Sobre el empoderamiento

Max Weber

En la literatura empresarial se afirma que es bueno «empoderar» a los empleados para que sean capaces de actuar y tomar decisiones en ausencia de sus jefes directos. El feminismo pretende el «empoderamiento» de las mujeres, es decir, que estas desempeñen cargos con más poder. Hoy pretendo criticar ambos conceptos desde el significado weberiano de «poder». 

Según el famoso sociólogo Max Weber (1864-1920): «Poder o macht (capacidad de imposición) significa la probabilidad de imponer en una relación social la voluntad de uno, incluso contra la resistencia del otro, con independencia de en qué se apoye esa probabilidad» (Weber, 2006: 162). En otras palabras, poder es la capacidad de ordenar la conducta ajena mediante la amenaza o ejercicio efectivo de la violencia.

Por tanto, los empresarios y empleados a su servicio no ejercen poder ni dentro ni fuera de la empresa porque las relaciones laborales y comerciales se basan en el libre intercambio de bienes económicos (trabajo, productos y servicios). Las relaciones económicas son contractuales. Lo que se llama «poder económico» no es otra cosa que mayor «capacidad adquisitiva». Y el «poder de negociación» sólo implica la existencia de mayores opciones disponibles. Empoderar a los trabajadores, en realidad, significa dotarles de mayor autonomía, dentro de unos límites y siguiendo unos criterios generales de actuación.

Empoderar a las mujeres, en cambio, se refiere al poder en sentido weberiano, de imposición a los demás. Por ello, el empoderamiento feminista es muy peligroso, porque pretende hacer uso de la violencia legislativa para alcanzar sus objetivos. Solamente es ético el poder que ejercen los padres con sus hijos pequeños, el poder en caso de legítima defensa y el que procede de una resolución judicial. Pero tanto el poder político como el que ejerce un criminal privado son moralmente inaceptables.

Un orden social ético debe renunciar al poder político y hacer que todas las relaciones sociales estén basadas en la persuasión y la convicción, algo que Weber (2006: 162) llamaba dominación o herrschaft: «La probabilidad de que determinadas personas obedezcan una orden con un contenido determinado». En el Derecho Romano, poder es equivalente a potestas y dominación a auctoritas. El poder consigue la obediencia por la fuerza mientras que la auctoritas la consigue pacíficamente.

En definitiva, buscar el empoderamiento no es nada edificante pues supone apelar a la violencia como medio para alcanzar fines, es decir, el empoderamiento es una injerencia ilegítima en los fines de los demás. Actualmente, la forma más extensa y profunda de empoderamiento reside en la oligarquía que controla el Estado: partidos políticos, sindicatos, gobierno y parlamentarios. 

Weber, M. (2006). Conceptos sociológicos fundamentales. Madrid: Alianza Editorial.

Sobre el Principio de Peter

El Principio de Peter es un libro de management escrito, en 1969, por el catedrático de Ciencias de la Educación Laurence J. Peter. La tesis de Peter es la siguiente: «En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia». Es decir, los trabajadores más competentes son ascendidos paulatinamente hasta que alcanzan un puesto donde ya no son eficientes y ahí son retenidos. Esta idea, tan sugerente por otra parte, ya había sido expuesta por el filósofo José Ortega y Gasset, en la década de 1910. 

El Principio de Peter puede ser visto como un «fallo» de la organización empresarial, como un mal endémico a toda corporación, especialmente aquellas altamente estructuradas y jerarquizadas: ejércitos, multinacionales, etc. Este Principio ha sido asumido, acríticamente, como una verdad del management: por ejemplo, un buen médico puede resultar un pésimo director de hospital; un excelente académico puede resultar un mal rector de universidad; un buen comercial puede resultar un pésimo jefe de ventas, etc. 

Hoy analizaremos críticamente el famoso Principio de Peter. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si las empresas hacen bien en ascender a los mejores, es decir, a quienes ocupan actualmente niveles de «máxima competencia». ¿Acaso deberíamos dejarlos en su sitio y probar con otros peores? Si no tenemos certeza del futuro desempeño de unos y otros, lo más sensato parece ascender a los primeros. Hacer lo contrario (no ascender a los mejores) sería destructivo para la moral de los empleados y para la organización en su conjunto. Por ejemplo, los incentivos funcionarán de forma perversa: nadie querría ser eficiente para evitar ser retenido en su nivel de máxima competencia. 

