaña «empadrónate» es un malgasto de papel y tinta, pura propaganda que soslaya las causas genuinas del problema. Por cierto, el díptico es un despropósito en el fondo porque «juntos no somos más», es decir, juntar personas no hace que crezca su número; y en la forma, porque sustituir la «o» por la «x» es un insulto a la gramática española. La realidad, creo yo, es justo la contraria: el padrón está inflado. En términos netos, hay más personas —estudiantes y profesionales— residiendo fuera del municipio pero empadronadas en él. El descuento por ser residente canario (75%) en los viajes es, sin duda, un potente incentivo económico que avala nuestra tesis. Si cada cuál se empadronara correctamente en su sitio, la población de derecho en Canarias disminuiría, incluida la de Santa Cruz de La Palma.

Puestos a buscar un «chivo expiatorio» del despoblamiento, hubiera sido más creíble achacarlo al tradicional «mal de ojo». A los promotores de esta ridícula campaña yo les ofrezco una hipótesis alternativa: mírense al espejo y encontrarán a los culpables de la situación. La (mala) economía es la causa más plausible. Los residentes buscan —entre otras— dos cosas: mayores oportunidades y menores costes de la vida. Las oportunidades en la isla bonita escasean, cuestión ya tratada en otro artículo: «El estancamiento económico de La Palma: análisis y prospectiva». Por el lado de los costes, podemos señalar: a) La ciudad resulta incómoda, no es fácil encontrar aparcamiento y se echa en falta una estación de autobuses. b) El suelo edificable es escaso y caro. Y c) Los impuestos son confiscatorios, especialmente el IBI.

La elevada tributación en un territorio es un factor de expulsión poblacional y aquí es donde encontramos un claro motivo para no instalarse en Santa Cruz de La Palma. Siendo el IBI el tributo local que más dinero recauda, entre 2006 y 2018, los políticos de todos los partidos se han dedicado al infame expolio de los propietarios de inmuebles. Lo sé de buena tinta porque yo mismo soy un damnificado: en 2006 pagué por IBI 141,80€ y en 2018, 494,76€ (siempre en el periodo «voluntario»).² El IBI más caro de España lo tiene Madrid con un promedio de 428,9€.³

Incremento del IBI en España [4]

En resumen, tras 12 años de saqueo, el IBI en S/C Palma se ha más que triplicado (x 3,49), todo sea dicho, con la inestimable complicidad del Catastro que ha subido salvajemente el precio «gubernamental» de los inmuebles en toda España. Los dos últimos años (2019 y 2020) no ha habido incremento, pero aún así, lo asombroso es que todavía queden 15.716 habitantes en este infierno fiscal palmero. 

El IBI es un impuesto ligado a la propiedad inmobiliaria (urbana y rústica) y el ayuntamiento lo cobra independientemente de donde esté empadronado su dueño. Si éste reside en su propia casa, la subida del IBI reduce su renta disponible y, en consecuencia, su nivel de vida; y si arrienda su casa, merma la rentabilidad del alquiler. El IBI no afecta directamente a los inquilinos porque los costes de un negocio nunca pueden trasladarse al precio final del producto sin que peligren las ventas. En cualquier caso, el incremento del IBI hace más pobres a los propietarios tanto en su renta (liquidez) como en su patrimonio, pues reduce el precio de mercado del inmueble. Lo anterior ahuyenta a nuevos propietarios e inversores, reduciendo la promoción de obra nueva. Los precios del alquiler en S/C Palma han subido últimamente porque la demanda (inmigrantes) crece relativamente más que la oferta. Esto último compensa parcialmente a los arrendadores, pero no a quienes residen en su propia casa.

S/C Palma: Plaza de España

La agresión fiscal ha sido de tal magnitud que muchos vecinos no pueden hacer frente al pago único de los tributos; por ello, los políticos han ideado otra campaña para «facilitar» el pago: a partir de 2021, el contribuyente podrá agrupar los importes de los diferentes tributos —IBI, basura, rodaje, vado, IAE— y luego fraccionar el pago en «cómodas» cuotas personalizadas. En esta ocasión, la excusa ha sido la crisis por Covid-19, pero el monto ya era inasumible para algunos vecinos antes de la pandemia. Esta «novedosa» iniciativa de fraccionar el pago de impuestos no es tan nueva, tiene más de 75 años. Antes de la II Guerra Mundial, en EE.UU., el impuesto a la renta se pagaba cada 15 de marzo de una sola vez. Como la entrada en la guerra requería subir los impuestos, un joven economista llamado Milton Friedman, a la sazón destinado en el Departamento del Tesoro, diseñó un plan para aliviar el sablazo: el gobierno obligó a los empresarios a detraer, cada mes, el IRPF a cada empleado y a depositarlo en la Hacienda (Rothbard, 1994: 76). Este modelo es el vigente en la mayoría de países.

