¿Es eficiente el crédito público?

Observo en Facebook que los políticos se dedican, sin rubor alguno, a ejercer de propagandistas. Cada cual, siempre en tono triunfante, muestra sus logros aportando datos y estadísticas de eficiencia. La finalidad de este autobombo es doble: la caza de votos (siempre están en campaña electoral) y la pretensión de justificar su onerosa existencia. Hoy pretendo mostrarles un ejemplo de la falacia de la inversión pública: el caso de Sodecan (Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias), que se presenta en su web de esta manera:

"Sodecan, es una empresa pública del Gobierno de Canarias que desde 1983 se implica activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Nos especializamos en cubrir fallos del mercado, nuestras líneas de financiación están diseñadas para diferentes tipologías de proyectos empresariales que lo tienen especialmente difícil para conseguir financiación privada".

Hayek

La primera falacia consiste en algo que el economista austriaco Friedrich von Hayek denominó "la fatal arrogancia". Por lo visto, los responsables de Sodecan tienen una inteligencia y perspicacia superiores a la de sus colegas del sector privado. Ahora resulta que los políticos y sus "empleados", que disparan con pólvora de rey, aciertan más que los miopes profesionales del sector financiero, que deben rendir cuentas ante sus accionistas. 

Como se puede observar en la gráfica inferior, Sodecan es una empresa pública deficitaria, estado natural del ruinoso sector público (valga la redundancia).   

Pero lo realmente escandaloso es que pretendan hacernos creer que su actividad tiene un impacto positivo en la sociedad y que su eficiencia está probada (ver debajo).

La gráfica nos indica que, en 2013 y 2014, Sodecan, con menos empleados, ha sido capaz de beneficiar a un mayor número de empresas y ha dado una mayor cantidad de crédito. Pero de aquí no se infiere éxito alguno, de hecho, el balance de explotación es negativo en ambos ejercicios (descontada la venta de inmuebles). Tal vez, lo más inadmisible es el concepto sui generis de "eficiencia". Lean esto:

"Nuestro principal indicador de EFICIENCIA es la financiación total que ponemos a disposición de empresas y emprendedores canarios dividido por los gastos de explotación de SODECAN. Dicho en otras palabras: cuantos euros inyectamos en la economía por cada euro que le costamos al contribuyente".

Fijémonos en la última fila, año 2014, el indicador de eficiencia es 5,96; es decir; el dinero prestado (5.215.965€) para financiar proyectos dividido por lo que cuesta mantener Sodecan (876.424€). En 2014 -afirma Sodecan- la empresa pública inyectó en la economía canaria casi seis veces más dinero del que costó al contribuyente su mantenimiento, un milagro como el de la multiplicación de los panes y los peces. Estos sedicentes economistas, por no llamarlos impostores, olvidan que el dinero "inyectado" en créditos fue previamente "desinyectado" del bolsillo del contribuyente. Es decir, todo el dinero en su conjunto procede de la confiscación y hablar de "eficiencia" es un puro sarcasmo. La única forma de saber si algo es rentable o no es la cuenta de resultados de una empresa con capital privado, todo lo demás son enjuagues propios de trileros. A continuación, voy a justificar por qué la actividad de Sodecan es, en términos netos, perjudicial para la sociedad:

1) El dinero prestado por Sodecan fue arrebatado previamente a sus legítimos dueños mediante impuestos y los políticos hurtan al ciudadano la posibilidad de elegir cómo invertir (o gastar) su propio dinero. Este "ahorro forzoso" es ilegítimo y supone una violación de la libertad y la propiedad.

2) Riesgo moral. Los créditos públicos soportan un exceso de riesgo porque el prestamista no arriesga su propio dinero, sino el dinero ajeno. Además, con mucha frecuencia, el préstamo no es otorgado con un criterio económico sino político o según la discrecionalidad del empleado de turno (recordemos el saqueo de las Cajas de Ahorro).

3) Irresponsabilidad. En caso de impago, las pérdidas las sufrirá el contribuyente sin que los responsables políticos paguen, con su patrimonio personal, sus errores en materia crediticia. 

4) Competencia desleal. El crédito público compite deslealmente con el privado perjudicando a los ahorradores e inversores privados. Este hecho expulsa del mercado a las empresas financieras marginales, creando desempleo.

