En defensa del abstencionismo vacunal

Quienes rechazan vacunarse no niegan la existencia del virus SARS-CoV-2, tan solo consideran que abstenerse es una alternativa preferible. No son «negacionistas» —término falaz—, sino «abstencionistas». Todo derecho incluye la posibilidad de no ejercerlo, por ejemplo, el derecho al sufragio implica el derecho a la abstención y el derecho del acreedor a cobrar implica la posibilidad de condonar la deuda; análogamente, si existe un derecho a vacunarse también existe igual derecho a no vacunarse.

Antes de actuar cada individuo analiza subjetivamente (con la información disponible) los potenciales beneficios y riesgos de las diferentes líneas de acción o alternativas. La ciencia, la estadística y las recomendaciones de técnicos y amigos puede ayudarnos durante el proceso, pero en última instancia corresponde a cada individuo decidir por sí mismo y, en su caso, por los menores bajo su tutela. Quien se vacuna considera que (potencialmente) el beneficio excede al riesgo y por ello acepta que la autoridad sanitaria decida el orden (colectivos prioritarios, rangos de edad) y las condiciones de la vacunación, en particular, el tipo y la marca comercial. Cuando el Estado monopoliza la vacunación la única elección ofrecida al paciente es: ¿brazo derecho o izquierdo?

Existen diversas razones para la abstención vacunal. Algunos desean vacunarse, pero rechazan el autoritarismo del gobierno y prefieren esperar a que exista libertad de elección. Otros consideran que los riesgos de vacunarse (medio y largo plazo) son desconocidos y nadie se hace responsable de las consecuencias de administrar un medicamento en fase experimental. Otros desconfían sistemáticamente del gobierno, de los comités de expertos a su servicio y de una sospechosa ausencia de pluralidad informativa. Cualquier mensaje que se oponga a la versión oficial (hay que vacunarse) es catalogado como «negacionista». Solo Internet escapa a esta caza de brujas.

Existen varias formas de forzar a los abstencionistas. La más directa sería decretar la vacunación forzosa, tal y como se hace con el ganado, pero esta medida viola derechos fundamentales del individuo. Hay una vía indirecta que supone un fraude de ley: decretar normas que imponen a los no vacunados unas exigencias inasumibles o muy costosas de cumplir (PCR negativo) para realizar actos cotidianos: viajar, alojarse en hoteles, consumir en bares y restaurantes, presenciar espectáculos, practicar deportes, etc. El pasaporte o certificado Covid se utiliza precisamente para discriminar y lesionar los derechos de los no vacunados. De facto, estas prácticas suponen un apartheid sanitario cuya finalidad es segregar socialmente a la minoría abstencionista.

Para colmo de males el gobierno impone a empresarios y empleados de ciertos sectores —hostelería, restauración, ocio— unas servidumbres abusivas: a) Los convierte en «inspectores sanitarios» de sus clientes, obligándoles a verificar quien está o no vacunado; b) Los convierte en «policías sanitarios», obligándoles a rechazar a quienes no hayan completado la pauta de vacunación (y no presenten PCR negativa). Y si se niegan a realizar estas tareas son multados. Todo el sistema es coercitivo.

Las autoridades también utilizan una tercera vía —la propaganda— para estigmatizar socialmente al abstencionista. Se fomenta en la opinión pública una división maniquea: buenos y malos, vacunados y no vacunados. Socialmente se presenta a los primeros como ciudadanos ejemplares y solidarios; mientras que los segundos son tachados de egoístas y aprovechados (free-riders). Sanitariamente y legalmente, los vacunados son tratados como presuntos «sanos» (no se les exige PCR negativa) y los no vacunados como presuntos «enfermos» y potenciales «contagiadores». Ambas presunciones son falsas y se utilizan para agredir injustificadamente a los segundos.

Randolph Bourne, que falleció en la epidemia de gripe de 1918, escribió: «La guerra es la salud del Estado». Análogamente, la emergencia por Covid-19 reproduce las agresiones que el Estado perpetra contra la población. Los políticos, ávidos de poder, monopolizan la vacunación, confiscan la propiedad privada, confinan injustamente a la población, prohiben el trabajo y fomentan el odio a los no vacunados. Ante el miedo de ser contagiado, enfermar e incluso morir, la sociedad retorna a un estado tribal: el razonamiento lógico cede ante la emotividad y el Derecho ante un ordenancismo arbitrario. Asistimos, en definitiva, a un proceso descivilizatorio que debe ser combatido con argumentos sanitarios, éticos y jurídicos.

El lenguaje económico (IV): La física

Publicado en el Instituto Juan de Mariana, 1  de junio de 2021.