En segundo lugar, las habilidades y destrezas requeridas para ocupar puestos directivos pueden ser perfeccionadas. Las organizaciones capacitan a los empleados que demuestran tener potencial para ocupar puestos de mayor responsabilidad. Por ejemplo, en el Ejército suele ser obligatorio superar un curso de capacitación antes de ser ascendido a un empleo superior. Si los sistemas de promoción están bien diseñados, los aciertos superan a los fallos.

En tercer lugar, el Principio de Peter no se cumple en absoluto en algunos sectores. Por ejemplo, en el deporte, sea profesional o amateur, nadie es mantenido en un nivel de incompetencia. Los deportistas suben o bajan de categoría con suma facilidad, en función de su rendimiento. Por tanto, cabría preguntarse: ¿bajo qué circunstancias se cumple el Principio de Peter? 

Tal vez, el Principio de Peter no sea una norma general del funcionamiento corporativo, sino la consecuencia no deseada de interferencias institucionales. Allí donde la libertad contractual es observada el Principio de Peter no se cumple. En la economía sumergida, paradigma del libre mercado, todo incompetente tiene sus días contados en el puesto. 

En un mercado laissez faire el Principio de Peter no sería la norma, sino la excepción. Cualquier empleado que fuera ascendido y demostrase ser incompetente para el nuevo cargo sería automáticamente devuelto a su posición anterior, pero la legislación (española) interfiere este retorno y exige que al empleado degradado se le siga pagando el mismo salario. Es el legislador, no el empresario, quien premia la incompetencia. En otras palabras, el Principio de Peter es una externalidad del Estado. Por ejemplo, en situaciones de crisis, es frecuente despedir a empleados competentes porque los empresarios no pueden hacer frente a las costosas indemnizaciones de los más antiguos, que han sido blindados. La legislación laboral es la causante de esta gran anomalía.

Por desgracia, la literatura sobre management está plagada de «principios» sin base científica alguna, que no resisten el menor análisis crítico. Por ejemplo, las Leyes de Murphy, en el fondo, no dejan de ser simpáticos chascarrillos: «Si algo puede salir mal, saldrá mal»; «La tostada siempre cae del lado de la mantequilla», etc. 

En definitiva, si los dueños del capital y los gerentes a sus órdenes tuvieran completa libertad para dirigir sus organizaciones, esta regularidad que predice Peter sería la excepción. El Principio de Peter no es inherente a la realidad organizacional, sino la consecuencia indeseada de haber restringido legalmente la función empresarial, la libertad contractual y la propiedad privada.

El salario mínimo es cero euros

Artículo publicado originalmente por el Instituto Juan de Mariana, el 05/12/2018.

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La futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) afectará de modo negativo a la economía en España y, en particular, a los trabajadores con salarios más bajos. En general, cualquier interferencia coactiva del libre mercado, en cualquier ámbito, resultará en un perjuicio neto para la sociedad. Por tanto, cuanto mayor sea el SMI tanto mayor será el daño ocasionado. En 2019, el SMI pasará de 736 euros a 900 euros, un incremento de 22,3%. Veamos las consecuencias de esta nueva «conquista social».

En España, despedir trabajadores es muy costoso así que, con mucha probabilidad, los empresarios afectados asumirán el incremento del coste laboral a expensas de sus beneficios. No puede ser de otro modo: no es posible repercutir el aumento del SMI (ni ningún otro coste) en el precio final del bien producido. El precio no se fija (como habitualmente se cree) desde la producción hacia el consumo, sino al revés. Si fuera posible repercutir directamente un incremento de costes, deberíamos dejarnos de minucias y situar el SMI en 3.000 euros. Sin embargo, la riqueza no puede obtenerse por decreto-ley.

La reducción del beneficio empresarial no afectará por igual a todos los sectores económicos, ya que la estructura salarial no es homogénea. Afectará poco a la industria, donde los salarios son altos, y mucho a la hostelería, donde son bajos. En cuanto al tamaño de la empresa, y por idéntico motivo, afectará más a las pymes y autónomos y menos a las grandes empresas. Los empresarios se «comerán» la subida del SMI, pero las nuevas contrataciones sufrirán un frenazo, especialmente en los sectores señalados.

