1. Fijar el salario de los políticos por ley y que se introduzcan parámetros de proporcionalidad. Eliminar las pensiones vitalicias e igualar el sistema de cálculo al resto de ciudadanos del Estado español.
2. Que cada político pague de su salario todos los gastos que tenga: viajes, representación, secretarios, asesores, dietas, comidas, telefonía, etc..
3. Agrupar ayuntamientos, mancomunar servicios y eliminar instituciones, organismos y servicios no útiles o redundantes (Senado, Diputaciones provinciales).
4. Reducir los representantes de cada institución. 50% Congreso: 175 diputados. Parlamentos autonómicos: un representante por cada 100.000 habitantes o más. Ejemplo: Canarias: 2,1 millones de habitantes, pasaría de 60 a 21 parlamentarios.
5. A cada político se le exigirá responsabilidad penal y económica de las decisiones culposas o dolosas que ocasionaren pérdidas al erario. Pagarán de su patrimonio (como un trabajador autónomo) las pérdidas ocasionadas y se les inhabilitará para ejercer cargo publico.
6. Todos los contratos efectuados por las AAPP serán publicados en los Boletines Oficiales y páginas web institucionales. Se prohibirá aumentar el presupuesto una vez adjudicado.
7. Eliminar las subvenciones a organizaciones de empresarios, sindicatos, partidos políticos, confesiones religiosas, fundaciones, ONG, etc. Todos los anteriores deberán financiarse mediante donaciones privadas de carácter voluntario (afiliados, simpatizantes, etc.)
8. Limitar el mandato de los cargos públicos a 8 años.
9. Cambiar la ley electoral para que sea más proporcional al censo y hacer listas abiertas y por circunscripciones.
10. limitar el número de altos cargos de libre designación a ministros, secretarios de estado y subsecretarios. El resto de nombramientos serán de entre los funcionarios y en comisión de servicio temporal.
Creo que como se suele decir, este decálogo es de libro, es lo que realmente hace falta para acabar con tanto incompetente y vividor del cuento. Eso si, si queremos buenos profesionales de la política bien hecha, y buenos gestores de los recursos públicos tendrán que estar bien pagados, no nos engañemos. Pero siendo así, bien controlados por los mejores técnicos de las administraciones que son los funcionarios de carrera bien formados y actualizados, y por una oposición seria que debe de exitir en todo pais que se precie, podremos cambiar las cosas a mucho mejor, gastando menos y sobre todo con muchos menos escándalos en la vida pública. Saludos.
ResponderEliminarPepe, muchos pensamos como tu, sin embargo ¿quien tendría que poner en práctica este tipo de propuestas? Supongo que los políticos, ¿no? Y yo por ahora nunca he visto a ningún político que cambie algo que no lo favorezca, ni creo que lo vea...
ResponderEliminarTienes razón Guillermo, para regenerar la política y hacerla una profesión decente hace falta gente decente. Muchos políticos quieren ser importantes pero no buscan ser útiles a la sociedad. Acometer las 10 medidas propuestas por los actuales gobernantes sería una especie de "harakiri" y eso es doloroso. La segunda forma es que haya un movimiento social que ejerza presión a la actual casta política. La tercera sería la aparición de un nuevo liderazgo político capaz de ilusionar y provocar un vuelco electoral. Lo importante es seguir presionando e internet es un buen sitio para ello. Saludos.
ResponderEliminarVamos a ver Pepe, mezclas muchas cosas, por lo que te contestaré punto por punto:
ResponderEliminar1.- Estoy de acuerdo en fijar los salarios por ley, pero la cantidad ha de ser variable, porque si yo cobro 1000€ en mi curro y me fijan el salario en 900, no me cambio, y al contrario si lo fijan en 1100, voy a querer entar como sea. Habrá que buscar una relación entre salario antes y durante la actividad política.
2.- Fantástico, los políticos dejarán de hacer llamadas para resolver los problemas del ciudadano, dejaremos de ir a Madrid o donde sea a pelear por los proyectos de mejoras de los municipios, ... Se puede y debe de regular los asesores, dietas y los etcéteras que se quiera, pero ¿alguien ha visto a un directivo de empresa privada que no tenga esas herramientas?.
