Tres errores sobre el consumo local

Cuando se aproximan las fiestas navideñas se multiplican los eslóganes para que los consumidores opten por el consumo local. Según sus promotores —políticos, empresas públicas, asociaciones de empresarios— consumir bienes producidos en zonas próximas o vendidos en comercios de proximidad es beneficioso para la economía local. Los ecologistas, por su parte, afirman que el consumo de productos locales beneficia al medio ambiente porque se reducen las emisiones de CO2 producidas por el transporte de mercancías.

De las campañas en «defensa» del consumo local se infiere la menor competitividad (relación calidad-precio) de algunos productores locales. De no ser así, estas campañas nunca se hubieran realizado. Sin embargo, no es el pequeño comercio, en general, el que está amenazado por los grandes distribuidores y la venta por Internet, sino específicos empresarios que no han sido capaces de adaptarse a los gustos de los consumidores; prueba de ello es el reemplazo de empresarios españoles por chinos en muchos negocios minoristas: bares, restaurantes, tiendas de alimentación, bazares, peluquerías, telefonía móvil, etc. A lo largo del artículo nos referiremos exclusivamente a esos empresarios locales «menos» competitivos que se benefician de campañas institucionales en las que se pide al consumidor que realice un sacrificio económico. Nuestro análisis de hoy desvelará tres errores —ético, lógico y económico— sobre el consumo local.

a) Error ético

Cualquier campaña gubernamental destinada a fomentar el consumo local no es gratis y supone una transferencia coactiva de dinero desde los contribuyentes hacia los grupos receptores de las ayudas. La propaganda gubernamental se realiza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. Estos favores políticos constituyen una vieja práctica llamada mercantilismo: «Un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir las importaciones y subsidiar las exportaciones» (Rothbard, 2013a: 247). Las actuales campañas municipales de consumo local repiten los mismos errores del absolutismo real entre los siglos XVI y XVIII. Toda injerencia política en el libre mercado supone un perjuicio para la sociedad porque la «protección» de ciertos productores o comerciantes locales necesariamente empobrece a miles de consumidores que verán reducido su nivel de vida. Debe ser el empresario, grande o pequeño, quien soporte exclusivamente los costes de cualquier campaña publicitaria.

Esta «defensa» del comercio local alcanza su paroxismo en la «guerra» que el ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha declarado a la empresa Amazon. La iniciativa «mojizon» permite a los residentes comprar en el pueblo por Internet y un empleado municipal hará el reparto a domicilio «gratuito». Menuda ocurrencia. Estos juramentados del consumo local ignoran que, sólo en España, Amazon tiene un catálogo de 180 millones de artículos distintos.

Sólo es ética la campaña publicitaria financiada con fondos privados (empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio,¹ etc). También es éticamente admisible que el publicitario apele a los sentimientos identitarios —«lo nuestro», «nuestra gente», «nuestro pueblo»— para que el consumidor acepte voluntariamente el sacrificio de comprar productos más caros o de menor calidad que los foráneos.

b) Error lógico

Las campañas de consumo local son genéricas, pero, a grandes rasgos, pretenden fomentar el consumo de alimentos —carne, pescado, fruta, verdura, vino, queso, confituras, etc.— producidos o elaborados en la comarca. Pero si el transporte es malo porque contamina ¿por qué no extender la campaña al resto de productos y servicios? Si los apóstoles del «kilómetro 0» fueran consecuentes con sus ideas (reducir la contaminación) deberían recomendar a los turistas que se quedaran en su casa pues, en términos relativos, el transporte aéreo es el más contaminante de todos. Por ejemplo, resulta contradictorio que el dueño de un hotel presuma de tener su propio huerto ecológico sin importarle demasiado que sus huéspedes hayan viajado en avión miles de kilómetros.

Por otro lado, muchos productores (elaboradores) locales deben comprar las materias primas en el exterior. Por ejemplo, el helado «local» de Canarias se fabrica con leche asturiana, gallega o francesa. Con los bienes de capital ocurre otro tanto: los proveedores de mobiliario, maquinaria y herramientas se encuentran generalmente a cientos o miles de kilómetros. Si los productores y comerciantes compraran, a su vez, todo localmente (independiente de su precio y calidad), muy pronto quedarían fuera del mercado por falta de competitividad. En definitiva, no resulta admisible que el productor local pida al consumidor un sacrificio que él mismo, por necesidad o conveniencia, nunca hará pues está obligado a ejercer la función empresarial con criterio económico.

c) Error económico

Es muy popular la creencia de que si compramos «local» el dinero se queda «aquí» y que, en caso contrario, el dinero se va «fuera». Analicemos esta falacia; por ejemplo: ¿a dónde va nuestro dinero cuando compramos en Carrefour, Ikea o McDonalds? El dinero siempre paga los factores productivos «allá donde estén»: los artículos y materias primas provienen de múltiples países, pero el trabajo —salarios— y la mayoría de servicios —limpieza, mantenimiento, seguridad— se contratan localmente. ¿Y qué ocurre con los beneficios? La mayor parte no acaba en Francia, Suecia o EE.UU., sino en el bolsillo de millones de pequeños accionistas (propietarios de fondos de inversión y pensiones), repartidos por todo el mundo, que perciben el dinero en forma de dividendos. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, la familia Botín sólo posee el 1% del capital social del Banco de Santander. Hoy en día el capital de las grandes empresas está tan repartido que carece de sentido asignarles una nacionalidad.

