La visita del Sr. Beteta

Agradezco desde este blog la visita que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas realizó ayer a Tenerife para explicarnos el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El Sr. Beteta pudo decirlo más alto pero no más claro: es preciso eliminar duplicidades en los servicios públicos,  limitar sus funciones y asegurar el equilibrio presupuestario. Lo más importante, tal vez, fue percibir que al menos había un político en la sala pensando que los servicios públicos salen del bolsillo del sufrido contribuyente. Al que paga impuestos yo prefiero llamarlo expropiado porque expresa mejor la naturaleza coactiva del  impuesto. Como no podía ser de otra manera, los políticos locales presentes, que ven amenazada con esta ley su discrecionalidad, expresaron su desacuerdo. 

El Alcalde de la Laguna, Sr. Clavijo,  empleó los términos "desapoderamiento" de los gobernantes locales y "efecto centralista" de la norma. Era patente que el hombre se había leído los papeles y habló con criterio, dando razones. Pero no dijo que aquí, en este país corrupto y enfermo, el único realmente desapoderado es el ciudadano: un paria moderno que sufre el expolio fiscal de cinco administraciones públicas: todas en competencia por ver quién da más a unos ciudadanos, previa expropiación forzosa del dinero de otros ciudadanos. Llevaba razón Beteta cuando dijo que en algunas ciudades había varias bibliotecas, cada una de diferente Administración.

La intervención del presidente de la Fecam, Sr. Curbelo, fue larga y patética. Profirió una retahíla de tópicos, lugares comunes y frases hechas: que si la insularidad y especificidad, que si Canarias es frágil, etc. Ni un sólo argumento que tratara la norma y su contenido. Populismo barato. 

Durante el turno de intervenciones, Ana Oramas se quejaba de que la norma salía sin consenso, que se aplicaría manu militari y -alegaba la diputada- que las leyes debían tener una vocación de permanencia. Su tono no estaba exento de cierta chulería y hasta amenazó veladamente al Secretario con que cada cuatro años había elecciones. Al igual que Curbelo, ni un sólo argumento. Tampoco Oramas parecía recodar que todo lo que hace el Estado, incluidos los gobernantes de su partido, es manu militari, desde la óptica del ciudadano. El Estado es un monopolio territorial de coacción y expropiación. Lo que ocurre es que los caciques locales y regionales no están acostumbrados a soportar el yugo de otro poder del Estado. Y es que la Administración autonómica tal vez sea lo peor que nos haya pasado en los últimos 35 años. 

Para terminar, quisiera felicitar al alcalde de Garachico, Sr. Berto González, porque encontrar un ayuntamiento que paga puntualmente a sus empleados y proveedores, y que tiene saneadas sus cuentas es digno de admiración. Hace ya muchos años que decidí no trabajar, como proveedor, con los Cabildos y Ayuntamientos porque no eran de fiar, no cumplían los contratos; pero me alegro de que existan excepciones. El Alcalde Berto expresaba una objeción lógica: si su ayuntamiento tiene equilibrio presupuestario, aunque tenga menos de 20.000 habitantes, ¿por qué se limitan sus funciones? Y la respuesta es sencilla: el Estado debe limitarse a su función esencial, que no es otra que proporcionar las condiciones de seguridad para asegurar el orden social. El mejor Estado es el Estado mínimo y todo crecimiento de la Administración significa empobrecer al pueblo. La dramática crisis económica que vivimos proviene, entre otras cosas, de la hipertrofia del Estado. Cuando un alcalde abre una guardería pública no es consciente de que, en ese preciso instante, contribuye a aumentar el paro en su municipio, pues emplea la riqueza privada para crear empleo improductivo. La alternativa es recolocar al Estado en su auténtica función: crear las condiciones para que la iniciativa privada abra con facilidad guarderías, clubes deportivos, cementerios, comercios, etc. El Estado no es dueño del dinero de los ciudadanos y  no es posible entregar algo a uno sin quitárselo previamente a otro.

El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.

Más Estado, más impuestos

Este artículo es una reflexión crítica sobre los diferentes impuestos que pagamos, su naturaleza, razón de ser y una propuesta de ideas alternativas a los modelos recaudatorios actuales.

Partimos de una premisa básica: el Estado no produce nada; todos los bienes, servicios y ayudas que proporciona deben ser sufragados por los únicos productores: ciudadanos y empresas. Por tanto, en la medida en que el Estado se arroga la provisión de más bienes y servicios también recaudará en igual proporción; y en la medida en que los ciudadanos exijan más del Estado, éste queda tácitamente legitimado para recaudar en proporción a la demanda. Cuanto más pedimos al Estado, más nos detrae el Estado. Esta situación aboca a una lucha permanente de grupos de interés por llevarse la mayor tajada de dinero público. Es la forma en que unos pocos que gritan y patalean exigiendo "derechos" expolian a una mayoría de ciudadanos anónimos.

