¿Contribuimos para recibir?

Propaganda es la difusión de ideas de carácter político para que una audiencia acepte ciertas ideas y se comporte según los intereses del propagandista. La propaganda es una forma de manipulación que combina mentiras, falacias y medias verdades. La campaña del Ministerio de Hacienda titulada «Contribuimos para recibir» es un esfuerzo más por generar una opinión pública favorable a los impuestos y así reducir el fraude fiscal. El argumento central es que si no nos resistimos al cobro de impuestos todos salimos ganando. 

La primera trampa es el eufemismo de llamar al impuesto «contribución» como si tal cosa fuese voluntaria. El ciudadano no es libre de no contribuir y, por ello, el término «contribuyente» es equívoco y debería ser reemplazado por «confiscado». De igual modo, cuando el ayuntamiento te dice que se abre el «Periodo voluntario de pago» de tributos tú piensas en voz alta: ¡son unos cachondos!

El anuncio que hoy analizo comienza con una serie de gazapos: «Si no fuera por Juan (abuelo), Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana». Esto es un falso dilema. Si el abuelo no existiera Ana buscaría una solución, entre varias alternativas, para que su hija no faltara al colegio. El anunciante intenta presentar la cooperación social como si de una cadena de favores se tratara pero lo que hace Juan por Ana no tiene conexión causal con lo que hace Ana por Cristina, ni en lo que hace Cristina por Héctor. Por ejemplo, si el panadero que vive enfrente de mi casa no hiciera el pan cada mañana no pasaría nada grave, yo buscaría otro panadero en el mercado y asunto resuleto. Esta línea argumentativa termina, de forma circular, en que «Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría cada mes su pensión a tiempo». Nueva falacia, pues el único causante de convertir a los pensionistas en dependientes de los cotizantes es el gobierno. En un sistema de capitalización (y no de reparto) Juan no dependería de Héctor, sino de sí mismo.

Lo siguiente es algo llamado «desliz argumentativo». Los ejemplos presentados al inicio son actos voluntarios: Juan lleva a su nieta al colegio; Ana, Cristina y Héctor realizan intercambios en el libre mercado; pero el último caso es distinto: Héctor no paga voluntariamente la pensión de Juan. El anunciante quiere inducirnos a pensar que los intercambios (forzosos) del gobierno, los mercantiles y los familiares son todos de la misma naturaleza: libres y consentidos.

Hacienda nos dice que gracias a los impuestos disfrutamos de una serie de servicios públicos: sanidad, educación, pensiones, parques, carreteras, ayudas, etc. Esto es una verdad a medias. Los consumidores disfrutarían más si pudieran consumir servicios libremente y no los que impone el gobierno. Y si no es así ¿por qué el 80% de los funcionarios elige un seguro privado de salud?

La falacia principal, a mi entender, es intentar convencernos de que si todos pagamos impuestos (la cantidad dictada por el gobierno en cada momento), todos salimos ganamos. Si esto fuera cierto el anuncio sobraría. Los impuestos benefician a unos y perjudican a otros; John C. Calhoum afirmó que la sociedad se dividía en dos clases: los consumidores y los proveedores netos de impuestos. Los primeros reciben más de lo que pagan más y los segundos pagan más de lo que reciben. 

«Contribuir para recibir» resulta un tanto ambiguo. En los servicios estatales (servicio público es un oxímoron) no existe una correlación entre el pago y el consumo. Nadie sabe con precisión cuánto recibe por lo que paga si bien, de forma intuitiva, muchos son conscientes de que gran parte del dinero se queda por el camino. Todo servicio público es beneficioso para el Estado y ruinoso para el contribuyente, por este motivo, el intercambio debe ejecutarse bajo amenaza de sanción.