Es innegable que, tanto si compramos «local» como si compramos «fuera», parte del dinero saldrá de nuestras fronteras ²—municipales, regionales o nacionales—; sin embargo, lejos de ser una mala noticia, la «salida» del dinero resulta necesaria y beneficiosa. La división del trabajo implica necesariamente la «salida» y «entrada» de dinero. Por ejemplo, si los andaluces no compran manzanas de Cataluña, los catalanes no tendrán dinero para comprar aceitunas de Andalucía; y si los españoles no compran vehículos Mercedes y Toyota, los alemanes y japoneses no podrán hacer turismo en España. Es decir, exportación e importación son cara y cruz de una misma moneda, ambas se complementan y ambas tienden a igualarse en el tiempo. El clásico error mercantilista ha sido considerar que es mejor exportar que importar, que es mejor el dinero que «entra» que los bienes que «salen». El mito de la balanza comercial se derrumba cuando lo analizamos desde el individualismo metodológico: «toda balanza es necesariamente favorable desde el punto de vista de la persona que realiza el intercambio» (Rothbard, 2013b: 336). O como dice Mises (2011: 539) «La balanza (de pagos) cuadra siempre».Es falso que con el consumo local «todos» ganamos. Por ejemplo, si el bien local cuesta el doble que el foráneo, ceteris paribus, optar por el primero reducirá nuestro consumo a la mitad. Consumir algo peor o más caro solo empobrece a los consumidores de la región, siendo los productores locales los únicos beneficiados.

Por último, el consumidor que asume una pérdida económica para mantener con vida a los productores menos eficientes está haciendo un flaco favor al conjunto de la sociedad pues interfiere la adecuada asignación del capital. Este consumo sacrificial (voluntario) ocasiona los mismos males que cualquier medida (coactiva) proteccionista: obstaculiza la innovación y que el escaso capital disponible pase a manos más capaces. Al comprar de forma «egoísta» los consumidores no sólo mejoran su propia economía, sino la general pues van colocando —mediante el sistema de pérdidas y ganancias— a cada cuál en el sitio donde mejor sirve los intereses del prójimo. Si algunos productores o comerciantes locales son menos eficientes lo mejor para el conjunto no es mantenerlos artificialmente con vida, sino dejar que el libre mercado haga su trabajo. Sin el asistencialismo (público o privado) los empresarios menos eficientes deberán innovar, cambiar o ser reemplazados por otros mejores.

Conclusión

Los promotores del consumo local no pueden alcanzar su objetivo —mejorar la economía de la región— persuadiendo a los consumidores para que compren peor. Este sacrificio, lejos de dar fruto, empobrecerá a los habitantes de la región, sostendrá artificialmente a las empresas menos eficientes e interferirá la adecuada asignación del capital. Como nos recordaba Mises (2011: 1019): «La aplicación de teoremas económicos falsos se traduce en consecuencias indeseadas».

Notas
¹ El gobierno de Zapatero, en 2011, derogó la cuota cameral, más conocida como «impuesto revolucionario», y las Cámaras de Comercio se vieron obligadas a financiarse mediante aportaciones voluntarias.

² Frontera en sentido lato.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013a). Historia del pensamiento económico. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013b). El hombre, la economía y el Estado. Vol. II. Madrid: Unión Editorial.

Web del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

Crímenes sin víctima

Para afirmar si algo es justo o injusto es preciso disponer, con carácter previo, de una teoría de la justicia. En la tradición libertaria sólo hay crimen cuando un individuo —el agresor— «inicia» una acción cuyo resultado viola la integridad física o la propiedad de un tercero —la víctima—.  Decimos «inicia» porque la legítima defensa es la respuesta violenta a una agresión injustificada. Por tanto, para que una conducta sea punible debe producir un daño «objetivo» sobre una específica «víctima». Por último, el principio de imputación establece unos criterios para atribuir a un sujeto la realización de un hecho penal. Vayamos analizando todos estos elementos.

