¿Existe el derecho a la información?

Hace muy pocos meses, cuando Vox irrumpió en la escena política, el partido y sus dirigentes fueron objeto de todo tipo insultos y descalificaciones por parte de los medios de comunicación vinculados a la izquierda política. Pero a medida que Vox iba ganando apoyo social, afiliados, votantes y escaños (12 en el parlamento andaluz y 24 en el Congreso), el interés informativo en torno a Vox aumentó considerablemente. En poco tiempo, sus dirigentes pasaron de ser peligrosos fascistas a ser reclamados por todos los medios de comunicación. Vox, rompiendo la tradición de lameculismo político (valga la redundancia) y sumisión al «cuarto poder», decidió boicotear a quienes se habían alistado a un ejército de mentirosos y manipuladores, bajo la «alerta antifascista» decretada por el comunista Pablo Iglesias.

Hermann Tertsch

Entre otras, las marcas vetadas fueron: Público, eldiario.es, La Marea, El Plural, Todo es mentira (Cuatro), EL ESPAÑOL, El Mundo, El País, El Intermedio (laSexta), InfoLibre y Contexto (CTXT). El boicot consistió en no invitarles a sus actos, prohibirles la entrada si se presentaban por sorpresa, negarles las entrevistas («No moleste Cuatro») y, en general, bloquear toda comunicación con sus enemigos. Estos últimos contraatacaron con un discurso victimista: «Vox no deja trabajar a los  pobres compañeros», o con un discurso legalista: «La discriminación que hace Vox atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos». Por su parte, el partido de Santiago Abascal alega que la exclusión es la legítima defensa ante la «cantidad de mentiras y basura que se está publicando y emitiendo sobre Vox», en palabras del periodista y eurodiputado, Hermann Tertsch.

Analicemos quién lleva razón en esta disputa.

Primero. ¿Existe el derecho a la información?

Los derechos formulados en abstracto -a la información, al trabajo, a la vivienda, a decidir, etc.- son confusos y, casi siempre, se interpretan de forma sesgada e interesada. Recordemos que si alguien tiene un derecho, un tercero tiene un deber para con él. En este caso, si los periodistas tienen el derecho a ser invitados, Vox tiene el deber de invitarlos. Análogamente, si yo tengo derecho a una vivienda, alguien tiene el deber de proporcionármela. Todos estos derechos positivos son espurios, falsos, son pseudoderechos. Los derechos genuinos son negativos, es decir, están referidos a la no injerencia de terceros. Por ejemplo, si una pandilla de energúmenos irrumpe violentamente en la sala donde se realiza un acto electoral o una conferencia se está violando el derecho de los organizadores a proporcionar información a la audiencia.

Esteban y Espinosa de los Monteros

Segundo. La exclusión como derecho de propiedad.

Vox, como cualquier persona física o jurídica, tiene el derecho de invitar a unos y excluir a otros en aquellos actos organizados en su propiedad o en locales contratados. Los medios de comunicación, por su parte, actúan de igual modo: en sus programas invitan a unas personas y excluyen a otras, en función de su interés informativo. El derecho de elegir a unos implica necesariamente el derecho de discriminar a otros. En otras palabras: el derecho de exclusión se subsume en el derecho de propiedad. Nadie puede exigir «ser invitado» a la casa de otro. De igual modo, la propiedad de nuestro cuerpo nos faculta a rechazar un apretón de manos, tal y como hizo Aitor Esteban con Iván Espinosa de los Monteros al finalizar un debate televisado.

Ludwig von Mises

Tercero. Vínculos contractuales y hegemónicos. Según Mises (2011: 234): «Existen dos formas de cooperación social: la cooperación en virtud de contrato y la coordinación voluntaria, y la cooperación en virtud de mando y subordinación, es decir, hegemónica». La comunicación es una relación contractual porque ambas partes deben consentir el intercambio. El promotor de un acto comunicativo elige invitado, siendo este último libre de aceptar o declinar la invitación. Además, cualquiera de las partes puede establecer previamente algunas condiciones: económicas y de otro tenor. El derecho a no participar en una comunicación se observa cuando algún contertulio de un programa se niega a dirigir la palabra an miembro de Vox, cuestión que nadie pone en tela de juicio.