La solución genuina al despoblamiento de la capital palmera es revertir las causas que lo provocan, pero si el diagnóstico es equivocado, las soluciones serán igualmente ineficaces. En primer lugar, la absurda legislación urbanística reduce artificialmente la oferta de suelo (Azpitarte, 2018). En segundo lugar, los políticos deben respetar la propiedad privada y rebajar los tributos, ajustando el presupuesto por el lado del gasto (y no al revés). Personalmente, no albergo ninguna esperanza de que esto último ocurra. Votar cada cuatro años sólo ha servido para sustituir a una banda de asaltantes por otra. Por otro lado, los impuestos, una vez que han subido, no bajan, y si lo hacen, nunca recuperan su nivel inicial (Higgs, 1987). Ya lo vimos con el IGIC: subió «temporalmente» de 5% a 7% (con la excusa de la crisis económica), en 2019 bajó a 6,5% y ahora lo tenemos de nuevo en 7%. Como dice Daniel Lacalle: «no hay nada más permanente que subida temporal de impuestos».

[1] El coeficiente pasa de 1,30 a 1,17. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Art. 124.

[2] Piso de 109 m2 situado en la Avda. de El Puente.

[3] https://www.libremercado.com/2018-07-05/el-ibi-el-impuesto-local-mas-voraz-los-ayuntamientos-que-mas-cobran-a-sus-ciudadanos-1276621537/

[4] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/01/midinero/1512153474_222921.html

Bibliografía

Azpitarte, J. (2018). Urbanismo y Libertad. Madrid: Unión Editorial.
Higgs, R. (1987). Crisis and Leviathan. Independent Institute.
Rothbard, M. (1994). "The Consumption Tax: A Critique". The Review ofAustrian Economics, Vol. 7, No.2.

Reflexiones Liberales. La gestión de la pandemia por Covid-19 desde una perspectiva liberal

https://youtu.be/n1HzpdGxtpA

El aire de las gasolineras no es gratis

En ocasiones los consumidores pensamos que las empresas fijan precios «excesivos». Esta mañana un buen amigo se queja de que las gasolineras DISA y BP, en Tenerife, cobran 1€ por poner aire a las ruedas del coche. Dice la noticia: «En estos tiempos de drama humanitario [...] ¡Cobrar por el aire! ¡Insoportable e indignante!». Mi amigo afirma que cobrar 1€ por el aire es inmoral. Y yo lo niego. Como cada mañana, después de desayunar, me presto a la refutación de falacias. No hay nada como el gofio canario para tener salud y claridad mental. El titular del periódico es falaz porque la gasolinera no cobra por el «aire», sino por el servicio que presta una máquina que inyecta «aire a presión» en los neumáticos.

El aire es un bien «no económico»: es superabundante y libre en la naturaleza. Nadie paga ni cobra —de momento— por respirar. Sin embargo, para producir aire comprimido necesitamos máquinas y un sitio habilitado, ambas cosas son bienes escasos o «económicos». La economía tiene que ver con la escasez. Las empresas, en ocasiones, no exigen a los clientes el pago por determinados bienes: uso de aseos, aparcamientos, carros de la compra, bolsas, etc.; pero eso no significa que sean gratis. «Nada es gratis». Tampoco es gratis el agua, el papel, los guantes de plástico, los compresores y la electricidad que consumimos en las gasolineras. Tan justo es exigir el pago por el servicio de aire a presión como por el servicio de lavado (agua a presión). A pesar de ello, la mayoría de gasolineras, por diversas razones, prefiere no cobrar por los servicios de aire a presión y agua corriente.

Murray N. Rothbard

Quienes se escandalizan porque las empresas cobren por lo que antes ofrecían «gratis» cometen un doble error: a) Económico: no entienden que los bienes económicos nunca son gratis, que alguien los está pagando; b) Ético: acusan a las empresas por exigir una legítima contraprestación. Las injustas condenas morales sobre algunas cuestiones económicas —dinero, lucro, usura, comercio, capitalismo— tienen su origen en una incomprensión de la Ciencia económica, es decir, de la realidad de las cosas (Rothbard: 2009).

Pero aquí no acaba la polémica. Si cobrar por el aire a presión o el precio nos parece excesivo, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay dos posturas, que llamaré «estatista» y «liberal». El hombre estatista acude a los políticos para que «intervengan» y utilicen la violencia legislativa (B.O.E.) en contra del dueño de la gasolinera, por ejemplo, imponiéndole la gratuidad del servicio o fijando un precio máximo. El propietario, a su vez, reaccionará ante la injusticia: podría quitar la máquina o ponerle el cartel de «AVERIADA», lo cual exige una nueva intervención del gobierno, por ejemplo, sancionando a las empresas que no ofrezcan el servicio. El empresario, encabronado, reaccionará de nuevo: mantendrá la máquina funcionando, pero sin presión; y así, alternativamente, se produce una lucha entre el gobierno y el propietario del negocio. El intervencionismo no tiene fin (Rothbard, 2013), para conseguir sus objetivos debe actuar hasta la total destrucción del mercado y la función empresarial. Bienvenidos al socialismo.