El hecho contradictorio de exigir cada vez más del Estado y a la vez quejarse de que los impuestos son asfixiantes parece un claro indicador de que muchas personas desconocen la naturaleza improductiva del Estado. Tal vez piensen que el dinero sale, por arte de magia, de una misteriosa cámara acorazada del Banco de España (o del BCE). Por tanto, una primera cuestión que debemos entender es que todo aquello que nos proporciona el Estado debe de salir del bolsillo del contribuyente.

Segundo, el impuesto es un acto coercitivo y se caracteriza por no requerir una contraprestación directa por parte del acreedor tributario (hacienda). Los ciudadanos estamos obligados legalmente a pagar los impuestos por raros, insólitos y abusivos que parezcan. Por ejemplo, nunca he entendido el motivo de pagar IBI cada año, por el mero hecho de poseer una vivienda. Si usted no está de acuerdo con pagar IBI podría vivir de alquiler pero seguramente su casero lo repercutirá en la renta mensual que finalmente pagará usted como inquilino. No hay escapatoria. No es posible no pagar los impuestos, salvo que usted se tire al monte y se convierta en un pobre de solemnidad, o en un free-rider (gorrón social), en cuyo caso recibirá mucho pagando poco. El economista liberal Carlos Rodríguez Braun  nos advierte que los bienes públicos incentivan tanto la sobreexplotación como la elusión de su pago.

La tercera cuestión es que el Estado recauda por unos conceptos o hechos imponibles: renta (IRPF), venta de bienes (IVA), la propiedad de una vivienda (IBI), etc.; para posteriormente gastarlo en otros distintos de forma discrecional o arbitraria. Este sistema no permite ejercer un adecuado control del gasto público. Es decir, ¿podríamos sustituir unos hechos imponibles por otros más adecuados? ¿deberíamos dejar de pagar IBI y sustituirlo por el IPL (Impuesto de Policía Local). Veamos algunas soluciones generales que propongo:

1) Criterio pago-consumo."Quien más consume, más paga", o sea: quien más servicio público consume, más impuestos debería pagar. Por ejemplo, la persona que posee más vehículos contribuye (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o IVTM) más pero no necesariamente consume más "vialidad", lo razonable -creo yo- sería vincular el impuesto a los costes derivados del asfaltado, limpieza, señalización, iluminación, etc.; pero quien consume más vialidad no es quien posee más coches en el garage o el que tiene un coche con mayor cilindrada sino quien circula más por la carretera, por tanto, resultaría más adecuado vincular el IVTM al consumo de combustible y no a la cantidad o categoría del vehículo. Una alternativa sería cobrar una tasa por cada litro de combustible suministrado dentro del término municipal.

2) Reducir las asimetrías. Existen medidas arbitrarias que privilegian a unos ciudadanos en perjuicio de otros. Por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid bonifica el IBI de una vivienda (valor catastral < 120.000 €) ocupada por una familia numerosa especial (más de 4 hijos) con el 90% de reducción de la cuota. Es decir, los propietarios solteros, viudos, parejas sin hijos y familias con menos de 5 hijos deben subsidiar a aquellos que, de forma consciente (o irresponsable) han decidido tener muchos hijos. Alguien diría que hay que fomentar la natalidad, pero: a) no creo que esto sea misión del Estado y b) el privilegio para unos supone el perjuicio de otros. 

3) Adecuación de parámetros impositivos. Consiste en establecer parámetros objetivos que vinculen servicio e impuesto. Por ejemplo, la tasa de basura se paga actualmente en función de dos parámetros: uso (vivienda, almacén, local, oficina, edificio) y valor catastrales; pero ninguno de ellos indica la cantidad de residuos generados. Un piso vacío no genera basura. En un edificio pagan lo mismo la viuda del primero, la pareja joven del segundo y la familia numerosa  del tercero, pero las tres viviendas no generan la misma basura. El ayuntamiento, mediante el padrón municipal, conoce cuantas personas habitan cada inmueble y sería posible gravar no en función del inmueble sino de sus habitantes. Otra fórmula sería cobrar un impuesto por cada bolsa de basura (oficial) adquirida en el comercio o por el volumen del contenedor de basura, como ocurre en Alemania.

