La privatización de las playas

Ahora que estamos en plena temporada estival son frecuentes las noticias sobre diversas medidas que adoptan los ayuntamientos en lo referente al uso de las playas. Lo primero que debemos reseñar es que todas ellas son prohibiciones o restricciones: jugar a las palas o a la pelota, montar en bicicleta, dar masajes, hacer venta ambulante, poner la música alta, llevar perros, hacer nudismo, orinar en la arena o (incluso) dentro del mar, fumar, etc. El gobierno actúa básicamente de dos formas: multando y confiscando. La multa es un castigo económico por haber hecho algo «malo» mientras que el impuesto lo es por lo contrario. Hagamos lo que hagamos estamos jodidos. Hoy hablaremos de cómo serían las cosas si las playas fueran privatizadas.

Una de las señas que diferencia al sector privado del público es que el primero fomenta el consumo mientras que el segundo pretende reducirlo. El propietario de una playa privada intenta sacar el máximo beneficio satisfaciendo los deseos de los consumidores y en lugar de prohibir procura conciliar, en la medida de lo posible, los diversos intereses en juego. Es cierto que hay clientes incompatibles pero el ánimo de lucro es un acicate en la búsqueda de soluciones. De entrada, lo más práctico parece parcelar la playa asignando diversos usos: una zona de juegos, otra de entrada y salida de embarcaciones, otra para perros, otra para fumadores, otra para nudistas, etc. Muchas playas tienen la amplitud suficiente para que todos puedan sentirse a gusto. El empresario no prohibe jugar a las palas sino que las alquila, no prohibe dar masajes sino que los proporciona y así con todo aquello que los consumidores desean. Su mayor beneficio procede de dar cumplida satisfacción a su clientela. Esta es la verdadera función social del mercado o la «mano invisible» de Adam Smith.

Pero cuál es el motivo de que las playas sean públicas y no privadas. Los economistas de cátedra (Samuelson y otros) han elaborado una teoría que lo justifica. Afirman que existen «bienes públicos» que deben proveerse exclusivamente por el Estado porque su consumo está sujeto a dos características: no-rivalidad y no-excluibilidad. Ambas son falsas. La no-rivalidad significa que un consumidor adicional no merma el consumo del resto: «donde se bañan 50 pueden bañarse 51». Sin embargo, con cada bañista adicional la rivalidad aumenta. Por eso, algunos listillos madrugan e instalan 5 sombrillas en la arena para «coger sitio». Díganles que no hay rivalidad a quienes «matan» por un palmo de arena. Siempre existe rivalidad en el consumo de bienes económicos precisamente porque son escasos y es una arbitrariedad catalogarlos como privados o públicos.

Plata de Las Gaviotas, Tenerife

La segunda razón, la no-excluibilidad, todavía se entiende menos. Por lo visto, no hay forma de excluir a los consumidores que no desean pagar por un bien público (free-riders), como si los accesos a las playas no se pudieran vallar. Otra cosa distinta es que, ideológicamente, se considere que la playa es propiedad de «todos» y nadie deba pagar por darse un baño. Pero aquí hay otro error. El mantenimiento de la playa tiene costes -limpieza, seguridad- que deben ser sufragados con impuestos. Bañarse en la playa no es gratis. Lo que sucede con las playas (y con todo lo público) es que quienes no la usan subvencionan a los que la usan. El sector público rompe la utilísima conexión entre consumo y pago, y frente a los inevitables problemas de escasez, rivalidad y clientes incompatibles, que siempre están presentes, sólo sabe prohibir y multar. Alguien podría decir que al privatizar una playa sólo los ricos podrían bañarse en el mar, pero siendo el litoral tan extenso, la iniciativa privada pondría en el mercado numerosos kilómetros de costa que hoy son inaccesibles. La competencia hace que existan precios asequibles a todos los bolsillos tal y como sucede actualmente con el turismo de camping.