Sobre el precio del alquiler de vivienda

En otros artículos ya he tratado la cuestión del control de precios de los alimentos, así que hoy me centraré en el mercado del alquiler de vivienda.

Empecemos recordando la famosa ley de oferta y demanda. Cuando la escasez relativa de un bien económico aumenta, es decir, cuando su demanda aumenta en mayor medida que su oferta, su precio sube, bajando en el caso contrario. Si suponemos que el resto de circunstancias no se modifica o ceteris paribus (escenario irreal cuya utilidad es facilitar el razonamiento), la subida del precio del alquiler implica necesariamente la reducción del precio de otros bienes. Si la gente gasta más en alquiler, ceteris paribus, forzosamente deberá gastar menos en otras cosas; por tanto, su demanda bajará y con ella el precio. La subida del precio del alquiler reduce el nivel de vida de los arrendatarios y aumenta el de los arrendadores; los primeros deberán reducir el consumo de otros bienes y los segundos lo podrán aumentar. 

Políticos, periodistas y arrendatarios, ponen el grito en el cielo cuando los alquileres suben de precio generando una alarma social. Consideran que la vivienda es un bien de primera necesidad y que la autoridad debería hacer algo para evitar precios «excesivos». La ciencia económica refuta la existencia de precios objetivos (el valor es subjetivo), por tanto, afirmar que un precio es «demasiado» bajo, «asequible» o «demasiado» alto es una mera opinión; por ejemplo, alguien podría pensar que la subida de precios del alquiler es buena para evitar la «excesiva» población en una zona, cuestión también opinable por idénticas razones. En Canarias, sin ir más lejos, hay quienes piensan que ya no cabe nadie más en las islas. En buena lógica, deberían alegrarse porque la mencionada subida ejerce un efecto de expulsión de residentes. Pero volvamos al análisis económico:

Existen dos formas de mercado, no violentas, de hacer bajar el precio:

A) Reducir la demanda: podríamos persuadir a los consumidores que se trasladen a vivir a un sitio más barato o que compartan vivienda. Esto no es necesario porque el precio ya se encarga de ello, generando incentivos en la dirección apuntada.

B) Aumentar la oferta: los legisladores podrían mejorar la protección jurídica de los propietarios (impagos, okupas) para que más viviendas vacías salgan al mercado. Los ayuntamientos pueden aumentar la oferta de suelo residencial para realizar nueva construcción. Se puede fomentar la rehabilitación removiendo las restricciones legales y la burocracia, etc. Pero, aunque los políticos no hicieran nada bueno (algo de esperar), la mera subida del precio hará que nuevas inversiones se dirijan al mercado de alquiler aumentando la oferta.

El sistema de precios, de forma natural, reducirá la demanda y aumentará la oferta, haciendo bajar nuevamente los precios. Por cierto, los precios nunca están en equilibrio, nada en la economía está en equilibrio, el mercado es dinámico y está en permanente cambio ajustándose a las preferencias de los consumidores. Lamentablemente, algunos políticos ya sea por ignorancia, por ofuscación ideológica o por interés electoral podrán establecer controles de precios, ofreciendo a los votantes un «alquiler asequible» y otros eslóganes populistas.

El problema insoluble del control de precios es que el órgano de planificación del gobierno (funcionarios, asesores, técnicos) carece de la información necesaria para fijar el precio de cada vivienda. Los precios se fijan de forma individual, dinámica y descentralizada por los compradores y vendedores, por tanto, cualquier cifra que determine el gobierno es necesariamente arbitraria y detrimental. Por ejemplo, la Generalidad de Cataluña aprobó en mayo de este año un decreto ley para contener el precio del alquiler en «zonas tensas» (ciudad de Barcelona). La renta no podrá superar en 10% el precio medio del alquiler de la zona e impide a los propietarios actualizar el precio según el IPC. Pero la estadística no resuelve el problema: las casas de una zona (ni siquiera una calle) no son homogéneas y los dueños de pisos mejor situados y/o acondicionados se verán más perjudicados que el resto.

La ciencia económica nos advierte que el control de precios empeorará aun más la situación porque el mercado reaccionará en sentido contrario: aumentará la escasez y tampoco disminuirá el precio real (no nominal) de los alquileres. Por ejemplo, supongamos que la renta de mercado de la vivienda V es 1.000€, si el gobierno fija un precio máximo de 900€, está transfiriendo coactivamente 100€ desde el arrendador al arrendatario. ¿Cómo reaccionará el primero frente a esta agresión? a) Puede dejar de alquilar su casa, venderla o irse al mercado de alquiler vacacional. b) Puede reducir el valor real del inmueble aproximándolo al precio intervenido, ¿cómo? eliminando mobiliario, algunos extras (wifi) o dejando que se deteriore. c) Puede negociar con el inquilino un pago de 900€ en A y 100€ en B. d) Puede endurecer las condiciones contractuales exigiendo más garantías y avales de tal manera que las personas con menor capacidad adquisitiva tendrán mayores dificultades para encontrar una vivienda.

En definitiva, fijar precios máximos al alquiler sólo puede empeorar la situación de escasez relativa,  además reducirá el valor real del parque de viviendas en el mercado. Por tanto, el gobierno no debe regular los precios, sino mejorar el entorno institucional, según apuntamos en B). Por último, la ética nos dice que el «control de precios» es inmoral porque viola la libertad de las partes para realizar contratos legítimos, intentando transferir renta desde el arrendador al arrendatario.

La deuda política de España

https://fee.org.es/art%C3%ADculos/la-deuda-pol%C3%ADtica-de-espa%C3%B1a/?fbclid=IwAR3WxLfyVniyQdn2dfPtRx-kfRi85E2TBBGZkyZatEhp5DkOl51E0aTDGHA

La falacia del «impacto económico»

https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/la-falacia-del-impacto-economico?fbclid=IwAR1f1fFyqO-l51fTwkZAeTU2Wu6MThl6JwZA8IWmEvX-LmmEafJcaSa-VVE

Tres errores económicos de Nigel Farage

Nigel Farage es, sin duda, uno de los políticos con mayor protagonismo y éxito en Reino Unido. Su esfuerzo titánico por sacar a su país de la Unión Europea ha sido recompensado y el próximo 31 de octubre, con toda probabilidad, los británicos abandonarán una organización diseñada para alimentar a políticos y burócratas.

El líder del Brexit Party, al igual que su amigo Donald Trump, quiere «hacer a su nación grande otra vez». Entrevistado, el pasado 27 junio, por Breibart News, afirmaba Farage que en su país eran necesarias tres cosas: a) Recuperar la empresarialidad (las regulaciones europeas están matando el secular espíritu emprendedor de los británicos). b) Situar a RU en el siglo XXI mediante la creación de infraestructuras públicas. c) Acometer reformas políticas: combatir la corrupción, eliminar la Cámara de los Lores, etc. 

En la entrevista, Farage mostró su acuerdo con la propuesta de bajada de impuestos de Boris Johnson, pero añadía un reparo: en el caso de las rentas altas, los propietarios se comprarían un chalé más grande en España:"they just buy a bigger villa in Spain". De esta frase inferimos un triple error económico del político británico.

