El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.