3.- No sólo agrupar ayuntamientos de menos de un número determinado de habitantes (8 o 10 mil, o lo que se estime de un estudio), sino eliminar los ministerios, cosejerías y concejalías sin contenido, p.e., si las competencias en materia de política exterior las tiene el estado, ¿¿a cuenta de qué existen oficinas en el extranjeros de todas las autonomías y de algunos municipios??, o si la vivienda es competencia de las CC.AA. ¿por qué existía el ministerio del ramo y concejalías de la vivienda en todos los municipios y cecejerías de la vivienda en cabildos y diputaciones?.
4.- Es el punto primero, o mejor dicho una consecuencia del mismo. Las listas abiertas, suponen una limitación demográfica de las candidaturas.
5.- Eso ya es así si se le demuestra un intención en el dolo, y si es resultado de un error en una decisión, lo dirime el juzgado.
6.- Ahora se publican las contrataciones, y lo de no poder variar los presupuestos, es perjudicial para los administrados, por ejemplo, se hace un proyecto de saneamiento de una calle, y al levantar se detecta que el cableado del alumbrado está en mal estado, ¿se para la obra con las calles abiertas?, ¿se termina y después se hace un nuevo proyecto para volver a romper las calles?, o lo que es más simple y racional ¿se hace un modificado del proyecto, que contemple la nueva electrificación?. Piénselo para otros proyectos, una curva que en los planos no se veía que afectaba a un barranco que en la realidad es un rio?, ... Piénselo de nuevo.
7.- Totalmente de acuerdo, excepto cuando estas asociaciones u ONGs realicen un servicio público que debiese dar la Administración. No me refiero en ningún caso a sindicatos, asociaciones empresariales o profesionales, o religiones (exceptuando los fondos necesarios para el mantenimiento del Patrimonio cultural de los españoles). Con los partidos políticos, se da la paradoja de que si eliminas los fondos públicos, aumenta el poder de los poderes económicos en los mismos, es un caso para estudiar más a fondo y no precipitarnos hasta saber si hay agua en la piscina.
8.- De acuerdo si los puestos de trabajo también. Cada cuatro años el pueblo tiene el poder de cambiar O NO a sus dirigentes, ¿por qué quiere usted quitarle esa prerogativa?
9.- Repite usted el punto 1 y 4, y eso en un decálogo es malo, ya que lo convierte en un octálogo.
10.- Ésta propuesta no me disgusta, de hecho, es un buen punto de partida para su estudio. Lo que es evidente, que el equipo directivo que está en contacto directo con el ministro, debe de estar compuesto por gente de su absoluta confianza, ya que van a desarrollar su proyecto político.
Y quiero terminar por donde usted empieza y como autoreflexión mía y suya,“Para que la maldad florezca, sólo hace falta que la gente buena no haga nada”
He de discrepar con el punto número 7, quizás porque me afecta personalmente.
ResponderEliminarNo cabe duda que hay mucho interés oculto en algunas organizaciones no gubernamentales, pero otras organizaciones realmente nos implicamos y vivimos intensamente nuestra labor social.
Cuando esa labor incluye a personas en exclusión social el personal humano que atiende a este colectivo tiene que tener una preparación que por supuesto no se logra de otra manera que con subvenciones puesto que actualmente la situación económica deja muy poco espacio tanto para las donaciones como para personal voluntario especializado.
Al margen de esto he de decir que aunque estoy de acuerdo con todo lo que planteas,pero que para mi es una gran Utopía.... no se...quizás algún día....
Gracias Fernando y Dulcemery por vuestras inteligentes aportaciones.
ResponderEliminarPara Fernando:
Punto 2: vale, les dejamos los móviles pero fuera la VISA.
Punto 6: de acuerdo; su ejemplo es muy bueno.
Punto 8: Los ciudadanos no elegimos a nuestros representantes, los eligen los partidos. Eso debería cambiar.
Para Dulce: Las ONG deben buscar su propia financiación. Ya sé que no es el caso de tu ONG, que la conozco, pero mucha malversación de fondos públicos procede de la creación de empresas públicas y fundaciones que posteriormente son beneficiarias de fondos públicos. Es necesario terminar con este atajo de la legalidad.