En resumen, la campaña «Contribuimos para recibir» tiene todos los ingredientes de una falacia informal la cual, según Luis Vega, catedrático de Historia de la Lógica, se caracteriza por el uso equívoco de términos (contribuyente, todos), por partir de premisas falsas («si no fuera por...»), por abusar de imprecisión (recibir), por emplear deslices discursivos (inferir que algo forzoso es voluntario) y por llegar a conclusiones que no están debidamente justificadas (todos nos beneficiamos por igual). En realidad, no necesitamos alguien que nos esquilme por nuestro propio bien.

Turismo y empleo en Canarias

Hotel Palacio de Isora 

Existe en Canarias una crítica generalizada a los hoteleros porque, supuestamente, no contratan suficiente personal  y entregan a los turistas un servicio deficiente. Estos ataques provienen de políticos, sindicatos y periodistas, siendo aceptados por gran parte de la población. El presidente de ASHOTEL, Jorge Marichal, es preguntado día sí y día también lo siguiente: ¿Cómo es posible que si aumenta el número de turistas en Canarias no aumente en igual proporción el empleo en el sector? Algunos intervencionistas ya han advertido que es preciso fijar, «por ley» —es decir, por cojones— plantillas mínimas para mantener la calidad del destino turístico y evitar que los empresarios obtengan una ganancia "excesiva". Por desgracia, el marxismo sigue gozando de buena salud en este archipiélago hostil al libre mercado. Un ejemplo de esta infame campaña lo aprecio al escuchar Inter Radio Tenerife, donde se critica al Hotel Gran Meliá Palacio de Isora por ofrecer a sus clientes no hacer las habitaciones (máximo 3 días seguidos) a cambio de un bono de 20€/día para ser consumido dentro del establecimiento. Llamo a este hotel para informarme del asunto y la telefonista me dice que, efectivamente, la "Green Choice" lleva funcionando varios años con gran acogida por parte de los clientes. Pero el periodista "Lito" y su contertulio prefieren la limpieza de las habitaciones a diario y que toallas y sábanas se laven sin necesidad para poder contratar más personal. ¡Hay que joderse, cuánto daño puede hacer un par de ignorantes con un micrófono! La solución, creo yo, frente a tanta demagogia, es evitar caer en contradicciones y aceptar la verdad sin tapujos. Los empresarios deben defenderse con valentía y reconocer públicamente lo que piensan en privado. Yo les propongo usar estos argumentos:

1. La misión de la empresa no es crear empleo sino ganar dinero satisfaciendo cumplidamente las necesidades de los consumidores. El empleo no es un fin empresarial, es un medio. Para el empleado el trabajo tampoco es un fin sino un medio para ganar dinero y atender otros fines. 

2. La productividad aumenta con una mayor cantidad de capital invertido. Si una máquina es más rentable que un empleado todo empresario juicioso se hará con la primera y despedirá al segundo. Cuanto más se empeñen gobierno y sindicatos en elevar coactivamente el precio del factor trabajo (las mal llamadas "conquistas sociales") por encima del precio que fije el libre mercado, mayores incentivos tiene el empresario para sustituir mano de obra por máquinas. Esto es conocido como "efecto Ricardo", en alusión al economista británico David Ricardo (1772-1823).

3. Mantener los estándares de calidad que se entregan al cliente empleando menos personal es tan bueno como hacerlo gastando menos agua, electricidad u otro gasto de funcionamiento. El buen empresario debe reducir, tanto como sea posible, todos sus costes, y los salarios es el epígrafe más importante. Esta reducción debe ser compatible con el buen funcionamiento del negocio a medio y largo plazo. La oferta Green Choice de Hoteles Meliá es un ejemplo de innovación turística donde la empresa ahorra personal, agua, jabón, electricidad, etc. y transfiere parte de ese ahorro a los clientes en forma de bono económico. Las dos partes salen ganando. Además, el cliente es libre de aceptar o no la oferta del hotel.