La postura del hombre liberal es distinta, pues entiende los costes del servicio y el derecho de cobro del propietario de la estación de servicio. El liberal, si no desea pagar, simplemente cambia de gasolinera; pero si su enfado fuera mayúsculo, seguirá actuando éticamente, por ejemplo, boicoteando a DISA y BP. El boicot comercial es una acción pacífica y legítima donde los promotores persuaden a otros para que se abstengan de consumir ciertos productos o servicios. En cambio, los matones sindicales no boicotean ni persuaden, sino que coaccionan.

Para rizar el rizo, supongamos ahora que los gasolineros se cartelizan y pactan precios: todos cobrarán 1€ por el aire a presión. ¿Podemos ahora exigir la violencia política contra los empresarios? Tampoco, porque acordar precios no es un acto violento. Lo ético es pedir al gobierno más competencia: libre  entrada de competidores (gasolineras) y que los negocios existentes —restaurantes, centros comerciales, tiendas, clubes— sean libres de ofrecer este servicio a sus clientes. Un hombre ético no acude a los políticos para obtener cosas «gratis» o precios «justos» a expensas de otros, violando con ello su libertad y su propiedad. «Lo único justo es dejar hacer».

Bibliografía

Rothbard (2009). La Ética de la Libertad. [Versión Kindle]. Madrid: Unión Editorial.

----------- (2013). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.

El «chino» expiatorio

Crítica al video titulado: «Modelo parasitario chino de expansión económica» (2011).

Carlos Rodríguez Braun

Dice con agudeza el profesor Carlos Rodríguez Braun: «El mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio». Tras cada crisis económica es preciso buscar un culpable y esta vez, le tocó la china a los chinos. Me sabe mal refutar al profesor Julián Pavón, pero ha sido él, con su injusta acusación, el causante de mi respuesta. Vamos a identificar algunas falacias de su intervención.

1. El colectivismo metodológico. En economía, es frecuente referirse a los países —España, China— como actores económicos, sin embargo, las naciones no son entes ontológicos. Sólo los individuos actúan (Mises, 2011: 15). Los empresarios chinos que se instalan en España (y otros países) no son «China», ni son funcionarios del Estado chino, ni son enviados del Partido Comunista para «conquistar» el mundo. En economía, las metáforas bélicas son engañosas. La actividad empresarial y el comercio son actos pacíficos que benefician a cuantos participan en él.

2. Endogamia empresarial. Los chinos emplean a chinos; es lógico: emigran familias enteras que no saben hablar español; sin embargo, a medida que el negocio prospera se contratan españoles: dependientes de comercio, repartidores de comida a domicilio, etc. Ellos venden productos fabricados en china, lo cual no solo es perfectamente lícito, sino muy eficiente.

3. Parasitismo. En ningún momento de su intervención el profesor Pavón justifica su acusación de parasitismo. Los chinos son muy trabajadores, no son «buscadores de rentas» públicas; al contrario, los chinos nunca están en paro, probablemente, son proveedores netos de impuestos. Los parásitos, cazadores de «paguitas» y ayudas sociales, son en su mayoría españoles, marroquíes, cubanos, venezolanos, etc. El éxito económico de los chinos no se produce a expensas de nadie, al revés, es la consecuencia de haber servido cumplidamente los deseos de los consumidores. Por tato, los empresarios chinos instalados en España aumentan la calidad de vida de los españoles, ofrecen amplio horario y precios bajos; y como clientes, son buenos pagadores. 

4. ¿A dónde va nuestro dinero? Se acusa a los chinos, entre otros —Carrefour, Ikea, Lidl—, de «sacar» el dinero de España; paradójicamente, nunca se acusa a los españoles de «sacar» los productos de China. Según el mito de la balanza comercial «desfavorable», es mejor exportar que importar, es mejor acumular dinero que disfrutar del consumo de bienes. Esta idea mercantilista no se sostiene. Realidad: a) las exportaciones y las importaciones tienden a igualarse. El dinero que (supuestamente) se envía a China (divisas) no es para «comprar el mundo», sino para aumentar la calidad de vida de los chinos. Cada euro que sale de España vuelve más pronto que tarde de tres formas: 1) directamente: los chinos compran bienes producidos en España: tecnología, transporte, alimentación (vino, porcino, aceite de oliva), productos químicos, etc. 2) Indirectamente: los chinos compran en terceros países y los receptores, a su vez, compran bienes españoles o hacen turismo en España. 3) Los chinos realizan inversiones en España. El comercio internacional es un sistema intrincado de relaciones y es tan irrelevante medir la balanza comercial entre países como hacerlo entre Aragón y Galicia.