Los periodistas que exigen un supuesto «derecho a la información» pretender convertir un vínculo contractual en otro hegemónico, impuesto violentamente al interlocutor. En definitiva, la «información», en abstracto, ni es un derecho ni es un deber. La información debe obtenerse lícitamente, ya sea mediante un intercambio económico (comprar un periódico) o mediante acuerdo entre los hablantes.

Bibliografía:
Mises, Ludwig von (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial

Sobre el precio del alquiler de vivienda

En otros artículos ya he tratado la cuestión del control de precios de los alimentos, así que hoy me centraré en el mercado del alquiler de vivienda.

Empecemos recordando la famosa ley de oferta y demanda. Cuando la escasez relativa de un bien económico aumenta, es decir, cuando su demanda aumenta en mayor medida que su oferta, su precio sube, bajando en el caso contrario. Si suponemos que el resto de circunstancias no se modifica o ceteris paribus (escenario irreal cuya utilidad es facilitar el razonamiento), la subida del precio del alquiler implica necesariamente la reducción del precio de otros bienes. Si la gente gasta más en alquiler, ceteris paribus, forzosamente deberá gastar menos en otras cosas; por tanto, su demanda bajará y con ella el precio. La subida del precio del alquiler reduce el nivel de vida de los arrendatarios y aumenta el de los arrendadores; los primeros deberán reducir el consumo de otros bienes y los segundos lo podrán aumentar. 

Políticos, periodistas y arrendatarios, ponen el grito en el cielo cuando los alquileres suben de precio generando una alarma social. Consideran que la vivienda es un bien de primera necesidad y que la autoridad debería hacer algo para evitar precios «excesivos». La ciencia económica refuta la existencia de precios objetivos (el valor es subjetivo), por tanto, afirmar que un precio es «demasiado» bajo, «asequible» o «demasiado» alto es una mera opinión; por ejemplo, alguien podría pensar que la subida de precios del alquiler es buena para evitar la «excesiva» población en una zona, cuestión también opinable por idénticas razones. En Canarias, sin ir más lejos, hay quienes piensan que ya no cabe nadie más en las islas. En buena lógica, deberían alegrarse porque la mencionada subida ejerce un efecto de expulsión de residentes. Pero volvamos al análisis económico:

Existen dos formas de mercado, no violentas, de hacer bajar el precio:

A) Reducir la demanda: podríamos persuadir a los consumidores que se trasladen a vivir a un sitio más barato o que compartan vivienda. Esto no es necesario porque el precio ya se encarga de ello, generando incentivos en la dirección apuntada.

B) Aumentar la oferta: los legisladores podrían mejorar la protección jurídica de los propietarios (impagos, okupas) para que más viviendas vacías salgan al mercado. Los ayuntamientos pueden aumentar la oferta de suelo residencial para realizar nueva construcción. Se puede fomentar la rehabilitación removiendo las restricciones legales y la burocracia, etc. Pero, aunque los políticos no hicieran nada bueno (algo de esperar), la mera subida del precio hará que nuevas inversiones se dirijan al mercado de alquiler aumentando la oferta.

El sistema de precios, de forma natural, reducirá la demanda y aumentará la oferta, haciendo bajar nuevamente los precios. Por cierto, los precios nunca están en equilibrio, nada en la economía está en equilibrio, el mercado es dinámico y está en permanente cambio ajustándose a las preferencias de los consumidores. Lamentablemente, algunos políticos ya sea por ignorancia, por ofuscación ideológica o por interés electoral podrán establecer controles de precios, ofreciendo a los votantes un «alquiler asequible» y otros eslóganes populistas.

El problema insoluble del control de precios es que el órgano de planificación del gobierno (funcionarios, asesores, técnicos) carece de la información necesaria para fijar el precio de cada vivienda. Los precios se fijan de forma individual, dinámica y descentralizada por los compradores y vendedores, por tanto, cualquier cifra que determine el gobierno es necesariamente arbitraria y detrimental. Por ejemplo, la Generalidad de Cataluña aprobó en mayo de este año un decreto ley para contener el precio del alquiler en «zonas tensas» (ciudad de Barcelona). La renta no podrá superar en 10% el precio medio del alquiler de la zona e impide a los propietarios actualizar el precio según el IPC. Pero la estadística no resuelve el problema: las casas de una zona (ni siquiera una calle) no son homogéneas y los dueños de pisos mejor situados y/o acondicionados se verán más perjudicados que el resto.