En definitiva, no existe una relación directamente proporcional entre el aumento de visitantes y el aumento del empleo en un destino. Afirmar que si el turismo crece X%, el empleo debería crecer X% es reducir la ciencia económica a una simple regla de tres. Los econometristas suelen hacer este tipo de proyecciones y créanme, fallan más que una escopeta de feria. El método es incorrecto. La cuestión es que se puede (y se debe) trabajar con la plantilla más ajustada posible y esto, lejos de ser censurable, es lo correcto. La plantilla óptima de cada hotel es un dato que no está disponible en el mundo, es vano buscarlo mediante fórmulas y más perverso aún tratar de imponerlo mediante la violencia legislativa (valga la redundancia). Dimensionar la plantilla es un proceso de descubrimiento propio de la función empresarial y que únicamente compete a la Propiedad. La cuenta de resultados le dice posteriormente si acertó o se equivocó. Cualquier intento de forzar al hotelero para que contrate más personal y así reducir la tasa de paro en las islas no sólo es una fechoría sino que además es una medida destinada al fracaso. El empresario no es un animal de sacrificio, ni contrata empleados para reducir la tasa de paro, contrata la mano de obra necesaria para producir y ganar dinero; de igual modo, los empleados tampoco trabajan para mantener a sus empresas, lo hacen por interés propio. Así que políticos, sindicalistas, periodistas y tertulianos: ustedes que nunca han dirigido un hotel, que en economía están limpios como escoplos y que no saben de lo que hablan, dedíquense mejor a buscar otro chivo expiatorio. Lean primero a Mises (La Acción Humana) y luego a Rothbard (Poder y Mercado) y si llegaran a entender el texto, cosa que es posible con esfuerzo, tal vez empiecen a dirigir sus críticas hacia los verdaderos responsables de la elevada tasa de paro. Ahí lo dejo.

Réplica a Paco Capella sobre el anarco-capitalismo

Este artículo es una réplica a otro de Francisco Capella titulado «Más problemas del anarcocapitalismo», publicado en la web del Instituto Juan de Mariana (IJM), el 11/08/2016. Empieza Capella su argumentación con esta frase: «Independientemente de la corrección o validez de sus ideas, el anarcocapitalismo es una teoría política (o antipolítica) extrema, muy minoritaria, y con un alto porcentaje de fanáticos e ingenuos entre sus seguidores». Mal comienzo sin duda porque la esencia de un debate intelectual, precisamente, es la corrección y validez de los argumentos presentados y no el número de seguidores que tengan ciertas ideas. No es epistemológicamente aceptable apelar a una pretensión democrática de la verdad, regla que nuestro autor evidentemente olvida cuando se trata de comparar el número de liberales con el de socialistas. Hace pocas semanas Capella impartió en Málaga una magnífica conferencia TEDx donde afirmaba que la ausencia de libertad —el socialismo— era imposible que funcionara (Mises, 1920), por eso, no entendemos que ahora diga, de otro modo y en otro foro, que un «poquito» de socialismo (minarquismo) sí es posible porque la ausencia total de socialismo (anarcocapitalismo) no es posible. ¿Ustedes entienden esto? 

Thomas Hobbes

Apelando al argumento de Thomas Hobbes —el hombre es un lobo para el hombre— Capella opina que el monopolio de la violencia estatal es un mal menor que debemos asumir y, por ello, algunos sectores económicos como Defensa, Seguridad y Justicia deben seguir en manos de un «Gran Lobo» que es más fiable que muchos pequeños lobos actuando libremente en el mercado. Admito que el anarcocapitalismo para algunos (Dalmacio Negro) es una utopía fuerte —algo imposible— mientras que para otros es una utopía débil  —algo difícil de conseguir. Eso está por ver. El problema es que los apóstoles del Estado, incluidos los minarquistas del Estado «pequeñito», siguen dando vida y amparando intelectualmente la violencia institucional, eso sí, sólo en pequeñas dosis. 