¿Por qué perjudica el SMI a los que menos cobran? Según Mises,¹ «el salario es siempre igual a la productividad marginal del trabajo»; en otras palabras: un trabajador cobra lo que el empresario «estima» que produce (su contribución a la producción). Por tanto, si este último es forzado a pagar más de lo que él subjetivamente considera, el contrato laboral no se producirá. El Gobierno puede «explotar» al empresario, pero sólo -según Hutt- si éste comete un error de previsión.²

Los trabajadores -camareros, limpiadoras, botones, repartidores, mozos de almacén- cuyos salarios están justo por encima del SMI (736 euros) se llaman «marginales» (están en el margen). Cuando el Gobierno eleva el SMI a 900 euros, el trabajador que antes ganaba 800 euros se convierte automáticamente en «submarginal» ya que produce 100 euros menos de lo que le cuesta al empresario.

La subida del SMI afecta en mayor medida a la hostelería, que se caracteriza por pagar salarios bajos. Otros perjudicados son las pymes y autónomos (con empleados). Por tanto, la subida del SMI perjudica notoriamente a España, cuyo PIB depende mucho del turismo y de las microempresas. En definitiva, la importante (22,3%) subida del SMI perjudicará, particularmente, a quienes la medida pretende favorecer y a la sociedad en su conjunto. Este efecto del intervencionismo es de sobra conocido por la Ciencia económica.

La subida del SMI también producirá una modificación de la estructura de capital. Se producirá un trasvase de las inversiones desde los sectores más perjudicados hacia los sectores menos afectados; por ejemplo, algunos hoteles se reconvertirán en apartahoteles, donde se requiere menos personal; o también, habrá menos bares y más máquinas expendedoras. Cuanto mayor sea el SMI, mayor será el incentivo a sustituir trabajadores submarginales por máquinas; por ejemplo, McDonald´s ha sustituido a miles de empleados de barra por pantallas táctiles.

La finalidad del Gobierno al incrementar el SMI es transferir renta del empresario al empleado, y de paso se abona el terreno electoral pues la medida goza de gran simpatía y popularidad. La mayoría de votantes carece de cultura económica, desconoce los efectos diferidos de la medida y por eso colabora, sin saberlo, a su propia ruina.

Cualquiera de las mal llamadas «conquistas sociales» -vacaciones pagadas, días libres, cotizaciones, salario mínimo, permiso por maternidad- serán costeadas, en última instancia, por los trabajadores: «Es el asalariado quien en definitiva soporta, mediante la reducción de su salario neto, todas las cargas y beneficios sociales».³

Por último, es de prever otras reacciones del mercado no previstas por el «justiciero social». Algunos empresarios intentarán un «ajuste de cuentas» con los empleados submarginales (producen menos de lo que cobran); por ejemplo, les aumentará la carga de trabajo, haciéndolos trabajar más intensamente o «echando más horas» (un 22,3% más).

Esto ya viene ocurriendo hoy con las camareras de habitación de los hoteles, cuyos salarios (por convenio) están inflados por encima de su precio de mercado. Los empresarios son forzados (por el Gobierno) a pagar más de lo debido y los empleados son forzados (por los empresarios) a trabajar más de lo debido. Frente a grandes males, grandes remedios. La coacción del Gobierno, como vemos, desencadena una lucha entre unos y otros por no ser «explotados».

Los empleados aceptan resignados lo que llaman «explotación» por miedo al despido. Esto, lejos de ser una mala noticia, permite a los empleados submarginales conservar su empleo. Si la inspección de trabajo y los sindicatos hicieran bien su «trabajo», aquellos dejarían de ser «explotados» para ser «despedidos». El salario mínimo es cero euros.

¹ La acción humana, p. 739.
² La amenaza de huelga, p. 3.
³ La acción humana, p. 712.

Sobre el carné de artesano

La Consejería de Artesanía del Cabildo de La Palma celebra, el próximo 30 de noviembre, la 2ª convocatoria (2018) de las pruebas para la obtención del carné de artesano. En este artículo expongo que este carné es innecesario y que sólo sirve para expandir el presupuesto, cazar votos y satisfacer el afán patológico de los políticos por controlar la sociedad.

