Bandera roja en la playa de Los Cancajos

No es la primera vez que ocurre. Cada tarde, a las 18:30 horas, los socorristas de Los Cancajos terminan su jornada laboral e izan la bandeja roja, independientemente del estado del mar. A la mañana siguiente, la arrían e izan la que corresponda según las condiciones del mar. Hace una década denuncié que el ayuntamiento de Breña Baja (isla de La Palma) no podía prohibir el baño en la playa por el hecho de que no hubiera socorrista. Ocurrió el día de año nuevo, la playa parecía un estanque, pero el socorrista dejó izada la bandera roja porque libraba ese día. El actual alcalde, Borja Pérez Sicilia, está cometiendo el mismo error, a pesar de haber sido advertido de ello en conversación privada. 

Recordemos que «bandera roja» significa prohibición taxativa de meterse en el agua y no otra cosa. Por tanto, oficialmente, el alcalde está prohibiendo, injustificadamente, el ejercicio de un derecho fundamental. Las razones del alcalde son: a) El estado del mar pudiera cambiar súbitamente, a partir de las 18:30, y por «precaución» se iza la bandera roja. b) En ausencia del socorrista, «bandera roja» significa que usted se baña «bajo su propia responsabilidad». Esta última es la respuesta que dan los socorristas a algunos bañistas que montamos en cólera ante semejante desatino.

Veamos por qué el alcalde se equivoca. Primero, «bandera roja» es un código internacional con significado propio —prohibición— y el ayuntamiento no tiene potestad para modificarlo y declarar otro significado sui generis. Es decir, un código no puede ser contingente y significar dos cosas distintas. Esto causa confusión: por ejemplo, al observar el mar en buen estado y la bandera roja, alguien pudiera pensar que existen otros motivos para prohibir el baño: medusas, microalgas, vertido contaminante, etc. Segundo, la probabilidad de que el estado del mar empeore súbitamente (bandera roja), a partir de las 18:30, es mucho menor que la probabilidad de que el mar siga siendo apto para el baño (banderas verde y amarilla). Por tanto, sería mucho más acertado no cambiar la bandera o incluso arriarla y dejar la playa sin bandera, tal y como hizo el ayuntamiento, hace diez años, cuando me quejé de esta misma práctica. 

Tercero, la medida fomenta el incumplimiento de las normas porque los bañistas se acostumbran a bañarse con bandera roja. Aunque, visto lo visto, tal vez sea preferible que la gente se acostumbre a incumplir la inmundicia normativa que padecemos. Cuando las leyes son malas, lo justo es desobedecerlas. Tal vez, la causa verdadera de esta medida sea la «precaución», pero no para los bañistas, sino para quienes pretenden «curarse en salud». Poniendo la bandera roja los políticos eluden toda responsabilidad en caso de que ocurriera un accidente, sin que les importe mucho joder al público. En cualquier caso, lo peor de esta situación es su trasfondo: la infantilización del ciudadano por parte del Estado. Esta práctica no solo es un error técnico, ante todo es la antesala al despotismo político (valga la redundancia) y a la violación de los derechos del individuo. El Estado normalmente no viola los derechos de forma abrupta, sino poco a poco, como quien va quitando capas de piel a una cebolla. Durante el confinamiento hemos asistido a muchos atropellos, por ejemplo, con la excusa de la pandemia se ha prohibido el baño en las playas, siendo esta actividad inocua para la transmisión del Covid. Si no detenemos hoy este abuso de poder, algún déspota cualquier día dará el siguiente paso: prohibirá el baño (de verdad) en ausencia de socorrista.

El despoblamiento de Santa Cruz de La Palma

Desde 1983 paso mis vacaciones en La Palma (no confundir con Las Palmas de Gran Canaria ni con Palma de Mallorca), una bella y tranquila isla canaria. La Palma tiene una superficie de 706 km², una altitud máxima de 2.426 m., un parque nacional —La Caldera de Taburiente— y una economía basada en el cultivo del plátano, el turismo y el comercio. Hoy les hablaré del despoblamiento que sufre su capital, Santa Cruz de La Palma, y expondré algunas hipótesis sobre sus causas.

En los últimos 20 años la población de La Palma se ha mantenido prácticamente constante: los censos, en 2000 y 2019, eran 82.483 y 82.671 habitantes, respectivamente. Sin embargo, dentro de la isla se han producido flujos poblacionales.

Fuente: ISTAC

En la gráfica superior vemos que siete municipios han ganado población (azul) y otros tantos la han perdido (naranja). Analicemos los datos por zonas geográficas: tres de los cuatro municipios norteños —Garafía, Barlovento y San Andrés y Sauces— han perdido en torno al 20% de su población mientras que Puntagorda ha sumado 325 personas (18,21%). En el sur, Fuencaliente también pierde algo de población (4,33%). Por tanto, una primera conclusión es que las zonas más distales pierden población en favor del centro de la isla.

La Palma: Municipios

Por vertientes, sin embargo, ocurren dos fenómenos contrarios: en el oeste, la capital económica —Los Llanos de Aridane— gana población (12,52%) a expensas de los municipios vecinos —Tazacorte (-25,57%) y Tijarafe (-5,24%)—. En el este, los municipios periféricos a la capital —Puntallana, Breña Alta, Breña Baja y Mazo— ganan población a expensas de ella, que se anota un significativo -13,70%. A este último hecho —el despoblamiento de la capital— dedicaremos especial atención.