Primero. La futura reducción de impuestos supondrá un dinero extra en el bolsillo de los británicos 𝍩ricos y pobres𝍩 pero nada nos indica que los primeros lo consumirán fuera del país y los segundos en casa. Por ejemplo: un «rico» podría comprarse una villa más grande en Marbella, pero un «pobre» también podría alargar un día su estancia en Benidorm. Otro ejemplo: un británico de clase media podría comprarse un BMW (hecho en Alemania) y un rico un Rolls Royce (hecho en casa).

Segundo. Cuando alguien incrementa su renta disponible puede emplearla en cualquiera de estas combinaciones: a) aumentando el consumo; b) aumentando el saldo en efectivo (ahorro a la vista); c) reduciendo deudas; y d) aumentando la inversión. Lo cierto es que ricos y pobres no emplearán el dinero extra de igual manera. A medida que aumenta la renta, la cantidad dedicada al consumo es proporcionalmente menor, es decir, la propensión marginal al consumo es decreciente. Los ricos ya tienen cubiertas la mayor parte de sus necesidades de consumo y dedicarán el dinero extra a inversión; en cambio, las clases medias y bajas lo gastarán. En ambos casos, el comportamiento económico es impecable. Quienes castigan el ahorro de los ricos pensando que ese dinero no será despilfarrado en champán, en realidad, impiden una mayor acumulación de bienes de capital en la sociedad. Por otro lado 𝍩cree equivocadamente Farage𝍩 que el dinero escatimado a las personas más acaudaladas será gastado de forma más eficiente por políticos y burócratas manirrotos, cuestión a la que me he referido como mito de la inversión pública.

El tercer error proviene de la mentalidad mercantilista: creencia infundada de que somos más pobres cuando el dinero «sale» del país y más ricos cuando «entra» o se «queda». La balanza comercial es otro mito mercantilista: exportación e importación son las dos caras de una misma moneda. A medio y largo plazo ambas tienden a igualarse. El dinero que «sale» del país tiende a «volver» y viceversa. Lo explico más detalladamente en adonde va nuestro dinero.

En conclusión, si Nigel Farage quiere hacer a Reino Unido grande otra vez, cosa muy loable, debe olvidar sus prejuicios mercantilistas y bajar los impuestos a todos: ricos y pobres. Será la inversión privada, y no el gasto público, lo que mejorará la situación económica de los británicos.

El salario mínimo es cero euros

Artículo publicado originalmente por el Instituto Juan de Mariana, el 05/12/2018.

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La futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) afectará de modo negativo a la economía en España y, en particular, a los trabajadores con salarios más bajos. En general, cualquier interferencia coactiva del libre mercado, en cualquier ámbito, resultará en un perjuicio neto para la sociedad. Por tanto, cuanto mayor sea el SMI tanto mayor será el daño ocasionado. En 2019, el SMI pasará de 736 euros a 900 euros, un incremento de 22,3%. Veamos las consecuencias de esta nueva «conquista social».

En España, despedir trabajadores es muy costoso así que, con mucha probabilidad, los empresarios afectados asumirán el incremento del coste laboral a expensas de sus beneficios. No puede ser de otro modo: no es posible repercutir el aumento del SMI (ni ningún otro coste) en el precio final del bien producido. El precio no se fija (como habitualmente se cree) desde la producción hacia el consumo, sino al revés. Si fuera posible repercutir directamente un incremento de costes, deberíamos dejarnos de minucias y situar el SMI en 3.000 euros. Sin embargo, la riqueza no puede obtenerse por decreto-ley.

La reducción del beneficio empresarial no afectará por igual a todos los sectores económicos, ya que la estructura salarial no es homogénea. Afectará poco a la industria, donde los salarios son altos, y mucho a la hostelería, donde son bajos. En cuanto al tamaño de la empresa, y por idéntico motivo, afectará más a las pymes y autónomos y menos a las grandes empresas. Los empresarios se «comerán» la subida del SMI, pero las nuevas contrataciones sufrirán un frenazo, especialmente en los sectores señalados.

¿Por qué perjudica el SMI a los que menos cobran? Según Mises,¹ «el salario es siempre igual a la productividad marginal del trabajo»; en otras palabras: un trabajador cobra lo que el empresario «estima» que produce (su contribución a la producción). Por tanto, si este último es forzado a pagar más de lo que él subjetivamente considera, el contrato laboral no se producirá. El Gobierno puede «explotar» al empresario, pero sólo -según Hutt- si éste comete un error de previsión.²

Los trabajadores -camareros, limpiadoras, botones, repartidores, mozos de almacén- cuyos salarios están justo por encima del SMI (736 euros) se llaman «marginales» (están en el margen). Cuando el Gobierno eleva el SMI a 900 euros, el trabajador que antes ganaba 800 euros se convierte automáticamente en «submarginal» ya que produce 100 euros menos de lo que le cuesta al empresario.

La subida del SMI afecta en mayor medida a la hostelería, que se caracteriza por pagar salarios bajos. Otros perjudicados son las pymes y autónomos (con empleados). Por tanto, la subida del SMI perjudica notoriamente a España, cuyo PIB depende mucho del turismo y de las microempresas. En definitiva, la importante (22,3%) subida del SMI perjudicará, particularmente, a quienes la medida pretende favorecer y a la sociedad en su conjunto. Este efecto del intervencionismo es de sobra conocido por la Ciencia económica.

La subida del SMI también producirá una modificación de la estructura de capital. Se producirá un trasvase de las inversiones desde los sectores más perjudicados hacia los sectores menos afectados; por ejemplo, algunos hoteles se reconvertirán en apartahoteles, donde se requiere menos personal; o también, habrá menos bares y más máquinas expendedoras. Cuanto mayor sea el SMI, mayor será el incentivo a sustituir trabajadores submarginales por máquinas; por ejemplo, McDonald´s ha sustituido a miles de empleados de barra por pantallas táctiles.

La finalidad del Gobierno al incrementar el SMI es transferir renta del empresario al empleado, y de paso se abona el terreno electoral pues la medida goza de gran simpatía y popularidad. La mayoría de votantes carece de cultura económica, desconoce los efectos diferidos de la medida y por eso colabora, sin saberlo, a su propia ruina.

Cualquiera de las mal llamadas «conquistas sociales» -vacaciones pagadas, días libres, cotizaciones, salario mínimo, permiso por maternidad- serán costeadas, en última instancia, por los trabajadores: «Es el asalariado quien en definitiva soporta, mediante la reducción de su salario neto, todas las cargas y beneficios sociales».³

Por último, es de prever otras reacciones del mercado no previstas por el «justiciero social». Algunos empresarios intentarán un «ajuste de cuentas» con los empleados submarginales (producen menos de lo que cobran); por ejemplo, les aumentará la carga de trabajo, haciéndolos trabajar más intensamente o «echando más horas» (un 22,3% más).

Esto ya viene ocurriendo hoy con las camareras de habitación de los hoteles, cuyos salarios (por convenio) están inflados por encima de su precio de mercado. Los empresarios son forzados (por el Gobierno) a pagar más de lo debido y los empleados son forzados (por los empresarios) a trabajar más de lo debido. Frente a grandes males, grandes remedios. La coacción del Gobierno, como vemos, desencadena una lucha entre unos y otros por no ser «explotados».

Los empleados aceptan resignados lo que llaman «explotación» por miedo al despido. Esto, lejos de ser una mala noticia, permite a los empleados submarginales conservar su empleo. Si la inspección de trabajo y los sindicatos hicieran bien su «trabajo», aquellos dejarían de ser «explotados» para ser «despedidos». El salario mínimo es cero euros.