En conclusión, la entrega de más servicios públicos por el Estado sólo es posible mediante una mayor presión fiscal y además, aquél no se caracteriza por ser un gestor eficiente. Solamente devolviendo a la sociedad civil la producción de servicios públicos evitaremos una merma en la prosperidad. Los pocos servicios restantes (orden público, justicia) a cargo del Estado deberán ser sufragados con impuestos que tengan una alta correlación servicio-hecho imponible, de tal manera que sea más fácil ejercer el control sobre el gestor público.

Rajoy es socialista

Tras casi ocho meses en el poder, hoy podemos afirmar que tenemos en Mariano Rajoy a un magnífico presidente socialista. Fiel seguidor de su ínclito y predecesor en el cargo, Rajoy ha tomado todas las decisiones de un socialista ejemplar: subir el IRPF y el IVA o bajar el sueldo a los funcionarios y dejarlos sin paga de Navidad. Lo único que faltaría, para darnos la puntilla, sería copiar las medidas anti-rico del francés Hollande y provocar que los buenos y escasos empresarios de éxito abandonen esta enferma y decrépita piel de toro que es España. 

Visto lo visto, se ha revelado el peor escenario posible: la aparición de un gran partido nacional y corrupto denominado PPSOE cuyos dos integrantes simulan oponerse ideológicamente pero que en realidad son cómplices mafiosos de las peores tropelías y canalladas que se pueden cometer contra el pueblo. La principal finalidad del PPSOE es mantener el statu quo existente: una infecta casta política, con sus miles de empresas públicas y varios millones de clientes políticos, que viven parasitando de los cada vez menos españoles que sudan la gota gorda en la economía productiva.  

España necesitaba urgentemente un gobernante audaz que tomara medidas para reducir el Hiperestado y su déficit estructural, lo que pasaba por eliminar el Senado y sus onerosos traductores, adelgazar los 17 reinos de taifa, agrupar miles de pequeños municipios, eliminar subsidios y subvenciones a partidos políticos, sindicatos, iglesias, fundaciones, ONG,s y demás parásitos del presupuesto; entre otras cosas.

La importante crisis económica y política que vive España tiene sus orígenes en la Constitución de 1978, cuya redacción revela importantes errores filosóficos, como la confusión entre los conceptos de derecho y necesidad (Art. 35: derecho al trabajo; Art. 47: derecho a la vivienda) o la asunción de la teoría de la imprevisión: el individuo no es suficientemente responsable y es deber del Estado tutelarlo como si de un menor de edad se tratase. El resultado es un Estado asfixiante que merma la libertad del individuo hasta límites feudales.

Otro aspecto, de consecuencias funestas para una sociedad libre, es el desprecio del Estado por la propiedad privada. El ciudadano es sometido a una variada fauna de impuestos y tasas que alcanza casi la mitad de lo que produce (5 de los 12 meses del año se trabaja para el Estado); se le asigna -sin posibilidad de elección- la educación, la sanidad y otros servicios esenciales. De la empresa, ¿qué decir? al empresario se le obliga a cumplir convenios colectivos en los que no ha participado ni está de acuerdo; se le detrae dinero para obligarle a dar formación; se le obliga a contratar discapacitados como si el altruismo fuese un deber y no una elección personal; etc. El dueño de Eurovegas, Sheldon Adelson, con muy buen criterio; se ha negado a aceptar las leyes laborales y regulaciones liberticidas propias de un sistema socialista.

Por último, frente al panorama desolador que se nos presenta en los próximos años, a los ciudadanos les queda, en mi opinión, cuatro opciones: 1) seguir sumidos en el vasallaje votando al Gran PPSOE, para mayor gloria de la casta política; 2) votar a los nuevos partidos políticos emergentes; 3) emigrar a un país decente y 4) defenderse del Hiperestado mediante la lucha de guerrillas: insumisión fiscal, trabajar en la economía sumergida y volver al trueque de productos y servicios; todo lo que haga falta para mitigar el expolio al que estamos y seguiremos sometidos.

El bienestar del Estado

He llegado a la triste conclusión de que la única forma de regenerar esta nación enferma que se llama España es derrumbar el actual sistema político que nos ha conducido a esta situación. La crisis económica no es sino un efecto más -eso sí, importante- de una crisis política, social y moral que intentaré resumir: 

1. El Estado ha invadido, con la anuencia de empresas y ciudadanos, los derechos de propiedad bajo la excusa de un supuesto deber moral acuñado y repetido -cual mantra- con metáforas y lemas de todo tipo: "Contrato social", "solidaridad", "bien común, "sociedad igualitaria", "protección social", "derechos del ciudadano", "sanidad y educación universal y gratuita", etc. Esta invasión se produce mediante: a) Impuestos, y b) Regulaciones absurdas o innecesarias que obstaculizan el libre comercio y la competitividad.

