Sobre el control de precios

La foto que ven arriba no es de Cuba o Venezuela, la hice antes de ayer en el Agromercado de Breña Alta (La Palma, Islas Canarias). Aprovechando este hecho insólito, hablaremos hoy del control de precios. En este caso, la autoridad municipal fija, cada semana, unos precios mínimos y máximos de venta de los productos agrícolas. Son los propios productores quienes venden directamente al público su género sin que exista un intermediario comercial. La finalidad del control de precios, según reza la propia web del Agromercado es: «garantizar los precios más justos para consumidores y productores».

Supuestamente —dicen los valedores del control de precios— esta medida limita la «feroz» competencia y ello beneficia a vendedores y compradores; también mejora la economía de los campesinos y artesanos locales, amén de otros beneficios relacionados con el «ecologismo» y la «sostenibilidad». Intentaré justificar que, lejos de alcanzar sus objetivos, el control de precios perjudica a cuantos participan en un intercambio.

Lo primero que debemos aclarar es que conceptos como «comercio justo», beneficio «razonable» (o «excesivo»), «soberanía», «consumo responsable», «economía humanista» (Sampedro) y otras expresiones retóricas similares tienen su origen en sentimientos, deseos y prejuicios ideológicos que son completamente ajenos a la ciencia económica.

En segundo lugar, existe un intermediario institucional —el ayuntamiento de Breña Alta— que paga los costes de mantenimiento de las instalaciones del mercadillo con cargo a su presupuesto. Los políticos otorgan un privilegio a una treintena de productores a expensas del resto de vecinos.

Ahora hagamos un análisis económico del control de precios. Si la franja autorizada es muy amplia, es decir, si el precio mínimo es muy bajo y el precio máximo es muy alto, la medida no afectará al mercado. Pero si la horquilla de precios se va estrechando aparecen problemas. Por ejemplo, los productos perecederos se deterioran rápidamente y es posible que el precio de mercado de alguno se sitúe por debajo de su precio mínimo de venta. En tal caso, el vendedor no podrá colocar ese género y sólo le queda aceptar la pérdida, intentar venderlo en otro mercado o utilizarlo como materia prima para elaborar otros productos (mermelada, repostería) no sometidos al control de precios. El precio mínimo inflige pérdidas al vendedor en forma de mermas y pérdidas al comprador en forma de una oportunidad de ahorro desperdiciada. 

En relación al precio máximo. Los productos que ofrecen los vendedores no son homogéneos, por ejemplo, las cebollas y calabacines de cada puesto tienen diferentes calibres y calidades; por otro lado, algunos productos son más escasos de otros. Esto hará que el precio de mercado de ciertos productos se sitúe por encima de su precio máximo. Si el vendedor no hace nada, los primeros consumidores agotarán las existencias rápidamente y el mayor beneficio de estos habrá sido a expensas del primero. Pero el vendedor no es tonto y procurará sustraer aquellos productos de alto valor para venderlos a mayor precio en otro sitio. El precio máximo, por tanto, impide al vendedor obtener mayores beneficios y a los consumidores tener acceso a productos de mayor calidad. Los dos salen perdiendo.

Parque de Los Alamos, Breña Alta, La Palma

En ambos supuestos, el vendedor intenta colocar parte de su producción en otro mercado, pero si el control de precios es general, intentará venderlo al margen de la ley en el mercado negro. Éste es consecuencia directa de una prohibición o regulación gubernamental del comercio. Los consumidores, por otra parte, salen perjudicados al no poder comprar a precios con mayores descuentos. 

Este razonamiento económico es aplicable a cualquier control de precios y en cualquier mercado, da igual que analicemos frutas y verduras, alquileres de inmuebles o leyes de salario mínimo. El perjuicio a ambas partes del intercambio siempre está presente y en unos casos será más visible que en otros. Ningún control de precios puede mejorar la economía y es una desgracia que los políticos de Breña Alta todavía lo ignoren.

El daño que hace el control de precios en el Agromercado de Breña Alta es mínimo, al fin y al cabo, estamos ante un diminuto mercadillo donde unos pocos lugareños coloca su producción doméstica. Este tipo de mercadillos municipales «regulados», en general, no mejoran la economía local pero sirven para que los políticos capturen un centenar de votos entre unas cuantas familias: agricultores, ganaderos, reposteros, artesanos y otros que se cobijan bajo el paraguas dadivoso del ayuntamiento. 

El Agromercado de Breña Alta es un espacio para el encuentro entre productores y consumidores ocupados en mejorar nuestra alimentación y nuestra salud, potenciando la soberanía alimentaria y el consumo responsable.

Lo relevante de esta nefasta práctica, a mi juicio, es su simbolismo. El marxismo, desgraciadamente, no ha muerto; se ha mimetizado en forma de bioideologías, como el ecologismo, y es aquí donde despliega sus plan de acción colectivista. Las ideas en contra del libre comercio gozan de buena salud. A pesar de que todos entendemos y disfrutamos las ventajas materiales del capitalismo y del libre mercado, sus principios éticos siguen sin ser entendidos. Muchos no comprenden que toda transacción libre y consentida siempre es justa pues ambas partes salen ganando. Y como el valor es subjetivo e inconmensurable no hay forma de saber cuál de las dos partes ha ganado más en el intercambio. En definitiva, el control de precios no tiene justificación alguna, ni económica, ni ética y sólo perjudica a quienes participan en el mercado.  

Brexit e inflación

El titular de este artículo es algo alarmista y por ello intentaré hoy explicar qué es la inflación y cómo se produce. En primer lugar, la inflación no es un caballo y, por tanto, no se «desboca». Más bien, son los políticos quienes se «desbocan» y se enloquecen imprimiendo billetes hasta destruir la moneda. La inflación no es un fenómeno misterioso e incontrolable, obedece a causas muy bien conocidas. La inflación es el aumento de la cantidad de dinero en circulación y se produce de dos formas: a) La primera es muy clara, el Banco Central tiene una máquina para imprimir billetes, este dinero pasa a manos del gobierno que lo gasta de diferentes formas (servicios públicos, armamento, obras públicas, etc.). b) La segunda forma, más confusa, es provocada por la banca comercial. Funciona así: Los bancos cogen el dinero depositado a la vista (cuentas corrientes) de sus clientes y lo prestan a otros clientes, esto se llama Banca con Reserva Fraccionaria. En España, el coeficiente de reserva es 2%, es decir, el gobierno permite a los bancos que presten hasta el 98% del dinero depositado a la vista. De igual forma que el Banco Central imprime billetes (expansión monetaria), los bancos comerciales imprimen cheques y pagarés que se intercambian «como» si fuera dinero (expansión crediticia). Ambos fenómenos son equivalentes y provocan inflación: el aumento de la cantidad de dinero en circulación. 