¹ La acción humana, p. 739.
² La amenaza de huelga, p. 3.
³ La acción humana, p. 712.

Contra el descuento por residente

El apoyo de los nacionalistas canarios a los presupuestos del Gobierno para 2018 ha sido pagado a tocateja: nuevos privilegios para los residentes que viajen en avión y barco. Hay dos novedades: a) El descuento entre islas pasa de 50% a 75% y el descuento con península (50%) se blinda mediante su inclusión legislativa en el Régimen Económico y Fiscal. Dos nuevas trampas que se presentan como «conquistas» sociales de los canarios, pseudoderechos que deberán ser pagados mediante más impuestos o recortes equivalentes en otras partidas presupuestarias.

Frédéric Bastiat

El regocijo es máximo en las islas: Los políticos se ponen medallas utilizando sus medios de propaganda institucional (valga la redundancia), los periodistas dan palmas y lo amplifican convenientemente y la población está exultante. Lamento aguarles la fiesta, una vez más, pero es preciso poner de relieve, como decía Bastiat: «lo que no se ve».

Si el descuento pasa del 50% al 75% el precio final del billete, de momento, no varía. El viajero paga la mitad de lo que antes pagaba y los no-residentes (y canarios que no viajan) pagan con sus impuestos un 50% más. Pero si el precio que paga el viajero se reduce a la mitad habrá mayor demanda de plazas, sin que la oferta haya cambiado; por ejemplo, hacer un nuevo piloto cuesta 25 años (desde que nace) y construir un nuevo avión varios años (desde que se diseña). 

Este desajuste entre oferta y demanda puede generar tres efectos: a) Subida de precios. Las compañías aéreas obtendrán beneficios extraordinarios, los consumidores protestarán y los políticos impondrán precios máximos. b) Si el precio no aumenta o se fijan precios máximos habrá escasez y se formarán listas de espera para viajar (plazas agotadas). Los favores personales (mangas) empezarán a funcionar como ya sucede, por ejemplo, en la sanidad pública. c) Las compañías (Air Europa) transferirán aviones y tripulaciones hacia Canarias, donde la rentabilidad es mayor; esto último reduce la oferta e incrementa los precios en otros trayectos; por ejemplo, en los vuelos dentro de la península. Los peninsulares no sólo pagarán impuestos para que los canarios viajemos más barato, sino que verán incrementadas las tarifas de sus vuelos domésticos. 

Pedro Muñoz

Ante semejantes abusos, no extraña que algunos peninsulares pongan el grito en el cielo. En 2012, Pedro Muñoz, Alcalde de Toreno (León), se hizo famoso por esta declaración salida de tono: «Estamos manteniendo una insularidad, unos derechos adquiridos que tienen, que muchas veces dan ganas de que a los canarios se los lleve el moro. O de vender La Gomera o El Hierro a los alemanes y así evitamos el déficit». Este hombre se escandaliza porque es un ignorante, a estas alturas ya debería saber que la política es una merienda de negros donde todos quieren vivir a expensas de todos.

Los derechos al descuento son falsos, espurios, pues nadie tiene el deber de pagar a otra persona absolutamente nada: transporte, sanidad, educación, justicia, seguridad, etc. Y lo repito: «nada es nada». Todo descuento sufragado fiscalmente es injusto y sobre esta injusticia se construye todo el Estado de bienestar. Sólo los descuentos comerciales, en el ámbito privado, son éticos pues no se financian coactivamente.

¿Quiénes ganan?: a) Los políticos nacionalistas que venden la medida como una conquista (al más puro estilo militar). b) Las compañías aéreas que incrementan sus beneficios. c) Otros sectores vinculados: taxi, restauración, turismo, etc.; que también disfrutan de un aumento de la demanda. d) El viajero frecuente: Cuanto más se viaja, más renta es transferida.

¿Quiénes pierden?: a) Todos los peninsulares que pagan impuestos. b) Los residentes que no viajan o que viajan poco. c) El resto de sectores productivos no vinculados; por ejemplo, si los canarios gastan más en viajar (vuelos, taxi, hotel), ceteris paribus, gastarán menos en otros bienes y los precios de estos últimos bajarán con relación a los primeros.

Vinos con denominación de origen

Hoy se celebra la 2ª edición del Día Movimiento Vino D.O. (Denominación de Origen). Se trata de una jornada popular y festiva cuyo acto central es un brindis simultáneo (13:30) en toda España. En nuestro país hay 74 D.O. que son gestionadas por sendos Consejos Reguladores. La finalidad de este evento es «poner en valor» la cultura del vino D.O.; hablando en román paladino, es una acción de marketing para fomentar el consumo de vino y, en particular, de todas aquellas marcas con denominación de origen. Pero si el alcohol es malo para la salud, ¿qué motivo hay para fomentar el consumo de vino? ¿A qué viene tanta coñada con el vino y la denominación de origen? Cualquier vino tiene un origen (variedad de uva, región) y no existe razón objetiva para afirmar que los registrados, según ciertos criterios arbitrarios, sean mejores que los no registrados. Por ejemplo, si la uva es producida en Chile y transportada a España para ser pisada, el vino embotellado no tiene «garantía» de calidad D.O. Esta misma regla, por lo visto, no es aplicable a los excelentes chocolates que se producen en Suiza con el cacao proveniente de África.

Detrás de toda esta parafernalia de la cultura del vino, el valor paisajístico de los viñedos, la fijación de la población al espacio rural, la protección del medioambiente y demás pamplinas se esconde una cruda realidad: los intereses económicos de los productores de uva y vino. El sector agrario es el principal consumidor de fondos europeos: 57.000 millones €, lo que supone el 35% del presupuesto comunitario de 2018 (160.113 millones €). Quienes trabajan en el sector primario parasitan del resto de la sociedad; es decir, parte del dinero robado (fiscalmente) a los ciudadanos se transfiere a los productores agrarios de muchas formas: subsidios directos a la producción, estudios de mercado, publicidad, ferias, etc.

La parte mala del intervencionismo económico es que lleva en su seno la semilla de la corrupción. En 2014, la empresa pública «Bodegas Insulares de Tenerife, S.A.», participada por el Cabildo de Tenerife, fue sancionada por comprar vino de Castilla-La Mancha y mezclarlo con vino del país para venderlo bajo la marca (D.O.P.) «Viña Donia». Un fraude es un acto ilegítimo pero la mezcla de productos, en sí misma, no tiene por qué ser mala. A mucha gente le gusta el «vino con vino», la sangría o el calimocho. También es frecuente hacer mezclas de tabaco o café con objeto de crear nuevos sabores y aromas. Es un error creer que la D.O. puede ser un criterio objetivo de calidad porque esta estimación sólo compete a la subjetividad de cada consumidor. La calidad es un mito porque en el libre mercado todas las calidades, altas y bajas; y todos sus precios, altos y bajos, son bienvenidos según las diferentes preferencias de los consumidores.  