2. Esta filosofía, cuya inmoralidad aquí denuncio, ha legitimado al Estado como redistribuidor arbitrario de la riqueza obtenida por empresas e individuos. Puesto que el Estado no produce nada per se, es preciso imponer numerosos y variados impuestos. Recordemos que todo impuesto es coercitivo y que el ciudadano no tiene opción alguna ni es libre de oponerse a él. 

3. Una vez recaudados los impuestos, el Estado nos hace creer que vela por nuestro bienestar entregándonos toda clase de servicios "gratis": Sanidad, educación, infraestructuras, pensiones, etc. Para entendernos, es como si a usted le roban, a punta de pistola, 2€ y luego el ladrón le invita a un café que vale 1€. ¡Qué ladrón tan generoso!

4. Los políticos son los que deciden cuánto dinero hay que quitar, a quién hay que quitárselo y cómo se va a redistribuir posteriormente. Cuanto más dinero redistribuye un político, mayor es su poder. Por eso al político le interesa que el Estado realice muchas funciones y así justificar la elevada recaudación. Todo, siempre, "por nuestro propio bien" o por el "bien común". 

5.  Realmente, el Estado usa nuestro dinero en este orden: a) Su propio bienestar: Políticos, funcionarios, empresas públicas, clientes políticos. b) Grupos de presión: Bancos, sindicatos, religiones, ONG. y c) Gasto social: Sanidad, educación, justicia, seguridad; e infraestructuras.

6. Para que todo lo anterior sea posible, necesitamos un cooperador necesario o "animal de sacrificio": El contribuyente. Sin empresas e individuos que paguen impuestos no es posible lo anterior. Ningún político de ningún partido, hasta la fecha, ha considerado oportuno desmontar este "business" que podemos también llamar el timo del "Estado del bienestar".

7. Este sistema colectivista se basa en algunas falacias y es generador de patologías sociales: 

a) La solidaridad es exigible, mediante coacción, a través de la Ley y el Estado democrático. La "mayoría" así lo ha decidido. Por tanto, el robo con un fin "social" es legítimo.

b) La sociedad ha considerado la riqueza pecaminosa y al empresario como un vulgar explotador. 

c) Se han confundido derechos con necesidades (trabajo, vivienda, sanidad). 

d) Holgazanería social: Todos queremos que nos mantenga otro.

e) Pensamiento grupal: Falsa ilusión de que el Estado es garante de nuestra seguridad y bienestar.

f) El Estado nos ha hecho creer una gran mentira: "Existen cosas gratis".

El actual sistema de corrupción política nos conduce a la miseria moral y económica propia de los sistemas socialistas y colectivistas donde el esfuerzo, mérito, creatividad e iniciativa del individuo quedan penalizados y ahogados; la responsabilidad individual diluida y la pereza, recompensada. El "Bienestar del Estado" funciona siempre en detrimento del bienestar del individuo.

Las pocas medidas adecuadas que hasta ahora ha tomado el Estado español para reconducir la situación (supresión del impuesto cameral, cierre de algunas empresas públicas y poco más) no han llegado de una reflexión filosófica o política que ponga al descubierto la perversión del sistema o de un propósito de enmienda; sino por la necesidad y la falta de ingresos de las Haciendas. Por tanto, mientras no existan opciones políticas creíbles que propongan cambios sustanciales, me parece que el único arreglo es derrumbar el actual sistema mediante una lucha de guerrillas. Es preciso no dar de comer al Estado y privarle, en la medida de nuestras posibilidades, de sus fuentes de ingresos. Esto significa ahorrar, consumir poco, volver al trueque o trabajar todo lo posible en la economía sumergida. Al igual que la estrategia de tierra quemada, por dura que sea, priva de recursos propios al enemigo; el fraude y la insumisión fiscal también son necesarios para reducir el saqueo de la casta política que nos gobierna.

Alcaldes irresponsables

Antes de que el actual Gobierno declarase su plan contra la morosidad de las Administraciones Públicas ya era vox populi -aunque el gobierno anterior hiciera mutis por el foro- que los Ayuntamientos no eran buenos pagadores. Los autónomos y PYMES más solventes, los que podían elegir clientes, han procurado evitarlos de la misma forma que los médicos más reputados evitan trabajar con los seguros médicos. 