La influencia de la física en el lenguaje económico forma parte de un fenómeno universal, a saber, el ascendiente de la racionalidad científico-tecnológica en todos los ámbitos del saber. Este hecho «tiene sus raíces en el pensamiento de Descartes y de Bacon, así como en el éxito espectacular de la física newtoniana, y se desarrolló a través de la mentalidad ilustrada y positivista» (Marcos, 2010: 67). El enorme prestigio de la física creció en los siglos XIX y XX, siendo considerada la ciencia por excelencia debido a su elevada capacidad predictiva. Thomas Khun (2006: 314) advirtió: «La potencia de una ciencia parece aumentar con el número de generalizaciones simbólicas que quienes las practican tienen a su disposición». Los científicos sociales, encandilados por la física, emularon su método sin percatarse que resultaba inadmisible reclamar algo que estaba fuera de su alcance: la predicción cuantitativa. Dicho en román paladino: «No se puede pedir peras al olmo». Los más conspicuos científicos sociales fueron abducidos por el positivismo: en el derecho, Kelsen; en la psicología, Skinner; y en la sociología, Durkheim (2001: 77):

[La ciencia] Estudia el calor al través de las variaciones de volumen que producen en los cuerpos los cambios de temperatura, la electricidad a través de sus fenómenos físico-químicos, la fuerza a través del movimiento. ¿Por qué ha de ser una excepción la solidaridad social?

Los economistas tampoco escaparon a este influjo y pronto comenzaron a utilizar los términos de la física y la mecánica: aceleración, centro de gravedad, ciclo, densidad, equilibrio, fuerza, inercia, masa, velocidad, etc. Todos ellos fueron empleados para acuñar fenómenos sociales. Eminentes economistas definen al mercado como un «mecanismo» a través del cual compradores y vendedores interactúan o que «los precios son la rueda que equilibra el mecanismo del mercado» (Samuelson y Nordhaus, 2006: 26). Algunos de estos deslizamientos lingüísticos resultan inocuos, pero otros son confusos, falaces y funestos.

Singapur

1. Capacidad de carga

Los medios de transporte —camión, barco, avión, ascensor, etc.— tienen limitaciones técnicas que son especificadas por los fabricantes. A su vez, los gobiernos fijan límites máximos —peso, viajeros— para cada categoría de vehículos. Un territorio, sin embargo, no tienen límites en cuanto al número de residentes que pueda albergar. Por ejemplo, la isla canaria de La Palma (708 km2) y Singapur (721 km2) tienen una superficie parecida, pero la segunda (censo: 5,7 millones) está 68 veces más poblada que la primera (censo: 84.000). Es un error deslizar el concepto y el término «capacidad de carga» desde el ámbito industrial al social. Se habla incorrectamente de la «capacidad de carga» de un destino turístico y del «exceso» de turistas, hoteles o vehículos que debe soportar. Fijar topes al crecimiento o al consumo es un acto arbitrario, basado en prejuicios, avalado por informes espurios y cuyo nefasto resultado es el intervencionismo económico, urbanístico y medioambiental. En última instancia, retrasa el progreso y reduce la calidad de vida de los habitantes. Por ejemplo, se imponen moratorias turísticas que impiden la construcción de nuevos hoteles e incluso los espacios naturales y los senderos de montaña son objeto de esta absurda idea de «capacidad de carga».

2. Elasticidad

En física, elasticidad es la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que la altera. En economía, a medida que sube el precio de un bien los consumidores reducen su cantidad demandada, y viceversa. El concepto de elasticidad está referido a esta respuesta, que es diferente para cada bien y para cada individuo en función de su escala de valores. También en el ámbito fiscal se habla de «elasticidad de la base imponible», según Rallo (2018): «Suele ubicarse en torno a 0,4: es decir, un incremento del 1% en el tipo impositivo conduce a una reducción del 0,4% en la base imponible». Como ya hemos expuesto en artículos anteriores, la respuesta de los individuos ante los cambios en los precios no puede medirse acudiendo a curvas u otros expedientes matemáticos.

3. Equilibrio

En física, se dice que un cuerpo o un sistema está en equilibrio cuando sobre él actúan diversas fuerzas que se anulan mutuamente. Equilibrio es sinónimo de reposo, estabilidad y ausencia de cambio. En la economía nada permanece en equilibrio y éste tan sólo es un escenario imaginario que sirve al razonamiento económico. En efecto, «a quienes actúan nada les interesa el equilibrio ni los precios de equilibrio, conceptos estos totalmente ajenos a la acción y a la vida real» (Mises, 2011: 837). No obstante, en el libre mercado, la competencia entre empresarios (ávidos de obtener ganancias) tiene un efecto equilibrador de los precios.

4. Fuerza

Las fuerzas físicas —gravitacional, electromagnética y nuclear— y las fuerzas económicas no tienen relación alguna. Según Mises (2011: 405): «Nada hay de automático ni mecánico en el funcionamiento del mercado». En economía, la palabra «fuerza» es metafórica. Para Marx y Engels (2013) las «fuerzas productivas» eran los diversos medios de producción: trabajo, máquinas, herramientas, materias primas, etc. Se dice que el mercado se rige por las fuerzas de la oferta y la demanda. Para Mises (2011: 502), tan reacio al empleo de tropos, la «fuerza» impulsora del dinero expresaba su capacidad de generar cambios. Otras veces, el significado de fuerza tiene connotaciones misteriosas: por ejemplo, la mítica fuerza que origina el «subconsumo» o que «induce a un exceso de frugalidad» (Keynes, 1943: 326). Por último, algunas organizaciones —políticas, sindicales, empresariales— también se autodenominan «fuerzas».

