Sobre Vox

Desde que abracé el anarcocapitalismo, allá por 2011, no he participado en ninguna consulta electoral. La abstención política es la conducta propia entre quienes piensan que el gremio político es la peor mafia jamás inventada y que todo impuesto es un robo. Sin embargo, la aparición de Vox y su atractivo programa electoral supondrá mi vuelta a las urnas. Votaré Vox porque se opone sin complejos al consenso socialdemócrata. Es el único partido que proclama, si bien parcialmente, los derechos del individuo frente a la agresión estatal. Los demás partidos, o son abiertamente socialistas o se han rendido al socialismo.

El programa económico de Vox es, de lejos, el más liberal de todos: el dinero debe permanecer en el bolsillo de sus legítimos dueños y no en la cartera de los políticos. El actual Estado de bienestar saquea indecentemente la propiedad privada, por tanto, está abocado al colapso económico y moral.

La vivienda privada también debe protegerse frente a los okupas, que proliferan al amparo de comunistas como Iglesias, Carmena o Colau. Es preciso que el Estado aplique la ley, defienda a la víctima y que los okupas sean desalojados de forma expedita. El Estado tampoco debe impedir a la víctima que se defienda con sus propios medios. El uso de armas de fuego, en legítima defensa, es un derecho natural de todo ser humano. 

La gran virtud de Vox es la valentía de sus líderes para decir la verdad sin tapujos. Por fin, alguien en España afirma públicamente que la Ley de Violencia de Género es una aberración jurídica y ética, comparable a las leyes de Núremberg de 1935. El apelativo «feminazi» está bien puesto y define perfectamente a quienes justifican la criminalización del varón.

Derogar la Ley de la Memoria Histórica es otro imperativo de la lógica y de la convivencia. Es preciso erradicar el sesgo ideológico en la interpretación de la historia de España. Los perdedores de la Guerra civil deben asumir, de una vez por todas, su responsabilidad en el origen del conflicto.

Lo único que no gusta de Vox es su exaltado nacionalismo español. Las tradiciones –semana santa, toros, caza, pesca– deben protegerse del ataque de los «progres», sin embargo, todo nacionalismo –catalán, vasco o español– es una amenaza latente: siempre termina, por su propia dinámica, en el sacrificio del individuo en el altar del Estado.

No soy partidario de manipular a las masas apelando a sus sentimientos y emociones, pero ya que la izquierda lo hace –demonizando a los ricos, estimulando el odio y la envidia, ofreciendo falsos derechos– la única forma de combatir a la bestia marxista es apelando a otros sentimientos y emociones distintos: patriotismo, familia, religión, épica, etc.  

Desgraciadamente, el razonamiento económico y filosófico anarcocapitalista, adquirido tras largas horas de lectura y reflexión, se ha demostrado impotente frente a la propaganda marxista. Vox es un partido populista (en democracia todos lo son), pero lo importante es que, una vez llegado al poder, ese populismo no degenere en un Estado totalitario. La agenda de Podemos es clara: replicar el modelo criminal de Venezuela; es decir, llegar al poder usando la democracia para luego abolirla. Actualmente, Vox es la única alternativa creíble para combatir la alianza destructiva de las izquierdas y el entreguismo del centro-derecha.

Contra la igualdad

Conferencia impartida el 22 de marzo de 2019, en el Real Casino de Tenerife, dentro de las VI Jornadas Liberales de Tenerife.

Sinopsis:

La idea de igualdad, en general, tiene buena fama en la sociedad. Se piensa, acríticamente, que la igualdad es buena y, por tanto, es considerada como un objetivo ético y político. Vamos a reflexionar sobre los distintos conceptos de igualdad para alcanzar una conclusión: la igualdad es inhumana y pretender imponerla por la fuerza no sólo es un error, sino un horror.

En primer lugar, existe una igualdad matemática (i.e. 2 + 2 = 4). Aquí no es posible el desacuerdo ni la discusión ética porque estamos ante una herramienta intelectual abstracta y ajena a la acción humana; pero si nos adentramos en el ámbito social, necesitamos prima facie una definición: «Se dice que A y B son iguales si son idénticos con respecto a un determinado atributo»; por ejemplo: si A y B ganan 1.000€/mes decimos que ambos tienen igual salario.