Examinar a alguien para darle el carné de artesano data de la Alta Edad Media (siglo XII). En los gremios medievales, para ser maestro y poder abrir un taller propio, era necesario superar una prueba o examen. Otorgar licencias gubernamentales para poder ejercer una profesión ha sido y es una práctica mercantilista, cuya principal finalidad es restringir la competencia en una actividad. Sin embargo, hoy la artesanía es una actividad económica marginal y ocupa a muy poca gente. La de artesano es hoy una profesión libre, no regulada, cuyo aprendizaje y funcionamiento queda al margen del Estado. Los artesanos son de los pocos afortunados que escapan a la depredación fiscal (valga la redundancia). Recuerdo, hace dos años, que un conocido artesano palmero, al recibir su primer pago del Cabildo, se quejaba amargamente de la retención por IRPF: jamás en su vida había pagado este impuesto.    

Pero, ¿qué razón hay para crear un carné de artesano? Los artesanos son tan pocos y venden tan poco que la hipótesis de la evasión fiscal se desvanece. Tampoco parece plausible que se pretenda impedir la competencia cuando casi nadie hoy desea ser artesano; al contrario, los políticos malgastan nuestro dinero para fomentar profesiones que la sociedad no demanda. Por tanto, la iniciativa del carné no parte de los artesanos, sino de los políticos: ¿y que ganan con ello? 

El carné de artesano es sólo un nodo de esa mafiosa red clientelar que tejen los políticos para justificar su existencia y cazar votos: se otorgan subvenciones a los artesanos, se venden sus productos, se imparten cursos y talleres «gratuitos» y se organizan ferias donde los artesanos, previa obtención del carné, reciben un espacio gratis. Con el fomento de la artesanía, además, el político también caza el voto de los nacionalistas, personas que idealizan las formas de vida ancestrales.

Habiendo 87 oficios artesanos reconocidos oficialmente en Canarias, ¿cómo podría el Cabildo evaluar a un artesano? Como era imposible, primero fue preciso captar a un artesano de cada oficio, regalándoles el primer carné; acto seguido fueron investidos «maestros artesanos» honoris causa con autoridad «examinadora» al servicio del Cabildo. Estos pocos agraciados quedaron encantados por el reconocimiento y por las rentas que iban a generar sus actividades: cursos y exámenes. De este modo, el propio Cabildo creó, de la nada, una serie de funciones a cuenta del carné de marras.

De la artesanía se alimentan muchos parásitos públicos (valga la redundancia). El Cabildo de la Palma tiene una Consejería de Artesanía; el Cabildo de Tenerife posee la Empresa Insular de Artesanía, S.A.; y el Cabildo de Gran Canaria tiene una Fundación de Etnografía y Desarrollo de la Artesanía. Y así el resto de cabildos. 

Por último, crear un carné de artesano obedece a la manía del control social y del nefasto intervencionismo. Ninguna profesión debe funcionar libremente —afirman estos yonkis del poder—, es preciso «normalizarla» y garantizar la «calidad de la producción».

Contra el lenguaje inclusivo

El lenguaje es uno de los campos de batalla más importantes de la ideología de género. La pretensión feminista de que deberíamos cambiar nuestra forma de hablar se basa en lo siguiente: 1) El lenguaje actual refleja la injusta supremacía del hombre sobre la mujer, producto de la lucha de sexos y de la victoria del patriarcado. 2) Es una exigencia de la justicia eliminar esta desigualdad y promover el lenguaje inclusivo. En este artículo intentaré desmontar toda esta perversa retórica de la ideología de género.

En primer lugar, el lenguaje es una institución evolutiva, producto de un dilatado proceso de interacción social que nadie ha podido diseñar deliberadamente. No es posible atribuir culpabilidad a un hecho natural, sólo la conducta intencional del individuo puede ser objeto de sanción ética o jurídica. El Esperanto, en cambio, es un intento de construir racionalmente una lengua, cuyo resultado es bien conocido. El lenguaje es producto de la naturaleza social del hombre, de la cooperación humana y no la expresión victoriosa de una imaginaria guerra entre sexos.