Durante este crisis, algunos proveedores insensatos siguieron creyendo en el engañoso paradigma: "La Administración paga tarde, pero paga". El resultado está a la vista: miles de autónomos y empresas arruinados por los mismos que organizan cursillos y jornadas para fomentar el "espíritu emprendedor". ¡Serán cínicos!. Mientras observemos tamaña contradicción escasearán los emprendedores en España. Mientras los alcaldes, culposa o dolosamente, se dediquen a robar (no pagar) a sus proveedores; solamente los tontos o los desesperados querrán hacer negocios con ellos porque sencillamente no son de fiar. Yo les recomendaría cobrar por adelantado y si no aceptan, que se vayan al carajo; siempre es preferible que hundan a un competidor incauto. Hay que considerar que, puestos a cobrar, siempre serán primero los paniaguados del clientelismo municipal y las empresas de familiares y amigos. La buena gestión siempre debe comenzar por uno mismo.

Muchos alcaldes, ya sea por desvergüenza o por incapacidad profesional, han administrado mal los recursos públicos y de paso han alimentado, como nadie, las cifras de parados en España. La democracia no garantiza que los ediles sean honrados, responsables o competentes en sus funciones. Tampoco nuestro sistema judicial o administrativo ha sabido exigir responsabilidades ante una mala gestión y ahora viene el Gobierno con un plan de rescate para salvar el culo a una panda de ineptos y oportunistas que han llegado a la política municipal para hacer fortuna, como el que iba a "hacer las Indias".

Los políticos son proclives al abuso de poder y por eso es necesario cambiar el funcionamiento de las administraciones locales y delimitar la responsabilidad civil y penal de los gobernantes. Una primera propuesta sería eliminar la autonomía para fijarse ellos mismos sus sueldos escandalosos. La  segunda, disolver las corporaciones que incurran en mala gestión y crear gestoras municipales, como ya ocurrió en Marbella. La tercera, agrupar municipios para reducir políticos y funcionarios. Cuantos menos, mejor.

La cuarta, demoler todo el entramado clientelar de empresas públicas que han servido para crear una administración paralela y cometer la mayor injusticia social: quitar el dinero, mediante impuestos, a quienes lo han producido para regalárselo a quienes no lo han ganado ni merecido. La quinta, obligar a que los ayuntamientos paguen lo que deben como todo hijo de vecino: que vendan sus empresas públicas que sólo sirven para sus trapicheos indecentes, que vendan parte de su ostentoso patrimonio inmobiliario, que vendan sus coches de lujo y que paguen hasta el último céntimo que deben, y con intereses de demora. Ahora llega de nuevo papá Estado a poner orden como si los alcaldes fueran menores de edad o irresponsables por su gestión. Es insoportable ver cómo la casta política se protege mutuamente. Hasta que no hagamos como Islandia y los metamos en el trullo no espabilarán.

Debate Rubalcaba-Rajoy: Lo que no se dijo

El "Gran Debate", como pomposamente titularon los organizadores del pasado cara a cara televisivo entre Rubalcaba y Rajoy resultó ciertamente decepcionante. Cada candidato se presentó con la lección aprendida y más que un debate la discusión parecía seguir un guión preestablecido. De hecho, Rajoy, por dos veces espetó a Rubalcaba: "Sabía que usted me lo iba a decir...". En fin, asistimos a un montaje espectacular de medios y marketing televisivo para tan poca cosa.

Es cierto que en España hay 5 millones de parados y que los aspectos económicos y laborales son una gran preocupación de los ciudadanos. Sin embargo, en España somos 46 millones y a todos -parados y activos- nos interesan muchas cosas que a modo de "pacto entre pillos" no se dijeron. 

Ni una sola mención a la corrupción política, a mi entender, principal problema de España. 

Ni una sola mención a la politización y manipulación de la Justicia y tampoco a su lentitud e ineficiencia.
Ni una sola mención (salvo el asunto de las Diputaciones) al cáncer que supone la estructura política del Estado, con 4 niveles administrativos, y que todos debemos sostener a costa de rascarnos el bolsillo. 

Ni una sola mención a eliminar el Senado, institución claramente prescindible. 

Ni una sola mención para eliminar las asignaciones económicas que reciben los partidos políticos y sindicatos. 

Ni una sola mención para citar el papel mafioso de los sindicatos, corresponsables de tantas empresas destruidas. 

Ni una sola mención a las miles de empresas públicas creadas principalmente por PP y PSOE en todos los niveles de la Administración y que han servido para robar el dinero a los ciudadanos (vía impuestos) y regalárselo a sus afiliados, amigos, primos, cuñados, queridas y demás fauna que habita en el clientelismo político. 

Ni una sola mención para modificar el sistema electoral. Rubalcaba mencionó (poner una cruz) tímidamente instaurar las listas cerradas, y la pregunta es: ¿por qué en 7 años no lo han hecho?

