El común de las personas considera que la educación obligatoria, universal y gratuita es uno de los grandes logros del Estado moderno. Hoy expondremos dos objeciones a esta idea: a) Ética. La educación pública no es gratis, se finanza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. El fin no justifica los medios: todo fin (incluida la educación) debe ser alcanzado con medios éticos. Por extraño que les parezca a muchos, la educación no es un derecho. Todo derecho implica un deber de un tercero y nadie tiene el deber de educar o de pagar la educación a otra persona. Todos los derechos positivos —educación, sanidad, trabajo, vivienda, etc.— constitucionales son falsos porque imponen falsos deberes. La educación tampoco debe ser obligatoria. La coacción nunca es justificable, además provoca efectos perversos. Si los estudiantes son forzados a permanecer en las aulas el conflicto es inevitable. Algunos se aburren, no aceptan la disciplina escolar y boicotean las clases; tampoco pueden ser expulsados porque el Estado ha convertido los colegios en guarderías de jóvenes. Los profesores, cuya autoridad ha sido destruida, se ven impotentes para mantener el orden. El resultado es la desmotivación y la aparición de patologías psiquiátricas (ansiedad, depresión).
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Aprendiz de albañil (Foto: A. Sander)
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b) Económica. La educación privada es más eficiente que la pública. Se trata de un servicio relativamente barato que está al alcance de la mayoría. Hace 60 años, siendo el nivel de vida inferior al actual, muchos niños aprendían a leer y escribir en escuelas privadas de barrio, a un módico precio. ¿Y qué hacer con los más pobres? Pueden ser escolarizados con fondos privados de parientes, mecenas, fundaciones, etc. o incluso pueden formarse a lo largo de su vida.
El Estado dilapida el dinero del contribuyente ofertando una educación uniforme, pero de baja calidad. En cambio, la oferta privada es heterogénea en materias, horarios, idearios, metodologías, etc.; en función de las preferencia de padres y alumnos. Los jóvenes que prefieren aprender un oficio ingresan (como aprendices) en empresas, pudiendo ganar dinero desde temprana edad. Bajo el Estado, los jóvenes españoles pasan demasiados años estudiando y, con frecuencia, no obtienen un empleo acorde a su formación. Según
Primerempleo.com «el 45% de los titulados universitarios españoles trabajan por debajo de su cualificación». Nuestro mercado laboral no puede absorber a tantos graduados y estos tienen dos opciones: a) Quedarse en España y trabajar en lo que demanda la sociedad: conductores, repartidores, cocineros, camareros, comerciales, operarios, electricistas, albañiles, telefonistas, agricultores, ganaderos, cuidadores de personas mayores, etc. b) Emigrar y ejercer su profesión en otro país. En ambos casos se escucha un lamento similar; por ejemplo: «es una pérdida que un biólogo trabaje de camarero»; o bien: «la fuga de cerebros es una pérdida para España». Esta forma de razonar —la basada en los deseos— conduce frecuentemente a la frustración, al victimismo y, finalmente, a la exigencia de
derechos espurios.
Pero podemos pensar de otra manera, aceptando la realidad tal cual es, sin autoengaños y sin pedir al gobierno que nos conceda, mediante la coacción, lo que la gente libremente no desea darnos. Si los consumidores no demandan (tantos) biólogos, psicólogos, filósofos o actores es porque no les resultan útiles. Un pensador realista no se lamenta de que un joven biólogo trabaje como camarero, sino de que un camarero haya perdido cuatro años estudiando biología, cuando uno solo le hubiera bastado para hacer bien su trabajo. La realidad le dice amargamente a muchos jóvenes: «te equivocaste al estudiar algo que la gente no demanda». Se produjo un doble coste de oportunidad: a) Personal: esfuerzo intelectual, dinero, tiempo, etc. del estudiante. b) Social: el dinero público fue desperdiciado y ahora los ciudadanos tienen menos dinero disponible. La educación privada no elimina estos errores, pero los reduce. Los estudiantes y sus familias mirarían con lupa qué estudios tienen salida laboral. Los jóvenes ya no podrían estar «de flor en flor», hasta los 30 años, perdiendo su tiempo y el dinero de los contribuyentes. La educación privada elimina las externalidades que produce el Estado porque quien se equivoca paga la factura.
En definitiva, imponer a las personas el consumo y/o pago de aquello que no desean no solo es injusto, sino antieconómico. ¿Y cómo saber si algo es de interés social? La sociedad está integrada por individuos que tienen específicos gustos, deseos y necesidades, las cuales se manifiestan en los procesos de mercado. Al consumir o abstenerse de consumir, las personas revelan aquello que más interesa a la sociedad. Si el Estado impone forzosamente el consumo y pago de «su» educación a la sociedad, perjudica sus intereses; por tanto, «Estado social» es un oxímoron. El Estado no produce (ni puede producir) lo que la sociedad demanda y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben ser consumidos y/o financiados por la fuerza. Solo un sistema educativo
laissez faire es ético y económico, por tanto, genuinamente social.