Por otro lado, el lenguaje actual ya es inclusivo. Si decimos: «el hombre es un ser racional», es evidente que nos referimos a hombres y mujeres; es decir, la «inclusividad» no reside en el género de las palabras, sino en la mente del hablante, en el significado atribuido por éste dentro de un contexto. Por ejemplo, «los perros ladran» y «las gaviotas vuelan» son expresiones inclusivas de ambos sexos. Que las palabras tengan género masculino o femenino no es intencional, ni relevante: ¿por qué «silla» es femenino y «sillón» masculino?, ¿por qué «humano» es masculino y «humanidad» femenino?, ¿por qué se dice «sastre» y no «sastro»? y ¿qué más da que «abogado» sea masculino y «electricista» femenino? Si las feministas fueran consecuentes con sus demencias deberían comenzar a decir: «electricistos», «taxistos», «dentistos», «ligüistos», «terapeutos», «violinistos», «artistos», y así un largo etcétera.

Lo que es éticamente inadmisible es la utilización de fondos públicos para alcanzar los fines de una particular ideología; por ejemplo, se dan cursos y orientaciones para que se diga «participantes», en lugar de «alumnos»; «bebés», en lugar de «niños»; «persona emprendedora», en lugar de «emprendedor», etc. Pero la locura no acaba aquí, las feminazis pretenden sustituir, en los plurales, la «o» por la «e»: «todes», «amigues», «nosotres», etc. ¡Señor, llévame pronto! En definitiva, es innecesario y detrimental incitar, deliberadamente, cambios en nuestra forma de hablar. Cualquier sugerencia o imposición de lenguaje de género debe ser rechazada desde posiciones lingüísticas y éticas.

Lo público y el conflicto social

En mi anterior artículo «Lo público no es de todos» explicaba que allá donde la propiedad no está bien definida, caso de lo público, la injusticia, la arbitrariedad y el conflicto social están servidos. El proceso de descomposición actual del Estado social y democrático, según Hoppe, nos conduce a la «descivilización» y su arreglo pasa por la privatización de todos los espacios y servicios públicos. La paz social requiere transitar de una sociedad estatal a una sociedad de propietarios, de la política al mercado, de la coacción a la cooperación. Vamos a seguir desbrozando el modelo anarcocapitalista aprovechando el fértil caso de Cataluña.

En primer lugar, el problema catalán es una lucha por la soberanía, que Juan Bodino definió, en 1576, como «poder absoluto y perpetuo». En un determinado territorio (que puede acotarse por fronteras), no hay ningún poder por encima del poder soberano. Una parte (aproximadamente la mitad) de los residentes en Cataluña aspira a que la soberanía resida exclusivamente en instituciones catalanas, mientras que la otra parte y el resto de españoles (en general) desea mantener el statu quo político.

En segundo lugar, está el problema del Poder. Quien lo ostenta siempre aspira, como mínimo, a mantenerlo; pero lo habitual es que el Poder sea expansivo. Algunos políticos catalanes (soberanistas) desean ampliar su poder mientras que otros aspiran a mantenerlo. En política nunca hay paz porque los políticos luchan sistemáticamente por arrebatarse el poder unos a otros. La política es un juego de suma cero: Lo que uno gana, otro lo pierde.

Ahora dejemos la teoría y analicemos una noticia: El colegio público Marià Fortuny (Reus, Tarragona) ha informado a los padres de los alumnos que toda comunicación con los profesores será en catalán y quienes no lo entiendan deberán llevar un traductor. Los profesores de este colegio contribuyen al ideal nacionalista mediante la limpieza étnica escolar: Expulsar a aquellos alumnos cuyos padres sean castellanohablantes. El régimen nacional-socialista de Hitler también pretendía la pureza étnica sólo que utilizando métodos más violentos.

¿Sucedería esto en un colegio privado? Evidentemente no. A una empresa privada nunca le sobran clientes. Quienes tienen ánimo de lucro hacen justo lo contrario: Donde hay barreras, tienden puentes. La política y el mercado son distintos, la primera se apoya en la violencia, la segunda, en la cooperación.