El encarecimiento de la cesta de la compra, en realidad, es tan sólo el efecto de la auténtica inflación y ninguna otra cosa puede causarla. Por ejemplo, la subida del precio del petróleo no puede causar un aumento generalizado de los precios. Cuando el precio de un producto sube, el precio de otro producto baja. Supongamos que cada mes usted gana 1.500€ y gasta 100€ en gasolina, si el precio de ésta sube 50% y usted recorre los mismos km., si quiere llegar a fin de mes, deberá dejar de consumir 50€ en otros productos; esta menor demanda provoca la caída de los precios de estos últimos y el nivel general queda inalterado. Si la cantidad de dinero en circulación no aumenta, no hay inflación posible pues el sistema de precios funciona como un circuito de vasos comunicantes. La caída de la libra, por tanto, no puede hacer que todos los precios aumenten:

«La fuerte caída de la libra, de alrededor del 18% desde que se votó a favor del Brexit, está provocando que se encarezcan las importaciones, por lo que a muchos productores están subiendo los precios para mantener su negocio»

Si debido a la nueva coyuntura los productores pudieran subir los precios, sin más, sin que los consumidores reaccionen dejando de comprar ¿por qué no lo hicieron antes? Todo empresario siempre procura vender al mayor precio posible que le permite el mercado. De igual modo, algunos políticos también creen que una subida de impuestos puede repercutirse automáticamente al consumidor de tal forma que la medida sea neutra para el productor. Ambas ideas son falsas. La formación de precios funciona en sentido inverso a como la mayoría de la gente piensa. Como dice Miguel Anxo Bastos: «la economía es contraintuitiva». Es el consumidor final quien fija el precio que está dispuesto a pagar y, a partir de aquí, se forman los precios de los factores de producción (materias primas, salarios, maquinaria) de forma regresiva. Si sube el precio del pan, cuya demanda es poco elástica, deberá bajar el precio del perfume, cuya demanda es elástica. Los consumidores no dejan de comer pan pero gastan menos en colonia o zapatos. Si las importaciones se encarecen, las exportaciones se abaratan. El resultado neto es cero. Recuerden, la única forma de que exista una subida generalizada de precios es mediante la expansión monetaria (Banco Central) y la expansión crediticia (Banca con Reserva Fraccionaria).

Turismo y empleo en Canarias

Hotel Palacio de Isora 

Existe en Canarias una crítica generalizada a los hoteleros porque, supuestamente, no contratan suficiente personal  y entregan a los turistas un servicio deficiente. Estos ataques provienen de políticos, sindicatos y periodistas, siendo aceptados por gran parte de la población. El presidente de ASHOTEL, Jorge Marichal, es preguntado día sí y día también lo siguiente: ¿Cómo es posible que si aumenta el número de turistas en Canarias no aumente en igual proporción el empleo en el sector? Algunos intervencionistas ya han advertido que es preciso fijar, «por ley» —es decir, por cojones— plantillas mínimas para mantener la calidad del destino turístico y evitar que los empresarios obtengan una ganancia "excesiva". Por desgracia, el marxismo sigue gozando de buena salud en este archipiélago hostil al libre mercado. Un ejemplo de esta infame campaña lo aprecio al escuchar Inter Radio Tenerife, donde se critica al Hotel Gran Meliá Palacio de Isora por ofrecer a sus clientes no hacer las habitaciones (máximo 3 días seguidos) a cambio de un bono de 20€/día para ser consumido dentro del establecimiento. Llamo a este hotel para informarme del asunto y la telefonista me dice que, efectivamente, la "Green Choice" lleva funcionando varios años con gran acogida por parte de los clientes. Pero el periodista "Lito" y su contertulio prefieren la limpieza de las habitaciones a diario y que toallas y sábanas se laven sin necesidad para poder contratar más personal. ¡Hay que joderse, cuánto daño puede hacer un par de ignorantes con un micrófono! La solución, creo yo, frente a tanta demagogia, es evitar caer en contradicciones y aceptar la verdad sin tapujos. Los empresarios deben defenderse con valentía y reconocer públicamente lo que piensan en privado. Yo les propongo usar estos argumentos:

1. La misión de la empresa no es crear empleo sino ganar dinero satisfaciendo cumplidamente las necesidades de los consumidores. El empleo no es un fin empresarial, es un medio. Para el empleado el trabajo tampoco es un fin sino un medio para ganar dinero y atender otros fines. 

2. La productividad aumenta con una mayor cantidad de capital invertido. Si una máquina es más rentable que un empleado todo empresario juicioso se hará con la primera y despedirá al segundo. Cuanto más se empeñen gobierno y sindicatos en elevar coactivamente el precio del factor trabajo (las mal llamadas "conquistas sociales") por encima del precio que fije el libre mercado, mayores incentivos tiene el empresario para sustituir mano de obra por máquinas. Esto es conocido como "efecto Ricardo", en alusión al economista británico David Ricardo (1772-1823).

3. Mantener los estándares de calidad que se entregan al cliente empleando menos personal es tan bueno como hacerlo gastando menos agua, electricidad u otro gasto de funcionamiento. El buen empresario debe reducir, tanto como sea posible, todos sus costes, y los salarios es el epígrafe más importante. Esta reducción debe ser compatible con el buen funcionamiento del negocio a medio y largo plazo. La oferta Green Choice de Hoteles Meliá es un ejemplo de innovación turística donde la empresa ahorra personal, agua, jabón, electricidad, etc. y transfiere parte de ese ahorro a los clientes en forma de bono económico. Las dos partes salen ganando. Además, el cliente es libre de aceptar o no la oferta del hotel.

En definitiva, no existe una relación directamente proporcional entre el aumento de visitantes y el aumento del empleo en un destino. Afirmar que si el turismo crece X%, el empleo debería crecer X% es reducir la ciencia económica a una simple regla de tres. Los econometristas suelen hacer este tipo de proyecciones y créanme, fallan más que una escopeta de feria. El método es incorrecto. La cuestión es que se puede (y se debe) trabajar con la plantilla más ajustada posible y esto, lejos de ser censurable, es lo correcto. La plantilla óptima de cada hotel es un dato que no está disponible en el mundo, es vano buscarlo mediante fórmulas y más perverso aún tratar de imponerlo mediante la violencia legislativa (valga la redundancia). Dimensionar la plantilla es un proceso de descubrimiento propio de la función empresarial y que únicamente compete a la Propiedad. La cuenta de resultados le dice posteriormente si acertó o se equivocó. Cualquier intento de forzar al hotelero para que contrate más personal y así reducir la tasa de paro en las islas no sólo es una fechoría sino que además es una medida destinada al fracaso. El empresario no es un animal de sacrificio, ni contrata empleados para reducir la tasa de paro, contrata la mano de obra necesaria para producir y ganar dinero; de igual modo, los empleados tampoco trabajan para mantener a sus empresas, lo hacen por interés propio. Así que políticos, sindicalistas, periodistas y tertulianos: ustedes que nunca han dirigido un hotel, que en economía están limpios como escoplos y que no saben de lo que hablan, dedíquense mejor a buscar otro chivo expiatorio. Lean primero a Mises (La Acción Humana) y luego a Rothbard (Poder y Mercado) y si llegaran a entender el texto, cosa que es posible con esfuerzo, tal vez empiecen a dirigir sus críticas hacia los verdaderos responsables de la elevada tasa de paro. Ahí lo dejo.