La Política Agraria Común (PAC) ocasiona un aumento artificial de la producción de las materias primas subsidiadas a expensas de una menor producción de otros productos y servicios más valorados por el público. Por otro lado, estas ayudas reducen artificialmente los precios internacionales de los productos dificultando la competencia de los productores extra-comunitarios. Cuantitativamente, los peor parados son los consumidores europeos que soportan fiscalmente todo el sistema de transferencia de rentas. Más que de una «asociación», como reza el eslogan, estamos ante un negocio mafioso entre políticos y agricultores: votos a cambio de dinero.

Capitalismo vs Socialismo

https://www.youtube.com/watch?v=tuybrzzVjfY&sns=em

Contra la «soberanía energética»

«Soberanía energética» es una expresión utilizada frecuentemente por ecologistas y nacionalistas cuyo significado real es alcanzar la «autosuficiencia» energética de un determinado territorio. Mediante el uso extensivo de las energías renovables, por ejemplo, una isla podría llegar a prescindir completamente de las importaciones de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) para ser energéticamente «independiente» del exterior. Análogamente, la «soberanía alimentaria» significa producir los alimentos localmente y evitar las importaciones. Quienes pretenden la independencia económica del exterior se indignan cuando los consumidores eligen productos foráneos en lugar de nacionales. Hoy intentaré poner de manifiesto lo absurdo y peligroso que resultan este tipo de ideas.

Juan Bodino

En primer lugar, debemos aclarar que soberanía y autarquía son cosas distintas. «Soberanía» es un concepto político, según Juan Bodino (1576) es «el poder absoluto y perpetuo de una república». Decimos que un Estado es soberano cuando sus gobernantes, legisladores y jueces son la más alta instancia que ejerce poder sobre sus residentes. No hay poder superior al soberano. Cualquier proyecto secesionista reside en el afán de sus élites políticas de ser soberanas, es decir, de convertirse en la última instancia de poder en un territorio. La soberanía no emana del pueblo ni de una constitución sino de la fuerza física que tiene el gobernante a su disposición; siguiendo con Bodino: «La fuerza y la violencia han dado principio y origen a las repúblicas». 

Vehículos eléctricos «Autarquía»

La «autosuficiencia» económica es un viejo sistema llamado «autarquía». Quienes ejercen el poder soberano de una nación pueden eventualmente embarcarse en un proyecto de autarquía económica. Entre 1940 y 1945, el gobierno español decretó la restricción en el uso de carburantes líquidos y nació la empresa Vehículos Eléctricos Autarquía, S.A. (vaya nombre), con sede en calle Aragón núm. 308 de Barcelona, cuya finalidad era producir vehículos de tracción eléctrica y reemplazar, en lo posible, a los dotados de motor de explosión. Los españoles sufrieron, entre 1939 y 1959, muchas penurias a causa de la autarquía del régimen franquista. La autarquía es ruinosa precisamente porque la riqueza proviene de lo contrario: de la división internacional del trabajo y el comercio exterior. La autarquía supone necesariamente la vuelta a la tribu y no es casualidad que todas ellas sean «energéticamente soberanas». Por suerte, los insensatos que persiguen la (mal llamada) «soberanía energética» no tienen el poder suficiente para imponer a los demás sus absurdos planes.

Sin que medie un bloqueo económico total desde el exterior, cosa muy improbable, existen dos formas de conseguir la autarquía; la primera es cerrar a cal y canto las fronteras, mediante decreto, y disponer de un sistema represor tan eficaz que la medida surta efecto; esto es propio de gobiernos totalitarios. La segunda, es intervenir la economía, es decir, joder parcialmente a consumidores y empresas con trabas al comercio y medidas proteccionistas: aranceles, cuotas, tarifas, regulaciones, subvenciones, aduanas, arbitrios y demás canalladas que perpetran los gobernantes de países social-demócratas. Esta intervención beneficia a ciertas personas y grupos a expensas del «bien común» que podemos identificar con el interés de todos los consumidores.

Alarmante es la noticia (26 de julio) de que el Cabildo de La Palma se ha adherido a un proyecto de autarquía energética denominado «Manifiesto del Electrón», en él se describe un «Nuevo Modelo Energético» que (supuestamente) convertirá la isla bonita en un «paraíso» 100% sostenible. Nada de petróleo y gas. La isla debe ser autosuficiente con sus propias fuentes renovables: hidroeléctrica, termosolar, eólica, hidrógeno y geotérmica. Los políticos palmeros «apuestan» por ir un paso más allá que los herreños y pretenden que incluso el transporte interior sea 100% ecológico. Y cuando dicen «apostamos por…» significa que se hará por cojones mediante la violencia legislativa. La «soberanía energética» sólo puede alcanzarse violando la soberanía del individuo que ya no es libre para elegir lo que compra o deja de comprar. Sin libertad comercial las personas pierden su dignidad, son parias o meros súbditos de quienes pretenden «ordenar» la sociedad.

Todos estos nuevos «modelos» de ingeniería social, al igual que sucedió con el comunismo, están abocados al fracaso porque son profundamente inmorales. Los modernos talibanes «nazional-ecologistas», deben alcanzar sus fines agrediendo y empobreciendo a los consumidores, previa manipulación informativa. Sirva de ejemplo el fraude monumental de convertir al Hierro en una isla 100% sostenible. El proyecto de Gorona del Viento ha costado 100 millones de euros, lo que equivale a 10.000€ por cada habitante. La nueva energía hidroeólica resulta cuatro veces más cara que la producida en la «sucia» central térmica (diesel), que, por cierto, no puede cerrarse porque es imprescindible para evitar un cero energético en la isla. Nadie en su sano juicio, actuando libremente y bien informado, pagaría de su bolsillo semejante suma por un logro medioambiental tan magro. El coste desorbitado de estos y otros proyectos, mal llamados «inversión pública», es una ruina para los españoles que ven reducido su nivel de vida con impuestos confiscatorios (valga la redundancia).

En definitiva, lo que se pretende con la «soberanía energética» es la autosuficiencia o autarquía energética, objetivo que supone interferir el libre comercio y, en consecuencia, reducir el nivel de vida de la población. Es muy posible que, en el futuro, cuando las tecnologías de producción y almacenamiento de energía se abaraten, muchos hogares produzcan, almacenen y consuman su propia energía, pero ello llegará en su momento a través de los procesos de mercado. Si los gobiernos, en lugar manipular y oligopolizar el mercado eléctrico, permitieran la libre competencia del sector los legítimos fines medioambientales podrían alcanzarse más rápidamente y sin coacción. Pero los políticos autonómicos e insulares, en lugar de promover la libre competencia en el mercado energético, reproducen los mismos errores que sus colegas del gobierno central.

El mito de la inversión pública

Uno de los argumentos más esgrimido por políticos (y aceptado comúnmente) para justificar la intervención del Estado en la economía es que aquella es necesaria para la ejecución de determinados servicios, obras públicas e infraestructuras que la iniciativa privada no acomete por no ser económicamente rentables. Los gobiernos realizan proyectos que, de otro modo, nunca se hubieran realizado. Políticos, economistas y periodistas llaman eufemísticamente a este tipo de gastos «inversión pública». Hoy intentaré justificar que cuando los gobiernos pretenden reemplazar al mercado, lejos de mejorar la economía, ocasionan una pérdida neta a la sociedad.

