Sobre el control de precios

La foto que ven arriba no es de Cuba o Venezuela, la hice antes de ayer en el Agromercado de Breña Alta (La Palma, Islas Canarias). Aprovechando este hecho insólito, hablaremos hoy del control de precios. En este caso, la autoridad municipal fija, cada semana, unos precios mínimos y máximos de venta de los productos agrícolas. Son los propios productores quienes venden directamente al público su género sin que exista un intermediario comercial. La finalidad del control de precios, según reza la propia web del Agromercado es: «garantizar los precios más justos para consumidores y productores».

Supuestamente —dicen los valedores del control de precios— esta medida limita la «feroz» competencia y ello beneficia a vendedores y compradores; también mejora la economía de los campesinos y artesanos locales, amén de otros beneficios relacionados con el «ecologismo» y la «sostenibilidad». Intentaré justificar que, lejos de alcanzar sus objetivos, el control de precios perjudica a cuantos participan en un intercambio.

Lo primero que debemos aclarar es que conceptos como «comercio justo», beneficio «razonable» (o «excesivo»), «soberanía», «consumo responsable», «economía humanista» (Sampedro) y otras expresiones retóricas similares tienen su origen en sentimientos, deseos y prejuicios ideológicos que son completamente ajenos a la ciencia económica.

En segundo lugar, existe un intermediario institucional —el ayuntamiento de Breña Alta— que paga los costes de mantenimiento de las instalaciones del mercadillo con cargo a su presupuesto. Los políticos otorgan un privilegio a una treintena de productores a expensas del resto de vecinos.

Ahora hagamos un análisis económico del control de precios. Si la franja autorizada es muy amplia, es decir, si el precio mínimo es muy bajo y el precio máximo es muy alto, la medida no afectará al mercado. Pero si la horquilla de precios se va estrechando aparecen problemas. Por ejemplo, los productos perecederos se deterioran rápidamente y es posible que el precio de mercado de alguno se sitúe por debajo de su precio mínimo de venta. En tal caso, el vendedor no podrá colocar ese género y sólo le queda aceptar la pérdida, intentar venderlo en otro mercado o utilizarlo como materia prima para elaborar otros productos (mermelada, repostería) no sometidos al control de precios. El precio mínimo inflige pérdidas al vendedor en forma de mermas y pérdidas al comprador en forma de una oportunidad de ahorro desperdiciada. 

En relación al precio máximo. Los productos que ofrecen los vendedores no son homogéneos, por ejemplo, las cebollas y calabacines de cada puesto tienen diferentes calibres y calidades; por otro lado, algunos productos son más escasos de otros. Esto hará que el precio de mercado de ciertos productos se sitúe por encima de su precio máximo. Si el vendedor no hace nada, los primeros consumidores agotarán las existencias rápidamente y el mayor beneficio de estos habrá sido a expensas del primero. Pero el vendedor no es tonto y procurará sustraer aquellos productos de alto valor para venderlos a mayor precio en otro sitio. El precio máximo, por tanto, impide al vendedor obtener mayores beneficios y a los consumidores tener acceso a productos de mayor calidad. Los dos salen perdiendo.

Parque de Los Alamos, Breña Alta, La Palma

En ambos supuestos, el vendedor intenta colocar parte de su producción en otro mercado, pero si el control de precios es general, intentará venderlo al margen de la ley en el mercado negro. Éste es consecuencia directa de una prohibición o regulación gubernamental del comercio. Los consumidores, por otra parte, salen perjudicados al no poder comprar a precios con mayores descuentos. 

Este razonamiento económico es aplicable a cualquier control de precios y en cualquier mercado, da igual que analicemos frutas y verduras, alquileres de inmuebles o leyes de salario mínimo. El perjuicio a ambas partes del intercambio siempre está presente y en unos casos será más visible que en otros. Ningún control de precios puede mejorar la economía y es una desgracia que los políticos de Breña Alta todavía lo ignoren.

El daño que hace el control de precios en el Agromercado de Breña Alta es mínimo, al fin y al cabo, estamos ante un diminuto mercadillo donde unos pocos lugareños coloca su producción doméstica. Este tipo de mercadillos municipales «regulados», en general, no mejoran la economía local pero sirven para que los políticos capturen un centenar de votos entre unas cuantas familias: agricultores, ganaderos, reposteros, artesanos y otros que se cobijan bajo el paraguas dadivoso del ayuntamiento. 

El Agromercado de Breña Alta es un espacio para el encuentro entre productores y consumidores ocupados en mejorar nuestra alimentación y nuestra salud, potenciando la soberanía alimentaria y el consumo responsable.

Lo relevante de esta nefasta práctica, a mi juicio, es su simbolismo. El marxismo, desgraciadamente, no ha muerto; se ha mimetizado en forma de bioideologías, como el ecologismo, y es aquí donde despliega sus plan de acción colectivista. Las ideas en contra del libre comercio gozan de buena salud. A pesar de que todos entendemos y disfrutamos las ventajas materiales del capitalismo y del libre mercado, sus principios éticos siguen sin ser entendidos. Muchos no comprenden que toda transacción libre y consentida siempre es justa pues ambas partes salen ganando. Y como el valor es subjetivo e inconmensurable no hay forma de saber cuál de las dos partes ha ganado más en el intercambio. En definitiva, el control de precios no tiene justificación alguna, ni económica, ni ética y sólo perjudica a quienes participan en el mercado.