Esta mañana, en la radio autonómica canaria, se hablaba sobre la imposición de una tasa turística —municipal, insular o regional— que grave las pernoctaciones en los hoteles y otros alojamientos turísticos. La directora del programa radiofónico, en esta ocasión, entrevistaba al profesor de la ULPGC, Juan Manuel Benítez, que (casualmente) se postulaba a su favor. Hoy veremos varios argumentos en contra de este nuevo impuesto.
En primer lugar, dice el señor Benítez que la tasa no es un impuesto (como si su pago fuera voluntario), cuando se trata de una confiscación forzosa de la propiedad. Además, el gobierno impone a los hoteles una nueva servidumbre: recaudar la tasa e ingresarla en el erario. El premio Nobel de economía, Milton Friedman, trabajó en el U.S. Treasury Department (1941-1943) y participó en el diseño técnico del actual sistema de retenciones que convierte a las empresas en agentes recaudadores de hacienda.
Segundo, también es falso afirmar que la tasa, debido a su escasa cuantía, no reducirá el número de visitantes. Todo impuesto, por pequeño que sea, opera en el margen y encarece el bien de consumo. La tasa ocasiona el mismo efecto económico que un arancel o una subida del IVA: incrementa el precio unitario (pernoctación) y, por tanto, se reduce el número de unidades vendidas. A esta insoslayable ley económica habría que añadir el rechazo de algunos turistas a una nueva confiscación.
Tercero. Una excusa para admitir la tasa es pensar que pueda ser «finalista», es decir, que el dinero recaudado se empleará en específicos fines como la conservación y mejora de los espacios turísticos. Es de sobra sabido que los impuestos van siempre a un fondo común, que luego se reparte discrecionalmente por el gobierno.
Cuarto. Otro argumento falaz es afirmar que esta tasa solo deben pagarla los turistas porque los residentes ya pagan impuestos. En otras palabras, los turistas pagan menos impuestos de lo que consumen en servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.). Esto es una mera suposición: por ejemplo, el turista que compra una estancia «todo incluido» consume prácticamente todo dentro del hotel. Los turistas, directa o indirectamente, pagan absolutamente todo, de hecho, pagan más IVA que los residentes porque consumen una mayor cantidad de bienes y, cualitativamente, aquellos gravados con impuestos especiales (bebidas alcohólicas, combustible). Los turistas pagan indirectamente el IBI, la tasa de basura de los establecimientos y los salarios brutos de los empleados turísticos, lo que incluye cotizaciones e IRPF. Además, los turistas tienen seguros médicos y pagan los servicios sanitarios que, en su caso, pudieran recibir.
Por último, la aceptación popular de la tasa turística obedece a la idea que serán «otros» —los turistas— quienes la paguen, sin darnos cuenta que nos estamos pegando un tiro en el pie. La tasa turística está vigente en muchas ciudades del mundo; en España, se cobra en Islas Baleares, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela y en el municipio grancanario de Mogán. Es cuestión de tiempo que esta plaga se extienda por todas partes y nos afecte a todos. Además, los gobiernos, con excusas parecidas, crearán nuevas tasas, por ejemplo, para sufragar espacios naturales, parques urbanos, playas, zonas recreativas, etc. De esta forma, terminaremos pagando dos veces los servicios públicos.