5. Los «dueños del mundo» o hacerse con el «control económico mundial». Ahora imaginemos que los chinos, por una extraña razón, redujeran su consumo a niveles propios de los capitalistas puritanos. Invierten todo su ahorro comprando minerales «estratégicos» y grandes empresas en todo el mundo. Lejos de ser un problema, estas inversiones son una bendición para los países receptores porque crece su tasa de capitalización y, con ella, los salarios reales. Cuanto más capital chino entre en España, mucho mejor para nosotros. Precisamente, la súbita mejora del nivel de vida de los chinos se debe a la entrada masiva de capital extranjero.

En definitiva, los chinos no constituyen un problema para la economía mundial, al revés, su elevada competitividad mejora la calidad de vida de todos aquellos países donde tienen presencia. A quien desee profundizar en este tema, le recomiendo el tratado de economía de Ludwig von Mises: La acción humana (Unión Editorial).

Gestión de crisis de la Covid-19: lecciones aprendidas

La gestión de la pandemia por Covid-19 ha suscitado numerosas críticas: analistas —médicos, economistas, sociólogos, juristas, geoestrategas, filósofos, etc.—, desde sus respectivas disciplinas, intentan extraer aprendizajes de esta terrible crisis. Hoy vamos a tratar de identificar algunas lecciones aprendidas en el campo de la economía y la función empresarial.

1. Sobre el ahorro

Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando llega una crisis, muchos lamentan no haber ahorrado lo suficiente. ¿Por qué hoy no se ahorra o se ahorra menos que antes? La red asistencial –sanidad, educación, desempleo, pensiones, vivienda, subsidios, becas, etc.– que ha tejido el Estado reduce los incentivos al ahorro convirtiendo al individuo en un ser económicamente irresponsable e imprevisor. Los falsos derechos –sanidad, educación, trabajo, vivienda–, creados ex novo en la legislación, han sido asumidos por la población en la creencia que el Estado puede y debe garantizarlos. Sin embargo, cada crisis nos demuestra lo frágil e ilusoria que es la seguridad de papá Estado. Nuestra recomendación es: a) constituir un fondo de reserva (mínimo) equivalente a 3 salarios mensuales. b) sólo endeudarse para la hipoteca, nunca para gasto corriente –coche, vacaciones, muebles–. Supongamos una persona que obtiene su primer empleo y necesita un coche para trabajar, lo más sensato es comprar uno barato (segunda mano) y ahorrar para constituir su fondo de reserva, posteriormente seguir ahorrando para adquirir un vehículo nuevo.

Lección aprendida: ahorra primero y gasta después.

2. Deuda pública

Aunque no podemos equiparar la deuda privada con la pública, la imprevisión de las familias también se observa en el Gobierno. Tras la crisis de 2008, la deuda pública española se situó en el 100% del PIB y el Gobierno pudo haberla reducido aprovechando los últimos años de bonanza económica (2016-2020), tal y como hicieron Alemania y Holanda. Ahora que vienen mal dadas, nuestro Gobierno (y el italiano) no tiene margen para aumentar su deuda y suplica «mutualizar» una nueva emisión de «coronabonos». Lo que Sánchez pretende es que los contribuyentes del norte de Europa paguen la irresponsabilidad del Estado español.

Lección aprendida: la deuda pública debe reducirse en tiempos de bonanza económica para tener mayor capacidad de endeudamiento en tiempos de crisis.[1]

3. Plan de choque por 200.000 meuros

El 17 de marzo, el Gobierno aprobó un paquete de medidas económicas por valor de 200.000 meuros, entre fondos públicos (117.000 meuros) y privados (83.000 meuros); siendo la partida más cuantiosa la de avales (100.000 meuros). Pero como advierte Daniel Lacalle, el problema de las empresas que han cesado su actividad no es de crédito, sino de ausencia de ingresos. Si la empresa no factura y no sabe cuándo recuperará su actividad, el crédito o las moratorias de pago –hipotecarias, fiscales– no son de gran ayuda. Lo que necesita una empresa que no produce (y que confía reanudar la actividad) es reducir urgentemente los costes fijos: salarios, cotizaciones S.S., impuestos, alquileres, seguros, mantenimiento, etc.; tal y como hace la industria hotelera en los periodos de inactividad. Por tanto, lo mejor que podría hacer el Gobierno, en lugar de burocratizar las ayudas, es una exención temporal del pago de cotizaciones e impuestos.