5. Liquidez

Es la «facilidad con que es posible convertir un activo en el medio de cambio de la economía» (Mankiw, 2007: 444). El dinero en efectivo y los depósitos a la vista son los activos más líquidos, le siguen los sustitutos monetarios —cheques al portador, cheques de viaje, pagarés—, acciones, participaciones en fondos de inversión, bonos, letras del tesoro, etc. El dinero-mercancía —oro y plata— tiene una liquidez intermedia y, por último, los bienes inmuebles o las obras de arte son activos poco líquidos por su menor facilidad de venta. Un sinónimo (no metafórico) de liquidez sería «mercabilidad» (Mises, 2011: 482)

6. Velocidad

En física, la velocidad a la que un cuerpo se desplaza es la cantidad de unidades de espacio que recorre en una unidad de tiempo (v= e/t). En economía, por velocidad del dinero se entiende la «tasa a la que el dinero cambia de manos» (Mankiw, 2007: 462). Sin embargo, el dinero no se desplaza, tan solo cambia de dueño en cada transacción. Ni el dinero ni el resto de bienes intercambiados circulan a «velocidad» alguna; de nuevo, estamos ante otra metáfora. Para definir el número de veces que una moneda es intercambiada en un año, los economistas podrían haber elegido otros términos más adecuados, por ejemplo: frecuencia de intercambio o rotación del dinero. Según Mises (2011: 484), el dinero nunca está en circulación porque «no hay momento alguno durante el cual el dinero no sea de nadie, de ninguna persona o entidad». Existe la creencia popular —por otro lado, infundada— de que es bueno para la economía que el dinero esté en movimiento. Sin embargo, como afirma Shostak (2018):

Son las acciones con propósito individual las que determinan los precios de los bienes y no una velocidad mítica. El hecho de que la llamada velocidad sea 3 o cualquier otro número no tiene nada que ver con los precios promedio y el poder adquisitivo promedio del dinero como tal.

Si aumentar el número de intercambios, per se, fuera algo positivo, deberíamos gastar con frenesí hasta el último céntimo de nuestro saldo en efectivo. No olvidemos que el dinero solo es un medio de intercambio, por tanto, no se es más rico imprimiendo más dinero ni gastándolo desaforadamente. Dinero «ocioso» es otra mala metáfora porque el dinero atesorado (saldo en efectivo) cumple una función vital: proporciona seguridad económica frente a la incertidumbre. Según Mises (2011: 484): «Lo que suele denominarse atesoramiento no es más que un saldo de metálico supe­rior —según la opinión de quien enjuicia— al considerado normal y conveniente». En definitiva, la creación de riqueza nada tiene que ver con la velocidad de circulación del dinero, sino con las mejoras en la cantidad y calidad de la producción de bienes.

Apalancamiento

7. Miscelánea

Otras metáforas físicas resultan inocuas: A) «Masa» monetaria es la cantidad agregada de dinero que hay en una economía. Hay distintas masas monetarias —M0, M1, M2, M3, M4— en función de su «liquidez». B) «Apalancamiento» es sinónimo de endeudamiento. C) «Nivel» de precios es otro desliz lingüístico copiado del comportamiento de los fluidos. Una metáfora más apropiada sería «convulsión de precios» (Mises, 2011: 496). D) «Vehículo» de inversión. E) «Aceleradora» de empresas. F) «Densidad» de población. G) «Ciclo» de vida del producto, «ciclo» económico. H) En econometría, «inercia» es la medida de la dispersión de los datos respecto a un punto llamado «centro de gravedad». Para terminar, les dejo un ejemplo de cómo el lenguaje físico y el matemático pueden ser combinados de forma ininteligible en algo que metafóricamente podríamos llamar «diarrea» mental:[1]

Si tenemos un conjunto de n individuos sobre los que se han medido k variables podemos representar a dichos individuos como un conjunto de n puntos en el espacio vectorial Rk. Dado un punto p del espacio Rk y una base ortonormal de dicho espacio, la inercia total de los individuos respecto al punto p es igual a la suma de las inercias de los individuos respecto al punto p a lo largo de cada uno de los vectores de la base ortonormal.

Bibliografía:

Durkheim (2001) [1893]: La división del trabajo social. Madrid: Akal.

Keynes, J. (1943): Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Méjico: FCE.

Kuhn, T. (2006): La estructura de la revoluciones científicas. Méjico: FCE.

Mankiw, N. (2007): Economía. Madrid: Thomson.

Marcos, A. (2010): Ciencia y Acción. Méjico: FCE.