5) Consumo de capital. Parte del ahorro disponible en la sociedad, que siempre es escaso, es mal invertido. El dinero, de no haber sido arrebatado con impuestos, hubiera sido dedicado, en el libre mercado, al consumo, ahorro o inversión de las familias y hubiera creado un desarrollo económico genuino.

Por último, ¿quién sale beneficiado de la existencia de una empresa pública? a) los políticos: cobran rentas al formar parte del Consejo de Administración, ocupan cargos permanentes bien remunerados, aumentan el número de puertas giratorias y colocan en la empresa a parientes, amigos, etc. b) los empleados: tienen una nómina y la facultad de otorgar créditos discrecionalmente; y c) los emprendedores y empresarios beneficiados por los créditos y avales, que nunca debieron darse. Por el bien de la sociedad, Sodecan, al igual que el resto de empresas públicas, debería ser cerrada o privatizada.

Ni jurar ni prometer

Cada vez que un político o funcionario toma de posesión de su cargo pronuncia la siguiente frase: «Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo... con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado». Yo creo que es preferible que los políticos ni juren ni prometan sus cargos para evitar ponerlos en un brete.

En primer lugar, es altamente improbable que el juramento o promesa tenga algún valor más allá de su función perlocutiva, es decir, el político sólo puede acceder formalmente al cargo si profiere esa fórmula exigida por ley (Real Decreto 707/1979). La otra función es protocolaria y social: el acto de toma de posesión es un rito iniciático de una élite gobernante.

En segundo lugar, es propio de ingenuos creer que una frase ritual como «juro o prometo» tiene alguna eficacia o que compromete de algún modo a quien la pronuncia. Da igual si se hace ante un crucifijo, poniendo la mano sobre la constitución o en presencia de la familia y otros jefes de superior rango. El juramento o promesa puede ser tan falso como el beso de Judas y, al contrario que un contrato, no obliga jurídicamente a quien lo profiere. Por el número de políticos corruptos, tampoco creo que jurar el cargo posea valor moral para quienes carecen de moralidad. La fórmula es un mero brindis al sol, una mentira más de las muchas necesarias para alcanzar el poder.

En tercer lugar, dudo que el político actual tenga algo que llamamos «recta conciencia», la suya es más flexible que el caucho y siempre está subordinada a sus dos únicos fines: imponer sus ideas coactivamente a los demás y vivir de los impuestos. Por ese motivo, un político con honor es una contradicción en los términos. Tal vez, en tiempos pasados, los aristócratas tenían como principios de actuación el honor, la verdad y la justicia, que eran cumplidos cabalmente aún a costa de su propia vida; en cambio, para el político moderno el honor es un concepto extraño.

Alberto Benegas Lynch (h)

La democracia no permite que los políticos expresen sus propios valores porque, si quieren seguir en el cargo, deben asumir los valores imperantes en la sociedad. Una persona con recta conciencia y honor tiene sus días contados en la política pues en esta infame profesión los valores morales no son guías que orientan la conducta sino más bien obstáculos en su camino. Como dice el profesor Alberto Benegas Lynch (h): «El político es un cazador de votos» y si quiere seguir en activo debe satisfacer, no sus valores, sino aquellos que poseen los votantes; y si estos le reclaman panen et circenses aquél se los dará y les persuadirá, con muy poco esfuerzo, que «pan y circo» constituyen derechos universales del hombre y una conquista social. El político, por imperativo de la democracia, no puede tener recta conciencia ni honor, se trata de una imposibilidad lógica. Por eso, creo yo, deberíamos renunciar a la impostura que supone la fórmula de toma de posesión de un cargo público.

Empresa, empleo y precariedad

Leo en Facebook este comentario de mi amigo y empresario Jaime Blanco y no me resisto a suscribirlo. El empresario nunca tiene asegurado su "empleo", su actividad, por definición, se desarrolla en un entorno competitivo donde reina la incertidumbre. Los que se quejan de que el empleo es precario parecen ignorar que la empresa es la organización precaria por excelencia. Ninguna empresa, ni siquiera las corporaciones, está a salvo de la quiebra. Por ejemplo, el desplome del barril de crudo de $115 a $30 en el último año y medio ha evaporado ya $250.000 millones del valor bursátil de las grandes petroleras europeas. Repsol, nuestra joya de la corona, ha perdido 50% de su valor en bolsa. El empleo indefinido es un mito.