La ciencia económica nos advierte que el control de precios empeorará aun más la situación porque el mercado reaccionará en sentido contrario: aumentará la escasez y tampoco disminuirá el precio real (no nominal) de los alquileres. Por ejemplo, supongamos que la renta de mercado de la vivienda V es 1.000€, si el gobierno fija un precio máximo de 900€, está transfiriendo coactivamente 100€ desde el arrendador al arrendatario. ¿Cómo reaccionará el primero frente a esta agresión? a) Puede dejar de alquilar su casa, venderla o irse al mercado de alquiler vacacional. b) Puede reducir el valor real del inmueble aproximándolo al precio intervenido, ¿cómo? eliminando mobiliario, algunos extras (wifi) o dejando que se deteriore. c) Puede negociar con el inquilino un pago de 900€ en A y 100€ en B. d) Puede endurecer las condiciones contractuales exigiendo más garantías y avales de tal manera que las personas con menor capacidad adquisitiva tendrán mayores dificultades para encontrar una vivienda.

En definitiva, fijar precios máximos al alquiler sólo puede empeorar la situación de escasez relativa,  además reducirá el valor real del parque de viviendas en el mercado. Por tanto, el gobierno no debe regular los precios, sino mejorar el entorno institucional, según apuntamos en B). Por último, la ética nos dice que el «control de precios» es inmoral porque viola la libertad de las partes para realizar contratos legítimos, intentando transferir renta desde el arrendador al arrendatario.

Dos clases de privilegiados

Angel Víctor Torres

Dice Angel Víctor Torres (PSOE), flamante presidente de Canarias, que los privilegiados deben tenerle miedo. No es lo mismo «ser un privilegiado» que ser receptor de un privilegio político. Veamos las diferencias. En el lenguaje popular, «ser un privilegiado» significa tener éxito en la vida por las cualidades innatas (fuerza, belleza, inteligencia, salud), por las habilidades naturales, adquiridas y perfeccionadas mediante el esfuerzo personal o incluso gracias a la suerte. Todos estos factores influyen para tener éxito en la vida y sentirse «un privilegiado»: estado psicológico que varía de un sujeto a otro, o incluso para un mismo individuo a lo largo de su vida. Por ejemplo, Amancio Ortega y Rafael Nadal son dos privilegiados (cada uno en lo suyo), pero también hay miles de personas que se sienten privilegiadas: tienen salud, familia, trabajo, patrimonio, etc. 

Rafael Nadal

Ser receptor de un privilegio político es algo distinto. En este caso, el privilegiado no obtiene el éxito de forma natural, sino porque la autoridad política aplica restricciones a terceros. Por ejemplo, Rafael Nadal gozaría de un privilegio político si el gobierno español prohibiera la participación de Federer y Djokovic en el Open de tenis de Madrid. Seguramente, veríamos con malos ojos este favor, pero se trata del mismo privilegio que gozan hoy, taxistas, farmacéuticos y funcionarios. El gobierno permite sólo a unos pocos elegidos realizar cierta actividad. Según Lord Coke: el monopolio es un favor político, un fenómeno mercantilista y su existencia sólo es debida a «una concesión de privilegios por parte del gobierno».

Amancio Ortega

La diferencia entre ambos tipos de privilegiados es notable. Los primeros son benefactores de la sociedad y su fortuna es el justo resultado de haber satisfecho puntualmente las necesidades y deseos de sus congéneres. Si Amancio Ortega quiere incrementar su beneficio deberá fabricar mejores prendas y más baratas que sus competidores. En cambio, si un taxista quiere aumentar su facturación deberá conseguir que el político de turno restrinja la oferta todo lo posible, por ejemplo, paralizando la concesión de nuevas licencias y prohibiendo la entrada de Uber y Cabify al mercado. Los políticos lo tienen bastante fácil: si quieren aumentar su renta deberán alzar la mano para votar su propia subida de salario.