El estancamiento económico de La Palma: análisis y prospectiva

Playa de Nogales - La Palma

Desde hace 32 años visito frecuentemente la isla de La Palma, lugar único en el mundo por su belleza natural y clima. En el transcurso de tres décadas, sin embargo, he podido constatar su estancamiento económico y demográfico. Sería muy complejo hacer una análisis detallado y riguroso de las causas de esta situación, por ello, aquí sólo pretendo apuntar algunas intuiciones personales. El principal problema de La Palma, creo yo, es que el sector público ha ido colonizando todos los ámbitos económicos que en una sociedad libre corresponden al sector privado. 

La intervención económica, la regulación obsesiva de los políticos (autonómicos, insulares y locales) y los altos impuestos han convertido a La Palma en un territorio hostil a la inversión empresarial (y no existe tal cosa como «inversión pública»). En 2001, el gordo de la lotería de Navidad repartió 15.000 millones de pesetas (90,1 millones €) en Santa Cruz de La Palma (censo 17.000). ¿Y qué hicieron los agraciados? la mayoría asignó una parte del dinero al consumo (casa, coche, viaje) y guardó la otra parte en el banco, en forma de ahorro (depósitos) o inversión (fondos, acciones, bonos). Esta decisión no sólo es respetable: cada uno es soberano para emplear su dinero como quiera; además, es una decisión impecable desde el punto de vista económico: solamente los héroes o los idiotas (según se mire) se complican la vida montando un negocio y contratando empleados. En La Palma la expresión «que invierta su puta madre» adquiere su máximo sentido.

Plaga "rabo de gato"

La Palma tiene una excesiva dependencia del sector público, ya sea directamente con organismos y personal (políticos y funcionarios) públicos o indirectamente con la agricultura del plátano subsidiada con fondos europeos. Los políticos han conseguido que nadie haga nada, salvo ellos, que lo hacen todo y lo controlan todo; siempre en aras de ese misterioso e indefinido «interés general». Toda actividad económica es pública o está controlada políticamente mediante regulaciones y subvenciones. El teatro es público y el cine está licenciado, todos los centros de visitantes turísticos son públicos, las escuelas de música, folclore y artesanía son públicas, la empresa de guaguas recibe ayudas públicas, las pistas de pádel y los cursos de natación (complejo deportivo de Miraflores) son públicos y hasta los artesanos necesitan un carné del omnipresente Cabildo. Nada en la isla bonita escapa al «Ojo de Sauron», una Administración Pública omnipotente que somete a la población con una doble fórmula: premios para los amigos y castigo para los que osen ir por libre. Ningún empresario puede asomar el hocico sin el visto bueno de la autoridad y nadie puede competir con este formidable rival, que como «rabo de gato», todo lo invade.  

El origen del problema reside en las ideas seculares que demonizan el capitalismo, el comercio y la economía laissez-faire. Estas ideas persisten en el cancionero popular cuando se culpa al malvado intermediario de la pobreza del campesino platanero. Mientras la gente siga pensando que los políticos dinamizan (y no dinamitan) la economía, estamos jodidos. Mientras los vecinos acudan al alcalde para pedir un puestito de trabajo, estamos condenados a la servidumbre de un nuevo señor feudal que cambia cada 4 años. Mientras los políticos sigan jugando a ser empresarios -con pólvora de rey- y sigan ahogando al sector privado, no hay nada que hacer. Y mientras los individuos no crean que son los únicos responsables de sus vidas, no hay arreglo posible. Tanto el problema como la solución residen en el campo ideológico. Lo malo es que las ideas que imperan en la sociedad son moldeadas por los políticos mediante la educación estatal y los medios públicos de comunicación de masas, entre otros. Si el sector público fagocita al privado es porque la gente prefiere el estatismo a la libertad, el favor al mérito y el robo al respeto de la propiedad privada. Hasta que la gente no comprenda que solamente el sector privado genera riqueza y el que sector público es un lastre, un parásito que hay que erradicar, no hay nada que hacer. En este sentido, soy pesimista, al menos a corto plazo.

¿Cuál es el futuro económico de La Palma? El día que las ayudas al plátano desaparezcan La Palma sufrirá una nueva crisis económica seguida de otra emigración masiva. En la isla ya no quedará nadie a quien administrar, regular y dar un carné. Sólo quedarán políticos, funcionarios, pensionistas, limpiadoras, cuidadores de ancianos, peluqueras, algunos dueños de comercios y bares, taxistas y un sector turístico famélico. Solamente podrán sobrevivir en La Palma aquellos trabajadores independientes (freelance) cuya actividad pueda eludir el asfixiante control gubernamental. Para ello, será esencial eliminar todo coste fijo como oficinas, locales o empleados. Podrá «escapar» todo aquél que trabaje desde su casa o haga servicios a domicilio. Aprecio un futuro en el alquiler vacacional de habitaciones y casas rurales siempre y cuando se actúe con discreción para evitar la depredación fiscal (valga la redundancia). Sólo quienes abracen la economía sumergida y quienes puedan soslayar a los saqueadores podrán vivir, aunque no sea holgadamente.  

El dinero ocioso

Esta mañana fui a la peluquería y, como es habitual, tuve una grata conversación con mi peluquero de cabecera (nunca mejor dicho). Afirmaba el hombre que la economía iría mejor si el dinero no estuviera «parado», lo bueno -añadió- es que el dinero circule y no esté «ocioso». Cuando me disponía a pagarle le espeto: «bueno, ahora supongo que saldrás inmediatamente a la calle a fundirte estos 14€ y así mejorar la economía».

Bromas aparte, la realidad es que mucha gente piensa como mi amigo el peluquero. Empecemos diciendo que la metáfora dinero «ocioso» no es muy acertada. El ocio es algo fabuloso que todos perseguimos y es muy necesario para el hombre alternar los periodos de actividad y descanso. Sin embargo, el dinero nunca «descansa» porque cuando está «parado» cumple diversas funciones muy importantes. 

En primer lugar, el dinero es una reserva de riqueza que nos proporciona liquidez y seguridad. También la rueda de repuesto de nuestro coche está "ociosa" y a nadie se le ocurriría "ponerla a trabajar". Créanme, se duerme muy bien sobre un buen colchón económico. 

En segundo lugar, el dinero ocioso está a la espera de ser invertido juiciosamente. Y es preferible tener el dinero debajo del colchón, al 0% de interés, que tenerlo en el banco al 0,1% de interés. Sobre todo, porque algunos sabemos que el 98% del dinero depositado a la vista es invertido por los bancos sin nuestro consentimiento, un fraude legalizado que se llama Reserva Fraccionaria.

Jesús Huerta de Soto

En tercer lugar, cuando los consumidores aumentan sus saldos en efectivo, algo demonizado como «acaparamiento», envían unas señales importantes a los políticos: no veo muy claro mi futuro; hay demasiadas trabas burocráticas; falta seguridad jurídica; los impuestos son muy altos, etc. En definitiva, si los saqueadores de todos los partidos no nos dejan vivir es lógico que alguien, como el profesor Huerta de Soto, afirme: «Que invierta su puta madre».