Marx, K. y Engels, F. (2013) [1848]: El manifiesto Comunista. Madrid: Fundación de

Investigaciones Marxistas.

Mises, L. (2011): La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rallo, J. (2018): ‘Destope’ de cotizaciones sociales: demagogo, injusto e ineficaz. Recuperado de: https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2018-01-22/destope-de-cotizaciones-sociales-demagogo-injusto-e-ineficaz_1509173/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news_ec&utm_content=textlink&utm_term=opinion

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006): Economía. Méjico: McGraw-Hill (18ª edición).

Shostak, F. (2018): «El problema con la “velocidad del dinero”».

[1] https://jjgibaja.wordpress.com/2008/02/14/descomponiendo-la-inercia/

Marketing ideológico

Artículo publicado originalmente en AVANCE de la Libertad - Núm. 12, Junio de 2021.

Las ideologías tienen tanta fuerza y atractivo que en ocasiones son utilizadas por las empresas como herramienta de marketing, principalmente con el objetivo de mejorar su reputación e imagen. Hoy analizaremos tres casos de marketing ideológico e intentaremos ilustrar que se trata de una estrategia empresarial altamente peligrosa.

El primer caso es el de Gillette, que en 2019 lanzó un polémico anuncio de 100 segundos donde aparecen hombres malos y buenos. Los primeros representan la «masculinidad tóxica»: matones de patio de colegio, acosadores sexuales, un directivo que corrige paternalmente a una subordinada, etc. El eslogan del anuncio «Lo mejor que un hombre puede ser» refleja bien su cariz moralizante: los hombres pueden y deben comportarse mejor con sus pares y con las mujeres e incluso deberían tomar partido cuando observen conductas machistas. El anuncio caricaturiza y estigmatiza a los hombres de forma injustificada o, al menos, así ha sido visto por una mayoría del público. Una de las máximas del marketing es que la percepción es la realidad. El intento de ganar clientes alineándose con la visión feminista —movimiento #MeToo— supuso para la empresa, solo en el segundo trimestre de 2019, pérdidas de 5.240 millones de dólares. Procter & Gamble, propietaria de Gillette, sigue sin reconocer su error y atribuye las pérdidas a otras causas, pero a buen seguro que los directivos y publicistas habrán tomado nota del patinazo y del peligro que supone utilizar la ideología.

El segundo caso es el de Iberdrola, que se ha subido al carro del feminismo, del igualitarismo y del ecologismo. En su «Informe de Diversidad e Inclusión / 2019», la empresa presenta sus avances hacia una sociedad más justa e igualitaria. Con el programa «Universo Mujer» y los premios «SuperA», Iberdrola fomenta la «igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva». Con las becas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) pretende incrementar la proporción de mujeres en algunas disciplinas donde los varones son amplia mayoría. Respecto a la cuota femenina en Consejos de Administración, Iberdrola (42, 86%) es líder del IBEX-35, sólo por detrás de la estatal Red Eléctrica (50%). Además, para 2022 Iberdrola pretende que al menos el 70 % de los proveedores principales estén sujetos a políticas de Desarrollo Sostenible. La empresa también saca pecho en cuestión de multiculturalidad pues su plantilla abarca 64 nacionalidades distintas. Desconocemos si todo esto obedece a la ideología personal de su presidente —Ignacio Galán— o más probablemente forme parte de un plan de marketing ideológico. Mientras Iberdrola no meta la pata al estilo Gillette, tal vez, pueda sacar tajada de esta estrategia de marketing basada en el «consenso progre».

Por último, tenemos la recién estrenada campaña de Levi´s “Buy Better, Wear Longer” («Compra Mejor, Úsalo más Tiempo»), donde se hace un guiño al ecologismo criticando el consumismo de ropa. Entendemos por «consumismo» la subjetiva y arbitraria apreciación de que alguien consume más de lo debido. ¿Y cuánto es lo debido? No lo sabemos, eso depende a quien preguntemos; por ejemplo, poseer más de un reloj de pulsera o más de 10 pares de zapatos podría ser considerado «consumismo»; pero también hacer «demasiado» turismo, beber «demasiada» cerveza o comprar «demasiados» libros. El anuncio de Levis´s exhibe esta línea argumental: «Cuando fabricamos mejor, podemos comprar mejor; y cuando compramos mejor, podemos usar (la ropa) más tiempo; y si usamos (la ropa) más tiempo, podemos comprar menos; y si compramos menos, podemos desperdiciar menos; y cuando desperdiciamos menos, podemos cambiar para siempre». Por supuesto, Levi´s no pretende salvar el planeta reduciendo sus ventas, sino atraer a nuevos clientes que compren menos cantidad de ropa barata y elijan sus prendas más caras, pero más duraderas. Pero ojo, si sus clientes habituales, que poseen un repertorio de prendas de la marca, siguieran la consigna «consume menos», la compañía se enfrentaría sin duda a un desplome de sus ventas. Como decía el filósofo Eugenio D´Ors: «Los experimentos, con gaseosa».