En España, en las últimas décadas, los flujos migratorios internos se dirigen desde las zonas rurales hacia las urbanas. ¿Por qué en Santa Cruz de La Palma sucede lo contrario? La capital palmera sigue siendo el centro político, administrativo y cultural de la isla: Cabildo, Policía Nacional, Guardia Civil, Juzgados, Subdelegación del Gobierno, UNED, Escuela Oficial de Idiomas, Correos y principales franquicias comerciales tienen sede en Plaza. Por otro lado, su patrimonio cultural es notable: iglesias, museos, teatros, cine, salas de exposición, casas nobles, folclore, fiestas lustrales, etc. También alberga el principal puerto de la isla, una marina e instalaciones deportivas, públicas y privadas. Las infraestructuras públicas —puentes, túneles y ensanche de carreteras— han mejorado mucho las comunicaciones dentro de la isla y el aeropuerto de Mazo está muy próximo a la capital. Por último, la nueva playa y la remodelación del frente marítimo son obras públicas de gran importancia para la afluencia de turistas y residentes. Dadas todas estas fortalezas resulta insólito que Santa Cruz de La Palma haya perdido 2.488 habitantes en las dos últimas décadas y que hoy sea una ciudad deprimida. Solamente se observa un cambio de tendencia a partir de 2017: en los dos últimos años la capital ha ganado 135 habitantes, principalmente cubanos y venezolanos que vienen huyendo de sus respectivos «paraísos» socialistas.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera (PP), desea que aumente en número de empadronados. No en balde, su municipio, al tener menos de 20.000 habitantes, recibe una menor asignación directa de fondos del Estado.¹ De ahí la campaña municipal dirigida a «fomentar y favorecer que todos los residentes en la capital se empadronen». Pero la suposición de que hay residentes no empadronados en muy endeble: ¿qué podrían ganar empadronándose fuera? Tal vez, unos pocos euros en el impuesto de vehículos (IVTM). Por ejemplo, el propietario de un utilitario paga 56,47€ en S/C Palma; 40,01€ en Breña Alta y 34,08 en S/C Tenerife. Lo que equivale a un ahorro de 16,46€/año y 22,39€/año, respectivamente. Bajando el IVTM al mínimo legal (34,08€), S/C Palma podría aumentar su padrón en unos cuantos «listillos». 

La campaña «empadrónate» es un malgasto de papel y tinta, pura propaganda que soslaya las causas genuinas del problema. Por cierto, el díptico es un despropósito en el fondo porque «juntos no somos más», es decir, juntar personas no hace que crezca su número; y en la forma, porque sustituir la «o» por la «x» es un insulto a la gramática española. La realidad, creo yo, es justo la contraria: el padrón está inflado. En términos netos, hay más personas —estudiantes y profesionales— residiendo fuera del municipio pero empadronadas en él. El descuento por ser residente canario (75%) en los viajes es, sin duda, un potente incentivo económico que avala nuestra tesis. Si cada cuál se empadronara correctamente en su sitio, la población de derecho en Canarias disminuiría, incluida la de Santa Cruz de La Palma.

Puestos a buscar un «chivo expiatorio» del despoblamiento, hubiera sido más creíble achacarlo al tradicional «mal de ojo». A los promotores de esta ridícula campaña yo les ofrezco una hipótesis alternativa: mírense al espejo y encontrarán a los culpables de la situación. La (mala) economía es la causa más plausible. Los residentes buscan —entre otras— dos cosas: mayores oportunidades y menores costes de la vida. Las oportunidades en la isla bonita escasean, cuestión ya tratada en otro artículo: «El estancamiento económico de La Palma: análisis y prospectiva». Por el lado de los costes, podemos señalar: a) La ciudad resulta incómoda, no es fácil encontrar aparcamiento y se echa en falta una estación de autobuses. b) El suelo edificable es escaso y caro. Y c) Los impuestos son confiscatorios, especialmente el IBI.

La elevada tributación en un territorio es un factor de expulsión poblacional y aquí es donde encontramos un claro motivo para no instalarse en Santa Cruz de La Palma. Siendo el IBI el tributo local que más dinero recauda, entre 2006 y 2018, los políticos de todos los partidos se han dedicado al infame expolio de los propietarios de inmuebles. Lo sé de buena tinta porque yo mismo soy un damnificado: en 2006 pagué por IBI 141,80€ y en 2018, 494,76€ (siempre en el periodo «voluntario»).² El IBI más caro de España lo tiene Madrid con un promedio de 428,9€.³

Incremento del IBI en España [4]

En resumen, tras 12 años de saqueo, el IBI en S/C Palma se ha más que triplicado (x 3,49), todo sea dicho, con la inestimable complicidad del Catastro que ha subido salvajemente el precio «gubernamental» de los inmuebles en toda España. Los dos últimos años (2019 y 2020) no ha habido incremento, pero aún así, lo asombroso es que todavía queden 15.716 habitantes en este infierno fiscal palmero. 

El IBI es un impuesto ligado a la propiedad inmobiliaria (urbana y rústica) y el ayuntamiento lo cobra independientemente de donde esté empadronado su dueño. Si éste reside en su propia casa, la subida del IBI reduce su renta disponible y, en consecuencia, su nivel de vida; y si arrienda su casa, merma la rentabilidad del alquiler. El IBI no afecta directamente a los inquilinos porque los costes de un negocio nunca pueden trasladarse al precio final del producto sin que peligren las ventas. En cualquier caso, el incremento del IBI hace más pobres a los propietarios tanto en su renta (liquidez) como en su patrimonio, pues reduce el precio de mercado del inmueble. Lo anterior ahuyenta a nuevos propietarios e inversores, reduciendo la promoción de obra nueva. Los precios del alquiler en S/C Palma han subido últimamente porque la demanda (inmigrantes) crece relativamente más que la oferta. Esto último compensa parcialmente a los arrendadores, pero no a quienes residen en su propia casa.

S/C Palma: Plaza de España

La agresión fiscal ha sido de tal magnitud que muchos vecinos no pueden hacer frente al pago único de los tributos; por ello, los políticos han ideado otra campaña para «facilitar» el pago: a partir de 2021, el contribuyente podrá agrupar los importes de los diferentes tributos —IBI, basura, rodaje, vado, IAE— y luego fraccionar el pago en «cómodas» cuotas personalizadas. En esta ocasión, la excusa ha sido la crisis por Covid-19, pero el monto ya era inasumible para algunos vecinos antes de la pandemia. Esta «novedosa» iniciativa de fraccionar el pago de impuestos no es tan nueva, tiene más de 75 años. Antes de la II Guerra Mundial, en EE.UU., el impuesto a la renta se pagaba cada 15 de marzo de una sola vez. Como la entrada en la guerra requería subir los impuestos, un joven economista llamado Milton Friedman, a la sazón destinado en el Departamento del Tesoro, diseñó un plan para aliviar el sablazo: el gobierno obligó a los empresarios a detraer, cada mes, el IRPF a cada empleado y a depositarlo en la Hacienda (Rothbard, 1994: 76). Este modelo es el vigente en la mayoría de países.

