Contra las bonificaciones al transporte en Canarias

En las recientes negociaciones entre PP y Nueva Canarias (NC) para aprobar los presupuestos generales del Estado, esta última ha conseguido del primero un aumento del descuento por residente canario para los viajes en barco y avión entre islas (de 50% a 75%), lo que supondrá a los viajeros pagar la mitad de lo que ahora pagan. Hoy trataré de desenmascarar lo que, a primera vista, parece una gran noticia para los canarios pero que, en realidad, es un gran error económico y ético.

El diputado Pedro Quevedo (NC), la víctima del «maltrato a Canarias», no ha tardado en apuntarse el tanto presentando el logro al más puro estilo socialista: disfrazando de derecho lo que es un privilegio en toda regla. Según parece, el resto de españoles tiene la obligación de pagar a los residentes canarios el 50% del precio de sus viajes a la península y el 75% entre islas. En otra ocasión he denunciado que los derechos positivos son falsos.

Todo comenzó en 1998 cuando Coalición Canaria, que tenía cuatro escaños en el Congreso, consiguió que el Gobierno de José Mª Aznar declarase el transporte entre islas como servicio de «utilidad pública». Gran obviedad pues todo servicio, por definición, siempre es de utilidad «al público». ¿Qué pretendían los nacionalistas? lo mismo que todo político: más poder. Con la ley de «Obligaciones de Servicio Público (OSP)» los políticos canarios intervienen el sector del transporte fijando arbitrariamente tarifas, rutas, plazas ofertadas, etc. a los empresarios. Ya no son los consumidores quienes orientan la producción sino políticos y burócratas. Y una vez obtenido el poder para mandar en las empresas la corrupción está servida.

En las islas (no tan) «afortunadas» es un clamor el precio de los billetes aéreos entre islas. Con frecuencia, resulta más barato un vuelo low cost a Europa (no hay descuento por residente al extranjero) que hacerlo entre islas (con 50% de descuento). Es inaudito que el precio por kilómetro recorrido sea hasta 12 veces más caro con Binter que con Ryan Air. No hay color. Pero veamos cómo se produce la subida de las tarifas. Si la demanda de un trayecto se cubre, por ejemplo, con un vuelo diario los políticos ordenan al transportista que ponga dos vuelos, lo que implica llevar los aviones medio vacíos. Binter no pierde dinero porque el precio de referencia (máximo) fijado por el Gobierno es muy alto y la compañía tiene margen de sobra para incrementar las tarifas todo lo necesario. 

Los demagogos canarios, que no escasean, presentaron la OSP como un logro de las islas menores hacia la igualdad de oportunidades. El diputado regional nacionalista, Antonio Castro Cordobez, me dijo un día en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) que los palmeros tenían derecho a las mismas oportunidades para viajar que los de Tenerife y Gran Canaria. Vano fue mi intento por hacerle comprender el error de la intervención y sus consecuencias para La Palma. La ideología o su ignorancia económica le impiden ver la relación causal: intervención ---> barrera de entrada a competidores ---> monopolio ---> altos precios. Paradójicamente, como siempre sucede, los más perjudicados son aquellos a quienes la legislación pretende «defender» del mercado. No es extraño el estancamiento económico de La Palma y de otras islas menores. 

Santa Cruz de La Palma

El aumento de la bonificación de 50% a 75%, ceteris paribus, aumentará el volumen de viajeros entre islas y las compañías de transporte ganarán más dinero (por este motivo Air Europa ha anunciado su entrada como operador interinsular), todo a expensas del contribuyente peninsular que pagará mayores impuestos o consumirá menos servicios públicos. Para los viajeros extranjeros y peninsulares nada cambia (la norma no les afecta), volar entre islas seguirá siendo prohibitivo. Las islas menores seguirán aisladas del turismo y perdiendo población año tras año. Todo por no entender o reconocer un error.