Los economistas keynesianos, cual druidas, creían en la magia circulatoria del dinero y pensaban que era el consumo (y no la producción) la solución a todo problema. Los ahorradores eran los culpables porque no gastaban lo suficiente y era preciso castigarlos con bajos tipos de interés e inflación. Todos estos mitos y falacias ya han sido refutados por los economistas Austriacos.

La gente hace muy bien (mientras la inflación sea moderada) en guardar su dinero debajo del colchón esperando tiempos mejores. Esto ha ocasionado, por ejemplo, un ajuste del precio de la vivienda de 50% en siete años. No está mal. El dinero «ocioso» ha podido desinflar la burbuja inmobiliaria. Mala noticia para algunos, pero excelente noticia para los actuales compradores de vivienda.

Tenemos muy reciente el castigo por haber invertido al tuntún, por haber avalado a nuestros hijos sin pensar en las consecuencias, por haber gastado más de la cuenta y por haber despreciado el ahorro. La realidad nos obliga a recoger velas, reducir el consumo y amortizar deudas. La buena noticia es que a medida que aumenta la cantidad de dinero «ocioso» se produce una bajada generalizada de los precios y podemos comprar más bienes con el mismo dinero. 

El coste de la insularidad

Es una idea muy extendida entre los canarios que el hecho de vivir en un archipiélago supone un perjuicio económico. La mayor carestía de la cesta de la compra o los frecuentes viajes en avión que deben realizar los residentes, entre otros factores, se utiliza para reclamar derechos. Los políticos canarios afirman que los residentes deben ser compensados económicamente (se supone que por el resto de españoles y europeos). La igualdad de oportunidades -afirman estos populistas- exige sufragar el coste de la insularidad. Trataré de refutar estos argumentos.

En primer lugar, hablemos de costes económicos. En Canarias, los productos que llegan a las islas se encarecen por el precio del transporte pero el coste de la aduana, el DUE o el monopolio abusivo de Binter es cosa de nuestros amados políticos. Las islas afortunadas tienen el mejor clima del mundo y los canarios no gastan en calefacción, ni en ropa de abrigo y, tal vez, necesitan ingerir una menor cantidad de calorías que los habitantes de Burgos o Teruel; además, en los sitios pequeños se gasta menos en el transporte o la vivienda. Para afirmar que vivir en Canarias es más caro que vivir en la península sería preciso hacer un intrincado balance de costes cuyo resultado es incierto pues el coste de la vida en cada localidad es muy dispar y depende de las circunstancias personales de cada individuo.

Pero también tenemos costes no económicos: clima, paisaje, medio ambiente, deporte, ocio, cultura, etc. son todos factores que se disfrutan y forman parte del consumo psíquico. Aún admitiendo que la cesta de la compra fuera más cara en Canarias que en la península, mucha gente prefiere vivir en las islas porque, subjetivamente, los factores no económicos compensan la mayor carestía de la vida. Es un dato que Canarias está a 2.000 km. al sur de Madrid, pero ¿quién ha dicho que esto sea malo? ¿Y para quién es malo? ¿Y por qué motivo tantos visitantes se quedan de por vida en las islas? La respuesta es la siguiente: el valor es subjetivo.

Tenemos un tercer problema y es dónde fijar los límites para determinar cómo debe hacerse un trasvase forzoso de dinero entre las gentes de distintos territorios. Los políticos de las islas menores hacen una doble reclamación porque existe una doble insularidad: sus habitantes deben ser también indemnizados por los de Tenerife y Gran Canaria (por eso de «igualar» las oportunidades); y los alcaldes de los pueblos más alejados de la capital o los vecinos de los barrios exteriores hacen lo mismo. Todos afirman tener derechos basados en la lejanía a otros sitios de mayor tamaño y población. Y todos pugnan, como hienas, para ver quien se mama el mayor pedazo de carne de contribuyente.

En cuarto lugar, el argumento de la igualdad de oportunidades es la gran excusa para robar. La igualdad de oportunidades no existe, es un mito, un objetivo imposible; por ejemplo, un joven que vive en Aragón o Madrid tiene más oportunidades de esquiar que un canario o un gaditano, pero estos últimos tienen más oportunidades de hacer surf que los primeros. No hay forma humana de igualar el territorio donde se vive, ni la familia donde uno nace, ni la inteligencia o la belleza naturales ¿acaso los guapos deberían indemnizar a los feos porque los segundos tienen menos oportunidades que los primeros? La igualdad de oportunidades es una ilusión colectivista, un virus utilizado por ladrones y parásitos. Además, resulta curioso que, para reclamar derechos, sistemáticamente nos comparemos con quienes tienen más renta que nosotros ¿y por qué no compararnos con los griegos o marroquíes?

Malta

Si un isleño, de promedio, tiene menor renta que un peninsular no es por culpa de la geografía. Los gibraltareños, que viven en un peñasco de 6,8 km2, tienen una renta per cápita de 40.000$; Malta, cuya superficie (316 km2) está entre la Gomera y el Hierro, 35.000$; y Singapur, un Estado-archipiélago del tamaño de La Palma, 58.000$. Vivir en una isla no condena a nadie a la pobreza ni tampoco otorga, de forma automática, ningún derecho sobre nadie.

Además, la política asistencialista con las islas menores no las ayuda en absoluto, al contrario, convierte a sus habitantes en clientes de los políticos quienes venderán empleo público y subsidios a cambio de votos. Vivir mendigando es una trampa mortal que anula la dignidad del hombre y lo condena a un estado permanente de pobreza. Nadie —tampoco los canarios— tiene derecho a reclamar el dinero ajeno ni a parasitar de los demás. Lo único que necesitamos es que nos dejen vivir, producir y comerciar en libertad; necesitamos seguridad jurídica en lugar de arbitrariedades; necesitamos más respeto por la propiedad privada y menos impuestos confiscatorios (valga la redundancia); necesitamos adelgazar el obeso sector público y privatizar o eliminar todas las ruinosas empresas públicas, observatorios y demás antros de corrupción política; en definitiva, necesitamos fortalecer la sociedad civil, despolitizar la sociedad y entender, de una vez por todas, que el poder político constituye la auténtica amenaza a nuestro bienestar y desarrollo. 

¿Es eficiente el crédito público?

Observo en Facebook que los políticos se dedican, sin rubor alguno, a ejercer de propagandistas. Cada cual, siempre en tono triunfante, muestra sus logros aportando datos y estadísticas de eficiencia. La finalidad de este autobombo es doble: la caza de votos (siempre están en campaña electoral) y la pretensión de justificar su onerosa existencia. Hoy pretendo mostrarles un ejemplo de la falacia de la inversión pública: el caso de Sodecan (Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias), que se presenta en su web de esta manera:

"Sodecan, es una empresa pública del Gobierno de Canarias que desde 1983 se implica activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Nos especializamos en cubrir fallos del mercado, nuestras líneas de financiación están diseñadas para diferentes tipologías de proyectos empresariales que lo tienen especialmente difícil para conseguir financiación privada".