La solución genuina al despoblamiento de la capital palmera es revertir las causas que lo provocan, pero si el diagnóstico es equivocado, las soluciones serán igualmente ineficaces. En primer lugar, la absurda legislación urbanística reduce artificialmente la oferta de suelo (Azpitarte, 2018). En segundo lugar, los políticos deben respetar la propiedad privada y rebajar los tributos, ajustando el presupuesto por el lado del gasto (y no al revés). Personalmente, no albergo ninguna esperanza de que esto último ocurra. Votar cada cuatro años sólo ha servido para sustituir a una banda de asaltantes por otra. Por otro lado, los impuestos, una vez que han subido, no bajan, y si lo hacen, nunca recuperan su nivel inicial (Higgs, 1987). Ya lo vimos con el IGIC: subió «temporalmente» de 5% a 7% (con la excusa de la crisis económica), en 2019 bajó a 6,5% y ahora lo tenemos de nuevo en 7%. Como dice Daniel Lacalle: «no hay nada más permanente que subida temporal de impuestos».

[1] El coeficiente pasa de 1,30 a 1,17. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Art. 124.

[2] Piso de 109 m2 situado en la Avda. de El Puente.

[3] https://www.libremercado.com/2018-07-05/el-ibi-el-impuesto-local-mas-voraz-los-ayuntamientos-que-mas-cobran-a-sus-ciudadanos-1276621537/

[4] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/01/midinero/1512153474_222921.html

Bibliografía

Azpitarte, J. (2018). Urbanismo y Libertad. Madrid: Unión Editorial.
Higgs, R. (1987). Crisis and Leviathan. Independent Institute.
Rothbard, M. (1994). "The Consumption Tax: A Critique". The Review ofAustrian Economics, Vol. 7, No.2.

Reflexiones Liberales. La gestión de la pandemia por Covid-19 desde una perspectiva liberal

https://youtu.be/n1HzpdGxtpA

El aire de las gasolineras no es gratis

En ocasiones los consumidores pensamos que las empresas fijan precios «excesivos». Esta mañana un buen amigo se queja de que las gasolineras DISA y BP, en Tenerife, cobran 1€ por poner aire a las ruedas del coche. Dice la noticia: «En estos tiempos de drama humanitario [...] ¡Cobrar por el aire! ¡Insoportable e indignante!». Mi amigo afirma que cobrar 1€ por el aire es inmoral. Y yo lo niego. Como cada mañana, después de desayunar, me presto a la refutación de falacias. No hay nada como el gofio canario para tener salud y claridad mental. El titular del periódico es falaz porque la gasolinera no cobra por el «aire», sino por el servicio que presta una máquina que inyecta «aire a presión» en los neumáticos.

El aire es un bien «no económico»: es superabundante y libre en la naturaleza. Nadie paga ni cobra —de momento— por respirar. Sin embargo, para producir aire comprimido necesitamos máquinas y un sitio habilitado, ambas cosas son bienes escasos o «económicos». La economía tiene que ver con la escasez. Las empresas, en ocasiones, no exigen a los clientes el pago por determinados bienes: uso de aseos, aparcamientos, carros de la compra, bolsas, etc.; pero eso no significa que sean gratis. «Nada es gratis». Tampoco es gratis el agua, el papel, los guantes de plástico, los compresores y la electricidad que consumimos en las gasolineras. Tan justo es exigir el pago por el servicio de aire a presión como por el servicio de lavado (agua a presión). A pesar de ello, la mayoría de gasolineras, por diversas razones, prefiere no cobrar por los servicios de aire a presión y agua corriente.

Murray N. Rothbard

Quienes se escandalizan porque las empresas cobren por lo que antes ofrecían «gratis» cometen un doble error: a) Económico: no entienden que los bienes económicos nunca son gratis, que alguien los está pagando; b) Ético: acusan a las empresas por exigir una legítima contraprestación. Las injustas condenas morales sobre algunas cuestiones económicas —dinero, lucro, usura, comercio, capitalismo— tienen su origen en una incomprensión de la Ciencia económica, es decir, de la realidad de las cosas (Rothbard: 2009).

Pero aquí no acaba la polémica. Si cobrar por el aire a presión o el precio nos parece excesivo, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay dos posturas, que llamaré «estatista» y «liberal». El hombre estatista acude a los políticos para que «intervengan» y utilicen la violencia legislativa (B.O.E.) en contra del dueño de la gasolinera, por ejemplo, imponiéndole la gratuidad del servicio o fijando un precio máximo. El propietario, a su vez, reaccionará ante la injusticia: podría quitar la máquina o ponerle el cartel de «AVERIADA», lo cual exige una nueva intervención del gobierno, por ejemplo, sancionando a las empresas que no ofrezcan el servicio. El empresario, encabronado, reaccionará de nuevo: mantendrá la máquina funcionando, pero sin presión; y así, alternativamente, se produce una lucha entre el gobierno y el propietario del negocio. El intervencionismo no tiene fin (Rothbard, 2013), para conseguir sus objetivos debe actuar hasta la total destrucción del mercado y la función empresarial. Bienvenidos al socialismo.

La postura del hombre liberal es distinta, pues entiende los costes del servicio y el derecho de cobro del propietario de la estación de servicio. El liberal, si no desea pagar, simplemente cambia de gasolinera; pero si su enfado fuera mayúsculo, seguirá actuando éticamente, por ejemplo, boicoteando a DISA y BP. El boicot comercial es una acción pacífica y legítima donde los promotores persuaden a otros para que se abstengan de consumir ciertos productos o servicios. En cambio, los matones sindicales no boicotean ni persuaden, sino que coaccionan.

Para rizar el rizo, supongamos ahora que los gasolineros se cartelizan y pactan precios: todos cobrarán 1€ por el aire a presión. ¿Podemos ahora exigir la violencia política contra los empresarios? Tampoco, porque acordar precios no es un acto violento. Lo ético es pedir al gobierno más competencia: libre  entrada de competidores (gasolineras) y que los negocios existentes —restaurantes, centros comerciales, tiendas, clubes— sean libres de ofrecer este servicio a sus clientes. Un hombre ético no acude a los políticos para obtener cosas «gratis» o precios «justos» a expensas de otros, violando con ello su libertad y su propiedad. «Lo único justo es dejar hacer».

Bibliografía

Rothbard (2009). La Ética de la Libertad. [Versión Kindle]. Madrid: Unión Editorial.

----------- (2013). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.

El «chino» expiatorio

Crítica al video titulado: «Modelo parasitario chino de expansión económica» (2011).