Los políticos canarios han creado el problema de los precios de monopolio y ahora se presentan ante la opinión pública cual redentores. Primero te rompen las piernas y luego te bonifican 50% en la compra de tus muletas. Los males del intervencionismo son aún más visibles en materia de empleo. Primero, el gobierno incrementa artificialmente el precio del trabajo con la excusa de alguna «conquista» laboral y/o desincentiva la contratación mortificando a los empresarios; después, cuando el paro alcanza tasas astronómicas se pone nervioso y comienza la diarrea legislativa: bonificaciones a la contratación de menores de 30 años, o de mayores de 50 años, o de madres solteras, planes de empleo variopintos, ayudas a los parados de larga duración, o de corta duración, o a los ni-nis, ayudas a los autónomos (sólo el primer año) y así un largo etcétera de ocurrencias que no arreglan el problema de fondo. Los políticos, cual arácnidos, van tejiendo una tupida red de leyes, normas y regulaciones que sólo empeora las cosas y que sirve principalmente a dos fines: aumentar su propio poder y hacernos creer que son útiles.

El dinero no es «depósito» de valor

Carl Menger

En la mayoría de tratados de economía (Samuelson y Nordhaus, Mankiw, etc.) se afirma que el dinero tiene tres funciones: a) Medio de intercambio; b) Unidad de cuenta; y c) Depósito de valor. Hoy, siguiendo la crítica semántica del post anterior, pretendo justificar que la expresión «depósito de valor» (o «reserva de valor», también empleada) es incorrecta por una sencilla razón: el «valor» es un concepto y, como tal, no se puede depositar, ni almacenar, ni reservar, ni ahorrar. Solamente los bienes tangibles pueden acumularse y depositarse con la finalidad de ser consumidos en el futuro.

Empecemos definiendo el concepto de «valor». Para Carl Menger (Principios de Economía Política, 1871), «valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades». La valoración es un acto psicológico, personal, subjetivo y cambiante. Atribuir valor a algo es una actividad cognitiva del sujeto y no reside en las cualidades físicas del bien valorado. Por ejemplo, el oro tiene unas cualidades físico-químicas objetivas: masa atómica, densidad, color, etc. pero el valor que se le atribuye procede del exterior, en particular, de la apreciación subjetiva de cada individuo. Por ello, también es un error atribuir «valor intrínseco» a las cosas. El valor siempre es «extrínseco». Alguien podría afirmar que un producto esencial, como el pan, tiene valor intrínseco; sin embargo, para quien es alérgico al trigo o está a «dieta de pan» ese producto no tiene valor alguno.  

El problema, creo yo, proviene de confundir precio y valor. Cuando decimos: «la vivienda A está valorada (o tasada) en 100.000€» solemos pensar que A «vale objetivamente» 100.000€. Esto es falso, el valor siempre es subjetivo. Las empresas de tasación pretenden vanamente objetivar el «valor» de las cosas y para ello buscan su «precio de mercado». Pero el precio no mide el valor de un bien, tan solo nos indica la existencia de una escala de valores. Para el vendedor de A, el precio significa: «valoro más tus 100.000€ que mi casa», por su parte, para el comprador quiere decir: «valoro más tu casa que mis 100.000€». Tampoco es cierta una frase que reza: «precio es lo que se paga y valor lo que se recibe». Lo único que se entrega o recibe son bienes concretos, a saber, 100.000€ y la vivienda A. El precio, dice Mises, es una «cierta cantidad de dinero» y el valor ya hemos visto que es un concepto que no se puede entregar ni recibir. La tasación es un acto arbitrario porque el tasador intenta sumar y restar cualidades heterogéneas (ubicación, antigüedad, estado de conservación, etc.) de un bien y no se percata que toda aritmética del valor es imposible. El valor es inconmensurable, no se puede medir y la función del dinero como «unidad de cuenta» es sólo aproximada. Recordemos que la capacidad adquisitiva del dinero (su precio) es fluctuante. El valor de un bien, ex-ante, sólo reside en las insondables profundidades de la mente humana y, ex-post, queda reflejado en el acto de intercambio. 

Concluyendo, la expresión «depósito de valor» es carente de sentido y sólo afirma una evidencia: que el dinero es susceptible de ser acumulado y depositado. ¡Menudo descubrimiento! Veamos algunas analogías para entender mejor nuestra crítica. Un vehículo tiene un depósito de 50 litros de combustible, éste tiene valor para su dueño porque satisface sus necesidades de transporte. Nadie diría: «la gasolina es un depósito de transporte» porque éste último es un concepto. De igual forma, tampoco decimos que una de las funciones del trigo es servir de «depósito de alimentación». Los conceptos —valor, transporte, alimentación— no se pueden depositar. Tampoco los servicios se pueden acumular pues se producen y consumen simultáneamente. Sólo los bienes tangibles —billetes, oro, gasolina, trigo— pueden ser depositados.