Suspender temporalmente la producción es una cuestión organizativa, pero las empresas se han visto sorprendidas por una serie de decretos improvisados (de un día para otro), confusos y arbitrarios.

Por otro lado, algunas entidades bancarias exigen una serie de requisitos –documentación, seguro de vida (de la propia entidad)– que encarecen los créditos ICO, haciendo las operaciones inasumibles para muchos autónomos y PYMES. Este plan del choque del Gobierno no evitará la destrucción de una parte considerable del tejido productivo del país.

Lección aprendida: no cerrar la economía y permitir que la producción se adapte a las exigencias de la pandemia. Las ayudas no deben estar burocratizadas.

4. Más intervencionismo

La pandemia de la covid-19, parafraseando a Randolph Bourne, es «la salud del Estado». Durante el estado de alarma, el Gobierno tiene poderes excepcionales y los ejerce de forma ostensible interviniendo en la economía o, peor aún, reemplazando al mercado por un sistema de planificación centralizada. Veamos algunos errores cometidos.

Daniel Lacalle

a) Prohibición de «cortos» en la bolsa

Como afirma Daniel Lacalle (2013: 69%): «Cuando las bolsas se desploman, los Gobiernos, acostumbrados a pensar que todo debe subir siempre y que ninguna caída es justificada, consideran necesaria una intervención. Y lo primero que suelen hacer es culpar a las posiciones cortas». Quien prohíbe los «cortos» ignora que, frecuentemente, los inversores los usan para financiar posiciones «largas», algo llamado inversión «largo-corto». Las posiciones «cortas» reducen el riesgo de las «largas». Por tanto, si el Gobierno prohíbe las primeras, también reduce las segundas. Las posiciones cortas generan tres beneficios: 1. Incrementan la liquidez de los valores. 2. Dan la oportunidad a las empresas para reaccionar ante noticias o eventos que pudieran reducir el precio de la acción. 3. El prestamista de la acción recibe un interés y mejora su liquidez. (Lacalle, 2013: 68%). Una explicación más prolija se encuentra en mi análisis «La crisis del coronavirus y la prohibición de cortos».[2]

Lección aprendida: la prohibición de cortos es innecesaria porque no evita que la bolsa caiga, además es detrimental porque reduce los volúmenes de contratación y aumenta la volatilidad.

b) Requisa, monopolio y control de precios

La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la escasez de específicos productos –respiradores, test, mascarillas, equipos de protección, geles, alcohol– y servicios –hospitalización, cuidados intensivos, fumigación– de primera necesidad. La intervención del Gobierno ha producido una triple contracción de la oferta, cuyas causas son: a) requisa de bienes en los almacenes interiores y aduanas; por ejemplo, los pedidos por Internet (Amazon) son retenidos; b) monopolio: prohibición del libre comercio de bienes y servicios sanitarios (test) afectados por la covid-19; c) fijación de precios máximos de las mascarillas (0,96€). Como resultado, las empresas españolas pararán la producción o, en su caso, la colocarán en terceros países. Los importadores –mayoristas, minoristas e individuos–dejarán de hacer pedidos. Interferido el mercado, la escasez se agudiza y los consumidores se lanzan a fabricar aquello que está a su alcance: mascarillas de tela, protectores faciales de acetato e incluso respiradores de circunstancia.[3] Los sectores intervenidos transitan desde el capitalismo hacia el socialismo. Aparecen la economía de subsistencia, el consumo de capital y la reducción en la división del trabajo; fenómenos todos previstos por la teoría económica del intervencionismo (Rothbard, 2013).

La asignación del stock fruto de la requisa ya no obedece a las leyes de la cataláctica (intercambios de mercado), sino a la discrecionalidad de la autoridad y al favor de políticos y funcionarios. El material requisado es del todo insuficiente para satisfacer la demanda de los hospitales. A las residencias privadas de ancianos y al conjunto de la población no llega absolutamente nada, y lo poco que algunas empresas consiguen por su cuenta es inmediatamente requisado, tal ha sido el caso de Siemens Gamesa, que disponía para sus empleados 2.000 test de detección del coronavirus.[4]

Lección aprendida: evitar la requisa, no intervenir empresas y dejar fluctuar libremente los precios para que se incremente la oferta de bienes escasos.

c) Confinamiento y cierre de la economía

Ante los errores de cálculo del Gobierno sobre los efectos de la Covid-19, la ausencia de planes de contingencia y la letalidad de la pandemia, la autoridad ha optado por soluciones drásticas: confinamiento masivo de la población y el cierre forzoso de la economía. Dos graves errores. Por un lado, un confinamiento voluntario hubiera conseguido un resultado similar en términos de contención de la pandemia, al fin y al cabo, los individuos son los más interesados en preservar su propia salud. Además, nos habríamos ahorrado más de medio millón de multas[5] abusivas que han venido a empeorar la situación económica de muchas personas. Por otro lado, hubiera sido preferible dejar funcionar a todas las empresas, pero exigiendo medidas preventivas del contagio.