La naturaleza es diversa, desigual y los hombres también lo son. Lo genuinamente humano es la desigualdad: genética, familiar, étnica, cultural, etc. Todas las personas son desiguales: hombre-mujer, alto-bajo, guapo-feo, blanco-negro, rubio-moreno, listo-tonto, vago-industrioso, frugal-vicioso, etc. Es imposible igualar todas estas diferencias, a las que se añade el azar: la suerte o el infortunio. Las diferencias genéticas, las adquiridas y el ambiente impiden la igualdad de oportunidades y de resultados. Cada cuál tiene sus propias oportunidades: diversas, cambiantes a lo largo de la vida.

La idea de igualdad está vinculada al concepto de justicia. Los igualitarios creen que la desigualdad de resultados es injusta y que compete al Estado reducirla por la fuerza a través de la legislación. Durante la Revolución francesa (1793) la aguja de la catedral de Estrasburgo fue objeto de un proceso judicial: los jacobinos planteaban destruirla por el delito de «injuria a la igualdad»; para salvarla, el maestro cerrajero Stultzer convenció a los republicanos de cubrirla con un gorro frigio gigante que «alabaría las virtudes de la Revolución hasta Alemania». Así, la catedral llevó durante nueve años un gorro rojo que los alsacianos denominaron Kàffeewärmer (la estufilla de café).

La justicia, según Ulpiano, es «dar a cada uno lo suyo». Y como no podemos redistribuir los dones naturales, ni los adquiridos, al igualitario sólo le queda redistribuir el resultado: la riqueza. Con el pretexto de la igualdad y de la espuria «justicia social», el Estado ha legalizado el robo masivo de la propiedad privada y la mayoría de la sociedad lo ha aceptado.

La desigualdad económica no es injusta si los medios que la han causado son justos. Por ejemplo, millones de personas juegan a la lotería, tras cada sorteo unos pocos agraciados son ricos y el resto es algo más pobre. Este aumento de la desigualdad económica no es objeto de condena moral. Los igualitaristas, si fueran consecuentes, no participarían en los juegos de azar.

Otra gran falacia es: «Igual salario por igual trabajo». Esta queja, común entre las feministas, presenta un doble error: a) Económico: El empresario no paga según el tipo de trabajo, sino por la productividad en el trabajo. El salario es la estimación subjetiva de la contribución del empleado a la facturación de la empresa. Si todos los empleados tienen desigual rendimiento, lo justo (según Ulpiano) sería que todos cobraran salarios distintos, algo observado en los deportistas profesionales que juegan en equipos. b) Ético. El empresario, como propietario de su empresa, debe ser libre de convenir salarios con cada empleado. Esta libertad debe respetarse aún en el supuesto de que se equivoque al calcular la productividad o de la existencia de sesgos y prejuicios.   

Las pretensiones de igualdad de resultados siempre son parciales e interesadas. Nadie quiere igualarse con otro «por abajo». Por ejemplo, son los guardias civiles y policías nacionales los que quieren igual salario que los agentes locales y autonómicos. Al revés nunca sucede.

Con frecuencia, igualdad y solidaridad se confunden. La desigualdad humana no es incompatible con la compasión, la ayuda y la caridad, virtudes todas humanas. Pero la ayuda al prójimo o la solidaridad (voluntaria) no busca la igualdad entre el donante y el receptor de la ayuda, sino mitigar la situación del último.

En conclusión, lo genuinamente humano es la desigualdad: genética, de personalidad y carácter, de origen (étnico, familiar, geográfico), cultural, de intereses y preferencias, en el azar, etc. Fruto de todo ello es la desigualdad económica de rentas y riqueza. Pretender la igualdad mediante la fuerza, vía legislación, es inmoral y quiebra el principio de justicia, entendido como «dar a cada uno los suyo». La única igualdad legítima es la igualdad ante la ley.

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Sobre el empoderamiento

Max Weber

En la literatura empresarial se afirma que es bueno «empoderar» a los empleados para que sean capaces de actuar y tomar decisiones en ausencia de sus jefes directos. El feminismo pretende el «empoderamiento» de las mujeres, es decir, que estas desempeñen cargos con más poder. Hoy pretendo criticar ambos conceptos desde el significado weberiano de «poder». 

Según el famoso sociólogo Max Weber (1864-1920): «Poder o macht (capacidad de imposición) significa la probabilidad de imponer en una relación social la voluntad de uno, incluso contra la resistencia del otro, con independencia de en qué se apoye esa probabilidad» (Weber, 2006: 162). En otras palabras, poder es la capacidad de ordenar la conducta ajena mediante la amenaza o ejercicio efectivo de la violencia.