Defensa y seguridad, ¿estatal o privada? con José H. Cabrera - Conservan...

Tres errores sobre el consumo local

Cuando se aproximan las fiestas navideñas se multiplican los eslóganes para que los consumidores opten por el consumo local. Según sus promotores —políticos, empresas públicas, asociaciones de empresarios— consumir bienes producidos en zonas próximas o vendidos en comercios de proximidad es beneficioso para la economía local. Los ecologistas, por su parte, afirman que el consumo de productos locales beneficia al medio ambiente porque se reducen las emisiones de CO2 producidas por el transporte de mercancías.

De las campañas en «defensa» del consumo local se infiere la menor competitividad (relación calidad-precio) de algunos productores locales. De no ser así, estas campañas nunca se hubieran realizado. Sin embargo, no es el pequeño comercio, en general, el que está amenazado por los grandes distribuidores y la venta por Internet, sino específicos empresarios que no han sido capaces de adaptarse a los gustos de los consumidores; prueba de ello es el reemplazo de empresarios españoles por chinos en muchos negocios minoristas: bares, restaurantes, tiendas de alimentación, bazares, peluquerías, telefonía móvil, etc. A lo largo del artículo nos referiremos exclusivamente a esos empresarios locales «menos» competitivos que se benefician de campañas institucionales en las que se pide al consumidor que realice un sacrificio económico. Nuestro análisis de hoy desvelará tres errores —ético, lógico y económico— sobre el consumo local.

a) Error ético

Cualquier campaña gubernamental destinada a fomentar el consumo local no es gratis y supone una transferencia coactiva de dinero desde los contribuyentes hacia los grupos receptores de las ayudas. La propaganda gubernamental se realiza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. Estos favores políticos constituyen una vieja práctica llamada mercantilismo: «Un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir las importaciones y subsidiar las exportaciones» (Rothbard, 2013a: 247). Las actuales campañas municipales de consumo local repiten los mismos errores del absolutismo real entre los siglos XVI y XVIII. Toda injerencia política en el libre mercado supone un perjuicio para la sociedad porque la «protección» de ciertos productores o comerciantes locales necesariamente empobrece a miles de consumidores que verán reducido su nivel de vida. Debe ser el empresario, grande o pequeño, quien soporte exclusivamente los costes de cualquier campaña publicitaria.

Esta «defensa» del comercio local alcanza su paroxismo en la «guerra» que el ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha declarado a la empresa Amazon. La iniciativa «mojizon» permite a los residentes comprar en el pueblo por Internet y un empleado municipal hará el reparto a domicilio «gratuito». Menuda ocurrencia. Estos juramentados del consumo local ignoran que, sólo en España, Amazon tiene un catálogo de 180 millones de artículos distintos.

Sólo es ética la campaña publicitaria financiada con fondos privados (empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio,¹ etc). También es éticamente admisible que el publicitario apele a los sentimientos identitarios —«lo nuestro», «nuestra gente», «nuestro pueblo»— para que el consumidor acepte voluntariamente el sacrificio de comprar productos más caros o de menor calidad que los foráneos.

b) Error lógico

Las campañas de consumo local son genéricas, pero, a grandes rasgos, pretenden fomentar el consumo de alimentos —carne, pescado, fruta, verdura, vino, queso, confituras, etc.— producidos o elaborados en la comarca. Pero si el transporte es malo porque contamina ¿por qué no extender la campaña al resto de productos y servicios? Si los apóstoles del «kilómetro 0» fueran consecuentes con sus ideas (reducir la contaminación) deberían recomendar a los turistas que se quedaran en su casa pues, en términos relativos, el transporte aéreo es el más contaminante de todos. Por ejemplo, resulta contradictorio que el dueño de un hotel presuma de tener su propio huerto ecológico sin importarle demasiado que sus huéspedes hayan viajado en avión miles de kilómetros.

Por otro lado, muchos productores (elaboradores) locales deben comprar las materias primas en el exterior. Por ejemplo, el helado «local» de Canarias se fabrica con leche asturiana, gallega o francesa. Con los bienes de capital ocurre otro tanto: los proveedores de mobiliario, maquinaria y herramientas se encuentran generalmente a cientos o miles de kilómetros. Si los productores y comerciantes compraran, a su vez, todo localmente (independiente de su precio y calidad), muy pronto quedarían fuera del mercado por falta de competitividad. En definitiva, no resulta admisible que el productor local pida al consumidor un sacrificio que él mismo, por necesidad o conveniencia, nunca hará pues está obligado a ejercer la función empresarial con criterio económico.

c) Error económico

Es muy popular la creencia de que si compramos «local» el dinero se queda «aquí» y que, en caso contrario, el dinero se va «fuera». Analicemos esta falacia; por ejemplo: ¿a dónde va nuestro dinero cuando compramos en Carrefour, Ikea o McDonalds? El dinero siempre paga los factores productivos «allá donde estén»: los artículos y materias primas provienen de múltiples países, pero el trabajo —salarios— y la mayoría de servicios —limpieza, mantenimiento, seguridad— se contratan localmente. ¿Y qué ocurre con los beneficios? La mayor parte no acaba en Francia, Suecia o EE.UU., sino en el bolsillo de millones de pequeños accionistas (propietarios de fondos de inversión y pensiones), repartidos por todo el mundo, que perciben el dinero en forma de dividendos. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, la familia Botín sólo posee el 1% del capital social del Banco de Santander. Hoy en día el capital de las grandes empresas está tan repartido que carece de sentido asignarles una nacionalidad.