Atlas

Si por precario entendemos que algo es poco estable, poco seguro o poco duradero, no hay nada más precario que la empresa. Sin embargo, todos exigen al empresario -el trabajador más precario de todos- que proporcione empleo estable, seguro y duradero, algo imposible a todas luces. La mayoría de la sociedad pretende que el empresario se comporte como Atlas, el joven titán de la mitología griega que fue condenado por Zeus a sostener la tierra bajo sus hombros.

El trabajo -afirma Mises- es un factor de producción escaso, pero si sobra capacidad laboral no es por culpa de los empresarios sino por factores institucionales. La mal llamada "protección" laboral es un regalo envenenado al empleado pues eleva el coste de su trabajo por encima de su productividad marginal. El empleado, aunque no lo sepa, deberá producir lo suficiente hasta pagar el último privilegio otorgado. Desde el punto de vista jurídico, la perversa legislación laboral -que debería ser erradicada- convierte al empresario en un presunto culpable y al empleado en un ser exento de responsabilidad legal. 

Como dice mi amigo Jaime, una empresa no es una ONG y cualquier empresario que no se comporte de forma económicamente implacable acabará siendo expulsado del mercado por los propios consumidores, que son seres aún más implacables. Quien afirma que la misión de la empresa es crear empleo es un mentiroso o un ignorante. El empleo no es un fin empresarial sino un medio; el trabajo es un factor de producción igual que lo son las materias primas, las máquinas o la electricidad. Solamente un estúpido afirmaría que la finalidad de su empresa es aumentar los costes. Mientras no se entienda que la empresa es un ente esencialmente precario; mientras políticos, sindicalistas y empleados exijan, como si el hombre fuera un inválido, que el empresario les proteja de los avatares de la vida, no habrá suficientes huéspedes para tanto parásito. Estos enemigos de la realidad reclaman para sí una seguridad que el libre mercado jamás puede ofrecer a nadie. Tampoco entienden las leyes inexorables de la economía y que toda servidumbre impuesta bajo coacción al empresario será trasladada al mercado en forma de desempleo involuntario o descontada al trabajador de alguna manera.

El Estado es Dios

Esto dice el Evangelio de Mateo, cap. 22: «Maestro, [...] ¿Es o no es lícito pagar tributo al César?. A lo cual Jesús, conociendo su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se paga el tributo. Y ellos le mostraron un denario. Y Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Respóndele: Del César. Entonces les replicó: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Muchos han visto en esta frase la legitimación cristiana de la confiscación. Sin embargo, que un rostro se acuñe en una moneda no significa que la moneda sea propiedad de la persona representada por la efigie. La moneda es propiedad de su legítimo dueño. La idea de que todo súbdito, por el mero hecho de serlo, tiene contraída una deuda con su gobernante es una creencia generalizada. Sólo una minoría -los objetores fiscales- cree lo contrario. El impuesto es una deuda espuria porque para que ésta sea legítima debe ser específica y haber sido contraída voluntariamente. La deuda pública también es inmoral, es una subasta anticipada del dinero que será violentamente confiscado a los ciudadanos.

«Dad a Dios lo que es de Dios» también es una creencia, pero la religión no obliga a aquellos que no participan de la fe. La religión predica la solidaridad, pero no la impone bajo la forma de impuesto. La Iglesia católica no obliga al ateo o al creyente en otro credo a cumplir sus preceptos y a admitir su moral heterónoma pero, paradójicamente, justifica la violencia que ejerce el Estado (2240): «La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país: Dad a cada cual lo que se le debe: a quien impuestos, impuestos; a quien tributo, tributo; a quien respeto, respeto; a quien honor, honor» (Rm 13, 7). A alguien se le permite no creer en Dios, pero nadie debe resistirse a creer en el Estado, el Dios de dioses. Los alemanes no-católicos están exentos de pagar el impuesto eclesiástico pero el que no cree en el Estado no merece el mismo trato. Lasalle dijo: «El Estado es Dios», pero muchos parecen asumir implícitamente que el Estado es un Dios superior.