Carlos Rodríguez Braun

Dice con agudeza el profesor Carlos Rodríguez Braun: «El mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio». Tras cada crisis económica es preciso buscar un culpable y esta vez, le tocó la china a los chinos. Me sabe mal refutar al profesor Julián Pavón, pero ha sido él, con su injusta acusación, el causante de mi respuesta. Vamos a identificar algunas falacias de su intervención.

1. El colectivismo metodológico. En economía, es frecuente referirse a los países —España, China— como actores económicos, sin embargo, las naciones no son entes ontológicos. Sólo los individuos actúan (Mises, 2011: 15). Los empresarios chinos que se instalan en España (y otros países) no son «China», ni son funcionarios del Estado chino, ni son enviados del Partido Comunista para «conquistar» el mundo. En economía, las metáforas bélicas son engañosas. La actividad empresarial y el comercio son actos pacíficos que benefician a cuantos participan en él.

2. Endogamia empresarial. Los chinos emplean a chinos; es lógico: emigran familias enteras que no saben hablar español; sin embargo, a medida que el negocio prospera se contratan españoles: dependientes de comercio, repartidores de comida a domicilio, etc. Ellos venden productos fabricados en china, lo cual no solo es perfectamente lícito, sino muy eficiente.

3. Parasitismo. En ningún momento de su intervención el profesor Pavón justifica su acusación de parasitismo. Los chinos son muy trabajadores, no son «buscadores de rentas» públicas; al contrario, los chinos nunca están en paro, probablemente, son proveedores netos de impuestos. Los parásitos, cazadores de «paguitas» y ayudas sociales, son en su mayoría españoles, marroquíes, cubanos, venezolanos, etc. El éxito económico de los chinos no se produce a expensas de nadie, al revés, es la consecuencia de haber servido cumplidamente los deseos de los consumidores. Por tato, los empresarios chinos instalados en España aumentan la calidad de vida de los españoles, ofrecen amplio horario y precios bajos; y como clientes, son buenos pagadores. 

4. ¿A dónde va nuestro dinero? Se acusa a los chinos, entre otros —Carrefour, Ikea, Lidl—, de «sacar» el dinero de España; paradójicamente, nunca se acusa a los españoles de «sacar» los productos de China. Según el mito de la balanza comercial «desfavorable», es mejor exportar que importar, es mejor acumular dinero que disfrutar del consumo de bienes. Esta idea mercantilista no se sostiene. Realidad: a) las exportaciones y las importaciones tienden a igualarse. El dinero que (supuestamente) se envía a China (divisas) no es para «comprar el mundo», sino para aumentar la calidad de vida de los chinos. Cada euro que sale de España vuelve más pronto que tarde de tres formas: 1) directamente: los chinos compran bienes producidos en España: tecnología, transporte, alimentación (vino, porcino, aceite de oliva), productos químicos, etc. 2) Indirectamente: los chinos compran en terceros países y los receptores, a su vez, compran bienes españoles o hacen turismo en España. 3) Los chinos realizan inversiones en España. El comercio internacional es un sistema intrincado de relaciones y es tan irrelevante medir la balanza comercial entre países como hacerlo entre Aragón y Galicia.

5. Los «dueños del mundo» o hacerse con el «control económico mundial». Ahora imaginemos que los chinos, por una extraña razón, redujeran su consumo a niveles propios de los capitalistas puritanos. Invierten todo su ahorro comprando minerales «estratégicos» y grandes empresas en todo el mundo. Lejos de ser un problema, estas inversiones son una bendición para los países receptores porque crece su tasa de capitalización y, con ella, los salarios reales. Cuanto más capital chino entre en España, mucho mejor para nosotros. Precisamente, la súbita mejora del nivel de vida de los chinos se debe a la entrada masiva de capital extranjero.

En definitiva, los chinos no constituyen un problema para la economía mundial, al revés, su elevada competitividad mejora la calidad de vida de todos aquellos países donde tienen presencia. A quien desee profundizar en este tema, le recomiendo el tratado de economía de Ludwig von Mises: La acción humana (Unión Editorial).

Gestión de crisis de la Covid-19: lecciones aprendidas

La gestión de la pandemia por Covid-19 ha suscitado numerosas críticas: analistas —médicos, economistas, sociólogos, juristas, geoestrategas, filósofos, etc.—, desde sus respectivas disciplinas, intentan extraer aprendizajes de esta terrible crisis. Hoy vamos a tratar de identificar algunas lecciones aprendidas en el campo de la economía y la función empresarial.

1. Sobre el ahorro

Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando llega una crisis, muchos lamentan no haber ahorrado lo suficiente. ¿Por qué hoy no se ahorra o se ahorra menos que antes? La red asistencial –sanidad, educación, desempleo, pensiones, vivienda, subsidios, becas, etc.– que ha tejido el Estado reduce los incentivos al ahorro convirtiendo al individuo en un ser económicamente irresponsable e imprevisor. Los falsos derechos –sanidad, educación, trabajo, vivienda–, creados ex novo en la legislación, han sido asumidos por la población en la creencia que el Estado puede y debe garantizarlos. Sin embargo, cada crisis nos demuestra lo frágil e ilusoria que es la seguridad de papá Estado. Nuestra recomendación es: a) constituir un fondo de reserva (mínimo) equivalente a 3 salarios mensuales. b) sólo endeudarse para la hipoteca, nunca para gasto corriente –coche, vacaciones, muebles–. Supongamos una persona que obtiene su primer empleo y necesita un coche para trabajar, lo más sensato es comprar uno barato (segunda mano) y ahorrar para constituir su fondo de reserva, posteriormente seguir ahorrando para adquirir un vehículo nuevo.

Lección aprendida: ahorra primero y gasta después.

2. Deuda pública

Aunque no podemos equiparar la deuda privada con la pública, la imprevisión de las familias también se observa en el Gobierno. Tras la crisis de 2008, la deuda pública española se situó en el 100% del PIB y el Gobierno pudo haberla reducido aprovechando los últimos años de bonanza económica (2016-2020), tal y como hicieron Alemania y Holanda. Ahora que vienen mal dadas, nuestro Gobierno (y el italiano) no tiene margen para aumentar su deuda y suplica «mutualizar» una nueva emisión de «coronabonos». Lo que Sánchez pretende es que los contribuyentes del norte de Europa paguen la irresponsabilidad del Estado español.