Por tanto, los empresarios y empleados a su servicio no ejercen poder ni dentro ni fuera de la empresa porque las relaciones laborales y comerciales se basan en el libre intercambio de bienes económicos (trabajo, productos y servicios). Las relaciones económicas son contractuales. Lo que se llama «poder económico» no es otra cosa que mayor «capacidad adquisitiva». Y el «poder de negociación» sólo implica la existencia de mayores opciones disponibles. Empoderar a los trabajadores, en realidad, significa dotarles de mayor autonomía, dentro de unos límites y siguiendo unos criterios generales de actuación.

Empoderar a las mujeres, en cambio, se refiere al poder en sentido weberiano, de imposición a los demás. Por ello, el empoderamiento feminista es muy peligroso, porque pretende hacer uso de la violencia legislativa para alcanzar sus objetivos. Solamente es ético el poder que ejercen los padres con sus hijos pequeños, el poder en caso de legítima defensa y el que procede de una resolución judicial. Pero tanto el poder político como el que ejerce un criminal privado son moralmente inaceptables.

Un orden social ético debe renunciar al poder político y hacer que todas las relaciones sociales estén basadas en la persuasión y la convicción, algo que Weber (2006: 162) llamaba dominación o herrschaft: «La probabilidad de que determinadas personas obedezcan una orden con un contenido determinado». En el Derecho Romano, poder es equivalente a potestas y dominación a auctoritas. El poder consigue la obediencia por la fuerza mientras que la auctoritas la consigue pacíficamente.

En definitiva, buscar el empoderamiento no es nada edificante pues supone apelar a la violencia como medio para alcanzar fines, es decir, el empoderamiento es una injerencia ilegítima en los fines de los demás. Actualmente, la forma más extensa y profunda de empoderamiento reside en la oligarquía que controla el Estado: partidos políticos, sindicatos, gobierno y parlamentarios. 

Weber, M. (2006). Conceptos sociológicos fundamentales. Madrid: Alianza Editorial.

Sobre el Principio de Peter

El Principio de Peter es un libro de management escrito, en 1969, por el catedrático de Ciencias de la Educación Laurence J. Peter. La tesis de Peter es la siguiente: «En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia». Es decir, los trabajadores más competentes son ascendidos paulatinamente hasta que alcanzan un puesto donde ya no son eficientes y ahí son retenidos. Esta idea, tan sugerente por otra parte, ya había sido expuesta por el filósofo José Ortega y Gasset, en la década de 1910. 

El Principio de Peter puede ser visto como un «fallo» de la organización empresarial, como un mal endémico a toda corporación, especialmente aquellas altamente estructuradas y jerarquizadas: ejércitos, multinacionales, etc. Este Principio ha sido asumido, acríticamente, como una verdad del management: por ejemplo, un buen médico puede resultar un pésimo director de hospital; un excelente académico puede resultar un mal rector de universidad; un buen comercial puede resultar un pésimo jefe de ventas, etc. 

Hoy analizaremos críticamente el famoso Principio de Peter. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si las empresas hacen bien en ascender a los mejores, es decir, a quienes ocupan actualmente niveles de «máxima competencia». ¿Acaso deberíamos dejarlos en su sitio y probar con otros peores? Si no tenemos certeza del futuro desempeño de unos y otros, lo más sensato parece ascender a los primeros. Hacer lo contrario (no ascender a los mejores) sería destructivo para la moral de los empleados y para la organización en su conjunto. Por ejemplo, los incentivos funcionarán de forma perversa: nadie querría ser eficiente para evitar ser retenido en su nivel de máxima competencia. 

En segundo lugar, las habilidades y destrezas requeridas para ocupar puestos directivos pueden ser perfeccionadas. Las organizaciones capacitan a los empleados que demuestran tener potencial para ocupar puestos de mayor responsabilidad. Por ejemplo, en el Ejército suele ser obligatorio superar un curso de capacitación antes de ser ascendido a un empleo superior. Si los sistemas de promoción están bien diseñados, los aciertos superan a los fallos.

En tercer lugar, el Principio de Peter no se cumple en absoluto en algunos sectores. Por ejemplo, en el deporte, sea profesional o amateur, nadie es mantenido en un nivel de incompetencia. Los deportistas suben o bajan de categoría con suma facilidad, en función de su rendimiento. Por tanto, cabría preguntarse: ¿bajo qué circunstancias se cumple el Principio de Peter? 