José Hdez. Cabrera

Respecto de los argumentos económicos que justifican la existencia del Estado no voy a criticar, una vez más, la endeble teoría samuelsoniana de los bienes públicos, externalidades y free riders. Tan solo quisiera aclarar que el anecdótico ejemplo de los fuegos artificiales, que expuse a contrarreloj en el IX Congreso de EconomíaAustriaca, debe interpretarse en este sentido: si la gente demuestra cooperar económicamente, al margen del free rider, en asuntos poco relevantes para su vida, ¿por qué no habría de cooperar en otras cuestiones vitales? 

Lo que resulta inadmisible del artículo de Capella es su elenco de descalificaciones, algo impropio de quien imparte clases de comunicación de las ideas. Es una falacia ad hominem calificar a los ancaps como un grupo de «radicales, fanáticos, ingenuos, fundamentalistas, integristas y adolescentes inmaduros». El anarcocapitalismo, como decía Rothbard, no es otra cosa que llevar los principios de libertad, propiedad y no agresión hasta sus últimas consecuencias lógicas. Craso error es confundir «integridad» intelectual con «integrismo y fanatismo».

Jesús Huerta de Soto

Vuelve a equivocarse Capella apelando a una supuesta evolución positiva del pensamiento que discurre desde posturas radicales hacia otras más equilibradas, como si ello fuera sinónimo de progresismo intelectual o como si la verdad estuviera en algún sitio intermedio entre ideas opuestas. El hecho es que muchos ancaps no lo fueron en sus tiempos mozos y sólo abrazaron la anarquía de mercado en su madurez intelectual, caso de Rothbard, Hoppe, Huerta de Soto y Bastos, entre otros. Capella presume de haber «evolucionado» hacia la sensatez y de haber influido (tal vez) en Rallo en este sentido. El pasado julio, en Lanzarote, Rallo afirmaba que el anarcocapitalismo pudiera ser deseable, pero que no lo creía factible; por este motivo, tal vez, defienda un Estado del 5%, pero al menos lo hace respetando a quienes opinamos que un 5% de coacción es inmoral. Espero que los dirigentes del IJM recuperen la mejor tradición escolástica que defendía la libertad, la propiedad y la justicia «sin concesiones», tal y como decía ufanamente el profesor Huerta de Soto refiriéndose a sí mismo el pasado 3 de junio al recibir el X Premio Juan de Mariana.

El estancamiento económico de La Palma: análisis y prospectiva

Playa de Nogales - La Palma

Desde hace 32 años visito frecuentemente la isla de La Palma, lugar único en el mundo por su belleza natural y clima. En el transcurso de tres décadas, sin embargo, he podido constatar su estancamiento económico y demográfico. Sería muy complejo hacer una análisis detallado y riguroso de las causas de esta situación, por ello, aquí sólo pretendo apuntar algunas intuiciones personales. El principal problema de La Palma, creo yo, es que el sector público ha ido colonizando todos los ámbitos económicos que en una sociedad libre corresponden al sector privado. 

La intervención económica, la regulación obsesiva de los políticos (autonómicos, insulares y locales) y los altos impuestos han convertido a La Palma en un territorio hostil a la inversión empresarial (y no existe tal cosa como «inversión pública»). En 2001, el gordo de la lotería de Navidad repartió 15.000 millones de pesetas (90,1 millones €) en Santa Cruz de La Palma (censo 17.000). ¿Y qué hicieron los agraciados? la mayoría asignó una parte del dinero al consumo (casa, coche, viaje) y guardó la otra parte en el banco, en forma de ahorro (depósitos) o inversión (fondos, acciones, bonos). Esta decisión no sólo es respetable: cada uno es soberano para emplear su dinero como quiera; además, es una decisión impecable desde el punto de vista económico: solamente los héroes o los idiotas (según se mire) se complican la vida montando un negocio y contratando empleados. En La Palma la expresión «que invierta su puta madre» adquiere su máximo sentido.