Pero cuando el presidente Torres dice que los «privilegiados» deben tenerle miedo, ¿a qué grupo se refiere? Yo creo que se dirige a los primeros, a esos «malditos ricos» que ganan una cantidad de dinero «excesiva». Detrás de su amenaza, que debe ser considerada seriamente, reside el secular odio, resentimiento y envidia que siente el mediocre contra aquellas personas más productivas. Por este motivo, pronto veremos en Canarias nuevos impuestos: ¿tasa turística?

Este nuevo gobierno de saqueadores (valga la redundancia) cree que puede construir una sociedad mejor robando a unos y repartiendo el botín a otros. No sabe que su perverso código moral lleva la semilla de su propia destrucción. Una sociedad que castiga el éxito de los mejores es una sociedad condenada al fracaso y a la miseria. Solo hay que echar un vistazo a Venezuela, pero estos fanáticos de la «redistribución» están cegados por su ignorancia y sus prejuicios.

Huelga decir que las declaraciones del presidente Torres ahuyentará a los inversores: «No hay nada más cobarde que un millón de dólares», o como dice el profesor Huerta de Soto: «Que invierta su puta madre».

Jesús Huerta de Soto

La deuda política de España

https://fee.org.es/art%C3%ADculos/la-deuda-pol%C3%ADtica-de-espa%C3%B1a/?fbclid=IwAR3WxLfyVniyQdn2dfPtRx-kfRi85E2TBBGZkyZatEhp5DkOl51E0aTDGHA

La falacia del «impacto económico»

https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/la-falacia-del-impacto-economico?fbclid=IwAR1f1fFyqO-l51fTwkZAeTU2Wu6MThl6JwZA8IWmEvX-LmmEafJcaSa-VVE

Tres errores económicos de Nigel Farage

Nigel Farage es, sin duda, uno de los políticos con mayor protagonismo y éxito en Reino Unido. Su esfuerzo titánico por sacar a su país de la Unión Europea ha sido recompensado y el próximo 31 de octubre, con toda probabilidad, los británicos abandonarán una organización diseñada para alimentar a políticos y burócratas.

El líder del Brexit Party, al igual que su amigo Donald Trump, quiere «hacer a su nación grande otra vez». Entrevistado, el pasado 27 junio, por Breibart News, afirmaba Farage que en su país eran necesarias tres cosas: a) Recuperar la empresarialidad (las regulaciones europeas están matando el secular espíritu emprendedor de los británicos). b) Situar a RU en el siglo XXI mediante la creación de infraestructuras públicas. c) Acometer reformas políticas: combatir la corrupción, eliminar la Cámara de los Lores, etc. 

En la entrevista, Farage mostró su acuerdo con la propuesta de bajada de impuestos de Boris Johnson, pero añadía un reparo: en el caso de las rentas altas, los propietarios se comprarían un chalé más grande en España:"they just buy a bigger villa in Spain". De esta frase inferimos un triple error económico del político británico.

Primero. La futura reducción de impuestos supondrá un dinero extra en el bolsillo de los británicos 𝍩ricos y pobres𝍩 pero nada nos indica que los primeros lo consumirán fuera del país y los segundos en casa. Por ejemplo: un «rico» podría comprarse una villa más grande en Marbella, pero un «pobre» también podría alargar un día su estancia en Benidorm. Otro ejemplo: un británico de clase media podría comprarse un BMW (hecho en Alemania) y un rico un Rolls Royce (hecho en casa).

Segundo. Cuando alguien incrementa su renta disponible puede emplearla en cualquiera de estas combinaciones: a) aumentando el consumo; b) aumentando el saldo en efectivo (ahorro a la vista); c) reduciendo deudas; y d) aumentando la inversión. Lo cierto es que ricos y pobres no emplearán el dinero extra de igual manera. A medida que aumenta la renta, la cantidad dedicada al consumo es proporcionalmente menor, es decir, la propensión marginal al consumo es decreciente. Los ricos ya tienen cubiertas la mayor parte de sus necesidades de consumo y dedicarán el dinero extra a inversión; en cambio, las clases medias y bajas lo gastarán. En ambos casos, el comportamiento económico es impecable. Quienes castigan el ahorro de los ricos pensando que ese dinero no será despilfarrado en champán, en realidad, impiden una mayor acumulación de bienes de capital en la sociedad. Por otro lado 𝍩cree equivocadamente Farage𝍩 que el dinero escatimado a las personas más acaudaladas será gastado de forma más eficiente por políticos y burócratas manirrotos, cuestión a la que me he referido como mito de la inversión pública.