Hayek

La primera falacia consiste en algo que el economista austriaco Friedrich von Hayek denominó "la fatal arrogancia". Por lo visto, los responsables de Sodecan tienen una inteligencia y perspicacia superiores a la de sus colegas del sector privado. Ahora resulta que los políticos y sus "empleados", que disparan con pólvora de rey, aciertan más que los miopes profesionales del sector financiero, que deben rendir cuentas ante sus accionistas. 

Como se puede observar en la gráfica inferior, Sodecan es una empresa pública deficitaria, estado natural del ruinoso sector público (valga la redundancia).   

Pero lo realmente escandaloso es que pretendan hacernos creer que su actividad tiene un impacto positivo en la sociedad y que su eficiencia está probada (ver debajo).

La gráfica nos indica que, en 2013 y 2014, Sodecan, con menos empleados, ha sido capaz de beneficiar a un mayor número de empresas y ha dado una mayor cantidad de crédito. Pero de aquí no se infiere éxito alguno, de hecho, el balance de explotación es negativo en ambos ejercicios (descontada la venta de inmuebles). Tal vez, lo más inadmisible es el concepto sui generis de "eficiencia". Lean esto:

"Nuestro principal indicador de EFICIENCIA es la financiación total que ponemos a disposición de empresas y emprendedores canarios dividido por los gastos de explotación de SODECAN. Dicho en otras palabras: cuantos euros inyectamos en la economía por cada euro que le costamos al contribuyente".

Fijémonos en la última fila, año 2014, el indicador de eficiencia es 5,96; es decir; el dinero prestado (5.215.965€) para financiar proyectos dividido por lo que cuesta mantener Sodecan (876.424€). En 2014 -afirma Sodecan- la empresa pública inyectó en la economía canaria casi seis veces más dinero del que costó al contribuyente su mantenimiento, un milagro como el de la multiplicación de los panes y los peces. Estos sedicentes economistas, por no llamarlos impostores, olvidan que el dinero "inyectado" en créditos fue previamente "desinyectado" del bolsillo del contribuyente. Es decir, todo el dinero en su conjunto procede de la confiscación y hablar de "eficiencia" es un puro sarcasmo. La única forma de saber si algo es rentable o no es la cuenta de resultados de una empresa con capital privado, todo lo demás son enjuagues propios de trileros. A continuación, voy a justificar por qué la actividad de Sodecan es, en términos netos, perjudicial para la sociedad:

1) El dinero prestado por Sodecan fue arrebatado previamente a sus legítimos dueños mediante impuestos y los políticos hurtan al ciudadano la posibilidad de elegir cómo invertir (o gastar) su propio dinero. Este "ahorro forzoso" es ilegítimo y supone una violación de la libertad y la propiedad.

2) Riesgo moral. Los créditos públicos soportan un exceso de riesgo porque el prestamista no arriesga su propio dinero, sino el dinero ajeno. Además, con mucha frecuencia, el préstamo no es otorgado con un criterio económico sino político o según la discrecionalidad del empleado de turno (recordemos el saqueo de las Cajas de Ahorro).

3) Irresponsabilidad. En caso de impago, las pérdidas las sufrirá el contribuyente sin que los responsables políticos paguen, con su patrimonio personal, sus errores en materia crediticia. 

4) Competencia desleal. El crédito público compite deslealmente con el privado perjudicando a los ahorradores e inversores privados. Este hecho expulsa del mercado a las empresas financieras marginales, creando desempleo.

5) Consumo de capital. Parte del ahorro disponible en la sociedad, que siempre es escaso, es mal invertido. El dinero, de no haber sido arrebatado con impuestos, hubiera sido dedicado, en el libre mercado, al consumo, ahorro o inversión de las familias y hubiera creado un desarrollo económico genuino.

Por último, ¿quién sale beneficiado de la existencia de una empresa pública? a) los políticos: cobran rentas al formar parte del Consejo de Administración, ocupan cargos permanentes bien remunerados, aumentan el número de puertas giratorias y colocan en la empresa a parientes, amigos, etc. b) los empleados: tienen una nómina y la facultad de otorgar créditos discrecionalmente; y c) los emprendedores y empresarios beneficiados por los créditos y avales, que nunca debieron darse. Por el bien de la sociedad, Sodecan, al igual que el resto de empresas públicas, debería ser cerrada o privatizada.

Precio y valor

La mayoría de la gente emplea los términos precio y valor de forma indistinta. Es frecuente decir que el precio mide del valor de las cosas. Esto no es técnicamente correcto. Desde el punto de vista económico, valor es la utilidad que cada persona otorga subjetivamente a un determinado bien. El valor es una categoría abstracta y ordinal que no se puede medir en unidades. Tan solo podemos valorar —o preferir— una cosa más que otra. Pero si el valor no se puede medir ¿qué es el precio? Intentaré explicar que el precio no es una magnitud del valor sino una información relativa a un intercambio.

En un trueque identificamos dos precios. Si se intercambia una vaca por cuatro cabras, el precio de la vaca es 4 cabras y el precio de éstas es la vaca. Vaquero y cabrero son simultáneamente compradores y vendedores. El primero vende una vaca y compra 4 cabras, el segundo vende 4 cabras y compra una vaca.

Con la aparición del dinero esta dualidad se camufla. Si el vaquero vende una vaca frisona por 1.500€ parece que uno de los dos precios se ha evaporado. No es cierto. El que compra la vaca está vendiendo su dinero (1.500€) al precio de la vaca frisona. Esto puede verse más fácilmente en el intercambio de divisas: por ejemplo, el precio de comprar 1 libra esterlina es 1,4€ y el precio de comprar 1€ es 0,7 libras esterlinas. El precio de una cerveza es 1€ y el precio de 1€ es una cerveza o todo aquello susceptible de intercambiarse por ese dinero.

La frase «El precio es lo que se paga. El valor es lo que se obtiene», atribuida a Warren Buffett no es correcta. 1) El precio no se paga. El precio es una información (i.e. etiqueta). Lo que se paga son específicas cantidades de bienes económicos: dinero, productos, servicios, derechos, etc. Por ejemplo, el viajero paga al taxista con dinero y el taxista paga al viajero con transporte. 2) El valor no se obtiene porque se trata de un concepto. Lo que se obtiene también son específicas cantidades de bienes. Como es lógico, quienes participan en el intercambio valoran en sentido contrario lo que posee cada uno. Lo que pagamos vale (subjetivamente) menos que lo que obtenemos.

Si compramos una papaya de 3 kg. por 6€ es relativamente fácil pensar que la pieza de fruta «pesa» 3kg. y «vale» 6€. Este deslizamiento mental conduce al error de considerar el valor como una magnitud y el precio su unidad de medida. Para el cliente, la papaya vale más que los 6€ que entrega y, recíprocamente, para el frutero la papaya vale menos que los 6€ que recibe. Ninguno de los dos entrega «precio por valor», sino dos bienes económicos que son valorados de forma inversa. 