Primero, para que el daño sea objetivo, debe ser claramente identificable, es decir, «físico». Los estados psicológicos subjetivos como «sentirse» ofendido, atacado, herido, maltratado, etc., no pueden considerarse daño objetivo. Por ejemplo, odiar no puede ser un delito porque el odio (antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea) es un sentimiento o estado mental. Una persona que odia a otra puede desearle la muerte, pero un deseo —por perverso que sea— no ocasiona daño objetivo y, por tanto, no hay víctima. Los maleficios y otras prácticas esotéricas son banales intentos de causar efectos físicos empleando métodos metafísicos. El fantasioso cliente que contrata a un «médium justiciero» habita en el reino de lo imaginario, por tanto, carente de causalidad. Aquí nunca podemos saber si el brujo es un timador o realmente cree que tiene poderes taumatúrgicos. El Karma, como «ley cósmica de retribución», es otra ilusión propia de místicos y personas con creencias trasnaturales. El juez (de carne y hueso), para imputar un delito, debe encontrar una relación causal, clara, evidente, objetiva, que no dependa de imaginaciones, suposiciones o estados psicológicos.

La destrucción de símbolos —nacionales, religiosos, identitarios— tampoco causa daño objetivo a terceros (siempre que lo destruido sea propiedad del agente). Quemar una bandera, la foto de un rey o una biblia hiere los sentimientos de muchas personas, pero ya hemos visto que «sentirse» herido, ofendido o maltratado es un estado psicológico. No es la libertad de expresión lo que protege al que ofende sino la ausencia de daño físico ocasionado a terceros o a su propiedad. 

Segundo, veamos si las expresiones verbales pueden ser crímenes. Si alguien dice: «Te odio y ojalá te mueras» ¿Existe víctima? La reacción al insulto es subjetiva, por tanto, heterogénea: carcajada, risa, indiferencia, enojo, ira, etc. Codificar penalmente el maltrato psicológico, sin duda, sería origen de numerosas injusticias y arbitrariedades. Los delitos como la injuria y la calumnia pretenden castigar «mentiras» dichas en público que ocasionan un daño al honor, pero éste es un concepto subjetivo: alguien tiene buena o mala fama según a quien preguntemos. La reputación, por tanto, no es patrimonio personal, sino que es una opinión atribuida por terceros. Pero supongamos que una injuria intenta causar un daño económico, por ejemplo, si alguien dijera: «La Coca-Cola está en quiebra»; la compañía, en pocas horas, puede contrarrestar la información falsa aportando datos y pruebas. Según Daniel Lacalle (2013) las empresas contrarrestan fácilmente los míticos ataques de especuladores porque disponen de toda la información necesaria. La realidad es bien distinta: las posiciones «cortas» se basan en información contrastada y, por tanto, prohibirlas es un grave error del gobierno. La apología o incitación «directa» a cometer un crimen tampoco puede ser delito porque el autor del crimen es libre para aceptar o rechazar la recomendación del apologista. No hay tal cosa como «autor intelectual», el autor o ejecutante siempre es material; de hecho, los asesores —fiscales, legales, matrimoniales— no asumen la responsabilidad de sus clientes frente a terceros. Quienes prohiben la publicidad de ciertos bienes ignoran que la persuasión es legítima, pacífica y que el consumidor, a fin de cuentas, es libre para comprar o abstenerse de hacerlo.

Tercero, un axioma económico dice que si las relaciones son consentidas no hay daño, sino mutuo beneficio. El narcotraficante, el transportista de migrantes ilegales o el proxeneta no ocasionan daño alguno a sus clientes, al revés, les proporcionan lo que ellos desean (Block, 2012). El elevado precio de sus servicios es fruto de la legislación, que incrementa artificialmente el riesgo (cárcel) asumido por el proveedor. Por otro lado, el legislador es arbitrario autorizando unas drogas —tabaco, alcohol, marihuana— y prohibiendo otras—cocaína, heroína, LSD—. El sádico que golpea al masoquista tampoco delinque porque, aún existiendo un daño material evidente (objetivo), quien disfruta con el dolor y acepta voluntariamente el castigo no puede ser catalogado como víctima. Si hay acuerdo entre las partes que realizan el intercambio no puede haber crimen.

Por último, es preciso aclarar que nadie puede ser víctima de sí mismo y que resulta absurdo penalizar el suicidio, el consumo de drogas, los juegos de azar o cualquier adicción autodestructiva. Por otro lado, la víctima debe ser una persona física o jurídica titular del derecho que ha sido violado. Por ejemplo, tirar basura al océano ocasiona un daño al medio ambiente, pero como la propiedad no está claramente definida —el mar es de «todos»— no hay una víctima específica a la que resarcir. Una forma de evitar la «tragedia de los comunes» sería la privatización de todos los espacios públicos: montes, ríos, océanos, etc. La «naturaleza» puede ser una víctima en sentido biológico, pero no en sentido jurídico.

Bibliografía:

Block, W. (2012). Defendiendo lo indefendible. [Versión Kindle] Innisfree.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle).