Sobre la «fuga» de cerebros, capitales y depósitos

En el lenguaje periodístico es frecuente usar expresiones como «fuga de cerebros», «fuga de talentos», «fuga de empresas», «fuga de capitales», o más recientemente, «fuga de depósitos», tras la retirada masiva de fondos del Banco Popular. Hoy pretendo explicar que estas expresiones son incorrectas.

Vayamos primero al significado de «fuga». Esta palabra describe, habitualmente, que alguien o algo se escapa del sitio donde debería permanecer. Si decimos que unos presidiarios se han «fugado de la cárcel» o que unos «estudiantes se han fugado del colegio» entendemos que han violado una norma y sobre ellos recae una sanción legal y/o moral. La segunda acepción de «fuga» se refiere a la técnica, a saber, cuando líquidos o gases se escapan de un determinado circuito. Si decimos: «el radiador tiene una fuga» inferimos que el mecanismo es defectuoso pues existe una pérdida de líquido refrigerante. Por tanto, la palabra «fuga» tiene una connotación negativa y cuando la usamos inferimos que «algo va mal»: en el propio término hay implícito un juicio de valor.

Cuando decimos «fuga de cerebros» queremos significar, en cierto modo, que esas personas no «deberían» haber abandonado su país. Algunos piensan que se han aprovechado de la educación estatal y que actúan de forma egoísta al emigrar a otros países. Curiosamente, esta forma de pensar nunca se observa en sentido inverso, cuando los inmigrantes cualificados llegan a nuestro país. Nacionalistas y colectivistas siempre han creído que la emigración es una pérdida de la fuerza laboral de la nación y han supuesto que técnicos, científicos o deportistas de élite, por citar alguna de las categorías de «fugados», son propiedad de sus Estados de origen. Esta idea, llevada al paroxismo, produce Estados-cárcel como Cuba o Korea del Norte.

Sin embargo, la mayoría de emigrantes lo son a su pesar. Muchos, incluidos los «cerebros», preferirían trabajar en su país natal, pero esto no es posible porque políticos y sindicalistas se han ocupado de que así sea. En lugar de quejarnos de que miles de jóvenes graduados abandonan nuestro país preguntémonos por qué aquí no tienen oportunidades. No hay empleo porque las «conquistas sociales» han destruido la libertad de contratación, han demonizado el capitalismo y han hecho que la profesión de empresario quede reservada para héroes o kamikazes (según se mire). La legislación laboral, que es preciso suprimir en su totalidad, es un freno al empleo y por eso nuestros jóvenes abandonan este infierno laboral-fiscal llamado España. Muchos ignoran que el paro es un fenómeno institucional y que en una sociedad laissez-faire todo aquél dispuesto a trabajar lo consigue, eso sí, atendiendo debidamente las necesidades y deseos de los consumidores.

Otra falacia es la «fuga de capitales». Estos únicamente son propiedad de sus dueños y ni los gobiernos ni los parásitos que viven del «estado de bienestar» pueden impedir que la gente honrada busque la mejor rentabilidad para su dinero. Es una insolencia tachar de «antipatriotas» a quienes protegen su propiedad del abuso fiscal (valga la redundancia) de los gobiernos. Los inversores no son animales de sacrificio y hacen muy bien trasladando su capital hacia aquellos sitios donde mejor trato reciben.

Respecto de la «fuga de depósitos», los clientes de un banco mal gestionado actúan inteligentemente retirando su dinero lo antes posible. Lamentablemente, muchos no pueden hacerlo porque existe un robo institucional llamado «Banca con Reserva Fraccionaria»: los bancos se apropian (hasta 98%) de los depósitos a la vista de sus clientes y los invierten sin su consentimiento. Cuando hay una «corrida bancaria» y todos los clientes quieren recuperar su dinero el banco no tiene liquidez para cumplir sus obligaciones. En definitiva, cuando una persona se traslada o mueve su dinero de un lugar a otro no se produce «fuga» en sentido alguno y su conducta es económica y éticamente impecable.