El precio es una cifra monetaria, una información comercial que el vendedor expone al público. En definitiva, mi definición de precio es: «Una información monetaria relativa a un intercambio». Ex ante, el comerciante declara: «Valoro menos mi producto (o servicio) que una cierta cantidad de dinero (precio)». Ex post, las preferencias valorativas (explícitas o implícitas) de los participantes quedan empíricamente reconocidas. 

Que existan muchos intercambios de un cierto bien a un mismo precio no convierte a éste en medida objetiva del valor, porque el valor no reside en el bien intercambiado sino en la mente de las personas que intercambian. El valor siempre es extrínseco (no intrínseco). También es incorrecto decir «valor» de tasación, en lugar de «precio» de tasación. La tasación es una estimación del precio de mercado de una vivienda, joya, obra de arte, etc. El tasador, basándose en datos estadísticos (operaciones ya efectuadas) y otros criterios (oferta y demanda) estima el precio de mercado actual.

Soberanía energética

Escucho con frecuencia en boca de políticos, periodistas e incluso de expertos la expresión "soberanía energética". Nacionalistas, ecologistas y populistas persiguen el objetivo de que Canarias sea un territorio que se autoabastezca con las energías renovables del sol, el viento o las mareas. Esta idea tiene un gran atractivo y cala fácilmente en la opinión pública. Yo creo que se trata de un grave error.
Empezaremos diciendo que no existe tal cosa como "soberanía energética". Soberanía es un concepto político que fue acuñado por el francés Jean Bodin, en 1576, en su ensayo: "Los Seis Libros de la República". Soberanía -afirma Bodin- "es el poder absoluto y perpetuo de una república". La soberanía, por tanto, se refiere a la ausencia de interferencia exterior sobre un gobierno en la toma de decisiones sobre las personas que habitan un territorio delimitado por fronteras. Podemos afirmar que el Estado español (o cualquier otro) es soberano para determinar su política energética. Ningún Estado tiene el derecho de imponer a otro sus leyes en materia energética, alimentaria o en cualquier otra materia.

Cuando se dice "soberanía energética" o "soberanía alimentaria" lo que realmente se significa es que determinado territorio sea autosuficiente para abastecerse de un determinado bien económico y no precisa de su importación. Esta autosuficiencia se denomina autarquía. Por ejemplo, Canarias no precisa importar plátano canario, tomate canario, papas bonitas ni agua de mar. También es un error pensar que por tener sol, viento, volcanes y mareas se puede ser autosuficiente en materia energética. ¿Acaso no hay que importar los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas y toda la tecnología necesaria para producir esas energías renovables? ¿Acaso tenemos el hierro y las minas de cobre para fabricar las redes de distribución eléctrica? ¿Acaso no hay que importar el conocimiento técnico? 

De la "soberanía alimentaria" solo decir que se trata de un solemne disparate. Tendríamos que volver a cultivar cereales y criar cochinos como antaño, todo para malvivir, pasar hambre y emigrar finalmente a un sitio donde no haya enemigos del comercio. Pregunten a sus abuelos cómo era la vida "bucólica y autosuficiente" de los años 40 en Canarias y verán que pronto despiertan del sueño ecologista. Si alguien piensa que la autarquía es deseable puede probar e irse a vivir una temporada con una tribu del Amazonas; allí se vive en perfecta autosuficiencia de todo, sin polución, sin capitalismo y sin tener que soportar el malvado comercio. La autarquía es la ruina, es el freno al progreso económico, al bienestar, a la calidad de vida y a la civilización. Ya lo decía David Ricardo cuando formuló su Ley de Asociación: es más rentable que cada cuál se dedique a producir aquello en lo que sobresale para luego intercambiar esos productos y servicios en el mercado. Cuanto más se especialice el trabajo, mucho mejor para todos. Por ese motivo, porque era más ventajoso para la vida, los campesinos canarios cambiaron la guataca por la bandeja y el sacacorchos, dejaron la yunta de bueyes y se emplearon en un hotel y así hasta alcanzar el nivel vida que disfrutan hoy. Solamente los necios, los enemigos de la realidad y los cegados por el nacionalismo pueden preferir la tribu a la civilización.

Contra el impuesto progresivo

Hoy voy a escribir en contra del impuesto progresivo e intentaré señalar por qué es perjudicial para la sociedad en su conjunto. Comenzaré afirmando sin ambages que todo impuesto, del tipo que sea y por pequeño que sea, constituye un robo de la propiedad privada. Toda exacción es una agresión institucional al individuo basada en un supuesto derecho de cobro por los servicios públicos que presta el gobierno. La legitimidad del impuesto se sustenta en un frágil e imaginario «contrato social» que todavía nadie ha visto ni firmado. 

El impuesto sobre la renta se remonta a 1799 (William Pitt «El Jóven», Inglaterra) y se popularizó a partir del nacimiento del Estado social, a finales del siglo XIX. En menos de 20 años, doce países (Japón 1887, Alemania 1891, Nueva Zelanda 1891, Canadá 1892, Holanda 1892, Italia 1894, Austria 1896, Suecia 1897, Dinamarca 1903, Noruega 1905, Francia en 1909 y EEUU 1914) introdujeron este impuesto, aunque el tipo marginal nunca superó el 10% (excepto Italia, que era 20%). El aumento de la confiscación se debió, principalmente, a las necesidades de los gobiernos para financiar las guerras y el sostenimiento del Estado social. 

El impuesto más simple y menos lesivo es el de capitación: todos los individuos señalados por el gobierno pagan una misma cantidad, al margen de su renta. Un segundo tipo es el impuesto proporcional que grava la renta con un tipo marginal único; es el llamado flat tax. Esto no significa que todos paguen lo mismo pues el 10% de 1.000€ no es la misma cantidad que el 10% de 10.000€. Aunque existe una fiscalidad «plana» todos los contribuyentes pagan cantidades distintas. Este sistema, admitido generalmente en la sociedad como justo, obedece al principio fiscal de «capacidad de pago», en línea con la infame regla marxista que reza: «De cada cuál según su capacidad». Nadie en el libre mercado aplica esta regla. Sólo en contadas ocasiones, los proveedores cobran una tarifa superior a quienes tienen mayor renta y si estos no están conformes se van a la competencia. Nadie sensato admitiría que a la salida del supermercado o del bar le pidieran su nivel de renta para aplicar un cobro «progresivo». Es curioso cómo en la mente humana pueden cohabitar amigablemente dos formas distintas de entender la justicia.

En el impuesto progresivo, la tasa progresa conforme lo hace el objeto imponible (renta). Por ejemplo, el que gana 1.000€ paga 10%, el que gana 2.000€ paga 20% y así sucesivamente hasta fundir los plomos a los que más ganan, tal y como sugerían Marx y Engels en el decálogo de medidas del Manifiesto Comunista, en 1848.