Ludwig Von Mises

Imaginemos que el consumidor Juan no desea adquirir una pluma de oro cuyo precio es 900€. Juan prefiere dedicar esa cantidad de dinero a satisfacer otras necesidades que considera subjetivamente más relevantes. El fabricante de plumas de oro no puede imponer a la gente que compre más plumas de las que desea, por ello, fija la producción en función de su demanda estimada y sólo produce las unidades que el mercado es capaz de absorber. Este mismo razonamiento económico es aplicable al productor de una obra civil, quien debe sopesar cuidadosamente costes e ingresos estimados. Si el empresario yerra en sus cálculos sufrirá pérdidas y si acierta obtendrá beneficios. El cálculo económico —afirma Mises— es la brújula que orienta la función empresarial. Los inversores ponen su dinero en manos de los empresarios y ambos son responsables pecuniarios de sus aciertos y errores. En el libre mercado los empresarios procuran producir sólo las cantidades y calidades de bienes que son económicamente rentables, algo que, a su vez, queda determinado por el público. El beneficio es la consecuencia de haber servido puntualmente las necesidades y deseos de los consumidores. Rentabilidad económica, por tanto, es inseparable de utilidad social. Y por contra, un proyecto no rentable consume recursos que son escasos y produce pérdidas a los inversores y, por tanto, pérdidas a la sociedad. Sólo es posible saber si algo es útil o no para un consumidor cuando es libre para comprar o dejar de comprar.

Ministro de Confiscación

Ahora volvamos la mirada al gobierno. Como Juan, actuando libremente, no adquiere la pluma de oro, Montoro le confisca 900€, con ellos compra la pluma al fabricante y se la envía a su casa como «regalo». Si Juan no valora la pluma puede regalarla o revenderla con un descuento; en ambos casos sufre una pérdida económica. Al pobre confiscado le queda siempre la opción de utilizar él mismo la pluma, mientras la utiliza, entra en escena Montoro y afirma: «si no fuera por mí no estarías ahora disfrutando de tan lujosa estilográfica». El hábil trilero quiere convencer a Juan de que su intervención ha sido beneficiosa. Pero interferir coactivamente en las libres elecciones económicas de una persona sólo puede empeorar su situación. Lamentablemente, la claridad de este ejemplo se difumina a medida que nos adentramos en los proyectos públicos.

En la década de 1960 el gobierno de EEUU gastó 153.000 millones de dólares (actuales), equivalente al 3,5% de su PIB, con el objetivo de ser la primera nación capaz de poner un hombre en la Luna. Para alcanzar este logro, millones de individuos y familias tuvieron que ser privados del consumo de bienes esenciales para su vida. Es dudoso que tras esta «inversión pública», los estadounidenses obtuvieran un beneficio. Yo diría lo contrario. De no mediar la violencia fiscal del gobierno norteamericano muy probablemente nunca se hubiera acometido semejante proyecto porque las personas valoran más su bienestar material que el orgullo chovinista. Una vez que el gobierno confisca y gasta el concepto de «inversión» pierde su significado. Ya no hay inversores libres sujetos a las reglas del mercado sino rehenes fiscales; también se pierde la responsabilidad pecuniaria que queda reemplazada por el riesgo moral. El político dispara con pólvora ajena y por disparatada que sea su decisión nunca sufre en sus propias carnes las consecuencias de sus errores. 

Auditorio de Tenerife

La lógica de que sin el concurso del Estado una determinada obra nunca se hubiera realizado es la lógica antieconómica por excelencia y supone admitir que el gobierno se ha especializado en acometer proyectos ruinosos. Una persona bien informada no presume de que España sea líder mundial en líneas ferroviarias de alta velocidad porque sabe que ese logro es espurio, el coste desproporcionado de las obras ha empobrecido a todos los españoles. Pero hay más ejemplos de gastos faraónicos: el aeropuerto de Castellón costó 150 millones de euros, el Auditorio de Tenerife, 72 millones y la Central de Gorona del Viento, en la isla del Hierro, 100 millones. Estos proyectos son una vergüenza y nunca debieron hacerse porque han sido ruinosos para el contribuyente. Muchos se indignan cuando ven los trenes AVE circular medio vacíos, un aeropuerto sin aviones, un auditorio que acumula pérdidas o cuando el coste de producción de la energía hidroeólica es cuatro veces mayor que la térmica (diesel). Como dice D. Antonio García-Trevijano, el que se indigna es porque es un ignorante. La mayoría no se da cuenta de que todo gasto público, por definición, es antieconómico y, en consecuencia, antisocial porque siempre se realiza a expensas de empobrecer al conjunto de la población. «Estado social» es un oxímoron porque el Estado es la institución antisocial por excelencia. La utilidad social sólo puede obtenerse en un entorno de libertad laissez faire.

El hecho de que los consumidores utilicen las infraestructuras y servicios públicos no es prueba de su rentabilidad. Los ciudadanos «disfrutan» los servicios públicos de igual forma que Juan «disfruta» su pluma de oro. No les queda más remedio. La auténtica prueba de utilidad es la ausencia o no de coacción en el gasto; si éste es voluntario presuponemos (axiomáticamente) que existe utilidad para el consumidor y si es forzoso, desutilidad. En definitiva, toda «inversión pública» está presidida por la irracionalidad económica lo que implica necesariamente una pérdida neta para la sociedad. En el sector público, aún en la dudosa hipótesis de que el político busque el bien común, no puede haber rentabilidad económica porque deliberadamente se prescinde del cálculo económico y de la función disciplinadora del mercado.

La privatización de las playas

Ahora que estamos en plena temporada estival son frecuentes las noticias sobre diversas medidas que adoptan los ayuntamientos en lo referente al uso de las playas. Lo primero que debemos reseñar es que todas ellas son prohibiciones o restricciones: jugar a las palas o a la pelota, montar en bicicleta, dar masajes, hacer venta ambulante, poner la música alta, llevar perros, hacer nudismo, orinar en la arena o (incluso) dentro del mar, fumar, etc. El gobierno actúa básicamente de dos formas: multando y confiscando. La multa es un castigo económico por haber hecho algo «malo» mientras que el impuesto lo es por lo contrario. Hagamos lo que hagamos estamos jodidos. Hoy hablaremos de cómo serían las cosas si las playas fueran privatizadas.

Una de las señas que diferencia al sector privado del público es que el primero fomenta el consumo mientras que el segundo pretende reducirlo. El propietario de una playa privada intenta sacar el máximo beneficio satisfaciendo los deseos de los consumidores y en lugar de prohibir procura conciliar, en la medida de lo posible, los diversos intereses en juego. Es cierto que hay clientes incompatibles pero el ánimo de lucro es un acicate en la búsqueda de soluciones. De entrada, lo más práctico parece parcelar la playa asignando diversos usos: una zona de juegos, otra de entrada y salida de embarcaciones, otra para perros, otra para fumadores, otra para nudistas, etc. Muchas playas tienen la amplitud suficiente para que todos puedan sentirse a gusto. El empresario no prohibe jugar a las palas sino que las alquila, no prohibe dar masajes sino que los proporciona y así con todo aquello que los consumidores desean. Su mayor beneficio procede de dar cumplida satisfacción a su clientela. Esta es la verdadera función social del mercado o la «mano invisible» de Adam Smith.