Plaga "rabo de gato"

La Palma tiene una excesiva dependencia del sector público, ya sea directamente con organismos y personal (políticos y funcionarios) públicos o indirectamente con la agricultura del plátano subsidiada con fondos europeos. Los políticos han conseguido que nadie haga nada, salvo ellos, que lo hacen todo y lo controlan todo; siempre en aras de ese misterioso e indefinido «interés general». Toda actividad económica es pública o está controlada políticamente mediante regulaciones y subvenciones. El teatro es público y el cine está licenciado, todos los centros de visitantes turísticos son públicos, las escuelas de música, folclore y artesanía son públicas, la empresa de guaguas recibe ayudas públicas, las pistas de pádel y los cursos de natación (complejo deportivo de Miraflores) son públicos y hasta los artesanos necesitan un carné del omnipresente Cabildo. Nada en la isla bonita escapa al «Ojo de Sauron», una Administración Pública omnipotente que somete a la población con una doble fórmula: premios para los amigos y castigo para los que osen ir por libre. Ningún empresario puede asomar el hocico sin el visto bueno de la autoridad y nadie puede competir con este formidable rival, que como «rabo de gato», todo lo invade.  

El origen del problema reside en las ideas seculares que demonizan el capitalismo, el comercio y la economía laissez-faire. Estas ideas persisten en el cancionero popular cuando se culpa al malvado intermediario de la pobreza del campesino platanero. Mientras la gente siga pensando que los políticos dinamizan (y no dinamitan) la economía, estamos jodidos. Mientras los vecinos acudan al alcalde para pedir un puestito de trabajo, estamos condenados a la servidumbre de un nuevo señor feudal que cambia cada 4 años. Mientras los políticos sigan jugando a ser empresarios -con pólvora de rey- y sigan ahogando al sector privado, no hay nada que hacer. Y mientras los individuos no crean que son los únicos responsables de sus vidas, no hay arreglo posible. Tanto el problema como la solución residen en el campo ideológico. Lo malo es que las ideas que imperan en la sociedad son moldeadas por los políticos mediante la educación estatal y los medios públicos de comunicación de masas, entre otros. Si el sector público fagocita al privado es porque la gente prefiere el estatismo a la libertad, el favor al mérito y el robo al respeto de la propiedad privada. Hasta que la gente no comprenda que solamente el sector privado genera riqueza y el que sector público es un lastre, un parásito que hay que erradicar, no hay nada que hacer. En este sentido, soy pesimista, al menos a corto plazo.

¿Cuál es el futuro económico de La Palma? El día que las ayudas al plátano desaparezcan La Palma sufrirá una nueva crisis económica seguida de otra emigración masiva. En la isla ya no quedará nadie a quien administrar, regular y dar un carné. Sólo quedarán políticos, funcionarios, pensionistas, limpiadoras, cuidadores de ancianos, peluqueras, algunos dueños de comercios y bares, taxistas y un sector turístico famélico. Solamente podrán sobrevivir en La Palma aquellos trabajadores independientes (freelance) cuya actividad pueda eludir el asfixiante control gubernamental. Para ello, será esencial eliminar todo coste fijo como oficinas, locales o empleados. Podrá «escapar» todo aquél que trabaje desde su casa o haga servicios a domicilio. Aprecio un futuro en el alquiler vacacional de habitaciones y casas rurales siempre y cuando se actúe con discreción para evitar la depredación fiscal (valga la redundancia). Sólo quienes abracen la economía sumergida y quienes puedan soslayar a los saqueadores podrán vivir, aunque no sea holgadamente.  

El dinero ocioso

Esta mañana fui a la peluquería y, como es habitual, tuve una grata conversación con mi peluquero de cabecera (nunca mejor dicho). Afirmaba el hombre que la economía iría mejor si el dinero no estuviera «parado», lo bueno -añadió- es que el dinero circule y no esté «ocioso». Cuando me disponía a pagarle le espeto: «bueno, ahora supongo que saldrás inmediatamente a la calle a fundirte estos 14€ y así mejorar la economía».