Tal vez, el Principio de Peter no sea una norma general del funcionamiento corporativo, sino la consecuencia no deseada de interferencias institucionales. Allí donde la libertad contractual es observada el Principio de Peter no se cumple. En la economía sumergida, paradigma del libre mercado, todo incompetente tiene sus días contados en el puesto. 

En un mercado laissez faire el Principio de Peter no sería la norma, sino la excepción. Cualquier empleado que fuera ascendido y demostrase ser incompetente para el nuevo cargo sería automáticamente devuelto a su posición anterior, pero la legislación (española) interfiere este retorno y exige que al empleado degradado se le siga pagando el mismo salario. Es el legislador, no el empresario, quien premia la incompetencia. En otras palabras, el Principio de Peter es una externalidad del Estado. Por ejemplo, en situaciones de crisis, es frecuente despedir a empleados competentes porque los empresarios no pueden hacer frente a las costosas indemnizaciones de los más antiguos, que han sido blindados. La legislación laboral es la causante de esta gran anomalía.

Por desgracia, la literatura sobre management está plagada de «principios» sin base científica alguna, que no resisten el menor análisis crítico. Por ejemplo, las Leyes de Murphy, en el fondo, no dejan de ser simpáticos chascarrillos: «Si algo puede salir mal, saldrá mal»; «La tostada siempre cae del lado de la mantequilla», etc. 

En definitiva, si los dueños del capital y los gerentes a sus órdenes tuvieran completa libertad para dirigir sus organizaciones, esta regularidad que predice Peter sería la excepción. El Principio de Peter no es inherente a la realidad organizacional, sino la consecuencia indeseada de haber restringido legalmente la función empresarial, la libertad contractual y la propiedad privada.

El salario mínimo es cero euros

Artículo publicado originalmente por el Instituto Juan de Mariana, el 05/12/2018.

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La futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) afectará de modo negativo a la economía en España y, en particular, a los trabajadores con salarios más bajos. En general, cualquier interferencia coactiva del libre mercado, en cualquier ámbito, resultará en un perjuicio neto para la sociedad. Por tanto, cuanto mayor sea el SMI tanto mayor será el daño ocasionado. En 2019, el SMI pasará de 736 euros a 900 euros, un incremento de 22,3%. Veamos las consecuencias de esta nueva «conquista social».

En España, despedir trabajadores es muy costoso así que, con mucha probabilidad, los empresarios afectados asumirán el incremento del coste laboral a expensas de sus beneficios. No puede ser de otro modo: no es posible repercutir el aumento del SMI (ni ningún otro coste) en el precio final del bien producido. El precio no se fija (como habitualmente se cree) desde la producción hacia el consumo, sino al revés. Si fuera posible repercutir directamente un incremento de costes, deberíamos dejarnos de minucias y situar el SMI en 3.000 euros. Sin embargo, la riqueza no puede obtenerse por decreto-ley.

La reducción del beneficio empresarial no afectará por igual a todos los sectores económicos, ya que la estructura salarial no es homogénea. Afectará poco a la industria, donde los salarios son altos, y mucho a la hostelería, donde son bajos. En cuanto al tamaño de la empresa, y por idéntico motivo, afectará más a las pymes y autónomos y menos a las grandes empresas. Los empresarios se «comerán» la subida del SMI, pero las nuevas contrataciones sufrirán un frenazo, especialmente en los sectores señalados.

¿Por qué perjudica el SMI a los que menos cobran? Según Mises,¹ «el salario es siempre igual a la productividad marginal del trabajo»; en otras palabras: un trabajador cobra lo que el empresario «estima» que produce (su contribución a la producción). Por tanto, si este último es forzado a pagar más de lo que él subjetivamente considera, el contrato laboral no se producirá. El Gobierno puede «explotar» al empresario, pero sólo -según Hutt- si éste comete un error de previsión.²

Los trabajadores -camareros, limpiadoras, botones, repartidores, mozos de almacén- cuyos salarios están justo por encima del SMI (736 euros) se llaman «marginales» (están en el margen). Cuando el Gobierno eleva el SMI a 900 euros, el trabajador que antes ganaba 800 euros se convierte automáticamente en «submarginal» ya que produce 100 euros menos de lo que le cuesta al empresario.