Precio y valor

La mayoría de la gente emplea los términos precio y valor de forma indistinta. Es frecuente decir que el precio mide del valor de las cosas. Esto no es técnicamente correcto. Desde el punto de vista económico, valor es la utilidad que cada persona otorga subjetivamente a un determinado bien. El valor es una categoría abstracta y ordinal que no se puede medir en unidades. Tan solo podemos valorar —o preferir— una cosa más que otra. Pero si el valor no se puede medir ¿qué es el precio? Intentaré explicar que el precio no es una magnitud del valor sino una información relativa a un intercambio.

En un trueque identificamos dos precios. Si se intercambia una vaca por cuatro cabras, el precio de la vaca es 4 cabras y el precio de éstas es la vaca. Vaquero y cabrero son simultáneamente compradores y vendedores. El primero vende una vaca y compra 4 cabras, el segundo vende 4 cabras y compra una vaca.

Con la aparición del dinero esta dualidad se camufla. Si el vaquero vende una vaca frisona por 1.500€ parece que uno de los dos precios se ha evaporado. No es cierto. El que compra la vaca está vendiendo su dinero (1.500€) al precio de la vaca frisona. Esto puede verse más fácilmente en el intercambio de divisas: por ejemplo, el precio de comprar 1 libra esterlina es 1,4€ y el precio de comprar 1€ es 0,7 libras esterlinas. El precio de una cerveza es 1€ y el precio de 1€ es una cerveza o todo aquello susceptible de intercambiarse por ese dinero.

La frase «El precio es lo que se paga. El valor es lo que se obtiene», atribuida a Warren Buffett no es correcta. 1) El precio no se paga. El precio es una información (i.e. etiqueta). Lo que se paga son específicas cantidades de bienes económicos: dinero, productos, servicios, derechos, etc. Por ejemplo, el viajero paga al taxista con dinero y el taxista paga al viajero con transporte. 2) El valor no se obtiene porque se trata de un concepto. Lo que se obtiene también son específicas cantidades de bienes. Como es lógico, quienes participan en el intercambio valoran en sentido contrario lo que posee cada uno. Lo que pagamos vale (subjetivamente) menos que lo que obtenemos.

Si compramos una papaya de 3 kg. por 6€ es relativamente fácil pensar que la pieza de fruta «pesa» 3kg. y «vale» 6€. Este deslizamiento mental conduce al error de considerar el valor como una magnitud y el precio su unidad de medida. Para el cliente, la papaya vale más que los 6€ que entrega y, recíprocamente, para el frutero la papaya vale menos que los 6€ que recibe. Ninguno de los dos entrega «precio por valor», sino dos bienes económicos que son valorados de forma inversa. 

El precio es una cifra monetaria, una información comercial que el vendedor expone al público. En definitiva, mi definición de precio es: «Una información monetaria relativa a un intercambio». Ex ante, el comerciante declara: «Valoro menos mi producto (o servicio) que una cierta cantidad de dinero (precio)». Ex post, las preferencias valorativas (explícitas o implícitas) de los participantes quedan empíricamente reconocidas. 

Que existan muchos intercambios de un cierto bien a un mismo precio no convierte a éste en medida objetiva del valor, porque el valor no reside en el bien intercambiado sino en la mente de las personas que intercambian. El valor siempre es extrínseco (no intrínseco). También es incorrecto decir «valor» de tasación, en lugar de «precio» de tasación. La tasación es una estimación del precio de mercado de una vivienda, joya, obra de arte, etc. El tasador, basándose en datos estadísticos (operaciones ya efectuadas) y otros criterios (oferta y demanda) estima el precio de mercado actual.