Pero cuál es el motivo de que las playas sean públicas y no privadas. Los economistas de cátedra (Samuelson y otros) han elaborado una teoría que lo justifica. Afirman que existen «bienes públicos» que deben proveerse exclusivamente por el Estado porque su consumo está sujeto a dos características: no-rivalidad y no-excluibilidad. Ambas son falsas. La no-rivalidad significa que un consumidor adicional no merma el consumo del resto: «donde se bañan 50 pueden bañarse 51». Sin embargo, con cada bañista adicional la rivalidad aumenta. Por eso, algunos listillos madrugan e instalan 5 sombrillas en la arena para «coger sitio». Díganles que no hay rivalidad a quienes «matan» por un palmo de arena. Siempre existe rivalidad en el consumo de bienes económicos precisamente porque son escasos y es una arbitrariedad catalogarlos como privados o públicos.

Plata de Las Gaviotas, Tenerife

La segunda razón, la no-excluibilidad, todavía se entiende menos. Por lo visto, no hay forma de excluir a los consumidores que no desean pagar por un bien público (free-riders), como si los accesos a las playas no se pudieran vallar. Otra cosa distinta es que, ideológicamente, se considere que la playa es propiedad de «todos» y nadie deba pagar por darse un baño. Pero aquí hay otro error. El mantenimiento de la playa tiene costes -limpieza, seguridad- que deben ser sufragados con impuestos. Bañarse en la playa no es gratis. Lo que sucede con las playas (y con todo lo público) es que quienes no la usan subvencionan a los que la usan. El sector público rompe la utilísima conexión entre consumo y pago, y frente a los inevitables problemas de escasez, rivalidad y clientes incompatibles, que siempre están presentes, sólo sabe prohibir y multar. Alguien podría decir que al privatizar una playa sólo los ricos podrían bañarse en el mar, pero siendo el litoral tan extenso, la iniciativa privada pondría en el mercado numerosos kilómetros de costa que hoy son inaccesibles. La competencia hace que existan precios asequibles a todos los bolsillos tal y como sucede actualmente con el turismo de camping. 

Contra las bonificaciones al transporte en Canarias

En las recientes negociaciones entre PP y Nueva Canarias (NC) para aprobar los presupuestos generales del Estado, esta última ha conseguido del primero un aumento del descuento por residente canario para los viajes en barco y avión entre islas (de 50% a 75%), lo que supondrá a los viajeros pagar la mitad de lo que ahora pagan. Hoy trataré de desenmascarar lo que, a primera vista, parece una gran noticia para los canarios pero que, en realidad, es un gran error económico y ético.

El diputado Pedro Quevedo (NC), la víctima del «maltrato a Canarias», no ha tardado en apuntarse el tanto presentando el logro al más puro estilo socialista: disfrazando de derecho lo que es un privilegio en toda regla. Según parece, el resto de españoles tiene la obligación de pagar a los residentes canarios el 50% del precio de sus viajes a la península y el 75% entre islas. En otra ocasión he denunciado que los derechos positivos son falsos.

Todo comenzó en 1998 cuando Coalición Canaria, que tenía cuatro escaños en el Congreso, consiguió que el Gobierno de José Mª Aznar declarase el transporte entre islas como servicio de «utilidad pública». Gran obviedad pues todo servicio, por definición, siempre es de utilidad «al público». ¿Qué pretendían los nacionalistas? lo mismo que todo político: más poder. Con la ley de «Obligaciones de Servicio Público (OSP)» los políticos canarios intervienen el sector del transporte fijando arbitrariamente tarifas, rutas, plazas ofertadas, etc. a los empresarios. Ya no son los consumidores quienes orientan la producción sino políticos y burócratas. Y una vez obtenido el poder para mandar en las empresas la corrupción está servida.

En las islas (no tan) «afortunadas» es un clamor el precio de los billetes aéreos entre islas. Con frecuencia, resulta más barato un vuelo low cost a Europa (no hay descuento por residente al extranjero) que hacerlo entre islas (con 50% de descuento). Es inaudito que el precio por kilómetro recorrido sea hasta 12 veces más caro con Binter que con Ryan Air. No hay color. Pero veamos cómo se produce la subida de las tarifas. Si la demanda de un trayecto se cubre, por ejemplo, con un vuelo diario los políticos ordenan al transportista que ponga dos vuelos, lo que implica llevar los aviones medio vacíos. Binter no pierde dinero porque el precio de referencia (máximo) fijado por el Gobierno es muy alto y la compañía tiene margen de sobra para incrementar las tarifas todo lo necesario. 

Los demagogos canarios, que no escasean, presentaron la OSP como un logro de las islas menores hacia la igualdad de oportunidades. El diputado regional nacionalista, Antonio Castro Cordobez, me dijo un día en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) que los palmeros tenían derecho a las mismas oportunidades para viajar que los de Tenerife y Gran Canaria. Vano fue mi intento por hacerle comprender el error de la intervención y sus consecuencias para La Palma. La ideología o su ignorancia económica le impiden ver la relación causal: intervención ---> barrera de entrada a competidores ---> monopolio ---> altos precios. Paradójicamente, como siempre sucede, los más perjudicados son aquellos a quienes la legislación pretende «defender» del mercado. No es extraño el estancamiento económico de La Palma y de otras islas menores. 

Santa Cruz de La Palma

El aumento de la bonificación de 50% a 75%, ceteris paribus, aumentará el volumen de viajeros entre islas y las compañías de transporte ganarán más dinero (por este motivo Air Europa ha anunciado su entrada como operador interinsular), todo a expensas del contribuyente peninsular que pagará mayores impuestos o consumirá menos servicios públicos. Para los viajeros extranjeros y peninsulares nada cambia (la norma no les afecta), volar entre islas seguirá siendo prohibitivo. Las islas menores seguirán aisladas del turismo y perdiendo población año tras año. Todo por no entender o reconocer un error.

Los políticos canarios han creado el problema de los precios de monopolio y ahora se presentan ante la opinión pública cual redentores. Primero te rompen las piernas y luego te bonifican 50% en la compra de tus muletas. Los males del intervencionismo son aún más visibles en materia de empleo. Primero, el gobierno incrementa artificialmente el precio del trabajo con la excusa de alguna «conquista» laboral y/o desincentiva la contratación mortificando a los empresarios; después, cuando el paro alcanza tasas astronómicas se pone nervioso y comienza la diarrea legislativa: bonificaciones a la contratación de menores de 30 años, o de mayores de 50 años, o de madres solteras, planes de empleo variopintos, ayudas a los parados de larga duración, o de corta duración, o a los ni-nis, ayudas a los autónomos (sólo el primer año) y así un largo etcétera de ocurrencias que no arreglan el problema de fondo. Los políticos, cual arácnidos, van tejiendo una tupida red de leyes, normas y regulaciones que sólo empeora las cosas y que sirve principalmente a dos fines: aumentar su propio poder y hacernos creer que son útiles.

El dinero no es «depósito» de valor

Carl Menger

En la mayoría de tratados de economía (Samuelson y Nordhaus, Mankiw, etc.) se afirma que el dinero tiene tres funciones: a) Medio de intercambio; b) Unidad de cuenta; y c) Depósito de valor. Hoy, siguiendo la crítica semántica del post anterior, pretendo justificar que la expresión «depósito de valor» (o «reserva de valor», también empleada) es incorrecta por una sencilla razón: el «valor» es un concepto y, como tal, no se puede depositar, ni almacenar, ni reservar, ni ahorrar. Solamente los bienes tangibles pueden acumularse y depositarse con la finalidad de ser consumidos en el futuro.