Es innegable que, tanto si compramos «local» como si compramos «fuera», parte del dinero saldrá de nuestras fronteras ²—municipales, regionales o nacionales—; sin embargo, lejos de ser una mala noticia, la «salida» del dinero resulta necesaria y beneficiosa. La división del trabajo implica necesariamente la «salida» y «entrada» de dinero. Por ejemplo, si los andaluces no compran manzanas de Cataluña, los catalanes no tendrán dinero para comprar aceitunas de Andalucía; y si los españoles no compran vehículos Mercedes y Toyota, los alemanes y japoneses no podrán hacer turismo en España. Es decir, exportación e importación son cara y cruz de una misma moneda, ambas se complementan y ambas tienden a igualarse en el tiempo. El clásico error mercantilista ha sido considerar que es mejor exportar que importar, que es mejor el dinero que «entra» que los bienes que «salen». El mito de la balanza comercial se derrumba cuando lo analizamos desde el individualismo metodológico: «toda balanza es necesariamente favorable desde el punto de vista de la persona que realiza el intercambio» (Rothbard, 2013b: 336). O como dice Mises (2011: 539) «La balanza (de pagos) cuadra siempre».Es falso que con el consumo local «todos» ganamos. Por ejemplo, si el bien local cuesta el doble que el foráneo, ceteris paribus, optar por el primero reducirá nuestro consumo a la mitad. Consumir algo peor o más caro solo empobrece a los consumidores de la región, siendo los productores locales los únicos beneficiados.

Por último, el consumidor que asume una pérdida económica para mantener con vida a los productores menos eficientes está haciendo un flaco favor al conjunto de la sociedad pues interfiere la adecuada asignación del capital. Este consumo sacrificial (voluntario) ocasiona los mismos males que cualquier medida (coactiva) proteccionista: obstaculiza la innovación y que el escaso capital disponible pase a manos más capaces. Al comprar de forma «egoísta» los consumidores no sólo mejoran su propia economía, sino la general pues van colocando —mediante el sistema de pérdidas y ganancias— a cada cuál en el sitio donde mejor sirve los intereses del prójimo. Si algunos productores o comerciantes locales son menos eficientes lo mejor para el conjunto no es mantenerlos artificialmente con vida, sino dejar que el libre mercado haga su trabajo. Sin el asistencialismo (público o privado) los empresarios menos eficientes deberán innovar, cambiar o ser reemplazados por otros mejores.

Conclusión

Los promotores del consumo local no pueden alcanzar su objetivo —mejorar la economía de la región— persuadiendo a los consumidores para que compren peor. Este sacrificio, lejos de dar fruto, empobrecerá a los habitantes de la región, sostendrá artificialmente a las empresas menos eficientes e interferirá la adecuada asignación del capital. Como nos recordaba Mises (2011: 1019): «La aplicación de teoremas económicos falsos se traduce en consecuencias indeseadas».

Notas
¹ El gobierno de Zapatero, en 2011, derogó la cuota cameral, más conocida como «impuesto revolucionario», y las Cámaras de Comercio se vieron obligadas a financiarse mediante aportaciones voluntarias.

² Frontera en sentido lato.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013a). Historia del pensamiento económico. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013b). El hombre, la economía y el Estado. Vol. II. Madrid: Unión Editorial.

Web del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

Crímenes sin víctima

Para afirmar si algo es justo o injusto es preciso disponer, con carácter previo, de una teoría de la justicia. En la tradición libertaria sólo hay crimen cuando un individuo —el agresor— «inicia» una acción cuyo resultado viola la integridad física o la propiedad de un tercero —la víctima—.  Decimos «inicia» porque la legítima defensa es la respuesta violenta a una agresión injustificada. Por tanto, para que una conducta sea punible debe producir un daño «objetivo» sobre una específica «víctima». Por último, el principio de imputación establece unos criterios para atribuir a un sujeto la realización de un hecho penal. Vayamos analizando todos estos elementos.