Rodríguez, J. C. (2006). «Crímenes sin víctima». Instituto Juan de Marina. Recuperado de: https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/crimenes-sin-victima

Contra la educación estatal

El común de las personas considera que la educación obligatoria, universal y gratuita es uno de los grandes logros del Estado moderno. Hoy expondremos dos objeciones a esta idea: a) Ética. La educación pública no es gratis, se finanza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. El fin no justifica los medios: todo fin (incluida la educación) debe ser alcanzado con medios éticos. Por extraño que les parezca a muchos, la educación no es un derecho. Todo derecho implica un deber de un tercero y nadie tiene el deber de educar o de pagar la educación a otra persona. Todos los derechos positivos —educación, sanidad, trabajo, vivienda,  etc.— constitucionales son falsos porque imponen falsos deberes. La educación tampoco debe ser obligatoria. La coacción nunca es justificable, además provoca efectos perversos. Si los estudiantes son forzados a permanecer en las aulas el conflicto es inevitable. Algunos se aburren, no aceptan la disciplina escolar y boicotean las clases; tampoco pueden ser expulsados porque el Estado ha convertido los colegios en guarderías de jóvenes. Los profesores, cuya autoridad ha sido destruida, se ven impotentes para mantener el orden. El resultado es la desmotivación y la aparición de patologías psiquiátricas (ansiedad, depresión). 

Aprendiz de albañil (Foto: A. Sander)

b) Económica. La educación privada es más eficiente que la pública. Se trata de un servicio relativamente barato que está al alcance de la mayoría. Hace 60 años, siendo el nivel de vida inferior al actual, muchos niños aprendían a leer y escribir en escuelas privadas de barrio, a un módico precio. ¿Y qué hacer con los más pobres? Pueden ser escolarizados con fondos privados de parientes, mecenas, fundaciones, etc. o incluso pueden formarse a lo largo de su vida.

El Estado dilapida el dinero del contribuyente ofertando una educación uniforme, pero de baja calidad. En cambio, la oferta privada es heterogénea en materias, horarios, idearios, metodologías, etc.; en función de las preferencia de padres y alumnos. Los jóvenes que prefieren aprender un oficio ingresan (como aprendices) en empresas, pudiendo ganar dinero desde temprana edad. Bajo el Estado, los jóvenes españoles pasan demasiados años estudiando y, con frecuencia, no obtienen un empleo acorde a su formación. Según Primerempleo.com «el 45% de los titulados universitarios españoles trabajan por debajo de su cualificación». Nuestro mercado laboral no puede absorber a tantos graduados y estos tienen dos opciones: a) Quedarse en España y trabajar en lo que demanda la sociedad: conductores, repartidores, cocineros, camareros, comerciales, operarios, electricistas, albañiles, telefonistas, agricultores, ganaderos, cuidadores de personas mayores, etc. b) Emigrar y ejercer su profesión en otro país. En ambos casos se escucha un lamento similar; por ejemplo: «es una pérdida que un biólogo trabaje de camarero»; o bien: «la fuga de cerebros es una pérdida para España». Esta forma de razonar —la basada en los deseos— conduce frecuentemente a la frustración, al victimismo y, finalmente, a la exigencia de derechos espurios. 

Pero podemos pensar de otra manera, aceptando la realidad tal cual es, sin autoengaños y sin pedir al gobierno que nos conceda, mediante la coacción, lo que la gente libremente no desea darnos. Si los consumidores no demandan (tantos) biólogos, psicólogos, filósofos o actores es porque no les resultan útiles. Un pensador realista no se lamenta de que un joven biólogo trabaje como camarero, sino de que un camarero haya perdido cuatro años estudiando biología, cuando uno solo le hubiera bastado para hacer bien su trabajo. La realidad le dice amargamente a muchos jóvenes: «te equivocaste al estudiar algo que la gente no demanda». Se produjo un doble coste de oportunidad: a) Personal: esfuerzo intelectual, dinero, tiempo, etc. del estudiante. b) Social: el dinero público fue desperdiciado y ahora los ciudadanos tienen menos dinero disponible. La educación privada no elimina estos errores, pero los reduce. Los estudiantes y sus familias mirarían con lupa qué estudios tienen salida laboral. Los jóvenes ya no podrían estar «de flor en flor», hasta los 30 años, perdiendo su tiempo y el dinero de los contribuyentes. La educación privada elimina las externalidades que produce el Estado porque quien se equivoca paga la factura. 

En definitiva, imponer a las personas el consumo y/o pago de aquello que no desean no solo es injusto, sino antieconómico. ¿Y cómo saber si algo es de interés social? La sociedad está integrada por individuos que tienen específicos gustos, deseos y necesidades, las cuales se manifiestan en los procesos de mercado. Al consumir o abstenerse de consumir, las personas revelan aquello que más interesa a la sociedad. Si el Estado impone forzosamente el consumo y pago de «su» educación a la sociedad, perjudica sus intereses; por tanto, «Estado social» es un oxímoron. El Estado no produce (ni puede producir) lo que la sociedad demanda y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben ser consumidos y/o financiados por la fuerza. Solo un sistema educativo laissez faire es ético y económico, por tanto, genuinamente social.