Empecemos definiendo el concepto de «valor». Para Carl Menger (Principios de Economía Política, 1871), «valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades». La valoración es un acto psicológico, personal, subjetivo y cambiante. Atribuir valor a algo es una actividad cognitiva del sujeto y no reside en las cualidades físicas del bien valorado. Por ejemplo, el oro tiene unas cualidades físico-químicas objetivas: masa atómica, densidad, color, etc. pero el valor que se le atribuye procede del exterior, en particular, de la apreciación subjetiva de cada individuo. Por ello, también es un error atribuir «valor intrínseco» a las cosas. El valor siempre es «extrínseco». Alguien podría afirmar que un producto esencial, como el pan, tiene valor intrínseco; sin embargo, para quien es alérgico al trigo o está a «dieta de pan» ese producto no tiene valor alguno.  

El problema, creo yo, proviene de confundir precio y valor. Cuando decimos: «la vivienda A está valorada (o tasada) en 100.000€» solemos pensar que A «vale objetivamente» 100.000€. Esto es falso, el valor siempre es subjetivo. Las empresas de tasación pretenden vanamente objetivar el «valor» de las cosas y para ello buscan su «precio de mercado». Pero el precio no mide el valor de un bien, tan solo nos indica la existencia de una escala de valores. Para el vendedor de A, el precio significa: «valoro más tus 100.000€ que mi casa», por su parte, para el comprador quiere decir: «valoro más tu casa que mis 100.000€». Tampoco es cierta una frase que reza: «precio es lo que se paga y valor lo que se recibe». Lo único que se entrega o recibe son bienes concretos, a saber, 100.000€ y la vivienda A. El precio, dice Mises, es una «cierta cantidad de dinero» y el valor ya hemos visto que es un concepto que no se puede entregar ni recibir. La tasación es un acto arbitrario porque el tasador intenta sumar y restar cualidades heterogéneas (ubicación, antigüedad, estado de conservación, etc.) de un bien y no se percata que toda aritmética del valor es imposible. El valor es inconmensurable, no se puede medir y la función del dinero como «unidad de cuenta» es sólo aproximada. Recordemos que la capacidad adquisitiva del dinero (su precio) es fluctuante. El valor de un bien, ex-ante, sólo reside en las insondables profundidades de la mente humana y, ex-post, queda reflejado en el acto de intercambio. 

Concluyendo, la expresión «depósito de valor» es carente de sentido y sólo afirma una evidencia: que el dinero es susceptible de ser acumulado y depositado. ¡Menudo descubrimiento! Veamos algunas analogías para entender mejor nuestra crítica. Un vehículo tiene un depósito de 50 litros de combustible, éste tiene valor para su dueño porque satisface sus necesidades de transporte. Nadie diría: «la gasolina es un depósito de transporte» porque éste último es un concepto. De igual forma, tampoco decimos que una de las funciones del trigo es servir de «depósito de alimentación». Los conceptos —valor, transporte, alimentación— no se pueden depositar. Tampoco los servicios se pueden acumular pues se producen y consumen simultáneamente. Sólo los bienes tangibles —billetes, oro, gasolina, trigo— pueden ser depositados.

Sobre la «fuga» de cerebros, capitales y depósitos

En el lenguaje periodístico es frecuente usar expresiones como «fuga de cerebros», «fuga de talentos», «fuga de empresas», «fuga de capitales», o más recientemente, «fuga de depósitos», tras la retirada masiva de fondos del Banco Popular. Hoy pretendo explicar que estas expresiones son incorrectas.

Vayamos primero al significado de «fuga». Esta palabra describe, habitualmente, que alguien o algo se escapa del sitio donde debería permanecer. Si decimos que unos presidiarios se han «fugado de la cárcel» o que unos «estudiantes se han fugado del colegio» entendemos que han violado una norma y sobre ellos recae una sanción legal y/o moral. La segunda acepción de «fuga» se refiere a la técnica, a saber, cuando líquidos o gases se escapan de un determinado circuito. Si decimos: «el radiador tiene una fuga» inferimos que el mecanismo es defectuoso pues existe una pérdida de líquido refrigerante. Por tanto, la palabra «fuga» tiene una connotación negativa y cuando la usamos inferimos que «algo va mal»: en el propio término hay implícito un juicio de valor.

Cuando decimos «fuga de cerebros» queremos significar, en cierto modo, que esas personas no «deberían» haber abandonado su país. Algunos piensan que se han aprovechado de la educación estatal y que actúan de forma egoísta al emigrar a otros países. Curiosamente, esta forma de pensar nunca se observa en sentido inverso, cuando los inmigrantes cualificados llegan a nuestro país. Nacionalistas y colectivistas siempre han creído que la emigración es una pérdida de la fuerza laboral de la nación y han supuesto que técnicos, científicos o deportistas de élite, por citar alguna de las categorías de «fugados», son propiedad de sus Estados de origen. Esta idea, llevada al paroxismo, produce Estados-cárcel como Cuba o Korea del Norte.

Sin embargo, la mayoría de emigrantes lo son a su pesar. Muchos, incluidos los «cerebros», preferirían trabajar en su país natal, pero esto no es posible porque políticos y sindicalistas se han ocupado de que así sea. En lugar de quejarnos de que miles de jóvenes graduados abandonan nuestro país preguntémonos por qué aquí no tienen oportunidades. No hay empleo porque las «conquistas sociales» han destruido la libertad de contratación, han demonizado el capitalismo y han hecho que la profesión de empresario quede reservada para héroes o kamikazes (según se mire). La legislación laboral, que es preciso suprimir en su totalidad, es un freno al empleo y por eso nuestros jóvenes abandonan este infierno laboral-fiscal llamado España. Muchos ignoran que el paro es un fenómeno institucional y que en una sociedad laissez-faire todo aquél dispuesto a trabajar lo consigue, eso sí, atendiendo debidamente las necesidades y deseos de los consumidores.

Otra falacia es la «fuga de capitales». Estos únicamente son propiedad de sus dueños y ni los gobiernos ni los parásitos que viven del «estado de bienestar» pueden impedir que la gente honrada busque la mejor rentabilidad para su dinero. Es una insolencia tachar de «antipatriotas» a quienes protegen su propiedad del abuso fiscal (valga la redundancia) de los gobiernos. Los inversores no son animales de sacrificio y hacen muy bien trasladando su capital hacia aquellos sitios donde mejor trato reciben.

Respecto de la «fuga de depósitos», los clientes de un banco mal gestionado actúan inteligentemente retirando su dinero lo antes posible. Lamentablemente, muchos no pueden hacerlo porque existe un robo institucional llamado «Banca con Reserva Fraccionaria»: los bancos se apropian (hasta 98%) de los depósitos a la vista de sus clientes y los invierten sin su consentimiento. Cuando hay una «corrida bancaria» y todos los clientes quieren recuperar su dinero el banco no tiene liquidez para cumplir sus obligaciones. En definitiva, cuando una persona se traslada o mueve su dinero de un lugar a otro no se produce «fuga» en sentido alguno y su conducta es económica y éticamente impecable.