Ni una sola mención a las miles de empresas y autónomos jodidos porque los ayuntamientos no les pagan sus facturas y los mandan a la quiebra; ¿cuantos alcaldes han ido a la cárcel por no pagar?; eso sí, en el primer pleno de cada legislatura todos los concejales votan por unanimidad su propia subida de sueldos. ¡Menuda panda de mamones!

Ni una sola propuesta para rebajar las tasas excesivas que los ciudadanos debemos pagar a notarías y registros de la propiedad. 

Ni una sola propuesta para eliminar la obligatoriedad de pertenecer, por cojones, a los Colegios Profesionales; cuando debería ser voluntario tal y como se hizo con las Cámaras de Comercio. 

Ni una sola propuesta para reducir el estatus faraónico y ostentoso de los altos cargos públicos, diputados, senadores y demás "señorías" cuando están en activo y cuando se jubilan. 

Ni una sola mención para abolir los privilegios manifiestamente inconstitucionales de la Iglesia Católica y la asignación de 10 mil millones de euros que recibe del Estado. 

En fin, no quiero extenderme más, pero lo importante del "pequeño debate" y "gran farsa" no fue tanto lo que dijeron sino lo que culposamente ambos pillos callaron. Señores Rucalcaba y Rajoy, algunos españoles no somos idiotas y todavía nos queda algo de sesera para culpar a los dos grandes partidos de la mierda de país que tenemos. 

5 millones de parados

El paro en España roza los 5 millones de personas. La economía española me recuerda al Titanic: España se hunde y el Estado, cual orquesta en la cubierta del  buque, sigue tocando la misma partitura con la resignación final de una muerte inevitable. Y digo el Estado, porque el virus que nos infecta está activo en todos los niveles de la Administración.

Tenemos 5 millones de parados porque hemos querido desafiar las leyes de la economía, que es lo mismo que desafiar la ley de la gravedad mediante una nuevo teorema físico publicado en el BOE. Nuestros gobernantes -escasamente cualificados para la faena- han creído firmemente en el mito "querer es poder" y la realidad les viene propinando cada mes un tremendo bofetón, pero aún así no aprenden y la Nación va de culo. Un sabio de la Sierra de Aracena  me dijo un buen día: "cuando la cabeza va mal, los pies se van tropezando".

Tenemos 5 millones de parados porque España se desangra y los gobernantes, en lugar de hacer las reformas "a corazón abierto", como era obligado; se han dedicado al marketing político de la tirita en la herida y la oración a San Judas Tadeo, el santo del trabajo. Piensan que la realidad puede ser falseada de la misma manera que manipulan la opinión pública, arte en la que son maestros. ¡ Pobres ilusos !       

Tenemos 5 millones de parados porque todavía no hemos entendido que los autónomos y empresas son quienes crean empleo, no gracias a la Administración, sino a su pesar. Hemos demonizado al creador de la riqueza y ahora nos preguntamos por qué nadie quiere contratar a nadie. La Nación ha vivido a costa de chupar la sangre a los productores, para mantener a un ejército de inútiles, amigos y parientes; todos clientes políticos de un sistema inmoral y corrupto. Y ahora nos preguntamos por qué la mayoría prefiere ser funcionario, de lo que sea, pero funcionario.

Tenemos 5 millones de parados porque ser empresario es un calvario de trámites, impuestos, permisos, licencias, mordidas y leyes veleta que cambian según la inspiración y la insensatez del ministro de turno, y si no que se lo pregunten a los pocos empresarios que tabicaron sus restaurantes (tabaco) para nada.  

Tenemos 5 millones de parados porque asistimos a una inversión moral donde el productor es considerado capitalista; el empleador, negrero; el comerciante, ladrón; el banquero, usurero; y el intermediario, estafador. Hemos castigado a los creadores del empleo productivo con el descrédito y escarnio propios del criminal y ahora nos preguntamos por qué no hay más "vocación emprendedora".

Tenemos 5 millones de parados porque las leyes laborales se han construido sobre el paradigma de que el capitalismo es perverso y que los mejores hombres y mujeres: aquellos que arriesgan su patrimonio, usan su intelecto y trabajan 12 horas al día; deben indemnizar -sin causa lógica- a quienes prefieren la obediencia y la seguridad. Hemos sustituido la meritocracia por el igualitarismo fomentando la idea de que  "nadie es mejor que nadie" y ahora nos preguntamos por qué los mejores abandonan el país.