Hecha esta breve introducción, describiré los daños que ocasiona el impuesto progresivo a la sociedad. Primero, se trata de un impuesto antisocial pues la escala de gravamen actúa como una escalera donde cada peldaño es un obstáculo para el progreso de los más aptos y el descenso de los menos aptos. Recordemos que, en el libre mercado, el éxito económico lo obtienen aquellos que mejor han servido los intereses de los consumidores. Si la renta de un cirujano es 10 veces la renta de un enfermero es porque el primero rinde a los consumidores servicios de mayor valor que el segundo. Penalizar al más productivo, que es quien mejor sirve los intereses de la sociedad, es una medida claramente antisocial pues se opone a los deseos del público, expresados en el plebiscito diario del mercado y conducido por el sistema de precios. 

Alberto Benegas Lynch (h)

En segundo lugar, el impuesto progresivo (al contrario que el impuesto proporcional) altera las posiciones patrimoniales relativas de las personas y esto provoca una mala asignación de los factores productivos, que son siempre escasos. Si el cirujano tiene menos dinero (porque el gobierno se lo quita) la inversión en equipamiento (bienes de capital) para su consultorio será menor. Pero como los salarios dependen de la cantidad de capital disponible, el salario del enfermero también será menor de lo que hubiera sido en otro caso. En términos agregados y netos, el beneficio procedente de la redistribución que efectúa el gobierno siempre será menor que el beneficio derivado del aumento de salarios reales en una economía altamente capitalizada porque en el primer caso es preciso alimentar una burocracia improductiva (valga la redundancia). Por este motivo, como afirma el profesor Alberto Benegas Lynch (h), el impuesto progresivo, cual boomerang, actúa de forma «regresiva» perjudicando a todos los asalariados y especialmente a aquellos con menor renta.

Gérard Depardieu

En tercer lugar, el impuesto progresivo actúa como un freno a la producción, al trabajo y al esfuerzo. Aquellos trabajadores marginales, cuyas rentas se sitúan próximas al siguiente tramo en la escala de gravamen, procurarán no aumentar su esfuerzo para evitar el siguiente rejonazo fiscal. Evitarán pasar de un tipo marginal inferior a otro superior porque este hecho merma la productividad marginal del trabajo y hace, relativamente, más valioso el tiempo libre. De modo inverso, aquellos trabajadores marginales cuyas rentas se sitúan en la parte baja de un tramo superior procurarán reducir su esfuerzo para desplazarse al tramo inferior de la escala de gravamen. Otras personas con rentas altas -deportistas de élite, artistas, directivos- trasladan su residencia a países menos hostiles (fiscalmente) como hizo el actor Gérard Depardieu, en 2012, cuando François Hollande anunció un tipo marginal «solidario» de 75% para las rentas superiores al millón de euros. Por último, están los que optan por la contraeconomía. Todos ellos, ricos y pobres, actuarán de forma racional para defenderse de la depredación fiscal.

A dónde va nuestro dinero

En ocasiones se argumenta que determinados negocios turísticos, como el «todo incluido», el alquiler vacacional o los cruceros no son demasiado rentables para el destino turístico porque los clientes realizan sus pagos en origen y gran parte del dinero se queda fuera. Otras veces se dice justo lo contrario: el dinero de las compras realizadas en origen, en corporaciones extranjeras como Carrefour o Ikea, se va a Francia o Suecia y no se queda en España. Hoy intentaré explicar adónde va nuestro dinero cada vez que realizamos una compra y veremos que estos lamentos carecen de lógica económica. Para saberlo, basta con seguir el rastro a cada euro. Independientemente de dónde y cómo se realice el pago, el dinero tiene que ir al bolsillo del dueño de los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Da igual que un turista pague en origen o en destino, su dinero sufragará absolutamente todo aquello que consuma durante sus vacaciones (transporte, hotel, alimentación, excursiones); la única diferencia es que, en el primer caso, el cliente pagará la factura total a la agencia de viajes que, a su vez, deberá realizar pagos al transportista y al hotel; éste, a su vez, deberá pagar los salarios de los trabajadores y las facturas a proveedores: artistas, alimentación, bebidas, agua, electricidad y un largo etcétera de gastos menores; además, todas las empresas participantes en la economía deberán pagar impuestos y tasas diversas como IBI, basura, vados, etc. Por tanto, el dinero siempre acudirá a retribuir al productor del producto o servicio. 

En el segundo caso, las empresas extranjeras (Carrefour, Ikea, Decathlon) radicadas en España pagarán todos los costes operativos que se producen en origen (salarios, proveedores) y también a todos sus suministradores de mercancías ubicados por todo el mundo; finalmente, en caso de tener beneficios, la corporación repartirá dividendos. Pero en una economía moderna ¿quiénes forman la propiedad de una multinacional?, la mayoría son pequeños ahorradores repartidos por todo el mundo que son accionistas o partícipes de fondos de inversión. El dinero se reparte de una forma intrincada por toda la economía global.

En tercer lugar, los ataques contra el «todo incluido» tampoco se justifican. Supongamos, a efectos dialécticos, que el consumo por visitante permanece invariable; si el turista consume dentro del hotel la cerveza que antes consumía en el bar de la zona, esta elección incrementa las ventas del primero y disminuye las del segundo pero la fábrica -o el distribuidor- en ambos casos, vende la misma cantidad de cerveza. Los hoteles necesitarán más trabajadores y los bares menos, el factor trabajo se traslada de un negocio a otro pero el empleo, en su conjunto, no se resiente. Los cambios que suscita el «todo incluido» forman parte del dinamismo del mercado, producto de los cambiantes gustos de los consumidores. Un buen empresario no se queja de los gustos de sus clientes sino que procura conocerlos y satisfacerlos. Un mal empresario (mercantilista) acude a su amigo, el político de marras, para que éste haga una ley a su medida, ley que favorece sus intereses a expensas de los intereses de competidores y consumidores. Este es el llamado capitalismo de amiguetes. 

Por último, tenemos el negocio del alquiler vacacional, formato muy apreciado por una cantidad creciente de turistas y que mejora la economía de muchas familias. Pues bien, como este sistema funciona, llegan los «defensores del interés general» para legislar, prohibir, regular, hostigar y amenazar a los propietarios con sanciones. La consecuencia es la destrucción de este mercado y la mayor pobreza de miles de afectados pues los turistas se desplazarán a otros destinos. La excusa para la intervención es que el alquiler vacacional evade impuestos y hace competencia desleal a los empresarios turísticos, que sí pagan impuestos. El alquiler vacacional ha funcionado libremente en España durante decenios pero el político saqueador (valga la redundancia) siempre necesita más dinero, lo que confisca habitualmente nunca es suficiente para satisfacer su voracidad.

La sanidad, ¿no se vende?

