Lo público y el conflicto social

En mi anterior artículo «Lo público no es de todos» explicaba que allá donde la propiedad no está bien definida, caso de lo público, la injusticia, la arbitrariedad y el conflicto social están servidos. El proceso de descomposición actual del Estado social y democrático, según Hoppe, nos conduce a la «descivilización» y su arreglo pasa por la privatización de todos los espacios y servicios públicos. La paz social requiere transitar de una sociedad estatal a una sociedad de propietarios, de la política al mercado, de la coacción a la cooperación. Vamos a seguir desbrozando el modelo anarcocapitalista aprovechando el fértil caso de Cataluña.

En primer lugar, el problema catalán es una lucha por la soberanía, que Juan Bodino definió, en 1576, como «poder absoluto y perpetuo». En un determinado territorio (que puede acotarse por fronteras), no hay ningún poder por encima del poder soberano. Una parte (aproximadamente la mitad) de los residentes en Cataluña aspira a que la soberanía resida exclusivamente en instituciones catalanas, mientras que la otra parte y el resto de españoles (en general) desea mantener el statu quo político.

En segundo lugar, está el problema del Poder. Quien lo ostenta siempre aspira, como mínimo, a mantenerlo; pero lo habitual es que el Poder sea expansivo. Algunos políticos catalanes (soberanistas) desean ampliar su poder mientras que otros aspiran a mantenerlo. En política nunca hay paz porque los políticos luchan sistemáticamente por arrebatarse el poder unos a otros. La política es un juego de suma cero: Lo que uno gana, otro lo pierde.

Ahora dejemos la teoría y analicemos una noticia: El colegio público Marià Fortuny (Reus, Tarragona) ha informado a los padres de los alumnos que toda comunicación con los profesores será en catalán y quienes no lo entiendan deberán llevar un traductor. Los profesores de este colegio contribuyen al ideal nacionalista mediante la limpieza étnica escolar: Expulsar a aquellos alumnos cuyos padres sean castellanohablantes. El régimen nacional-socialista de Hitler también pretendía la pureza étnica sólo que utilizando métodos más violentos.

¿Sucedería esto en un colegio privado? Evidentemente no. A una empresa privada nunca le sobran clientes. Quienes tienen ánimo de lucro hacen justo lo contrario: Donde hay barreras, tienden puentes. La política y el mercado son distintos, la primera se apoya en la violencia, la segunda, en la cooperación.

Si al menos existiera la posibilidad de darse de baja (¡Señor político: Devuélvame los impuestos que ya buscaré un colegio privado para mi hijo!) los colegios públicos se irían directamente a la mierda, (como todo lo público) y los políticos directamente al paro. Pero mientras los ingresos económicos del CEIP «María Fortuna» procedan de la servidumbre fiscal, los padres seguirán siendo sus «clientes cautivos». Claro, que siempre podemos apelar a la imaginación; por ejemplo, yo entraría al trapo, iría a las reuniones acompañado de traductor y procuraría colaborar con la parodia; representaría el papel de ignorante absoluto del catalán de tal modo que el encuentro fuera cómico e interminable. Frente a grandes males, grandes remedios.

Lo público no es de todos

Uno de los mitos colectivistas más extendidos es la creencia de que lo público es de todos. Hoy intentaré demostrar que el dueño «efectivo» de lo público es el gobierno, es decir, un pequeño grupo de personas -políticos y funcionarios- que deciden, en cada caso, el uso de la cosa pública. «Lo público es de todos» es una falacia, un engaño para que la gente no se de cuenta que está esclavizada económicamente.

Empezaremos advirtiendo que «todos» es un término confuso y ambiguo, no por casualidad la expresión «entre todos» es profusamente empleada por demagogos y políticos, maestros de la manipulación y el engaño. ¿A quienes nos referimos por «todos»? por ejemplo, las calles de una ciudad son de «todos» sus ¿residentes?, ¿viandantes? No lo sabemos. No podemos identificar a esos supuestos dueños. Es más aproximado decir que lo público es de «nadie», tal y como apunta el refranero español: «Lo que es común es de ningún». Para que una propiedad sea común tanto los propietarios como las cuotas de participación deben estar identificados, cosa observable en una comunidad de vecinos o en una sociedad mercantil.

Lo que caracteriza al propietario es su capacidad para disponer del bien poseído; según el Derecho Romano, el dueño de algo tiene derecho de uso (ius utendi), derecho a extraer provecho económico (ius fruendi) y derecho de consumo hasta su extinción (ius abutendi). Veamos ahora si el gobierno ejerce estas tres facultades. En primer lugar, es el gobierno quien establece el uso de lo público mediante normas y bandos. En segundo lugar, el gobierno explota económicamente lo público cobrando tasas por el aprovechamiento económico (terrazas, vados, publicidad, etc.); por ejemplo, en Canarias, el dueño de las lapas es el presidente Clavijo y sus consejeros, ellos son los propietarios del marisco y nos venden su derecho de pesca al módico precio de 23,67€/año (licencia 2ª clase). En tercer lugar, el gobierno puede extinguir un bien público dejándolo en la ruina o enajenándolo para gastar luego el dinero discrecionalmente. Por otra parte, políticos y funcionarios actúan como dueños económicos cuando usan los bienes públicos en su propio beneficio; por ejemplo, la Policía es la seguridad privada de los altos cargos y los empleados de la sanidad pública tienen listas de espera «paralelas» y medicamentos «gratis».

Veamos por qué lo público no puede ser de todos. Caso de Cataluña y la guerra de lazos amarillos. El independentista cree: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a poner lazos»; si la calle fuera de «todos», el ponedor de lazos debería pedir permiso al «resto» de propietarios, es decir, al resto de la sociedad. Por su parte, los españolistas dicen: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a quitar los lazos». Esta forma absurda de razonar nos conduce al conflicto social. Existe, en cambio, otra lógica de la propiedad: «Tú» sólo tienes derecho a poner lazos amarillos en «tu» propiedad, el balcón de «tu» casa o la solapa de «tu» chaqueta». Por tanto, corresponde al alcalde de cada ciudad, como dueño (temporal) de la vía pública, permitir, prohibir o regular la puesta y retirada de lazos.

Lo público es el lugar idóneo para el conflicto social porque la propiedad no está bien definida; como decía el poeta Robert Frost: «Un vallado hace buenos vecinos». Allá donde el derecho de propiedad es ambiguo los problemas están servidos. Si todos los espacios públicos (mejor podríamos llamar «políticos») pudieran privatizarse, tal y como proponemos los anarcocapitalistas, los problemas que hoy sufrimos tendrían arreglo: correspondería al propietario de cada cosa decidir sobre su uso; por ejemplo, el dueño de una playa decidiría si se permite fumar, estar desnudo o llevar perros; y el dueño de una calle autorizaría o no la puesta de lazos amarillos, manifestaciones, procesiones religiosas, huelgas o conciertos musicales.