Es preciso conjugar seguridad y libertad, en lugar de pretender la primera a expensas de la segunda. Dice Adela Cortina (2015: 8): «El dilema seguridad versus libertad es falso. Tratar de compaginar una y otra sin renunciar a ninguna de ellas es un problema, no un dilema». España, por desgracia, viene avalando nuestra tesis: es líder en violación de libertad y líder en mortalidad (por millón de habitantes).

«La salud está antes que la economía» es otra falacia similar, en efecto, los países orientales –Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong– han obtenido los menores índices de contagio sin haber cerrado sus economías. La clave del éxito ha sido su anticipación: acopio de medios, test masivos –aleatorios y selectivos–, confinamiento de las personas contagiadas y libertad de acción para el resto (adoptando las medidas sanitarias). De esta forma, estos países han cosechado tenido un triple éxito: a) controlar la pandemia; b) preservar las libertades; y c) mantener abiertas sus economías.

Por último, la precipitación con que ha actuado el Gobierno español ha sorprendido a las empresas sin darles tiempo a evaluar la situación, tomar decisiones y organizarse internamente. Como suele decirse: «Cuando la cabeza va mal los pies van peor».

Lección aprendida: la respuesta debe ser proactiva, flexible, gradual y adaptada a las diversas situaciones de individuos y territorios.

d) Centralización económica

Cuando hay una emergencia nacional lo primero que hace el Gobierno es centralizar determinados abastecimientos y servicios que considera básicos para la población. Veremos el grave error que supone esta medida.

La sociedad, en general, y el mercado, en particular, son órdenes sumamente complejos donde millones de personas actúan buscando sus propios fines, empleando diversos medios. Se trata de un sistema social «descentralizado» y por ello puede funcionar armoniosamente.

En España, la sanidad pública está transferida a las CC.AA. Son ellas y los propios hospitales (públicos y privados) quienes realizan todas las gestiones logísticas —personal, compras, mantenimiento, administración económica— para su funcionamiento. De repente, ante la pandemia, el Ministerio de Sanidad, sin capacidad de gestión, ni conocimiento (experiencia) y al mando de un filósofo dice: «Yo me hago cargo». Es como si en mitad de una tormenta, reemplazáramos al capitán del buque por un grumete. El desastre está servido.

El primer problema de la centralización es que la gestión cambia de manos: la «mano invisible» del mercado es reemplazada por la «patada visible» del Gobierno. El segundo, se ralentizan todos los procesos que ahora están bajo un «mando único». Se producen «cuellos de botella» en el sistema que parece haberse militarizado. Múltiples fallos afloran de inmediato: los pagos a proveedores se retrasan y el producto es vendido a otro cliente más rápido, se compra material defectuoso (test, mascarillas) que debe devolverse al proveedor, los abastecimientos llegan tarde al usuario porque han sido retenidos en la aduana o han ido pasando por almacenes intermedios, etc. Estos retrasos ocasionan más contagios, nuevas bajas de personal sanitario y más muertes. La centralización ha agudizado el problema. Ante la inoperancia del Gobierno central, las CC.AA., ayuntamientos, hospitales, empresas y particulares eluden el monopolio estatal y se lanzan a la compra de material con sus propios medios: ¡Sálvese quien pueda! Del resto de bienes –no centralizados– hay abundancia y no falta de nada. Si el Gobierno centralizara la producción y suministro de alimentos, en pocos días estaríamos haciendo cola con la cartilla de racionamiento en la mano. La centralización de la economía no es algo nuevo, es la vieja receta fracasada del «sistema socialista de panificación central», cuya imposibilidad económica ya demostrara Ludwig von Mises, en 1920. Asistir a este lamentable espectáculo nos ayuda a entender cómo sería la vida bajo el yugo totalitario de un Estado socialista.

Por último, la pandemia no afecta por igual a todo el territorio. Sería razonable que las autoridades regionales y locales participaran en la toma de decisiones. La desastrosa gestión centralista del «mando único» podría, tal vez, avivar los deseos de secesión política en los individuos y Gobiernos regionales.