El tercer error proviene de la mentalidad mercantilista: creencia infundada de que somos más pobres cuando el dinero «sale» del país y más ricos cuando «entra» o se «queda». La balanza comercial es otro mito mercantilista: exportación e importación son las dos caras de una misma moneda. A medio y largo plazo ambas tienden a igualarse. El dinero que «sale» del país tiende a «volver» y viceversa. Lo explico más detalladamente en adonde va nuestro dinero.

En conclusión, si Nigel Farage quiere hacer a Reino Unido grande otra vez, cosa muy loable, debe olvidar sus prejuicios mercantilistas y bajar los impuestos a todos: ricos y pobres. Será la inversión privada, y no el gasto público, lo que mejorará la situación económica de los británicos.

Sobre Vox

Desde que abracé el anarcocapitalismo, allá por 2011, no he participado en ninguna consulta electoral. La abstención política es la conducta propia entre quienes piensan que el gremio político es la peor mafia jamás inventada y que todo impuesto es un robo. Sin embargo, la aparición de Vox y su atractivo programa electoral supondrá mi vuelta a las urnas. Votaré Vox porque se opone sin complejos al consenso socialdemócrata. Es el único partido que proclama, si bien parcialmente, los derechos del individuo frente a la agresión estatal. Los demás partidos, o son abiertamente socialistas o se han rendido al socialismo.

El programa económico de Vox es, de lejos, el más liberal de todos: el dinero debe permanecer en el bolsillo de sus legítimos dueños y no en la cartera de los políticos. El actual Estado de bienestar saquea indecentemente la propiedad privada, por tanto, está abocado al colapso económico y moral.

La vivienda privada también debe protegerse frente a los okupas, que proliferan al amparo de comunistas como Iglesias, Carmena o Colau. Es preciso que el Estado aplique la ley, defienda a la víctima y que los okupas sean desalojados de forma expedita. El Estado tampoco debe impedir a la víctima que se defienda con sus propios medios. El uso de armas de fuego, en legítima defensa, es un derecho natural de todo ser humano. 

La gran virtud de Vox es la valentía de sus líderes para decir la verdad sin tapujos. Por fin, alguien en España afirma públicamente que la Ley de Violencia de Género es una aberración jurídica y ética, comparable a las leyes de Núremberg de 1935. El apelativo «feminazi» está bien puesto y define perfectamente a quienes justifican la criminalización del varón.

Derogar la Ley de la Memoria Histórica es otro imperativo de la lógica y de la convivencia. Es preciso erradicar el sesgo ideológico en la interpretación de la historia de España. Los perdedores de la Guerra civil deben asumir, de una vez por todas, su responsabilidad en el origen del conflicto.

Lo único que no gusta de Vox es su exaltado nacionalismo español. Las tradiciones –semana santa, toros, caza, pesca– deben protegerse del ataque de los «progres», sin embargo, todo nacionalismo –catalán, vasco o español– es una amenaza latente: siempre termina, por su propia dinámica, en el sacrificio del individuo en el altar del Estado.

No soy partidario de manipular a las masas apelando a sus sentimientos y emociones, pero ya que la izquierda lo hace –demonizando a los ricos, estimulando el odio y la envidia, ofreciendo falsos derechos– la única forma de combatir a la bestia marxista es apelando a otros sentimientos y emociones distintos: patriotismo, familia, religión, épica, etc.  

Desgraciadamente, el razonamiento económico y filosófico anarcocapitalista, adquirido tras largas horas de lectura y reflexión, se ha demostrado impotente frente a la propaganda marxista. Vox es un partido populista (en democracia todos lo son), pero lo importante es que, una vez llegado al poder, ese populismo no degenere en un Estado totalitario. La agenda de Podemos es clara: replicar el modelo criminal de Venezuela; es decir, llegar al poder usando la democracia para luego abolirla. Actualmente, Vox es la única alternativa creíble para combatir la alianza destructiva de las izquierdas y el entreguismo del centro-derecha.

Contra la igualdad

Conferencia impartida el 22 de marzo de 2019, en el Real Casino de Tenerife, dentro de las VI Jornadas Liberales de Tenerife.