Bromas aparte, la realidad es que mucha gente piensa como mi amigo el peluquero. Empecemos diciendo que la metáfora dinero «ocioso» no es muy acertada. El ocio es algo fabuloso que todos perseguimos y es muy necesario para el hombre alternar los periodos de actividad y descanso. Sin embargo, el dinero nunca «descansa» porque cuando está «parado» cumple diversas funciones muy importantes. 

En primer lugar, el dinero es una reserva de riqueza que nos proporciona liquidez y seguridad. También la rueda de repuesto de nuestro coche está "ociosa" y a nadie se le ocurriría "ponerla a trabajar". Créanme, se duerme muy bien sobre un buen colchón económico. 

En segundo lugar, el dinero ocioso está a la espera de ser invertido juiciosamente. Y es preferible tener el dinero debajo del colchón, al 0% de interés, que tenerlo en el banco al 0,1% de interés. Sobre todo, porque algunos sabemos que el 98% del dinero depositado a la vista es invertido por los bancos sin nuestro consentimiento, un fraude legalizado que se llama Reserva Fraccionaria.

Jesús Huerta de Soto

En tercer lugar, cuando los consumidores aumentan sus saldos en efectivo, algo demonizado como «acaparamiento», envían unas señales importantes a los políticos: no veo muy claro mi futuro; hay demasiadas trabas burocráticas; falta seguridad jurídica; los impuestos son muy altos, etc. En definitiva, si los saqueadores de todos los partidos no nos dejan vivir es lógico que alguien, como el profesor Huerta de Soto, afirme: «Que invierta su puta madre».

Los economistas keynesianos, cual druidas, creían en la magia circulatoria del dinero y pensaban que era el consumo (y no la producción) la solución a todo problema. Los ahorradores eran los culpables porque no gastaban lo suficiente y era preciso castigarlos con bajos tipos de interés e inflación. Todos estos mitos y falacias ya han sido refutados por los economistas Austriacos.

La gente hace muy bien (mientras la inflación sea moderada) en guardar su dinero debajo del colchón esperando tiempos mejores. Esto ha ocasionado, por ejemplo, un ajuste del precio de la vivienda de 50% en siete años. No está mal. El dinero «ocioso» ha podido desinflar la burbuja inmobiliaria. Mala noticia para algunos, pero excelente noticia para los actuales compradores de vivienda.

Tenemos muy reciente el castigo por haber invertido al tuntún, por haber avalado a nuestros hijos sin pensar en las consecuencias, por haber gastado más de la cuenta y por haber despreciado el ahorro. La realidad nos obliga a recoger velas, reducir el consumo y amortizar deudas. La buena noticia es que a medida que aumenta la cantidad de dinero «ocioso» se produce una bajada generalizada de los precios y podemos comprar más bienes con el mismo dinero. 

El coste de la insularidad

Es una idea muy extendida entre los canarios que el hecho de vivir en un archipiélago supone un perjuicio económico. La mayor carestía de la cesta de la compra o los frecuentes viajes en avión que deben realizar los residentes, entre otros factores, se utiliza para reclamar derechos. Los políticos canarios afirman que los residentes deben ser compensados económicamente (se supone que por el resto de españoles y europeos). La igualdad de oportunidades -afirman estos populistas- exige sufragar el coste de la insularidad. Trataré de refutar estos argumentos.

En primer lugar, hablemos de costes económicos. En Canarias, los productos que llegan a las islas se encarecen por el precio del transporte pero el coste de la aduana, el DUE o el monopolio abusivo de Binter es cosa de nuestros amados políticos. Las islas afortunadas tienen el mejor clima del mundo y los canarios no gastan en calefacción, ni en ropa de abrigo y, tal vez, necesitan ingerir una menor cantidad de calorías que los habitantes de Burgos o Teruel; además, en los sitios pequeños se gasta menos en el transporte o la vivienda. Para afirmar que vivir en Canarias es más caro que vivir en la península sería preciso hacer un intrincado balance de costes cuyo resultado es incierto pues el coste de la vida en cada localidad es muy dispar y depende de las circunstancias personales de cada individuo.