Lección aprendida: mantener el sistema descentralizado propio del libre mercado y dejar que los recursos afluyan de la manera habitual.

e) El mito de los bienes «esenciales»

Otro error del Gobierno ha sido clasificar ciertos negocios o sectores económicos en «esenciales» y «no esenciales», impidiendo o restringiendo la actividad de estos últimos. La autoridad dice que bares, restaurantes y hoteles no son esenciales, pero los camioneros, las personas que residen permanentemente en hoteles y los turistas que desean permanecer en España, entre otros, no opinan lo mismo. La autoridad dice que las ferreterías no son esenciales, pero pensemos en los albañiles, fontaneros y tantos profesionales y particulares que las necesitan. Imagine que usted tiene una fuga de agua en su casa: tanto el fontanero como la ferretería son esenciales. La autoridad dice que los talleres de vehículos no son esenciales, pero ambulancias, coches de la policía, vehículos de reparto y logísticos y miles de vehículos particulares pueden tener una avería; por tanto, grúas, talleres y comercios de venta de repuestos son esenciales. ¿A dónde queremos llegar? El valor es subjetivo. Lo que es «esencial» para una persona puede no serlo para otra y viceversa. La sociedad es un «cosmos», un orden espontáneo sumamente complejo cuyos integrantes necesitan libertad de acción para tomar decisiones según su personal (subjetiva) escala de valores. Por tanto, establecer clases de bienes, negocios o sectores económicos no sólo es un acto arbitrario, sino inútil y confuso (Mises, 2011: 148).

Por otro lado, esta distinción maniquea ignora la ley de Say, es decir, si los trabajadores «no esenciales» no producen, tampoco podrán demandar bienes «esenciales». Por ejemplo, muchas gasolineras[6] tienen que cerrar o reducir su actividad porque la mayoría de clientes pertenece al grupo de «no esenciales», a saber, la población confinada. El sistema económico es interdependiente y no se puede bloquear una parte sin ocasionar un mal a todo el conjunto.

Lección aprendida: dar libertad para que individuos y empresas, utilizando las medidas sanitarias adecuadas, sean libres para alcanzar fines y utilizar medios.

f) Medidas extraordinarias para la «protección» del empleo.

La economía no puede mejorar apelando a la violencia, pero el 28 de marzo, el Gobierno emite un nuevo decreto-ley (art. 2) cuya finalidad es mantener el empleo, pero coaccionando a los empresarios para que opten por un ERTE, en lugar de un ERE:

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

Tras la medida, si los empresarios necesitan despedir empleados, por muy objetiva que sea la causa –el cierre forzoso decretado en el estado de alarma–, su precio será equivalente a 33 días por año trabajado (máximo 24 pagas), en lugar de 22 días (máximo 12 pagas). Ante la agresión, ¿qué opciones tiene el empresario?:

1) Ceder al chantaje y pagar los despidos encarecidos (11 días más/año).

2) Hacer un ERTE, reanudar la actividad y aguantar 6 meses (preceptivo), y finalmente hacer un ERE por causas objetivas.

3) Realizar acuerdos alegales con los empleados.

4) Cierre y concurso de acreedores.

En definitiva, no es posible «proteger» el empleo desprotegiendo jurídicamente a quienes lo crean. El Gobierno exhibe una excesiva confianza en la coacción sin reparar que el Boletín Oficial del Estado no obra milagros (más bien es un malgasto de papel y tinta). Ya puestos, ¿por qué no prohibir directamente que la gente enferme? «Proteger» el empleo vía decreto-ley solo ocasionará más quiebras y mayor desempleo: Daniel Lacalle estima que 900.000 empresas no llegarán a 2021 y que el paro ascenderá al 35%.[7]

Lección aprendida: no manipular las leyes. Respetar la propiedad privada y la libertad del empresario para determinar la organización interna y el funcionamiento de su empresa.

5. Conclusión

Toda pandemia inflige per se elevadas pérdidas humanas y económicas. A los enfermos y fallecidos hay que añadir el cese forzoso de actividad de las personas sanas. La enfermedad merma la capacidad física de los individuos, las medidas de higiene y distanciamiento reducen la productividad del trabajo, el gasto sanitario se dispara, etc. Todo ello provoca, en términos agregados, caídas significativas en la oferta y la demanda cuyo resultado es la recesión económica. Por tanto, es vital que el Gobierno no agrave aún más la situación interviniendo «temporalmente»[8] la economía, lo que supone un avance hacia el socialismo: «Sistema de agre­sión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial» (Huerta de Soto, 2010: 25). Quien pretenda dirigir la sociedad jerárquicamente, a golpe de decreto-ley, se enfrenta a una misión imposible: el Gobierno no dispone (ni puede disponer) de la información necesaria para dirigir los procesos de coordinación social. La irrupción de una crisis –sea bélica, sanitaria o económica– no modifica este axioma praxeológico.

A las pérdidas por la menor producción hay que añadir los costes derivados del consumo de capital, de la menor división del trabajo y del previsible incremento de la litigiosidad en los próximos años. El colapso de los juzgados provocará, sin duda, un número adicional de quiebras empresariales.