Sinopsis:

La idea de igualdad, en general, tiene buena fama en la sociedad. Se piensa, acríticamente, que la igualdad es buena y, por tanto, es considerada como un objetivo ético y político. Vamos a reflexionar sobre los distintos conceptos de igualdad para alcanzar una conclusión: la igualdad es inhumana y pretender imponerla por la fuerza no sólo es un error, sino un horror.

En primer lugar, existe una igualdad matemática (i.e. 2 + 2 = 4). Aquí no es posible el desacuerdo ni la discusión ética porque estamos ante una herramienta intelectual abstracta y ajena a la acción humana; pero si nos adentramos en el ámbito social, necesitamos prima facie una definición: «Se dice que A y B son iguales si son idénticos con respecto a un determinado atributo»; por ejemplo: si A y B ganan 1.000€/mes decimos que ambos tienen igual salario.

La naturaleza es diversa, desigual y los hombres también lo son. Lo genuinamente humano es la desigualdad: genética, familiar, étnica, cultural, etc. Todas las personas son desiguales: hombre-mujer, alto-bajo, guapo-feo, blanco-negro, rubio-moreno, listo-tonto, vago-industrioso, frugal-vicioso, etc. Es imposible igualar todas estas diferencias, a las que se añade el azar: la suerte o el infortunio. Las diferencias genéticas, las adquiridas y el ambiente impiden la igualdad de oportunidades y de resultados. Cada cuál tiene sus propias oportunidades: diversas, cambiantes a lo largo de la vida.

La idea de igualdad está vinculada al concepto de justicia. Los igualitarios creen que la desigualdad de resultados es injusta y que compete al Estado reducirla por la fuerza a través de la legislación. Durante la Revolución francesa (1793) la aguja de la catedral de Estrasburgo fue objeto de un proceso judicial: los jacobinos planteaban destruirla por el delito de «injuria a la igualdad»; para salvarla, el maestro cerrajero Stultzer convenció a los republicanos de cubrirla con un gorro frigio gigante que «alabaría las virtudes de la Revolución hasta Alemania». Así, la catedral llevó durante nueve años un gorro rojo que los alsacianos denominaron Kàffeewärmer (la estufilla de café).

La justicia, según Ulpiano, es «dar a cada uno lo suyo». Y como no podemos redistribuir los dones naturales, ni los adquiridos, al igualitario sólo le queda redistribuir el resultado: la riqueza. Con el pretexto de la igualdad y de la espuria «justicia social», el Estado ha legalizado el robo masivo de la propiedad privada y la mayoría de la sociedad lo ha aceptado.

La desigualdad económica no es injusta si los medios que la han causado son justos. Por ejemplo, millones de personas juegan a la lotería, tras cada sorteo unos pocos agraciados son ricos y el resto es algo más pobre. Este aumento de la desigualdad económica no es objeto de condena moral. Los igualitaristas, si fueran consecuentes, no participarían en los juegos de azar.

Otra gran falacia es: «Igual salario por igual trabajo». Esta queja, común entre las feministas, presenta un doble error: a) Económico: El empresario no paga según el tipo de trabajo, sino por la productividad en el trabajo. El salario es la estimación subjetiva de la contribución del empleado a la facturación de la empresa. Si todos los empleados tienen desigual rendimiento, lo justo (según Ulpiano) sería que todos cobraran salarios distintos, algo observado en los deportistas profesionales que juegan en equipos. b) Ético. El empresario, como propietario de su empresa, debe ser libre de convenir salarios con cada empleado. Esta libertad debe respetarse aún en el supuesto de que se equivoque al calcular la productividad o de la existencia de sesgos y prejuicios.   

Las pretensiones de igualdad de resultados siempre son parciales e interesadas. Nadie quiere igualarse con otro «por abajo». Por ejemplo, son los guardias civiles y policías nacionales los que quieren igual salario que los agentes locales y autonómicos. Al revés nunca sucede.

Con frecuencia, igualdad y solidaridad se confunden. La desigualdad humana no es incompatible con la compasión, la ayuda y la caridad, virtudes todas humanas. Pero la ayuda al prójimo o la solidaridad (voluntaria) no busca la igualdad entre el donante y el receptor de la ayuda, sino mitigar la situación del último.