Petróleo y energías renovables

Estas dos plataformas que aparecen en la imagen están atracadas desde hace muchos meses en el puerto de Santa Cruz de Tenerife; de vez en cuando, aprovechando que el agua de la bocana está (relativamente) limpia, nado frente a esos colosos. Algunos bañistas profieren comentarios despectivos; por lo visto, esos amasijos de hierro afean el paisaje y deberían ser trasladados a otro sitio para evitar la «contaminación» visual; expresión usada por quienes, a veces, pretenden que el gobierno prohiba a los demás aquello que es desagradable a sus ojos. Al oír sus quejas, como polemista que soy, me entrometo en la conversación y espeto a bocajarro: «pues a mí me parecen muy bonitas». Los nadadores quedan estupefactos, no entienden mi especial afecto por estos barcos-plataforma. Recordando al economista francés Bastiat: «ellos no ven lo que yo veo». No se dan cuenta que cuando usan el coche, cocinan o abren el grifo del agua caliente es porque alguien, montado a hombros de esos ingenios, pudo extraer un día el «oro negro» que nos permite tener todo tipo de comodidades. Estamos tan acostumbrados a disponer de la energía que no reparamos cómo ha sido posible el «milagro» que supone nuestra civilización. Cuando observo esos gigantes de metal veo en ellos, como decía Ayn Rand, todos lo nobles logros del ser humano: trabajo, ahorro, inversión, creatividad, esfuerzo, riesgo, tenacidad, capitalismo, empresarialidad, etc. Otros, sólo ven un trasto flotante que perturba su placentero baño.

Es frecuente admirar la naturaleza e idealizarla en contraposición con los objetos artificiales, que se consideran feos e incluso nocivos; eso sí, nadie renuncia a sus innegables servicios. Los turistas que acuden a un destino tropical no prescinden del aire acondicionado, minibar y wifi que les ofrece el hotel. Hay una evidente contradicción entre la condena de la industria petrolera y nuestra conducta como consumidores. La naturaleza, por sí misma y sin intervención alguna, es bastante hostil al hombre y no proporciona prácticamente nada. Quienes desprecian los combustibles fósiles (uranio, petróleo, gas) alegando que tenemos «sol y viento de sobra» parecen ignorar que las energías renovables o «limpias» también requieren grandes dosis de materiales, tecnología y trabajo. Según el profesor de la Universidad Pública de Navarra, Pedro Diéguez: «para reemplazar una central nuclear de un sólo reactor, como la de Garoña (con una potencia instalada de 460 Mw), son necesarios 2.700 aerogeneradores eólicos como los de El Perdón (con una potencia total de 1.350 Mw). Se necesita el triple de potencia instalada debido a que los molinos, al depender del viento, trabajan una tercera parte que las centrales». Muchos parecen no reparar en que para mantener nuestro nivel de vida (consumo de energía) un gran «mamotreto» industrial debe ser reemplazado por miles de «mamotretillos» que son tan industriales como el primero. Cuando decimos que una energía es «inagotable» nos referimos exclusivamente a su origen natural: sol, viento, mareas, geotermia, etc.; pero las placas solares, los molinos de viento y las redes de distribución no son inagotables, deben construirse, mantenerse y reponerse como cualquier otro bien de capital.

La sustitución, vía coacción fiscal, de las energías fósiles por las renovables está sesgada por la ideología y el populismo de los gobiernos, que utilizan a su favor los estados de opinión al margen de la verdad. Un buen ejemplo de lo anterior lo constituye el timo, vendido hábilmente por los políticos canarios, de que la isla del Hierro es 100% sostenible, que se abastece exclusivamente de energía eólica e hidráulica. Esto es falso. En este preciso momento (26/05/2017, a las 11:10) el 67,2 % de la energía generada (zona gris del «queso») en el Hierro es diesel y el 32,8 % (zona azul), hidráulica. Este mix puede consultarse en tiempo real en la página web de Red Eléctrica.

Según el B.O.E. , el «proyecto denominado Central Hidroeólica de El Hierro está promovido por Gorona del Viento. El Hierro, S.A., participada por el Cabildo Insular (60%), Endesa (30%) y el Instituto Tecnológico de Canarias (10%). Para esta inversión se han contemplado ayudas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado por un importe de hasta 35 millones de euros». Este proyecto no sólo es un bluff político (valga la redundancia), además cuesta dinero al contribuyente. Muchos consumidores ya son conscientes de que 50% del precio del recibo de la luz tiene un origen político: moratoria nuclear, primas a las renovables (Incluida Gorona del Viento) y transferencias a Canarias, Ceuta y Melilla. 

La crisis y la reducción del salario

Escucho con frecuencia que después de la crisis económica muchos empleados trabajan igual por menos dinero o trabajan más para cobrar lo mismo o incluso que trabajan más por menos. Siendo esto verdad, la mayoría cree que la diferencia entre el salario ex-ante y ex-post se lo lleva crudo el «malvado» empresario. Esta conclusión, cuya falsedad pretendo hoy demostrar, se basa en una falacia atribuida a Michel de Montaigne (1533-1592); este filósofo francés opinaba que la riqueza de unos se obtiene a expensas de otros, es decir, cuando alguien se empobrece es porque otro se enriquece a su costa. Es un error creer que la economía es un juego de suma cero, que existe una cantidad de riqueza fija en el mundo y que esa «tarta» hay que repartirla entre los hombres. Para algunos filósofos, como John Rawls, y en general, para las doctrinas colectivistas, el problema social reside en repartir esa «tarta» de la manera más justa posible. Hemos llegado al concepto espurio de «justicia social». Sin embargo, quitarle lo suyo a uno para dárselo a otro, usando la violencia legislativa, nunca puede ser justo. 

Pero intentemos comprender por qué los salarios (nominales y reales) han caído tras la crisis. Miles de empresas han quebrado y las que han sobrevivido han soportado pérdidas o, en el mejor de los casos, han visto mermar sus beneficios. La crisis la sufren todos: empresas y empleados. Creo que esto es obvio y no precisa mayor aclaración. La crisis, según el profesor Huerta de Soto, es algo parecido a la resaca que padecemos tras una borrachera. Durante los años del boom económico se han producido «burbujas» (monetaria, crediticia, de obra pública y de vivienda), es decir, se han cometido excesos económicos cuyo principal responsable es el Banco Central. Muchas inversiones resultaron fallidas, muchos proyectos quedaron a mitad, muchas familias se hipotecaron de forma temeraria, etc. El resultado de estos errores es la destrucción de capital. La «tarta» de la riqueza se ha reducido y ahora todos somos algo más pobres. Algo parecido, sólo que a mayor escala, sucede tras una guerra: mucho capital -puentes, fábricas, viviendas- ha sido destruido. Tras la contienda, los salarios son de miseria porque estos dependen, en última instancia, de la tasa de capitalización existente en la sociedad (Benegas Lynch). La crisis es como una guerra en miniatura, no hay bombas, pero sus efectos son parecidos: muchas fábricas han cerrado, algunos edificios son «esqueletos», obras inacabadas por falta de recursos, etc.

Tras una crisis el tamaño de la «tarta» es menor porque se ha destruido capital y los salarios reducidos reflejan la nueva tasa de capitalización. El salario no depende de la avaricia del empresario, ni de la presión sindical, ni de la «sensibilidad» social del gobierno, ni de fijarlo por decreto en el Boletín Oficial del Estado; ojalá fuera así de fácil. El salario sólo depende de la tasa de capitalización existente en la sociedad y tras la crisis aquella es menor.