Lección aprendida: la deuda pública debe reducirse en tiempos de bonanza económica para tener mayor capacidad de endeudamiento en tiempos de crisis.[1]

3. Plan de choque por 200.000 meuros

El 17 de marzo, el Gobierno aprobó un paquete de medidas económicas por valor de 200.000 meuros, entre fondos públicos (117.000 meuros) y privados (83.000 meuros); siendo la partida más cuantiosa la de avales (100.000 meuros). Pero como advierte Daniel Lacalle, el problema de las empresas que han cesado su actividad no es de crédito, sino de ausencia de ingresos. Si la empresa no factura y no sabe cuándo recuperará su actividad, el crédito o las moratorias de pago –hipotecarias, fiscales– no son de gran ayuda. Lo que necesita una empresa que no produce (y que confía reanudar la actividad) es reducir urgentemente los costes fijos: salarios, cotizaciones S.S., impuestos, alquileres, seguros, mantenimiento, etc.; tal y como hace la industria hotelera en los periodos de inactividad. Por tanto, lo mejor que podría hacer el Gobierno, en lugar de burocratizar las ayudas, es una exención temporal del pago de cotizaciones e impuestos.

Suspender temporalmente la producción es una cuestión organizativa, pero las empresas se han visto sorprendidas por una serie de decretos improvisados (de un día para otro), confusos y arbitrarios.

Por otro lado, algunas entidades bancarias exigen una serie de requisitos –documentación, seguro de vida (de la propia entidad)– que encarecen los créditos ICO, haciendo las operaciones inasumibles para muchos autónomos y PYMES. Este plan del choque del Gobierno no evitará la destrucción de una parte considerable del tejido productivo del país.

Lección aprendida: no cerrar la economía y permitir que la producción se adapte a las exigencias de la pandemia. Las ayudas no deben estar burocratizadas.

4. Más intervencionismo

La pandemia de la covid-19, parafraseando a Randolph Bourne, es «la salud del Estado». Durante el estado de alarma, el Gobierno tiene poderes excepcionales y los ejerce de forma ostensible interviniendo en la economía o, peor aún, reemplazando al mercado por un sistema de planificación centralizada. Veamos algunos errores cometidos.

Daniel Lacalle

a) Prohibición de «cortos» en la bolsa

Como afirma Daniel Lacalle (2013: 69%): «Cuando las bolsas se desploman, los Gobiernos, acostumbrados a pensar que todo debe subir siempre y que ninguna caída es justificada, consideran necesaria una intervención. Y lo primero que suelen hacer es culpar a las posiciones cortas». Quien prohíbe los «cortos» ignora que, frecuentemente, los inversores los usan para financiar posiciones «largas», algo llamado inversión «largo-corto». Las posiciones «cortas» reducen el riesgo de las «largas». Por tanto, si el Gobierno prohíbe las primeras, también reduce las segundas. Las posiciones cortas generan tres beneficios: 1. Incrementan la liquidez de los valores. 2. Dan la oportunidad a las empresas para reaccionar ante noticias o eventos que pudieran reducir el precio de la acción. 3. El prestamista de la acción recibe un interés y mejora su liquidez. (Lacalle, 2013: 68%). Una explicación más prolija se encuentra en mi análisis «La crisis del coronavirus y la prohibición de cortos».[2]

Lección aprendida: la prohibición de cortos es innecesaria porque no evita que la bolsa caiga, además es detrimental porque reduce los volúmenes de contratación y aumenta la volatilidad.

b) Requisa, monopolio y control de precios

La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la escasez de específicos productos –respiradores, test, mascarillas, equipos de protección, geles, alcohol– y servicios –hospitalización, cuidados intensivos, fumigación– de primera necesidad. La intervención del Gobierno ha producido una triple contracción de la oferta, cuyas causas son: a) requisa de bienes en los almacenes interiores y aduanas; por ejemplo, los pedidos por Internet (Amazon) son retenidos; b) monopolio: prohibición del libre comercio de bienes y servicios sanitarios (test) afectados por la covid-19; c) fijación de precios máximos de las mascarillas (0,96€). Como resultado, las empresas españolas pararán la producción o, en su caso, la colocarán en terceros países. Los importadores –mayoristas, minoristas e individuos–dejarán de hacer pedidos. Interferido el mercado, la escasez se agudiza y los consumidores se lanzan a fabricar aquello que está a su alcance: mascarillas de tela, protectores faciales de acetato e incluso respiradores de circunstancia.[3] Los sectores intervenidos transitan desde el capitalismo hacia el socialismo. Aparecen la economía de subsistencia, el consumo de capital y la reducción en la división del trabajo; fenómenos todos previstos por la teoría económica del intervencionismo (Rothbard, 2013).

La asignación del stock fruto de la requisa ya no obedece a las leyes de la cataláctica (intercambios de mercado), sino a la discrecionalidad de la autoridad y al favor de políticos y funcionarios. El material requisado es del todo insuficiente para satisfacer la demanda de los hospitales. A las residencias privadas de ancianos y al conjunto de la población no llega absolutamente nada, y lo poco que algunas empresas consiguen por su cuenta es inmediatamente requisado, tal ha sido el caso de Siemens Gamesa, que disponía para sus empleados 2.000 test de detección del coronavirus.[4]

Lección aprendida: evitar la requisa, no intervenir empresas y dejar fluctuar libremente los precios para que se incremente la oferta de bienes escasos.

c) Confinamiento y cierre de la economía

Ante los errores de cálculo del Gobierno sobre los efectos de la Covid-19, la ausencia de planes de contingencia y la letalidad de la pandemia, la autoridad ha optado por soluciones drásticas: confinamiento masivo de la población y el cierre forzoso de la economía. Dos graves errores. Por un lado, un confinamiento voluntario hubiera conseguido un resultado similar en términos de contención de la pandemia, al fin y al cabo, los individuos son los más interesados en preservar su propia salud. Además, nos habríamos ahorrado más de medio millón de multas[5] abusivas que han venido a empeorar la situación económica de muchas personas. Por otro lado, hubiera sido preferible dejar funcionar a todas las empresas, pero exigiendo medidas preventivas del contagio.

Es preciso conjugar seguridad y libertad, en lugar de pretender la primera a expensas de la segunda. Dice Adela Cortina (2015: 8): «El dilema seguridad versus libertad es falso. Tratar de compaginar una y otra sin renunciar a ninguna de ellas es un problema, no un dilema». España, por desgracia, viene avalando nuestra tesis: es líder en violación de libertad y líder en mortalidad (por millón de habitantes).