La subida del SMI afecta en mayor medida a la hostelería, que se caracteriza por pagar salarios bajos. Otros perjudicados son las pymes y autónomos (con empleados). Por tanto, la subida del SMI perjudica notoriamente a España, cuyo PIB depende mucho del turismo y de las microempresas. En definitiva, la importante (22,3%) subida del SMI perjudicará, particularmente, a quienes la medida pretende favorecer y a la sociedad en su conjunto. Este efecto del intervencionismo es de sobra conocido por la Ciencia económica.

La subida del SMI también producirá una modificación de la estructura de capital. Se producirá un trasvase de las inversiones desde los sectores más perjudicados hacia los sectores menos afectados; por ejemplo, algunos hoteles se reconvertirán en apartahoteles, donde se requiere menos personal; o también, habrá menos bares y más máquinas expendedoras. Cuanto mayor sea el SMI, mayor será el incentivo a sustituir trabajadores submarginales por máquinas; por ejemplo, McDonald´s ha sustituido a miles de empleados de barra por pantallas táctiles.

La finalidad del Gobierno al incrementar el SMI es transferir renta del empresario al empleado, y de paso se abona el terreno electoral pues la medida goza de gran simpatía y popularidad. La mayoría de votantes carece de cultura económica, desconoce los efectos diferidos de la medida y por eso colabora, sin saberlo, a su propia ruina.

Cualquiera de las mal llamadas «conquistas sociales» -vacaciones pagadas, días libres, cotizaciones, salario mínimo, permiso por maternidad- serán costeadas, en última instancia, por los trabajadores: «Es el asalariado quien en definitiva soporta, mediante la reducción de su salario neto, todas las cargas y beneficios sociales».³

Por último, es de prever otras reacciones del mercado no previstas por el «justiciero social». Algunos empresarios intentarán un «ajuste de cuentas» con los empleados submarginales (producen menos de lo que cobran); por ejemplo, les aumentará la carga de trabajo, haciéndolos trabajar más intensamente o «echando más horas» (un 22,3% más).

Esto ya viene ocurriendo hoy con las camareras de habitación de los hoteles, cuyos salarios (por convenio) están inflados por encima de su precio de mercado. Los empresarios son forzados (por el Gobierno) a pagar más de lo debido y los empleados son forzados (por los empresarios) a trabajar más de lo debido. Frente a grandes males, grandes remedios. La coacción del Gobierno, como vemos, desencadena una lucha entre unos y otros por no ser «explotados».

Los empleados aceptan resignados lo que llaman «explotación» por miedo al despido. Esto, lejos de ser una mala noticia, permite a los empleados submarginales conservar su empleo. Si la inspección de trabajo y los sindicatos hicieran bien su «trabajo», aquellos dejarían de ser «explotados» para ser «despedidos». El salario mínimo es cero euros.

¹ La acción humana, p. 739.
² La amenaza de huelga, p. 3.
³ La acción humana, p. 712.

Sobre el carné de artesano

La Consejería de Artesanía del Cabildo de La Palma celebra, el próximo 30 de noviembre, la 2ª convocatoria (2018) de las pruebas para la obtención del carné de artesano. En este artículo expongo que este carné es innecesario y que sólo sirve para expandir el presupuesto, cazar votos y satisfacer el afán patológico de los políticos por controlar la sociedad.

Examinar a alguien para darle el carné de artesano data de la Alta Edad Media (siglo XII). En los gremios medievales, para ser maestro y poder abrir un taller propio, era necesario superar una prueba o examen. Otorgar licencias gubernamentales para poder ejercer una profesión ha sido y es una práctica mercantilista, cuya principal finalidad es restringir la competencia en una actividad. Sin embargo, hoy la artesanía es una actividad económica marginal y ocupa a muy poca gente. La de artesano es hoy una profesión libre, no regulada, cuyo aprendizaje y funcionamiento queda al margen del Estado. Los artesanos son de los pocos afortunados que escapan a la depredación fiscal (valga la redundancia). Recuerdo, hace dos años, que un conocido artesano palmero, al recibir su primer pago del Cabildo, se quejaba amargamente de la retención por IRPF: jamás en su vida había pagado este impuesto.    

Pero, ¿qué razón hay para crear un carné de artesano? Los artesanos son tan pocos y venden tan poco que la hipótesis de la evasión fiscal se desvanece. Tampoco parece plausible que se pretenda impedir la competencia cuando casi nadie hoy desea ser artesano; al contrario, los políticos malgastan nuestro dinero para fomentar profesiones que la sociedad no demanda. Por tanto, la iniciativa del carné no parte de los artesanos, sino de los políticos: ¿y que ganan con ello? 

