domingo, 17 de septiembre de 2017

Zebenzuí, el concejal follador

Esta semana ha sido noticia un mensaje de Whatsapp enviado por Zebenzuí González, concejal responsable de «Sanidad, Mercados y Cementerios» del ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), quien presumía de follar con empleadas que él mismo colocaba. El escándalo ha sido monumental pero Zebenzuí, que ha sido suspendido de militancia socialista, todavía mantiene su cargo de concejal. Nuestro gallo follador ha dicho que no piensa dimitir y renunciar a un sueldo bruto de 58.000€.

Hoy pretendo criticar el enfoque de género que ha recibido este caso porque su gravedad reside oficialmente en el cariz «machista» del mensaje. Este asunto no es otra cosa que una compra de servicios sexuales y su única particularidad es que el comprador paga con salarios públicos, con nóminas, y no directamente en efectivo. Otros políticos pagan con su tarjeta VISA corporativa tal y como hizo, en 2012, el alcalde de Valverde del Camino, Miguel Ángel Domínguez (PSOE), que gastó 3.685€ en un prostíbulo de Sevilla porque su tarjeta VISA personal «no funcionaba bien». 

Pedir sexo a cambio de favores laborales es una práctica secular: algunos directores de cine, productores musicales, empresarios y directivos, por citar algunos, obtienen sexo a cambio de «impulsar las carreras» de sus patrocinadas. Esta actividad no está exenta de riesgos: por ejemplo, un realizador se expone a una interpretación mediocre de su actriz-puta y un gerente puede sufrir la ineficiencia de su secretaria-puta, y así sucesivamente. El político se expone menos porque la incompetencia de sus putas casi siempre recae sobre los ciudadanos en forma de servicios deficientes.

Es un axioma praxeológico (relativo a la acción humana) que en toda relación consentida ambas partes esperan obtener un beneficio neto, en otro caso el intercambio nunca llega a producirse. Tanto Zebenzuí como las agraciadas con salario público vía «cargos de confianza» u otra modalidad salen beneficiados del intercambio: «una nómina de enterradora bien vale un polvo ocasional con el seboso concejal de Cementerios, menos da una piedra» diría más de una. Bibiana Rodríguez, una joven tinerfeña de 34 años, no pasó por el aro y mandó a la mierda al follador de marras. Por tanto, no es correcto calificar a las enchufadas del concejal como sus víctimas de género  sino como socias que se benefician claramente del trato; estas mujeres venden sus favores sexuales de forma consciente. 

No es mi intención hacer una condena moral de la prostitución. Tanto el cliente como la puta salen beneficiados del intercambio y no perjudican a un tercero. Si Zebenzuí pagara los polvos de su bolsillo no habría reprobación política, ni escándalo alguno: allá cada cual con su vida sexual. Es un error confundir el apetito sexual con el machismo. Pero la ideología de género considera que el comercio sexual es una lucha (marxista) de clases, una relación asimétrica donde el hombre gana y la mujer pierde. 

En definitiva, tanto el concejal Zebenzuí como sus enchufadas eran partícipes de un mismo negocio y los únicos verdaderamente perjudicados han sido los contribuyentes laguneros que, al fin y al cabo, han pagado puta y cama. Cargar las tintas contra el supuesto machismo del edil es una hábil maniobra de género que oculta la verdadera naturaleza del crimen: el robo. Los contribuyentes sufren un primer robo cuando son obligados a pagar impuestos: «todo impuesto es un robo»; y sufren un segundo robo cuando los fondos públicos son utilizados para el beneficio personal de quienes los administran.