«La salud está antes que la economía» es otra falacia similar, en efecto, los países orientales –Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong– han obtenido los menores índices de contagio sin haber cerrado sus economías. La clave del éxito ha sido su anticipación: acopio de medios, test masivos –aleatorios y selectivos–, confinamiento de las personas contagiadas y libertad de acción para el resto (adoptando las medidas sanitarias). De esta forma, estos países han cosechado tenido un triple éxito: a) controlar la pandemia; b) preservar las libertades; y c) mantener abiertas sus economías.

Por último, la precipitación con que ha actuado el Gobierno español ha sorprendido a las empresas sin darles tiempo a evaluar la situación, tomar decisiones y organizarse internamente. Como suele decirse: «Cuando la cabeza va mal los pies van peor».

Lección aprendida: la respuesta debe ser proactiva, flexible, gradual y adaptada a las diversas situaciones de individuos y territorios.

d) Centralización económica

Cuando hay una emergencia nacional lo primero que hace el Gobierno es centralizar determinados abastecimientos y servicios que considera básicos para la población. Veremos el grave error que supone esta medida.

La sociedad, en general, y el mercado, en particular, son órdenes sumamente complejos donde millones de personas actúan buscando sus propios fines, empleando diversos medios. Se trata de un sistema social «descentralizado» y por ello puede funcionar armoniosamente.

En España, la sanidad pública está transferida a las CC.AA. Son ellas y los propios hospitales (públicos y privados) quienes realizan todas las gestiones logísticas —personal, compras, mantenimiento, administración económica— para su funcionamiento. De repente, ante la pandemia, el Ministerio de Sanidad, sin capacidad de gestión, ni conocimiento (experiencia) y al mando de un filósofo dice: «Yo me hago cargo». Es como si en mitad de una tormenta, reemplazáramos al capitán del buque por un grumete. El desastre está servido.

El primer problema de la centralización es que la gestión cambia de manos: la «mano invisible» del mercado es reemplazada por la «patada visible» del Gobierno. El segundo, se ralentizan todos los procesos que ahora están bajo un «mando único». Se producen «cuellos de botella» en el sistema que parece haberse militarizado. Múltiples fallos afloran de inmediato: los pagos a proveedores se retrasan y el producto es vendido a otro cliente más rápido, se compra material defectuoso (test, mascarillas) que debe devolverse al proveedor, los abastecimientos llegan tarde al usuario porque han sido retenidos en la aduana o han ido pasando por almacenes intermedios, etc. Estos retrasos ocasionan más contagios, nuevas bajas de personal sanitario y más muertes. La centralización ha agudizado el problema. Ante la inoperancia del Gobierno central, las CC.AA., ayuntamientos, hospitales, empresas y particulares eluden el monopolio estatal y se lanzan a la compra de material con sus propios medios: ¡Sálvese quien pueda! Del resto de bienes –no centralizados– hay abundancia y no falta de nada. Si el Gobierno centralizara la producción y suministro de alimentos, en pocos días estaríamos haciendo cola con la cartilla de racionamiento en la mano. La centralización de la economía no es algo nuevo, es la vieja receta fracasada del «sistema socialista de panificación central», cuya imposibilidad económica ya demostrara Ludwig von Mises, en 1920. Asistir a este lamentable espectáculo nos ayuda a entender cómo sería la vida bajo el yugo totalitario de un Estado socialista.

Por último, la pandemia no afecta por igual a todo el territorio. Sería razonable que las autoridades regionales y locales participaran en la toma de decisiones. La desastrosa gestión centralista del «mando único» podría, tal vez, avivar los deseos de secesión política en los individuos y Gobiernos regionales.

Lección aprendida: mantener el sistema descentralizado propio del libre mercado y dejar que los recursos afluyan de la manera habitual.

e) El mito de los bienes «esenciales»

Otro error del Gobierno ha sido clasificar ciertos negocios o sectores económicos en «esenciales» y «no esenciales», impidiendo o restringiendo la actividad de estos últimos. La autoridad dice que bares, restaurantes y hoteles no son esenciales, pero los camioneros, las personas que residen permanentemente en hoteles y los turistas que desean permanecer en España, entre otros, no opinan lo mismo. La autoridad dice que las ferreterías no son esenciales, pero pensemos en los albañiles, fontaneros y tantos profesionales y particulares que las necesitan. Imagine que usted tiene una fuga de agua en su casa: tanto el fontanero como la ferretería son esenciales. La autoridad dice que los talleres de vehículos no son esenciales, pero ambulancias, coches de la policía, vehículos de reparto y logísticos y miles de vehículos particulares pueden tener una avería; por tanto, grúas, talleres y comercios de venta de repuestos son esenciales. ¿A dónde queremos llegar? El valor es subjetivo. Lo que es «esencial» para una persona puede no serlo para otra y viceversa. La sociedad es un «cosmos», un orden espontáneo sumamente complejo cuyos integrantes necesitan libertad de acción para tomar decisiones según su personal (subjetiva) escala de valores. Por tanto, establecer clases de bienes, negocios o sectores económicos no sólo es un acto arbitrario, sino inútil y confuso (Mises, 2011: 148).

Por otro lado, esta distinción maniquea ignora la ley de Say, es decir, si los trabajadores «no esenciales» no producen, tampoco podrán demandar bienes «esenciales». Por ejemplo, muchas gasolineras[6] tienen que cerrar o reducir su actividad porque la mayoría de clientes pertenece al grupo de «no esenciales», a saber, la población confinada. El sistema económico es interdependiente y no se puede bloquear una parte sin ocasionar un mal a todo el conjunto.

Lección aprendida: dar libertad para que individuos y empresas, utilizando las medidas sanitarias adecuadas, sean libres para alcanzar fines y utilizar medios.

f) Medidas extraordinarias para la «protección» del empleo.

La economía no puede mejorar apelando a la violencia, pero el 28 de marzo, el Gobierno emite un nuevo decreto-ley (art. 2) cuya finalidad es mantener el empleo, pero coaccionando a los empresarios para que opten por un ERTE, en lugar de un ERE:

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

Tras la medida, si los empresarios necesitan despedir empleados, por muy objetiva que sea la causa –el cierre forzoso decretado en el estado de alarma–, su precio será equivalente a 33 días por año trabajado (máximo 24 pagas), en lugar de 22 días (máximo 12 pagas). Ante la agresión, ¿qué opciones tiene el empresario?:

1) Ceder al chantaje y pagar los despidos encarecidos (11 días más/año).