Tenemos 5 millones de parados porque el Estado ha metido las narices en todo, intervenido todo y controlado todo para convertir a los ciudadanos en menores de edad vitalicios. Hay a quien no le importa estar parado porque cree que es deber del Estado mantenerle. Pero el Estado no puede darle dinero sin antes habérselo quitado a otro trabajador. El Estado social, mal administrado, se convierte en un formidable productor de vagos; y ahora nos preguntamos por qué hay gente que rechaza un empleo.

Desde 2008, el Gobierno se ha ido equivocando ante cada sucesivo desastre. En lugar de controlar la inmigración, prefirió dar "papeles para todos", incrementando la población de forma alarmante. En lugar de exigir funcionarios más eficientes y dedicados prefirió reducirles el salario, acaso pensando: "para lo que poco que trabajan, bastante cobran". En lugar de reducir el "mamoneo institucional" y el despilfarro prefirió la infamia de congelar las pensiones de nuestros mayores. En lugar de reducir el gasto corriente del Estado, prefirió subir el IVA, asfixiando aún más nuestra maltrecha economía. En lugar de obligar a los Ayuntamientos a pagar a sus proveedores, evitando su quiebra; propuso un Plan "E" para hacer obras innecesarias e improductivas. Todo un cúmulo de desastres.

La famosa novela La rebelión de Atlas (Ayn Rand); describe un escenario parecido: EEUU es una nación en ruina debido a la corrupción y a una política económica intervencionista. Los empresarios cada vez tienen mayores dificultades para sacar adelante sus negocios, deciden tirar la toalla y van cerrando, poco a poco, sus empresas. El paro aumenta considerablemente y el país se sume en el caos económico y la miseria. Comienzan las revueltas, disturbios y la población se dedica a incendiar los edificios gubernamentales. El industrial y líder de la rebelión, John Galt, pronuncia en un discurso radiofónico: "Nosotros, los hombres de razón, nos declaramos en huelga..."

Regeneración política

Es notorio el hartazgo que los ciudadanos tenemos ante la ineficacia -cuando no corrupción- política en los distintos niveles de la Administración Pública. Para que la política sea una actividad eficaz y decente, los políticos deben también serlo y, por desgracia, no abunda ni lo uno ni lo otro en esta casta privilegiada que nos gobierna.

Existen diferentes formas de regenerar la política. La primera es que los partidos mayoritarios renuncien de forma voluntaria al exceso de poder que ahora tienen y se lo devuelvan a los ciudadanos (ejemplo: listas abiertas). Un caso aislado fue la limitación de 8 años que se autoimpuso el presidente Aznar pero esto fue testimonial. Ya se sabe que el ejemplo es condición necesaria pero no suficiente. Los que están en la política por poder y no por servicio público, considerarán lo anterior una especie de "harakiri" y rajarse la barriga es jodido. Una forma de reducir el nepotismo sería la autosupresión de las empresas públicas pero esto es como pedirle al ladrón que devuelva voluntariamente lo robado. Es decir, esperar que el cambio provenga motu proprio desde la casta es como pedirle peras al olmo.

La segunda forma sería la irrupción en la escena política de un liderazgo nuevo y reformador que apostase claramente por acotar esta partitocracia rampante que tanto daño ocasiona a la sociedad. Se necesitaría un líder carismático, valiente, pero sobre todo decente; y una organización capaces de ilusionar a la sociedad y prestigiar la política.

La tercera vía parece la más probable, se trata de que los ciudadanos ejerzan la presión suficiente para forzar los cambios políticos (lo estamos viendo en el norte de Africa). De momento, no parece sensato echarse al monte cual maqui pero debemos utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para evitar los excesos de la casta.

Internet es un medio no sujeto -de momento- al control que ejerce el poder político en los medios tradicionales (TV, radio y prensa) y esto es relevante. Podemos y debemos seguir difundiendo lo que los ciudadanos cabalmente deseamos, denunciando los excesos y exigiendo, antes de dar el voto, que esas demandas se reflejen en los programas electorales. Podemos usar el marketing viral que proporciona Internet para forzar la regeneración política.

10 propuestas para exigirles a los políticos

Estas propuestas las he recibido por la red. Algunas han sido ligeramente modificadas   según mi propio criterio. Sabemos que los políticos se mueven en función de la opinión pública y de la presión que la sociedad ejerza sobre ellos. Por eso he decidido incorporar estas medidas en mi blog. Recordemos lo que decía Edmund Burke: “Para que la maldad florezca, sólo hace falta que la gente buena no haga nada” . Las medidas son:

1. Fijar el salario de los políticos por ley y que se introduzcan parámetros de proporcionalidad. Eliminar las pensiones vitalicias e igualar el sistema de cálculo al resto de ciudadanos del Estado español.