El carné de artesano es sólo un nodo de esa mafiosa red clientelar que tejen los políticos para justificar su existencia y cazar votos: se otorgan subvenciones a los artesanos, se venden sus productos, se imparten cursos y talleres «gratuitos» y se organizan ferias donde los artesanos, previa obtención del carné, reciben un espacio gratis. Con el fomento de la artesanía, además, el político también caza el voto de los nacionalistas, personas que idealizan las formas de vida ancestrales.

Habiendo 87 oficios artesanos reconocidos oficialmente en Canarias, ¿cómo podría el Cabildo evaluar a un artesano? Como era imposible, primero fue preciso captar a un artesano de cada oficio, regalándoles el primer carné; acto seguido fueron investidos «maestros artesanos» honoris causa con autoridad «examinadora» al servicio del Cabildo. Estos pocos agraciados quedaron encantados por el reconocimiento y por las rentas que iban a generar sus actividades: cursos y exámenes. De este modo, el propio Cabildo creó, de la nada, una serie de funciones a cuenta del carné de marras.

De la artesanía se alimentan muchos parásitos públicos (valga la redundancia). El Cabildo de la Palma tiene una Consejería de Artesanía; el Cabildo de Tenerife posee la Empresa Insular de Artesanía, S.A.; y el Cabildo de Gran Canaria tiene una Fundación de Etnografía y Desarrollo de la Artesanía. Y así el resto de cabildos. 

Por último, crear un carné de artesano obedece a la manía del control social y del nefasto intervencionismo. Ninguna profesión debe funcionar libremente —afirman estos yonkis del poder—, es preciso «normalizarla» y garantizar la «calidad de la producción».

Contra el lenguaje inclusivo

El lenguaje es uno de los campos de batalla más importantes de la ideología de género. La pretensión feminista de que deberíamos cambiar nuestra forma de hablar se basa en lo siguiente: 1) El lenguaje actual refleja la injusta supremacía del hombre sobre la mujer, producto de la lucha de sexos y de la victoria del patriarcado. 2) Es una exigencia de la justicia eliminar esta desigualdad y promover el lenguaje inclusivo. En este artículo intentaré desmontar toda esta perversa retórica de la ideología de género.

En primer lugar, el lenguaje es una institución evolutiva, producto de un dilatado proceso de interacción social que nadie ha podido diseñar deliberadamente. No es posible atribuir culpabilidad a un hecho natural, sólo la conducta intencional del individuo puede ser objeto de sanción ética o jurídica. El Esperanto, en cambio, es un intento de construir racionalmente una lengua, cuyo resultado es bien conocido. El lenguaje es producto de la naturaleza social del hombre, de la cooperación humana y no la expresión victoriosa de una imaginaria guerra entre sexos.

Por otro lado, el lenguaje actual ya es inclusivo. Si decimos: «el hombre es un ser racional», es evidente que nos referimos a hombres y mujeres; es decir, la «inclusividad» no reside en el género de las palabras, sino en la mente del hablante, en el significado atribuido por éste dentro de un contexto. Por ejemplo, «los perros ladran» y «las gaviotas vuelan» son expresiones inclusivas de ambos sexos. Que las palabras tengan género masculino o femenino no es intencional, ni relevante: ¿por qué «silla» es femenino y «sillón» masculino?, ¿por qué «humano» es masculino y «humanidad» femenino?, ¿por qué se dice «sastre» y no «sastro»? y ¿qué más da que «abogado» sea masculino y «electricista» femenino? Si las feministas fueran consecuentes con sus demencias deberían comenzar a decir: «electricistos», «taxistos», «dentistos», «ligüistos», «terapeutos», «violinistos», «artistos», y así un largo etcétera.

Lo que es éticamente inadmisible es la utilización de fondos públicos para alcanzar los fines de una particular ideología; por ejemplo, se dan cursos y orientaciones para que se diga «participantes», en lugar de «alumnos»; «bebés», en lugar de «niños»; «persona emprendedora», en lugar de «emprendedor», etc. Pero la locura no acaba aquí, las feminazis pretenden sustituir, en los plurales, la «o» por la «e»: «todes», «amigues», «nosotres», etc. ¡Señor, llévame pronto! En definitiva, es innecesario y detrimental incitar, deliberadamente, cambios en nuestra forma de hablar. Cualquier sugerencia o imposición de lenguaje de género debe ser rechazada desde posiciones lingüísticas y éticas.