Ahora que estamos en campaña electoral las mentiras y falacias que habitualmente profieren los políticos se multiplican y amplifican sin que periodistas y contertulios hagan nada por desenmascarar las trampas dialécticas de estos fantoches y vendedores de crecepelo. En su mayoría socialdemócratas, estos afirman que determinadas cosas -como la sanidad o la educación- no están en venta. Hoy me propongo refutar esta afirmación. La realidad es bien distinta pues lo único que no se vende ni se compra es un bien ilimitado -como el aire- o aquello carente de valor -como un trozo de piedra. La sanidad, de todos es sabido, es un bien económico, es decir, es escaso en términos relativos pues la demanda supera a la oferta. También es evidente que los medicamentos se venden en las farmacias, que los médicos y enfermeros venden su trabajo a cambio de dinero o que los hospitales deben pagar las facturas de agua y luz. Como decía Milton Friedman "nada es gratis". Quienes afirman que la sanidad debería ser gratis, en el fondo, pretenden robar los medicamentos a las farmacias, el equipamiento hospitalario a los fabricantes y esclavizar a los trabajadores de la sanidad. La salud o la atención sanitaria, aunque lo proclamen todas las constituciones del mundo, no es un derecho del hombre sino una necesidad humana sujeta a las leyes de la economía. Precisamente, porque la salud es altamente valorada por las personas, los medicamentos y servicios de la salud son objeto de intercambio económico y reflejan precios de mercado. "La salud no tiene precio" es otra estupidez similar. Pero, ¿por qué alguien afirma que la sanidad no está en venta?

Ludwig von Mises

La primera confusión es que nadie compra o vende "sanidad", en general. Los pacientes no van "al" médico, van a "un" médico concreto (aunque ellos no lo elijan y sea impuesto por el jerarca de turno). Decía Ludwig von Mises en su monumental tratado "La Acción Humana" que es un error hablar de economía en términos de "clases" y no de forma concreta; todo intercambio económico es siempre marginal, referido a unidades de producto y servicio específicos. Un consumidor, por ejemplo, no elige entre la sanidad o la educación, tal vez deba elegir entre suscribir un seguro médico privado o enviar a su hijo a un colegio privado. De igual modo, tampoco existen servicios más "esenciales" que otros, tal y como afirma Samuelson y otros teóricos de los "bienes públicos". 

En segundo lugar, afirmar que "la sanidad no se vende", creo yo, es propio de la ideología marxista. En el Manifiesto Comunista, Carlos Marx decía que el dinero no "tenía entrañas". Es propio de ensoñadores y de mentes infantiles creer que es posible organizar un paraíso en la tierra, un país de jauja donde no exista el dinero, ni la propiedad privada y donde todo sea de todos. Detrás de estas ideas, que sólo son deseos, usted hallará toda clase de parásitos, ladrones y enemigos del comercio -como dice Escohotado en su libro. Esta tropa socialista y autoritaria, todos ellos enemigos de la realidad, es altamente peligrosa para la sociedad pues la única forma que tienen de conseguir sus "nobles" objetivos es apelando a la violencia legislativa (valga la redundancia). El fin -dicen ellos- justifica los medios. Sin embargo, la única forma que una persona tiene para conseguir la mejor sanidad posible al mejor precio posible lo constituye el libre mercado y la producción capitalista en el seno de una sociedad abierta. Todo lo demás son eslóganes electorales de estafadores a la caza de votos.

La ciencia y su presunción de rentabilidad

Reconozco que la radio es mi gran fuente de inspiración. Escucho lo que para mí son falacias económicas y siento un impulso irrefrenable por sentarme a escribir. Hoy hablaré de la ciencia y de su «insuficiente» financiación pública. Periodistas e investigadores se lamentan de que talentosos investigadores españoles deben abandonar su patria porque no tienen oportunidades para investigar en condiciones adecuadas. Los sueldos de los investigadores en España —afirman los tertulianos— son bajos en comparación con los de otros países de la UE. Evidentemente, a cualquiera le gustaría cobrar más. Otra queja es la poca estabilidad laboral.  La continuidad de los proyectos no está garantizada por falta de fondos económicos. Y el argumento principal para reclamar más «inversión» pública en investigación científica es su presunta rentabilidad social. Para ello, aluden a sesudos estudios que afirman que por cada euro invertido en ciencia, la sociedad recupera el doble o triple de la cantidad invertida. Esto es falso. Si fuera cierto, el problema de la pobreza en el mundo quedaría resuelto de un plumazo. Otros informes vinculan gasto en ciencia y creación de empleo. No deja de ser sospechoso que ni un solo estudio de este tipo afirme que el gasto en ciencia haya producido rentabilidades negativas. La causa es evidente: todos esos análisis de rentabilidad son falaces. En el sector público, por mucho que algunos se empeñen, no hay forma racional de medir la rentabilidad económica porque no hay cálculo económico. Solamente la cuenta de resultados de una empresa puede indicarnos si los costes de una línea de investigación se justifican o no. Afirmar que toda investigación per se produce un retorno positivo a la sociedad es tanto como afirmar que la actividad científica es intrínsecamente rentable. La ciencia económica refuta esta tesis.

La investigación científica sufragada públicamente no es una excepción a la norma y presenta las deficiencias propias de cualquier sistema público: a) Incentivos. Son los propios investigadores (sean o no funcionarios) o sus jefes políticos quienes deciden qué investigar. Ellos tienen intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses de los contribuyentes, que son quienes pagan sus sueldos. Además, el prestigio que tiene la ciencia es usado instrumentalmente para justificar todo tipo de políticas. Antes de que una ley se promulgue es habitual observar cómo una legión de científicos en nómina de la Administración, como los zapadores, va despeando el terreno de obstáculos. Por ejemplo, si el gobierno quiere prohibir que se fume dentro de los vehículos, asistiremos a una avalancha de estudios «científicos» que estiman en miles los muertos al año por esta causa, la mayoría de ellos niños inocentes. De esta manera, la verdad científica (siempre provisional) es fácilmente pervertida y sustituida por la verdad «oficial» que dicta el gobierno.

b) No existe forma racional de saber si una investigación ha sido o no rentable porque no hay cálculo económico; y tampoco es posible afirmar que la ciencia genera empleo porque no es posible aislar, en el experimento, el resto de variables que actúan. Las ciencias empíricas y las ciencias sociales emplean métodos distintos, y es un error confundir correlación con causalidad. Por tanto, es falaz hablar de «inversión» pública en ciencia cuando de lo que realmente hablamos es de "gasto público" en ciencia. Inversión pública es un oxímoron.

c) La ciencia no es gratis. Todo euro asignado al gasto en investigación ha debido ser previamente confiscado a los ciudadanos, y estos poseen necesidades propias, tal vez más urgentes que la investigación científica. Los defensores del gasto público olvidan el coste de oportunidad, es decir, lo que hubieran podido hacer los contribuyentes con su dinero si no se lo hubieran arrebatado. En el libre mercado son los consumidores quienes determinan, mediante el mecanismo de precios, la producción de la ciencia para atender las necesidades más perentorias de la sociedad.

En conclusión, la ciencia económica refuta la tesis de la rentabilidad garantizada del gasto en ciencia. Reclamar una mayor asignación de dinero público para la investigación científica no se justifica y solo puede obedecer a los intereses de grupo. Algunos investigadores repiten el conocido mantra de sindicalistas y socialistas: «Queremos empleo estable y de calidad». Quieren vivir del dinero confiscado a los demás y eludir la molesta incertidumbre que les ofrece el libre mercado.