2. Que cada político pague de su salario todos los gastos que tenga: viajes, representación, secretarios, asesores, dietas, comidas, telefonía, etc.. 

3. Agrupar ayuntamientos, mancomunar servicios y eliminar instituciones, organismos y servicios no útiles o redundantes (Senado, Diputaciones provinciales).

4. Reducir los representantes de cada institución. 50% Congreso: 175 diputados. Parlamentos autonómicos: un representante por cada 100.000 habitantes o más. Ejemplo: Canarias: 2,1 millones de habitantes, pasaría de 60 a 21 parlamentarios.

5. A cada político se le exigirá responsabilidad penal y económica de las decisiones culposas o dolosas que ocasionaren pérdidas al erario. Pagarán de su patrimonio (como un trabajador autónomo) las pérdidas ocasionadas y se les inhabilitará para ejercer cargo publico. 

6. Todos los contratos efectuados por las AAPP serán publicados en los Boletines Oficiales y páginas web institucionales. Se prohibirá aumentar el presupuesto una vez adjudicado.

7. Eliminar las subvenciones a organizaciones de empresarios, sindicatos, partidos políticos, confesiones religiosas, fundaciones, ONG, etc. Todos los anteriores deberán financiarse mediante donaciones privadas de carácter voluntario (afiliados, simpatizantes, etc.)

8. Limitar el mandato de los cargos públicos a 8 años.

9. Cambiar la ley electoral para que sea más proporcional al censo y hacer listas abiertas y por circunscripciones.

10. limitar el número de altos cargos de libre designación a ministros, secretarios de estado y subsecretarios. El resto de nombramientos serán de entre los funcionarios y en comisión de servicio temporal. 

Aumenta el paro

Aumenta el paro y seguirá aumentando porque nuestros políticos todavía no han leído a uno de los precursores del conductismo: B. F. Skinner (1904-1990). Este psicólogo y profesor universitario estadounidense dedicó su vida al análisis científico de la conducta animal y demostró que aquella era fruto de las condiciones ambientales. 

¿Por qué hay mucho paro en España?: Porque escasean los empleadores (empresarios) ¿Por qué las personas no quieren ser empresarios?: Porque no es rentable, no es atractivo.

Al igual que los girasoles se orientan al sol -conductismo- las personas también se orientan a lo que consideran más atractivo y conveniente. En España el sol es la administración pública y la sombra es la empresa privada. 

¿Por qué no interesa ser empresario?:

1. Cada empleado es un problema con el que lidiar cada día

2. Los costes de la SS y de despido son elevados

3. Los impuestos son elevados

4. Cuando hay problemas la justicia es lenta y favorece casi siempre a la otra parte

5. Por la noche me desvelo pensando en los problemas de mi empresa

6. La administración es más lenta que el "caballo del malo" y peor que la "carne del pescuezo"

7. Los sindicatos me fijan el salario que debo pagar y las condiciones laborales

8. Tengo la sensación de que con mi sudor estoy pagando el ocio de otros  

¿Por qué es preferible ser empleado?

1. Tengo mayor seguridad y no necesito arriesgar mi patrimonio

2. Cumplo mi horario y me voy a mi casa contento

3. Por la noche duermo a pierna suelta y sueño con los angelitos

4. Si el jefe se pone tonto me doy de baja por depresión (para que aprenda)

5. Si me va mal en la empresa, fuerzo el despido y así me pagan una buena tajada

6. Si me despiden, el Estado del bienestar se encargará de pagarme el paro

7. Siempre puedo optar por cobrar del estado y trabajar en la economía sumergida

8. El empresario tiene mala fama ("explotador" y "negrero")

¿Qué es lo que deberían hacer los políticos?: Leer más...y modificar las condiciones ambientales.

¿Qué es lo que deberían hacer los ciudadanos? Leer más...y seguir buscando -como hasta ahora- lo que más les convenga a su propio interés. No podemos modificar la naturaleza humana pero sí podemos modificar el entorno.

¿Por qué hay que pagar muchos impuestos?: Porque los políticos necesitan mucho dinero para mantener sus organizaciones, prebendas, coches, escoltas, visas, cholletes, billetes en business, dietas, seguros privados de salud, asesores, puesto de trabajo fantasmas, clientes políticos, empresas públicas y demás bolsas de nepotismo, liberados sindicales, publicidad innecesaria, subvenciones ideológicas, etc.

Escenario: Unas personas deben producir una parte de la riqueza, sin recibir nada a cambio;  para que otras puedan disfrutarla sin haberla merecido. ¡Qué terrible injusticia! ¡Qué abominable colectivismo! ¡Qué infames dirigentes! ¡Qué adormecido pueblo!