Bandera roja en la playa de Los Cancajos

No es la primera vez que ocurre. Cada tarde, a las 18:30 horas, los socorristas de Los Cancajos terminan su jornada laboral e izan la bandeja roja, independientemente del estado del mar. A la mañana siguiente, la arrían e izan la que corresponda según las condiciones del mar. Hace una década denuncié que el ayuntamiento de Breña Baja (isla de La Palma) no podía prohibir el baño en la playa por el hecho de que no hubiera socorrista. Ocurrió el día de año nuevo, la playa parecía un estanque, pero el socorrista dejó izada la bandera roja porque libraba ese día. El actual alcalde, Borja Pérez Sicilia, está cometiendo el mismo error, a pesar de haber sido advertido de ello en conversación privada. 

Recordemos que «bandera roja» significa prohibición taxativa de meterse en el agua y no otra cosa. Por tanto, oficialmente, el alcalde está prohibiendo, injustificadamente, el ejercicio de un derecho fundamental. Las razones del alcalde son: a) El estado del mar pudiera cambiar súbitamente, a partir de las 18:30, y por «precaución» se iza la bandera roja. b) En ausencia del socorrista, «bandera roja» significa que usted se baña «bajo su propia responsabilidad». Esta última es la respuesta que dan los socorristas a algunos bañistas que montamos en cólera ante semejante desatino.

Veamos por qué el alcalde se equivoca. Primero, «bandera roja» es un código internacional con significado propio —prohibición— y el ayuntamiento no tiene potestad para modificarlo y declarar otro significado sui generis. Es decir, un código no puede ser contingente y significar dos cosas distintas. Esto causa confusión: por ejemplo, al observar el mar en buen estado y la bandera roja, alguien pudiera pensar que existen otros motivos para prohibir el baño: medusas, microalgas, vertido contaminante, etc. Segundo, la probabilidad de que el estado del mar empeore súbitamente (bandera roja), a partir de las 18:30, es mucho menor que la probabilidad de que el mar siga siendo apto para el baño (banderas verde y amarilla). Por tanto, sería mucho más acertado no cambiar la bandera o incluso arriarla y dejar la playa sin bandera, tal y como hizo el ayuntamiento, hace diez años, cuando me quejé de esta misma práctica. 

Tercero, la medida fomenta el incumplimiento de las normas porque los bañistas se acostumbran a bañarse con bandera roja. Aunque, visto lo visto, tal vez sea preferible que la gente se acostumbre a incumplir la inmundicia normativa que padecemos. Cuando las leyes son malas, lo justo es desobedecerlas. Tal vez, la causa verdadera de esta medida sea la «precaución», pero no para los bañistas, sino para quienes pretenden «curarse en salud». Poniendo la bandera roja los políticos eluden toda responsabilidad en caso de que ocurriera un accidente, sin que les importe mucho joder al público. En cualquier caso, lo peor de esta situación es su trasfondo: la infantilización del ciudadano por parte del Estado. Esta práctica no solo es un error técnico, ante todo es la antesala al despotismo político (valga la redundancia) y a la violación de los derechos del individuo. El Estado normalmente no viola los derechos de forma abrupta, sino poco a poco, como quien va quitando capas de piel a una cebolla. Durante el confinamiento hemos asistido a muchos atropellos, por ejemplo, con la excusa de la pandemia se ha prohibido el baño en las playas, siendo esta actividad inocua para la transmisión del Covid. Si no detenemos hoy este abuso de poder, algún déspota cualquier día dará el siguiente paso: prohibirá el baño (de verdad) en ausencia de socorrista.

El despoblamiento de Santa Cruz de La Palma

Desde 1983 paso mis vacaciones en La Palma (no confundir con Las Palmas de Gran Canaria ni con Palma de Mallorca), una bella y tranquila isla canaria. La Palma tiene una superficie de 706 km², una altitud máxima de 2.426 m., un parque nacional —La Caldera de Taburiente— y una economía basada en el cultivo del plátano, el turismo y el comercio. Hoy les hablaré del despoblamiento que sufre su capital, Santa Cruz de La Palma, y expondré algunas hipótesis sobre sus causas.

En los últimos 20 años la población de La Palma se ha mantenido prácticamente constante: los censos, en 2000 y 2019, eran 82.483 y 82.671 habitantes, respectivamente. Sin embargo, dentro de la isla se han producido flujos poblacionales.