Si al menos existiera la posibilidad de darse de baja (¡Señor político: Devuélvame los impuestos que ya buscaré un colegio privado para mi hijo!) los colegios públicos se irían directamente a la mierda, (como todo lo público) y los políticos directamente al paro. Pero mientras los ingresos económicos del CEIP «María Fortuna» procedan de la servidumbre fiscal, los padres seguirán siendo sus «clientes cautivos». Claro, que siempre podemos apelar a la imaginación; por ejemplo, yo entraría al trapo, iría a las reuniones acompañado de traductor y procuraría colaborar con la parodia; representaría el papel de ignorante absoluto del catalán de tal modo que el encuentro fuera cómico e interminable. Frente a grandes males, grandes remedios.

Lo público no es de todos

Uno de los mitos colectivistas más extendidos es la creencia de que lo público es de todos. Hoy intentaré demostrar que el dueño «efectivo» de lo público es el gobierno, es decir, un pequeño grupo de personas -políticos y funcionarios- que deciden, en cada caso, el uso de la cosa pública. «Lo público es de todos» es una falacia, un engaño para que la gente no se de cuenta que está esclavizada económicamente.

Empezaremos advirtiendo que «todos» es un término confuso y ambiguo, no por casualidad la expresión «entre todos» es profusamente empleada por demagogos y políticos, maestros de la manipulación y el engaño. ¿A quienes nos referimos por «todos»? por ejemplo, las calles de una ciudad son de «todos» sus ¿residentes?, ¿viandantes? No lo sabemos. No podemos identificar a esos supuestos dueños. Es más aproximado decir que lo público es de «nadie», tal y como apunta el refranero español: «Lo que es común es de ningún». Para que una propiedad sea común tanto los propietarios como las cuotas de participación deben estar identificados, cosa observable en una comunidad de vecinos o en una sociedad mercantil.

Lo que caracteriza al propietario es su capacidad para disponer del bien poseído; según el Derecho Romano, el dueño de algo tiene derecho de uso (ius utendi), derecho a extraer provecho económico (ius fruendi) y derecho de consumo hasta su extinción (ius abutendi). Veamos ahora si el gobierno ejerce estas tres facultades. En primer lugar, es el gobierno quien establece el uso de lo público mediante normas y bandos. En segundo lugar, el gobierno explota económicamente lo público cobrando tasas por el aprovechamiento económico (terrazas, vados, publicidad, etc.); por ejemplo, en Canarias, el dueño de las lapas es el presidente Clavijo y sus consejeros, ellos son los propietarios del marisco y nos venden su derecho de pesca al módico precio de 23,67€/año (licencia 2ª clase). En tercer lugar, el gobierno puede extinguir un bien público dejándolo en la ruina o enajenándolo para gastar luego el dinero discrecionalmente. Por otra parte, políticos y funcionarios actúan como dueños económicos cuando usan los bienes públicos en su propio beneficio; por ejemplo, la Policía es la seguridad privada de los altos cargos y los empleados de la sanidad pública tienen listas de espera «paralelas» y medicamentos «gratis».

Veamos por qué lo público no puede ser de todos. Caso de Cataluña y la guerra de lazos amarillos. El independentista cree: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a poner lazos»; si la calle fuera de «todos», el ponedor de lazos debería pedir permiso al «resto» de propietarios, es decir, al resto de la sociedad. Por su parte, los españolistas dicen: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a quitar los lazos». Esta forma absurda de razonar nos conduce al conflicto social. Existe, en cambio, otra lógica de la propiedad: «Tú» sólo tienes derecho a poner lazos amarillos en «tu» propiedad, el balcón de «tu» casa o la solapa de «tu» chaqueta». Por tanto, corresponde al alcalde de cada ciudad, como dueño (temporal) de la vía pública, permitir, prohibir o regular la puesta y retirada de lazos.

Lo público es el lugar idóneo para el conflicto social porque la propiedad no está bien definida; como decía el poeta Robert Frost: «Un vallado hace buenos vecinos». Allá donde el derecho de propiedad es ambiguo los problemas están servidos. Si todos los espacios públicos (mejor podríamos llamar «políticos») pudieran privatizarse, tal y como proponemos los anarcocapitalistas, los problemas que hoy sufrimos tendrían arreglo: correspondería al propietario de cada cosa decidir sobre su uso; por ejemplo, el dueño de una playa decidiría si se permite fumar, estar desnudo o llevar perros; y el dueño de una calle autorizaría o no la puesta de lazos amarillos, manifestaciones, procesiones religiosas, huelgas o conciertos musicales.