Soberanía energética

Escucho con frecuencia en boca de políticos, periodistas e incluso de expertos la expresión "soberanía energética". Nacionalistas, ecologistas y populistas persiguen el objetivo de que Canarias sea un territorio que se autoabastezca con las energías renovables del sol, el viento o las mareas. Esta idea tiene un gran atractivo y cala fácilmente en la opinión pública. Yo creo que se trata de un grave error.
Empezaremos diciendo que no existe tal cosa como "soberanía energética". Soberanía es un concepto político que fue acuñado por el francés Jean Bodin, en 1576, en su ensayo: "Los Seis Libros de la República". Soberanía -afirma Bodin- "es el poder absoluto y perpetuo de una república". La soberanía, por tanto, se refiere a la ausencia de interferencia exterior sobre un gobierno en la toma de decisiones sobre las personas que habitan un territorio delimitado por fronteras. Podemos afirmar que el Estado español (o cualquier otro) es soberano para determinar su política energética. Ningún Estado tiene el derecho de imponer a otro sus leyes en materia energética, alimentaria o en cualquier otra materia.

Cuando se dice "soberanía energética" o "soberanía alimentaria" lo que realmente se significa es que determinado territorio sea autosuficiente para abastecerse de un determinado bien económico y no precisa de su importación. Esta autosuficiencia se denomina autarquía. Por ejemplo, Canarias no precisa importar plátano canario, tomate canario, papas bonitas ni agua de mar. También es un error pensar que por tener sol, viento, volcanes y mareas se puede ser autosuficiente en materia energética. ¿Acaso no hay que importar los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas y toda la tecnología necesaria para producir esas energías renovables? ¿Acaso tenemos el hierro y las minas de cobre para fabricar las redes de distribución eléctrica? ¿Acaso no hay que importar el conocimiento técnico? 

De la "soberanía alimentaria" solo decir que se trata de un solemne disparate. Tendríamos que volver a cultivar cereales y criar cochinos como antaño, todo para malvivir, pasar hambre y emigrar finalmente a un sitio donde no haya enemigos del comercio. Pregunten a sus abuelos cómo era la vida "bucólica y autosuficiente" de los años 40 en Canarias y verán que pronto despiertan del sueño ecologista. Si alguien piensa que la autarquía es deseable puede probar e irse a vivir una temporada con una tribu del Amazonas; allí se vive en perfecta autosuficiencia de todo, sin polución, sin capitalismo y sin tener que soportar el malvado comercio. La autarquía es la ruina, es el freno al progreso económico, al bienestar, a la calidad de vida y a la civilización. Ya lo decía David Ricardo cuando formuló su Ley de Asociación: es más rentable que cada cuál se dedique a producir aquello en lo que sobresale para luego intercambiar esos productos y servicios en el mercado. Cuanto más se especialice el trabajo, mucho mejor para todos. Por ese motivo, porque era más ventajoso para la vida, los campesinos canarios cambiaron la guataca por la bandeja y el sacacorchos, dejaron la yunta de bueyes y se emplearon en un hotel y así hasta alcanzar el nivel vida que disfrutan hoy. Solamente los necios, los enemigos de la realidad y los cegados por el nacionalismo pueden preferir la tribu a la civilización.

Contra el impuesto progresivo

Hoy voy a escribir en contra del impuesto progresivo e intentaré señalar por qué es perjudicial para la sociedad en su conjunto. Comenzaré afirmando sin ambages que todo impuesto, del tipo que sea y por pequeño que sea, constituye un robo de la propiedad privada. Toda exacción es una agresión institucional al individuo basada en un supuesto derecho de cobro por los servicios públicos que presta el gobierno. La legitimidad del impuesto se sustenta en un frágil e imaginario «contrato social» que todavía nadie ha visto ni firmado. 

El impuesto sobre la renta se remonta a 1799 (William Pitt «El Jóven», Inglaterra) y se popularizó a partir del nacimiento del Estado social, a finales del siglo XIX. En menos de 20 años, doce países (Japón 1887, Alemania 1891, Nueva Zelanda 1891, Canadá 1892, Holanda 1892, Italia 1894, Austria 1896, Suecia 1897, Dinamarca 1903, Noruega 1905, Francia en 1909 y EEUU 1914) introdujeron este impuesto, aunque el tipo marginal nunca superó el 10% (excepto Italia, que era 20%). El aumento de la confiscación se debió, principalmente, a las necesidades de los gobiernos para financiar las guerras y el sostenimiento del Estado social. 