Fuente: ISTAC

En la gráfica superior vemos que siete municipios han ganado población (azul) y otros tantos la han perdido (naranja). Analicemos los datos por zonas geográficas: tres de los cuatro municipios norteños —Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces— han perdido en torno al 20% de su población mientras que Puntagorda ha sumado 325 personas (18,21%). En el sur, Fuencaliente también pierde algo de población (4,33%). Por tanto, una primera conclusión es que las zonas más distales pierden población en favor del centro de la isla.

La Palma: Municipios

Por vertientes, sin embargo, ocurren dos fenómenos contrarios: en el oeste, la capital económica —Los Llanos de Aridane— gana población (12,52%) a expensas de los municipios vecinos —Tazacorte (-25,57%) y Tijarafe (-5,24%)—. En el este, los municipios periféricos a la capital —Puntallana, Breña Alta, Breña Baja y Mazo— ganan población a expensas de ella, que se anota un significativo -13,70%. A este último hecho —el despoblamiento de la capital— dedicaremos especial atención.

En España, en las últimas décadas, los flujos migratorios internos se dirigen desde las zonas rurales hacia las urbanas. ¿Por qué en Santa Cruz de La Palma sucede lo contrario? La capital palmera sigue siendo el centro político, administrativo y cultural de la isla: Cabildo, Policía Nacional, Guardia Civil, Juzgados, Subdelegación del Gobierno, UNED, Escuela Oficial de Idiomas, Correos y principales franquicias comerciales tienen sede en Plaza. Por otro lado, su patrimonio cultural es notable: iglesias, museos, teatros, cine, salas de exposición, casas nobles, folclore, fiestas lustrales, etc. También alberga el principal puerto de la isla, una marina e instalaciones deportivas, públicas y privadas. Las infraestructuras públicas —puentes, túneles y ensanche de carreteras— han mejorado mucho las comunicaciones dentro de la isla y el aeropuerto de Mazo está muy próximo a la capital. Por último, la nueva playa y la remodelación del frente marítimo son obras públicas de gran importancia para la afluencia de turistas y residentes. Dadas todas estas fortalezas resulta insólito que Santa Cruz de La Palma haya perdido 2.488 habitantes en las dos últimas décadas y que hoy sea una ciudad deprimida. Solamente se observa un cambio de tendencia a partir de 2017: en los dos últimos años la capital ha ganado 135 habitantes, principalmente cubanos y venezolanos que vienen huyendo de sus respectivos «paraísos» socialistas.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera (PP), desea que aumente en número de empadronados. No en balde, su municipio, al tener menos de 20.000 habitantes, recibe una menor asignación directa de fondos del Estado.¹ De ahí la campaña municipal dirigida a «fomentar y favorecer que todos los residentes en la capital se empadronen». Pero la suposición de que hay residentes no empadronados en muy endeble: ¿qué podrían ganar empadronándose fuera? Tal vez, unos pocos euros en el impuesto de vehículos (IVTM). Por ejemplo, el propietario de un utilitario paga 56,47€ en S/C Palma; 40,01€ en Breña Alta y 34,08 en S/C Tenerife. Lo que equivale a un ahorro de 16,46€/año y 22,39€/año, respectivamente. Bajando el IVTM al mínimo legal (34,08€), S/C Palma podría aumentar su padrón en unos cuantos «listillos». 

La campaña «empadrónate» es un malgasto de papel y tinta, pura propaganda que soslaya las causas genuinas del problema. Por cierto, el díptico es un despropósito en el fondo porque «juntos no somos más», es decir, juntar personas no hace que crezca su número; y en la forma, porque sustituir la «o» por la «x» es un insulto a la gramática española. La realidad, creo yo, es justo la contraria: el padrón está inflado. En términos netos, hay más personas —estudiantes y profesionales— residiendo fuera del municipio pero empadronadas en él. El descuento por ser residente canario (75%) en los viajes es, sin duda, un potente incentivo económico que avala nuestra tesis. Si cada cuál se empadronara correctamente en su sitio, la población de derecho en Canarias disminuiría, incluida la de Santa Cruz de La Palma.

Puestos a buscar un «chivo expiatorio» del despoblamiento, hubiera sido más creíble achacarlo al tradicional «mal de ojo». A los promotores de esta ridícula campaña yo les ofrezco una hipótesis alternativa: mírense al espejo y encontrarán a los culpables de la situación. La (mala) economía es la causa más plausible. Los residentes buscan —entre otras— dos cosas: mayores oportunidades y menores costes de la vida. Las oportunidades en la isla bonita escasean, cuestión ya tratada en otro artículo: «El estancamiento económico de La Palma: análisis y prospectiva». Por el lado de los costes, podemos señalar: a) La ciudad resulta incómoda, no es fácil encontrar aparcamiento y se echa en falta una estación de autobuses. b) El suelo edificable es escaso y caro. Y c) Los impuestos son confiscatorios, especialmente el IBI.