Primero, para que el daño sea objetivo, debe ser claramente identificable, es decir, «físico». Los estados psicológicos subjetivos como «sentirse» ofendido, atacado, herido, maltratado, etc., no pueden considerarse daño objetivo. Por ejemplo, odiar no puede ser un delito porque el odio (antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea) es un sentimiento o estado mental. Una persona que odia a otra puede desearle la muerte, pero un deseo —por perverso que sea— no ocasiona daño objetivo y, por tanto, no hay víctima. Los maleficios y otras prácticas esotéricas son banales intentos de causar efectos físicos empleando métodos metafísicos. El fantasioso cliente que contrata a un «médium justiciero» habita en el reino de lo imaginario, por tanto, carente de causalidad. Aquí nunca podemos saber si el brujo es un timador o realmente cree que tiene poderes taumatúrgicos. El Karma, como «ley cósmica de retribución», es otra ilusión propia de místicos y personas con creencias trasnaturales. El juez (de carne y hueso), para imputar un delito, debe encontrar una relación causal, clara, evidente, objetiva, que no dependa de imaginaciones, suposiciones o estados psicológicos.

La destrucción de símbolos —nacionales, religiosos, identitarios— tampoco causa daño objetivo a terceros (siempre que lo destruido sea propiedad del agente). Quemar una bandera, la foto de un rey o una biblia hiere los sentimientos de muchas personas, pero ya hemos visto que «sentirse» herido, ofendido o maltratado es un estado psicológico. No es la libertad de expresión lo que protege al que ofende sino la ausencia de daño físico ocasionado a terceros o a su propiedad. 

Segundo, veamos si las expresiones verbales pueden ser crímenes. Si alguien dice: «Te odio y ojalá te mueras» ¿Existe víctima? La reacción al insulto es subjetiva, por tanto, heterogénea: carcajada, risa, indiferencia, enojo, ira, etc. Codificar penalmente el maltrato psicológico, sin duda, sería origen de numerosas injusticias y arbitrariedades. Los delitos como la injuria y la calumnia pretenden castigar «mentiras» dichas en público que ocasionan un daño al honor, pero éste es un concepto subjetivo: alguien tiene buena o mala fama según a quien preguntemos. La reputación, por tanto, no es patrimonio personal, sino que es una opinión atribuida por terceros. Pero supongamos que una injuria intenta causar un daño económico, por ejemplo, si alguien dijera: «La Coca-Cola está en quiebra»; la compañía, en pocas horas, puede contrarrestar la información falsa aportando datos y pruebas. Según Daniel Lacalle (2013) las empresas contrarrestan fácilmente los míticos ataques de especuladores porque disponen de toda la información necesaria. La realidad es bien distinta: las posiciones «cortas» se basan en información contrastada y, por tanto, prohibirlas es un grave error del gobierno. La apología o incitación «directa» a cometer un crimen tampoco puede ser delito porque el autor del crimen es libre para aceptar o rechazar la recomendación del apologista. No hay tal cosa como «autor intelectual», el autor o ejecutante siempre es material; de hecho, los asesores —fiscales, legales, matrimoniales— no asumen la responsabilidad de sus clientes frente a terceros. Quienes prohiben la publicidad de ciertos bienes ignoran que la persuasión es legítima, pacífica y que el consumidor, a fin de cuentas, es libre para comprar o abstenerse de hacerlo.

Tercero, un axioma económico dice que si las relaciones son consentidas no hay daño, sino mutuo beneficio. El narcotraficante, el transportista de migrantes ilegales o el proxeneta no ocasionan daño alguno a sus clientes, al revés, les proporcionan lo que ellos desean (Block, 2012). El elevado precio de sus servicios es fruto de la legislación, que incrementa artificialmente el riesgo (cárcel) asumido por el proveedor. Por otro lado, el legislador es arbitrario autorizando unas drogas —tabaco, alcohol, marihuana— y prohibiendo otras—cocaína, heroína, LSD—. El sádico que golpea al masoquista tampoco delinque porque, aún existiendo un daño material evidente (objetivo), quien disfruta con el dolor y acepta voluntariamente el castigo no puede ser catalogado como víctima. Si hay acuerdo entre las partes que realizan el intercambio no puede haber crimen.

Por último, es preciso aclarar que nadie puede ser víctima de sí mismo y que resulta absurdo penalizar el suicidio, el consumo de drogas, los juegos de azar o cualquier adicción autodestructiva. Por otro lado, la víctima debe ser una persona física o jurídica titular del derecho que ha sido violado. Por ejemplo, tirar basura al océano ocasiona un daño al medio ambiente, pero como la propiedad no está claramente definida —el mar es de «todos»— no hay una víctima específica a la que resarcir. Una forma de evitar la «tragedia de los comunes» sería la privatización de todos los espacios públicos: montes, ríos, océanos, etc. La «naturaleza» puede ser una víctima en sentido biológico, pero no en sentido jurídico.

Bibliografía:

Block, W. (2012). Defendiendo lo indefendible. [Versión Kindle] Innisfree.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle).