2) Hacer un ERTE, reanudar la actividad y aguantar 6 meses (preceptivo), y finalmente hacer un ERE por causas objetivas.

3) Realizar acuerdos alegales con los empleados.

4) Cierre y concurso de acreedores.

En definitiva, no es posible «proteger» el empleo desprotegiendo jurídicamente a quienes lo crean. El Gobierno exhibe una excesiva confianza en la coacción sin reparar que el Boletín Oficial del Estado no obra milagros (más bien es un malgasto de papel y tinta). Ya puestos, ¿por qué no prohibir directamente que la gente enferme? «Proteger» el empleo vía decreto-ley solo ocasionará más quiebras y mayor desempleo: Daniel Lacalle estima que 900.000 empresas no llegarán a 2021 y que el paro ascenderá al 35%.[7]

Lección aprendida: no manipular las leyes. Respetar la propiedad privada y la libertad del empresario para determinar la organización interna y el funcionamiento de su empresa.

5. Conclusión

Toda pandemia inflige per se elevadas pérdidas humanas y económicas. A los enfermos y fallecidos hay que añadir el cese forzoso de actividad de las personas sanas. La enfermedad merma la capacidad física de los individuos, las medidas de higiene y distanciamiento reducen la productividad del trabajo, el gasto sanitario se dispara, etc. Todo ello provoca, en términos agregados, caídas significativas en la oferta y la demanda cuyo resultado es la recesión económica. Por tanto, es vital que el Gobierno no agrave aún más la situación interviniendo «temporalmente»[8] la economía, lo que supone un avance hacia el socialismo: «Sistema de agre­sión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial» (Huerta de Soto, 2010: 25). Quien pretenda dirigir la sociedad jerárquicamente, a golpe de decreto-ley, se enfrenta a una misión imposible: el Gobierno no dispone (ni puede disponer) de la información necesaria para dirigir los procesos de coordinación social. La irrupción de una crisis –sea bélica, sanitaria o económica– no modifica este axioma praxeológico.

A las pérdidas por la menor producción hay que añadir los costes derivados del consumo de capital, de la menor división del trabajo y del previsible incremento de la litigiosidad en los próximos años. El colapso de los juzgados provocará, sin duda, un número adicional de quiebras empresariales.

La correcta gestión de una pandemia debe ser anticipatoria, técnicamente acertada, flexible, gradual y económica; pero el Gobierno carecía de un plan de contingencia a nivel nacional (Cegarra, 2020). Precisamente, la falta de anticipación y su corolario, la gestión reactiva de la crisis, ha desembocado en una mezcla de improvisación, desorganización y autoritarismo. El confinamiento forzoso y el cierre de la economía han sido tan innecesarios como detrimentales. Lo correcto hubiera sido tratar de conjugar todos los valores –salud, seguridad, libertad, economía, preferencia temporal– en liza, pero como son subjetivos, su imposición hegemónica a los individuos solo puede deteriorar la situación.

Por otra parte, el Gobierno ha esgrimido falsos dilemas –seguridad vs libertad– y ha caído en errores maniqueos –esencial vs no esencial. Particularmente dañina ha sido la legislación positiva que autoriza específicas actividades y usos: quién puede trabajar, qué puede producirse, a dónde se puede ir, etc. algo que es irremediablemente arbitrario y que nunca puede contemplar la diversidad de situaciones personales. Los mandatos del Gobierno, unas veces, deben aclararse porque son ambiguos; otras, deben rectificarse porque son contrarios al más elemental sentido común; en dos palabras: caos legislativo. La ley debe ser siempre negativa y no debe «estar sometida nunca a cambios súbitos e imprevisibles» (Leoni, 2011: 103). Las prohibiciones, restricciones y servidumbres, más propias de un estado de excepción, han causado una parálisis social y económica de enormes proporciones. Resulta paradójico que las autoridades de Francia, Italia y España se estén comportando como antiguos déspotas orientales, mientras que los dirigentes de Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong lo hagan como genuinos liberales decimonónicos.

El cúmulo de errores cometidos por el Gobierno español es de tal amplitud y calado que cabe preguntarse si se debe una absoluta inoperancia para gestionar la pandemia, o bien, considerando la naturaleza psicopática del poder político, asistimos a un plan deliberado de destrucción de la economía cuyo fin último sería provocar un cambio de régimen. Como reza el lema revolucionario: ¡Cuanto peor, mejor!

En definitiva, una correcta gestión de la crisis sanitaria no debe bloquear la acción humana, la función empresarial y el orden social, sino facilitar su libre y natural adaptación a las nuevas exigencias de la pandemia.

Publicado originalmente en el Instituto Juan de Mariana (04/05/2020, Análisis diarios)

Bibliografía

Bastiat, F. (2012). Obras escogidas. Madrid: Unión Editorial.

Bourne, R. (2013) [1918]. “War is the Health of the State”. Ed. John Calvin Jones.

Cegarra, A. (2020). https://clubjaimeprimero.org/index.php/content/la-crisis-sanitaria-del-c...

Cortina, A. (2015). «Compaginar seguridad y libertad sin renunciar a ninguna de ellas es un problema con solución, no un dilema». Abogados, Revista del

Consejo General de la Abogacía, No 95, diciembre.

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle). 

Leoni, B. (2011). La libertad y la ley. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2009) [1922]. El Socialismo. Madrid: Unión Editorial.

Murphy, R. (2006). "The Social Function of Stock Speculators". Mises Institute. https://mises.org/library/social-function-stock-speculators.

Rothbard, M. (2013). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.

[1] Idealmente, la deuda pública debería ser abolida legalmente en su totalidad porque supone una violación de la libertad y la propiedad de los contribuyentes.

[2] Instituto Juan de Mariana. Análisis diarios, 01/04/2020.

[3] El pasado 3 de abril, la planta de Seat, en Martorell, comenzó la producción del respirador OxyGen, diseñado a partir del motor de un limpiaparabrisas. La empresa ha distribuido más de 500 unidades a diversos centros hospitalarios. La producción se ha detenido debido a la mejora de la situación en las UCI.

[4] https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-14/gobierno-requisa-siem... test-deteccion-coronavirus_2546600/

[5] Un informe de la Abogacía General del Estado sostiene que la Ley de Seguridad Ciudadana sólo se puede emplear contra quienes desobedecen las órdenes directas de los agentes. Esto significa que la inmensa mayoría de las sanciones por romper el confinamiento forzoso son contrarias a derecho. Es decir, se multa por «desobediencia» lo que (generalmente) es un «incumplimiento».