La correcta gestión de una pandemia debe ser anticipatoria, técnicamente acertada, flexible, gradual y económica; pero el Gobierno carecía de un plan de contingencia a nivel nacional (Cegarra, 2020). Precisamente, la falta de anticipación y su corolario, la gestión reactiva de la crisis, ha desembocado en una mezcla de improvisación, desorganización y autoritarismo. El confinamiento forzoso y el cierre de la economía han sido tan innecesarios como detrimentales. Lo correcto hubiera sido tratar de conjugar todos los valores –salud, seguridad, libertad, economía, preferencia temporal– en liza, pero como son subjetivos, su imposición hegemónica a los individuos solo puede deteriorar la situación.

Por otra parte, el Gobierno ha esgrimido falsos dilemas –seguridad vs libertad– y ha caído en errores maniqueos –esencial vs no esencial. Particularmente dañina ha sido la legislación positiva que autoriza específicas actividades y usos: quién puede trabajar, qué puede producirse, a dónde se puede ir, etc. algo que es irremediablemente arbitrario y que nunca puede contemplar la diversidad de situaciones personales. Los mandatos del Gobierno, unas veces, deben aclararse porque son ambiguos; otras, deben rectificarse porque son contrarios al más elemental sentido común; en dos palabras: caos legislativo. La ley debe ser siempre negativa y no debe «estar sometida nunca a cambios súbitos e imprevisibles» (Leoni, 2011: 103). Las prohibiciones, restricciones y servidumbres, más propias de un estado de excepción, han causado una parálisis social y económica de enormes proporciones. Resulta paradójico que las autoridades de Francia, Italia y España se estén comportando como antiguos déspotas orientales, mientras que los dirigentes de Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong lo hagan como genuinos liberales decimonónicos.

El cúmulo de errores cometidos por el Gobierno español es de tal amplitud y calado que cabe preguntarse si se debe una absoluta inoperancia para gestionar la pandemia, o bien, considerando la naturaleza psicopática del poder político, asistimos a un plan deliberado de destrucción de la economía cuyo fin último sería provocar un cambio de régimen. Como reza el lema revolucionario: ¡Cuanto peor, mejor!

En definitiva, una correcta gestión de la crisis sanitaria no debe bloquear la acción humana, la función empresarial y el orden social, sino facilitar su libre y natural adaptación a las nuevas exigencias de la pandemia.

Publicado originalmente en el Instituto Juan de Mariana (04/05/2020, Análisis diarios)

Bibliografía

Bastiat, F. (2012). Obras escogidas. Madrid: Unión Editorial.

Bourne, R. (2013) [1918]. “War is the Health of the State”. Ed. John Calvin Jones.

Cegarra, A. (2020). https://clubjaimeprimero.org/index.php/content/la-crisis-sanitaria-del-c...

Cortina, A. (2015). «Compaginar seguridad y libertad sin renunciar a ninguna de ellas es un problema con solución, no un dilema». Abogados, Revista del

Consejo General de la Abogacía, No 95, diciembre.

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle). 

Leoni, B. (2011). La libertad y la ley. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2009) [1922]. El Socialismo. Madrid: Unión Editorial.

Murphy, R. (2006). "The Social Function of Stock Speculators". Mises Institute. https://mises.org/library/social-function-stock-speculators.

Rothbard, M. (2013). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.

[1] Idealmente, la deuda pública debería ser abolida legalmente en su totalidad porque supone una violación de la libertad y la propiedad de los contribuyentes.

[2] Instituto Juan de Mariana. Análisis diarios, 01/04/2020.

[3] El pasado 3 de abril, la planta de Seat, en Martorell, comenzó la producción del respirador OxyGen, diseñado a partir del motor de un limpiaparabrisas. La empresa ha distribuido más de 500 unidades a diversos centros hospitalarios. La producción se ha detenido debido a la mejora de la situación en las UCI.

[4] https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-14/gobierno-requisa-siem... test-deteccion-coronavirus_2546600/

[5] Un informe de la Abogacía General del Estado sostiene que la Ley de Seguridad Ciudadana sólo se puede emplear contra quienes desobedecen las órdenes directas de los agentes. Esto significa que la inmensa mayoría de las sanciones por romper el confinamiento forzoso son contrarias a derecho. Es decir, se multa por «desobediencia» lo que (generalmente) es un «incumplimiento».

[6] Esta epidemia ha revalorizado las gasolineras automáticas (mal llamadas «desatendidas»): sanitariamente, porque el servicio no requiere contacto personal; económicamente, porque al tener menos personal, resisten mejor la crisis.

[7] https://www.elmundo.es/economia/2020/03/31/5e824ee121ef a0e0298b45e7.html

[8] No hay nada más permanente que una medida temporal del Gobierno.