Rodríguez, J. C. (2006). «Crímenes sin víctima». Instituto Juan de Marina. Recuperado de: https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/crimenes-sin-victima

Contra la educación estatal

El común de las personas considera que la educación obligatoria, universal y gratuita es uno de los grandes logros del Estado moderno. Hoy expondremos dos objeciones a esta idea: a) Ética. La educación pública no es gratis, se finanza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. El fin no justifica los medios: todo fin (incluida la educación) debe ser alcanzado con medios éticos. Por extraño que les parezca a muchos, la educación no es un derecho. Todo derecho implica un deber de un tercero y nadie tiene el deber de educar o de pagar la educación a otra persona. Todos los derechos positivos —educación, sanidad, trabajo, vivienda,  etc.— constitucionales son falsos porque imponen falsos deberes. La educación tampoco debe ser obligatoria. La coacción nunca es justificable, además provoca efectos perversos. Si los estudiantes son forzados a permanecer en las aulas el conflicto es inevitable. Algunos se aburren, no aceptan la disciplina escolar y boicotean las clases; tampoco pueden ser expulsados porque el Estado ha convertido los colegios en guarderías de jóvenes. Los profesores, cuya autoridad ha sido destruida, se ven impotentes para mantener el orden. El resultado es la desmotivación y la aparición de patologías psiquiátricas (ansiedad, depresión). 

Aprendiz de albañil (Foto: A. Sander)

b) Económica. La educación privada es más eficiente que la pública. Se trata de un servicio relativamente barato que está al alcance de la mayoría. Hace 60 años, siendo el nivel de vida inferior al actual, muchos niños aprendían a leer y escribir en escuelas privadas de barrio, a un módico precio. ¿Y qué hacer con los más pobres? Pueden ser escolarizados con fondos privados de parientes, mecenas, fundaciones, etc. o incluso pueden formarse a lo largo de su vida.

El Estado dilapida el dinero del contribuyente ofertando una educación uniforme, pero de baja calidad. En cambio, la oferta privada es heterogénea en materias, horarios, idearios, metodologías, etc.; en función de las preferencia de padres y alumnos. Los jóvenes que prefieren aprender un oficio ingresan (como aprendices) en empresas, pudiendo ganar dinero desde temprana edad. Bajo el Estado, los jóvenes españoles pasan demasiados años estudiando y, con frecuencia, no obtienen un empleo acorde a su formación. Según Primerempleo.com «el 45% de los titulados universitarios españoles trabajan por debajo de su cualificación». Nuestro mercado laboral no puede absorber a tantos graduados y estos tienen dos opciones: a) Quedarse en España y trabajar en lo que demanda la sociedad: conductores, repartidores, cocineros, camareros, comerciales, operarios, electricistas, albañiles, telefonistas, agricultores, ganaderos, cuidadores de personas mayores, etc. b) Emigrar y ejercer su profesión en otro país. En ambos casos se escucha un lamento similar; por ejemplo: «es una pérdida que un biólogo trabaje de camarero»; o bien: «la fuga de cerebros es una pérdida para España». Esta forma de razonar —la basada en los deseos— conduce frecuentemente a la frustración, al victimismo y, finalmente, a la exigencia de derechos espurios. 

Pero podemos pensar de otra manera, aceptando la realidad tal cual es, sin autoengaños y sin pedir al gobierno que nos conceda, mediante la coacción, lo que la gente libremente no desea darnos. Si los consumidores no demandan (tantos) biólogos, psicólogos, filósofos o actores es porque no les resultan útiles. Un pensador realista no se lamenta de que un joven biólogo trabaje como camarero, sino de que un camarero haya perdido cuatro años estudiando biología, cuando uno solo le hubiera bastado para hacer bien su trabajo. La realidad le dice amargamente a muchos jóvenes: «te equivocaste al estudiar algo que la gente no demanda». Se produjo un doble coste de oportunidad: a) Personal: esfuerzo intelectual, dinero, tiempo, etc. del estudiante. b) Social: el dinero público fue desperdiciado y ahora los ciudadanos tienen menos dinero disponible. La educación privada no elimina estos errores, pero los reduce. Los estudiantes y sus familias mirarían con lupa qué estudios tienen salida laboral. Los jóvenes ya no podrían estar «de flor en flor», hasta los 30 años, perdiendo su tiempo y el dinero de los contribuyentes. La educación privada elimina las externalidades que produce el Estado porque quien se equivoca paga la factura. 

En definitiva, imponer a las personas el consumo y/o pago de aquello que no desean no solo es injusto, sino antieconómico. ¿Y cómo saber si algo es de interés social? La sociedad está integrada por individuos que tienen específicos gustos, deseos y necesidades, las cuales se manifiestan en los procesos de mercado. Al consumir o abstenerse de consumir, las personas revelan aquello que más interesa a la sociedad. Si el Estado impone forzosamente el consumo y pago de «su» educación a la sociedad, perjudica sus intereses; por tanto, «Estado social» es un oxímoron. El Estado no produce (ni puede producir) lo que la sociedad demanda y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben ser consumidos y/o financiados por la fuerza. Solo un sistema educativo laissez faire es ético y económico, por tanto, genuinamente social.