El Gobierno ha decidido suprimir, a partir de 2011, esta exacción a todas luces injusta. El diccionario de la Lengua Española define exacción como: «cobro injusto y violento». De ahí su denominación coloquial: «impuesto revolucionario», debido seguramente a su naturaleza coercitiva y arbitraria. Los sistemas políticos colectivistas, como el español, legislan quitando el dinero a quien lo produce para regalárselo a otro que no lo ha ganado. Todo basado en el ideal sofista del «estado social».
La decisión se ha tomado dentro de un paquete de medidas liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Se lo agradecemos al Gobierno al igual que la víctima agradece al terrorista el cese de la extorsión. En buena ley, lo único que ha hecho el Gobierno es suprimir una disposición injusta y abusiva. Los gobernantes deberían obrar siempre justamente y no sólo impelidos por las circunstancias, la sedición o el levantamiento del pueblo.
Todo impuesto es un pago exigido por una autoridad para cubrir los gastos de la comunidad, cuando aquellos no son susceptibles de imputarse individualmente. Por eso, entre todos pagamos el alumbrado público pero cada uno se paga la luz de su casa. La cuota cameral era una exacción injusta porque los servicios de las Cámaras de Comercio sí podían ser imputados a sus beneficiarios, de manera individual.
A partir de ahora, las Cámaras seguirán con su legítima misión pero tendrán que hacer lo que hace todo hijo de vecino: Ponerse a vender. Los sueldos de sus empleados y los gastos de sus magníficas instalaciones deberán sustentarse a partir de ingresos económicos basados en el comercio justo, que no es vender artículos exóticos o étnicos en tiendas de una ONG; sino el intercambio libre y consentido de bienes y servicios entre dos partes, sin que medie la coacción o la fuerza.
Es relevante que los gobernantes tengan muy en cuenta lo anterior para que la justicia prevalezca. Todavía quedan muchas medidas injustas, como la obligatoriedad de que las empresas con más de 50 empleados, deban tener en su plantilla el 2% de discapacitados. Por la misma regla, todas las familias con ingresos mensuales superiores a los 8.000€ (por dar una cifra) deberían contratar -también por cojones- a una empleada doméstica discapacitada. ¿Por qué nos parece apropiado para la empresa lo que para nosotros sería inadmisible?
Mientras el altruísmo de la nación (amparado en el art. 49 de la Constitución Española) y el colectivismo sean impuestos a la fuerza sobre los sufridos hombros de la empresa, por pura lógica de las cosas, escasearán las personas que estén dispuestas a ser empresarios; el fraude fiscal será moralmente admisible y la economía sumergida, la única opción de supervivencia de muchos autónomos y PYMES.
La decisión se ha tomado dentro de un paquete de medidas liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Se lo agradecemos al Gobierno al igual que la víctima agradece al terrorista el cese de la extorsión. En buena ley, lo único que ha hecho el Gobierno es suprimir una disposición injusta y abusiva. Los gobernantes deberían obrar siempre justamente y no sólo impelidos por las circunstancias, la sedición o el levantamiento del pueblo.
Todo impuesto es un pago exigido por una autoridad para cubrir los gastos de la comunidad, cuando aquellos no son susceptibles de imputarse individualmente. Por eso, entre todos pagamos el alumbrado público pero cada uno se paga la luz de su casa. La cuota cameral era una exacción injusta porque los servicios de las Cámaras de Comercio sí podían ser imputados a sus beneficiarios, de manera individual.
A partir de ahora, las Cámaras seguirán con su legítima misión pero tendrán que hacer lo que hace todo hijo de vecino: Ponerse a vender. Los sueldos de sus empleados y los gastos de sus magníficas instalaciones deberán sustentarse a partir de ingresos económicos basados en el comercio justo, que no es vender artículos exóticos o étnicos en tiendas de una ONG; sino el intercambio libre y consentido de bienes y servicios entre dos partes, sin que medie la coacción o la fuerza.
Mientras el altruísmo de la nación (amparado en el art. 49 de la Constitución Española) y el colectivismo sean impuestos a la fuerza sobre los sufridos hombros de la empresa, por pura lógica de las cosas, escasearán las personas que estén dispuestas a ser empresarios; el fraude fiscal será moralmente admisible y la economía sumergida, la única opción de supervivencia de muchos autónomos y PYMES.