Pero también tenemos costes no económicos: clima, paisaje, medio ambiente, deporte, ocio, cultura, etc. son todos factores que se disfrutan y forman parte del consumo psíquico. Aún admitiendo que la cesta de la compra fuera más cara en Canarias que en la península, mucha gente prefiere vivir en las islas porque, subjetivamente, los factores no económicos compensan la mayor carestía de la vida. Es un dato que Canarias está a 2.000 km. al sur de Madrid, pero ¿quién ha dicho que esto sea malo? ¿Y para quién es malo? ¿Y por qué motivo tantos visitantes se quedan de por vida en las islas? La respuesta es la siguiente: el valor es subjetivo.

Tenemos un tercer problema y es dónde fijar los límites para determinar cómo debe hacerse un trasvase forzoso de dinero entre las gentes de distintos territorios. Los políticos de las islas menores hacen una doble reclamación porque existe una doble insularidad: sus habitantes deben ser también indemnizados por los de Tenerife y Gran Canaria (por eso de «igualar» las oportunidades); y los alcaldes de los pueblos más alejados de la capital o los vecinos de los barrios exteriores hacen lo mismo. Todos afirman tener derechos basados en la lejanía a otros sitios de mayor tamaño y población. Y todos pugnan, como hienas, para ver quien se mama el mayor pedazo de carne de contribuyente.

En cuarto lugar, el argumento de la igualdad de oportunidades es la gran excusa para robar. La igualdad de oportunidades no existe, es un mito, un objetivo imposible; por ejemplo, un joven que vive en Aragón o Madrid tiene más oportunidades de esquiar que un canario o un gaditano, pero estos últimos tienen más oportunidades de hacer surf que los primeros. No hay forma humana de igualar el territorio donde se vive, ni la familia donde uno nace, ni la inteligencia o la belleza naturales ¿acaso los guapos deberían indemnizar a los feos porque los segundos tienen menos oportunidades que los primeros? La igualdad de oportunidades es una ilusión colectivista, un virus utilizado por ladrones y parásitos. Además, resulta curioso que, para reclamar derechos, sistemáticamente nos comparemos con quienes tienen más renta que nosotros ¿y por qué no compararnos con los griegos o marroquíes?

Malta

Si un isleño, de promedio, tiene menor renta que un peninsular no es por culpa de la geografía. Los gibraltareños, que viven en un peñasco de 6,8 km2, tienen una renta per cápita de 40.000$; Malta, cuya superficie (316 km2) está entre la Gomera y el Hierro, 35.000$; y Singapur, un Estado-archipiélago del tamaño de La Palma, 58.000$. Vivir en una isla no condena a nadie a la pobreza ni tampoco otorga, de forma automática, ningún derecho sobre nadie.

Además, la política asistencialista con las islas menores no las ayuda en absoluto, al contrario, convierte a sus habitantes en clientes de los políticos quienes venderán empleo público y subsidios a cambio de votos. Vivir mendigando es una trampa mortal que anula la dignidad del hombre y lo condena a un estado permanente de pobreza. Nadie —tampoco los canarios— tiene derecho a reclamar el dinero ajeno ni a parasitar de los demás. Lo único que necesitamos es que nos dejen vivir, producir y comerciar en libertad; necesitamos seguridad jurídica en lugar de arbitrariedades; necesitamos más respeto por la propiedad privada y menos impuestos confiscatorios (valga la redundancia); necesitamos adelgazar el obeso sector público y privatizar o eliminar todas las ruinosas empresas públicas, observatorios y demás antros de corrupción política; en definitiva, necesitamos fortalecer la sociedad civil, despolitizar la sociedad y entender, de una vez por todas, que el poder político constituye la auténtica amenaza a nuestro bienestar y desarrollo. 

Los derechos espurios (ponencia)