[6] Esta epidemia ha revalorizado las gasolineras automáticas (mal llamadas «desatendidas»): sanitariamente, porque el servicio no requiere contacto personal; económicamente, porque al tener menos personal, resisten mejor la crisis.

[7] https://www.elmundo.es/economia/2020/03/31/5e824ee121ef a0e0298b45e7.html

[8] No hay nada más permanente que una medida temporal del Gobierno.

La crisis del coronavirus y la prohibición de «cortos»

La crisis del coronavirus ha ocasionado un desplome generalizado de las bolsas. En España, en tan sólo un mes (19 febrero-16 marzo), el IBEX 35 se ha dejado un 40%. Tras cada crisis y para «salvar» la bolsa de los «malvados especuladores», el gobierno suspende temporalmente las posiciones «cortas». Como afirma Daniel Lacalle (2013: 69%): «Cuando las bolsas se desploman, los gobiernos, acostumbrados a pensar que todo debe subir siempre y que ninguna caída es justificada, consideran necesaria una intervención. Y lo primero que suelen hacer es culpar a las posiciones cortas». En efecto, el pasado 16 de marzo, la CNMV las prohibió durante un mes debido a la «extrema volatilidad de los mercados de valores». Hoy veremos qué es una inversión «corta» y por qué el gobierno no debería prohibirlas.

Jesús Huerta de Soto

De forma preliminar, debemos evitar los prejuicios contra la especulación. Especular –mirar al futuro– forma parte de la función empresarial y, por tanto, es una actividad inherente a la acción humana (Huerta de Soto, 2010: 41). Todos los inversores en bolsa son empresarios especializados en la especulación diacrónica o intertemporal (Huerta de Soto, 2010: 68), característica en los mercados de valores[1]. «A pesar de su horrible reputación, los especuladores en bolsa desempeñan un servicio crucial en la economía de mercado. Sus intentos de comprar a bajo (precio) y vender alto elimina rápidamente los errores de precio en el mercado de valores» (Murphy, 2006). Es decir, los especuladores, en su búsqueda del beneficio, de forma no intencionada, provocan un «mejor» – más aproximado a la realidad­– ajuste en el precio de las acciones.

Ahora veamos qué son posiciones «largas» y «cortas». 1) Largas. Si el especulador (o inversor) considera que una acción está infravalorada, la compra esperando que el precio suba en el futuro, momento en que la venderá. 2) Cortas. El especulador considera lo contrario –acción sobrevalorada– y hace lo siguiente: a) pide la acción en «préstamo» a su dueño (i.e. fondo de inversión), en un plazo y con pago de intereses; b) siendo ahora el nuevo dueño de la acción,[2] la vende y espera que baje su cotización para volver a comprarla; c) finalmente, al vencimiento del plazo, devuelve al prestamista la acción junto con los intereses, obteniendo, en su caso, un beneficio neto. Según la opinión maniquea del gobierno español (CNMV), la especulación larga es «buena» y la corta es «mala» (solo si la bolsa se hunde). En ambos casos, si la predicción es acertada, el inversor gana dinero, pero si es equivocada, sufre pérdidas. De forma selectiva, el mercado bursátil conserva a los buenos especuladores y expulsa a los malos.

Daniel Lacalle

¿Por qué el gobierno prohíbe las posiciones cortas? Es inverosímil que los técnicos de la CNMV no entiendan bien el funcionamiento del mercado de valores, por tanto, lo más seguro es que la orden venga «de arriba»: de algún «lumbreras» del gobierno. Sea como fuere, está extendido el mito de que los cortos hunden las cotizaciones, pero la realidad es otra: «Las cotizaciones se hunden cuando los resultados y la situación financiera empeoran» (Lacalle, 2013: 70%). Los especuladores no juegan temerariamente con el dinero de sus clientes, sino que toman decisiones basadas en un riguroso análisis de la situación de cada empresa, del sector, la competencia, etc.

Quienes prohíben los cortos parecen ignorar que, frecuentemente, los inversores los usan para financiar posiciones largas, algo llamado inversión «largo-corto». Las posiciones «cortas» reducen el riesgo de las «largas». Por tanto, si el gobierno prohíbe las primeras, también reduce las segundas. Las posiciones cortas generan tres beneficios: 1. Incrementan la liquidez de los valores. 2. Dan la oportunidad a las empresas para reaccionar ante noticias o eventos que pudieran reducir el precio de la acción. 3. El prestamista de la acción recibe un interés y mejora su liquidez. (Lacalle, 2013: 68%).

El supervisor que prohíbe los cortos demuestra cobardía y arrogancia.[3] Es cobarde porque rehúye afrontar la realidad del mercado y es arrogante porque cree que puede manipularlo mediante órdenes. Pero lo único que consigue la autoridad es empeorar la situación (Lacalle: 2013: 70%): a) los volúmenes de contratación se desploman y se incrementan los costes de contratación; b) contrariamente a los fines del gobierno, la prohibición aumenta la volatilidad porque (a resultas del punto anterior) las caídas y las subidas son más acentuadas.

Resumiendo, la ciencia económica predice que toda injerencia coactiva en el mercado –intervencionismo o socialismo– tiene efectos perversos en la economía, frecuentemente contrarios a la finalidad pretendida por la autoridad. Como hemos visto, la prohibición de posiciones cortas es tan innecesaria como detrimental. Resulta arbitrario y es de todo punto inaceptable cambiar las reglas del juego cuando el partido se va poniendo feo.

Publicado originalmente en el Instituto Juan de Mariana.

[1] Nos referimos a los agentes de bolsa, sean o no empleados, dedicados profesionalmente a dirigir las inversiones.

[2] Ocurre algo similar en un «plazo fijo»: es un préstamo de dinero donde la propiedad pasa del cliente al banco. No sucede lo mismo con un depósito (cuenta corriente), donde la propiedad no cambia de manos.

[3] «Prohibir los cortos es de cobardicas» es el subtítulo del cap. 30 del libro de Lacalle (2013): Nosotros, los mercados.

Bibliografía:

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle). 

Murphy, R. (2006). "The Social Function of Stock Speculators". Mises Institute.

https://mises.org/library/social-function-stock-speculators.