El impuesto más simple y menos lesivo es el de capitación: todos los individuos señalados por el gobierno pagan una misma cantidad, al margen de su renta. Un segundo tipo es el impuesto proporcional que grava la renta con un tipo marginal único; es el llamado flat tax. Esto no significa que todos paguen lo mismo pues el 10% de 1.000€ no es la misma cantidad que el 10% de 10.000€. Aunque existe una fiscalidad «plana» todos los contribuyentes pagan cantidades distintas. Este sistema, admitido generalmente en la sociedad como justo, obedece al principio fiscal de «capacidad de pago», en línea con la infame regla marxista que reza: «De cada cuál según su capacidad». Nadie en el libre mercado aplica esta regla. Sólo en contadas ocasiones, los proveedores cobran una tarifa superior a quienes tienen mayor renta y si estos no están conformes se van a la competencia. Nadie sensato admitiría que a la salida del supermercado o del bar le pidieran su nivel de renta para aplicar un cobro «progresivo». Es curioso cómo en la mente humana pueden cohabitar amigablemente dos formas distintas de entender la justicia.

En el impuesto progresivo, la tasa progresa conforme lo hace el objeto imponible (renta). Por ejemplo, el que gana 1.000€ paga 10%, el que gana 2.000€ paga 20% y así sucesivamente hasta fundir los plomos a los que más ganan, tal y como sugerían Marx y Engels en el decálogo de medidas del Manifiesto Comunista, en 1848.

Hecha esta breve introducción, describiré los daños que ocasiona el impuesto progresivo a la sociedad. Primero, se trata de un impuesto antisocial pues la escala de gravamen actúa como una escalera donde cada peldaño es un obstáculo para el progreso de los más aptos y el descenso de los menos aptos. Recordemos que, en el libre mercado, el éxito económico lo obtienen aquellos que mejor han servido los intereses de los consumidores. Si la renta de un cirujano es 10 veces la renta de un enfermero es porque el primero rinde a los consumidores servicios de mayor valor que el segundo. Penalizar al más productivo, que es quien mejor sirve los intereses de la sociedad, es una medida claramente antisocial pues se opone a los deseos del público, expresados en el plebiscito diario del mercado y conducido por el sistema de precios. 

Alberto Benegas Lynch (h)

En segundo lugar, el impuesto progresivo (al contrario que el impuesto proporcional) altera las posiciones patrimoniales relativas de las personas y esto provoca una mala asignación de los factores productivos, que son siempre escasos. Si el cirujano tiene menos dinero (porque el gobierno se lo quita) la inversión en equipamiento (bienes de capital) para su consultorio será menor. Pero como los salarios dependen de la cantidad de capital disponible, el salario del enfermero también será menor de lo que hubiera sido en otro caso. En términos agregados y netos, el beneficio procedente de la redistribución que efectúa el gobierno siempre será menor que el beneficio derivado del aumento de salarios reales en una economía altamente capitalizada porque en el primer caso es preciso alimentar una burocracia improductiva (valga la redundancia). Por este motivo, como afirma el profesor Alberto Benegas Lynch (h), el impuesto progresivo, cual boomerang, actúa de forma «regresiva» perjudicando a todos los asalariados y especialmente a aquellos con menor renta.

Gérard Depardieu

En tercer lugar, el impuesto progresivo actúa como un freno a la producción, al trabajo y al esfuerzo. Aquellos trabajadores marginales, cuyas rentas se sitúan próximas al siguiente tramo en la escala de gravamen, procurarán no aumentar su esfuerzo para evitar el siguiente rejonazo fiscal. Evitarán pasar de un tipo marginal inferior a otro superior porque este hecho merma la productividad marginal del trabajo y hace, relativamente, más valioso el tiempo libre. De modo inverso, aquellos trabajadores marginales cuyas rentas se sitúan en la parte baja de un tramo superior procurarán reducir su esfuerzo para desplazarse al tramo inferior de la escala de gravamen. Otras personas con rentas altas -deportistas de élite, artistas, directivos- trasladan su residencia a países menos hostiles (fiscalmente) como hizo el actor Gérard Depardieu, en 2012, cuando François Hollande anunció un tipo marginal «solidario» de 75% para las rentas superiores al millón de euros. Por último, están los que optan por la contraeconomía. Todos ellos, ricos y pobres, actuarán de forma racional para defenderse de la depredación fiscal.