La elevada tributación en un territorio es un factor de expulsión poblacional y aquí es donde encontramos un claro motivo para no instalarse en Santa Cruz de La Palma. Siendo el IBI el tributo local que más dinero recauda, entre 2006 y 2018, los políticos de todos los partidos se han dedicado al infame expolio de los propietarios de inmuebles. Lo sé de buena tinta porque yo mismo soy un damnificado: en 2006 pagué por IBI 141,80€ y en 2018, 494,76€ (siempre en el periodo «voluntario»).² El IBI más caro de España lo tiene Madrid con un promedio de 428,9€.³

Incremento del IBI en España [4]

En resumen, tras 12 años de saqueo, el IBI en S/C Palma se ha más que triplicado (x 3,49), todo sea dicho, con la inestimable complicidad del Catastro que ha subido salvajemente el precio «gubernamental» de los inmuebles en toda España. Los dos últimos años (2019 y 2020) no ha habido incremento, pero aún así, lo asombroso es que todavía queden 15.716 habitantes en este infierno fiscal palmero. 

El IBI es un impuesto ligado a la propiedad inmobiliaria (urbana y rústica) y el ayuntamiento lo cobra independientemente de donde esté empadronado su dueño. Si éste reside en su propia casa, la subida del IBI reduce su renta disponible y, en consecuencia, su nivel de vida; y si arrienda su casa, merma la rentabilidad del alquiler. El IBI no afecta directamente a los inquilinos porque los costes de un negocio nunca pueden trasladarse al precio final del producto sin que peligren las ventas. En cualquier caso, el incremento del IBI hace más pobres a los propietarios tanto en su renta (liquidez) como en su patrimonio, pues reduce el precio de mercado del inmueble. Lo anterior ahuyenta a nuevos propietarios e inversores, reduciendo la promoción de obra nueva. Los precios del alquiler en S/C Palma han subido últimamente porque la demanda (inmigrantes) crece relativamente más que la oferta. Esto último compensa parcialmente a los arrendadores, pero no a quienes residen en su propia casa.

S/C Palma: Plaza de España

La agresión fiscal ha sido de tal magnitud que muchos vecinos no pueden hacer frente al pago único de los tributos; por ello, los políticos han ideado otra campaña para «facilitar» el pago: a partir de 2021, el contribuyente podrá agrupar los importes de los diferentes tributos —IBI, basura, rodaje, vado, IAE— y luego fraccionar el pago en «cómodas» cuotas personalizadas. En esta ocasión, la excusa ha sido la crisis por Covid-19, pero el monto ya era inasumible para algunos vecinos antes de la pandemia. Esta «novedosa» iniciativa de fraccionar el pago de impuestos no es tan nueva, tiene más de 75 años. Antes de la II Guerra Mundial, en EE.UU., el impuesto a la renta se pagaba cada 15 de marzo de una sola vez. Como la entrada en la guerra requería subir los impuestos, un joven economista llamado Milton Friedman, a la sazón destinado en el Departamento del Tesoro, diseñó un plan para aliviar el sablazo: el gobierno obligó a los empresarios a detraer, cada mes, el IRPF a cada empleado y a depositarlo en la Hacienda (Rothbard, 1994: 76). Este modelo es el vigente en la mayoría de países.

La solución genuina al despoblamiento de la capital palmera es revertir las causas que lo provocan, pero si el diagnóstico es equivocado, las soluciones serán igualmente ineficaces. En primer lugar, la absurda legislación urbanística reduce artificialmente la oferta de suelo (Azpitarte, 2018). En segundo lugar, los políticos deben respetar la propiedad privada y rebajar los tributos, ajustando el presupuesto por el lado del gasto (y no al revés). Personalmente, no albergo ninguna esperanza de que esto último ocurra. Votar cada cuatro años sólo ha servido para sustituir a una banda de asaltantes por otra. Por otro lado, los impuestos, una vez que han subido, no bajan, y si lo hacen, nunca recuperan su nivel inicial (Higgs, 1987). Ya lo vimos con el IGIC: subió «temporalmente» de 5% a 7% (con la excusa de la crisis económica), en 2019 bajó a 6,5% y ahora lo tenemos de nuevo en 7%. Como dice Daniel Lacalle: «no hay nada más permanente que subida temporal de impuestos».

[1] El coeficiente pasa de 1,30 a 1,17. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Art. 124.

[2] Piso de 109 m2 situado en la Avda. de El Puente.

[3] https://www.libremercado.com/2018-07-05/el-ibi-el-impuesto-local-mas-voraz-los-ayuntamientos-que-mas-cobran-a-sus-ciudadanos-1276621537/

[4] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/01/midinero/1512153474_222921.html

Bibliografía

Azpitarte, J. (2018). Urbanismo y Libertad. Madrid: Unión Editorial.
Higgs, R. (1987). Crisis and Leviathan. Independent Institute.
Rothbard, M. (1994). "The Consumption Tax: A Critique". The Review ofAustrian Economics, Vol. 7, No.2.

Reflexiones Liberales. La gestión de la pandemia por Covid-19 desde una perspectiva liberal

https://youtu.be/n1HzpdGxtpA

El aire de las gasolineras no es gratis

En ocasiones los consumidores pensamos que las empresas fijan precios «excesivos». Esta mañana un buen amigo se queja de que las gasolineras DISA y BP, en Tenerife, cobran 1€ por poner aire a las ruedas del coche. Dice la noticia: «En estos tiempos de drama humanitario [...] ¡Cobrar por el aire! ¡Insoportable e indignante!». Mi amigo afirma que cobrar 1€ por el aire es inmoral. Y yo lo niego. Como cada mañana, después de desayunar, me presto a la refutación de falacias. No hay nada como el gofio canario para tener salud y claridad mental. El titular del periódico es falaz porque la gasolinera no cobra por el «aire», sino por el servicio que presta una máquina que inyecta «aire a presión» en los neumáticos.

El aire es un bien «no económico»: es superabundante y libre en la naturaleza. Nadie paga ni cobra —de momento— por respirar. Sin embargo, para producir aire comprimido necesitamos máquinas y un sitio habilitado, ambas cosas son bienes escasos o «económicos». La economía tiene que ver con la escasez. Las empresas, en ocasiones, no exigen a los clientes el pago por determinados bienes: uso de aseos, aparcamientos, carros de la compra, bolsas, etc.; pero eso no significa que sean gratis. «Nada es gratis». Tampoco es gratis el agua, el papel, los guantes de plástico, los compresores y la electricidad que consumimos en las gasolineras. Tan justo es exigir el pago por el servicio de aire a presión como por el servicio de lavado (agua a presión). A pesar de ello, la mayoría de gasolineras, por diversas razones, prefiere no cobrar por los servicios de aire a presión y agua corriente.

Murray N. Rothbard

Quienes se escandalizan porque las empresas cobren por lo que antes ofrecían «gratis» cometen un doble error: a) Económico: no entienden que los bienes económicos nunca son gratis, que alguien los está pagando; b) Ético: acusan a las empresas por exigir una legítima contraprestación. Las injustas condenas morales sobre algunas cuestiones económicas —dinero, lucro, usura, comercio, capitalismo— tienen su origen en una incomprensión de la Ciencia económica, es decir, de la realidad de las cosas (Rothbard: 2009).

Pero aquí no acaba la polémica. Si cobrar por el aire a presión o el precio nos parece excesivo, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay dos posturas, que llamaré «estatista» y «liberal». El hombre estatista acude a los políticos para que «intervengan» y utilicen la violencia legislativa (B.O.E.) en contra del dueño de la gasolinera, por ejemplo, imponiéndole la gratuidad del servicio o fijando un precio máximo. El propietario, a su vez, reaccionará ante la injusticia: podría quitar la máquina o ponerle el cartel de «AVERIADA», lo cual exige una nueva intervención del gobierno, por ejemplo, sancionando a las empresas que no ofrezcan el servicio. El empresario, encabronado, reaccionará de nuevo: mantendrá la máquina funcionando, pero sin presión; y así, alternativamente, se produce una lucha entre el gobierno y el propietario del negocio. El intervencionismo no tiene fin (Rothbard, 2013), para conseguir sus objetivos debe actuar hasta la total destrucción del mercado y la función empresarial. Bienvenidos al socialismo.

La postura del hombre liberal es distinta, pues entiende los costes del servicio y el derecho de cobro del propietario de la estación de servicio. El liberal, si no desea pagar, simplemente cambia de gasolinera; pero si su enfado fuera mayúsculo, seguirá actuando éticamente, por ejemplo, boicoteando a DISA y BP. El boicot comercial es una acción pacífica y legítima donde los promotores persuaden a otros para que se abstengan de consumir ciertos productos o servicios. En cambio, los matones sindicales no boicotean ni persuaden, sino que coaccionan.

Para rizar el rizo, supongamos ahora que los gasolineros se cartelizan y pactan precios: todos cobrarán 1€ por el aire a presión. ¿Podemos ahora exigir la violencia política contra los empresarios? Tampoco, porque acordar precios no es un acto violento. Lo ético es pedir al gobierno más competencia: libre  entrada de competidores (gasolineras) y que los negocios existentes —restaurantes, centros comerciales, tiendas, clubes— sean libres de ofrecer este servicio a sus clientes. Un hombre ético no acude a los políticos para obtener cosas «gratis» o precios «justos» a expensas de otros, violando con ello su libertad y su propiedad. «Lo único justo es dejar hacer».

Bibliografía

Rothbard (2009). La Ética de la Libertad. [Versión Kindle]. Madrid: Unión Editorial.

----------- (2013). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.