En conclusión, lo genuinamente humano es la desigualdad: genética, de personalidad y carácter, de origen (étnico, familiar, geográfico), cultural, de intereses y preferencias, en el azar, etc. Fruto de todo ello es la desigualdad económica de rentas y riqueza. Pretender la igualdad mediante la fuerza, vía legislación, es inmoral y quiebra el principio de justicia, entendido como «dar a cada uno los suyo». La única igualdad legítima es la igualdad ante la ley.

https://www.facebook.com/jornadasliberalestenerife/videos/473159079888016/

Sobre el empoderamiento

Max Weber

En la literatura empresarial se afirma que es bueno «empoderar» a los empleados para que sean capaces de actuar y tomar decisiones en ausencia de sus jefes directos. El feminismo pretende el «empoderamiento» de las mujeres, es decir, que estas desempeñen cargos con más poder. Hoy pretendo criticar ambos conceptos desde el significado weberiano de «poder». 

Según el famoso sociólogo Max Weber (1864-1920): «Poder o macht (capacidad de imposición) significa la probabilidad de imponer en una relación social la voluntad de uno, incluso contra la resistencia del otro, con independencia de en qué se apoye esa probabilidad» (Weber, 2006: 162). En otras palabras, poder es la capacidad de ordenar la conducta ajena mediante la amenaza o ejercicio efectivo de la violencia.

Por tanto, los empresarios y empleados a su servicio no ejercen poder ni dentro ni fuera de la empresa porque las relaciones laborales y comerciales se basan en el libre intercambio de bienes económicos (trabajo, productos y servicios). Las relaciones económicas son contractuales. Lo que se llama «poder económico» no es otra cosa que mayor «capacidad adquisitiva». Y el «poder de negociación» sólo implica la existencia de mayores opciones disponibles. Empoderar a los trabajadores, en realidad, significa dotarles de mayor autonomía, dentro de unos límites y siguiendo unos criterios generales de actuación.

Empoderar a las mujeres, en cambio, se refiere al poder en sentido weberiano, de imposición a los demás. Por ello, el empoderamiento feminista es muy peligroso, porque pretende hacer uso de la violencia legislativa para alcanzar sus objetivos. Solamente es ético el poder que ejercen los padres con sus hijos pequeños, el poder en caso de legítima defensa y el que procede de una resolución judicial. Pero tanto el poder político como el que ejerce un criminal privado son moralmente inaceptables.

Un orden social ético debe renunciar al poder político y hacer que todas las relaciones sociales estén basadas en la persuasión y la convicción, algo que Weber (2006: 162) llamaba dominación o herrschaft: «La probabilidad de que determinadas personas obedezcan una orden con un contenido determinado». En el Derecho Romano, poder es equivalente a potestas y dominación a auctoritas. El poder consigue la obediencia por la fuerza mientras que la auctoritas la consigue pacíficamente.

En definitiva, buscar el empoderamiento no es nada edificante pues supone apelar a la violencia como medio para alcanzar fines, es decir, el empoderamiento es una injerencia ilegítima en los fines de los demás. Actualmente, la forma más extensa y profunda de empoderamiento reside en la oligarquía que controla el Estado: partidos políticos, sindicatos, gobierno y parlamentarios. 

Weber, M. (2006). Conceptos sociológicos fundamentales. Madrid: Alianza Editorial.

Sobre el Principio de Peter

El Principio de Peter es un libro de management escrito, en 1969, por el catedrático de Ciencias de la Educación Laurence J. Peter. La tesis de Peter es la siguiente: «En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia». Es decir, los trabajadores más competentes son ascendidos paulatinamente hasta que alcanzan un puesto donde ya no son eficientes y ahí son retenidos. Esta idea, tan sugerente por otra parte, ya había sido expuesta por el filósofo José Ortega y Gasset, en la década de 1910. 

El Principio de Peter puede ser visto como un «fallo» de la organización empresarial, como un mal endémico a toda corporación, especialmente aquellas altamente estructuradas y jerarquizadas: ejércitos, multinacionales, etc. Este Principio ha sido asumido, acríticamente, como una verdad del management: por ejemplo, un buen médico puede resultar un pésimo director de hospital; un excelente académico puede resultar un mal rector de universidad; un buen comercial puede resultar un pésimo jefe de ventas, etc. 

Hoy analizaremos críticamente el famoso Principio de Peter. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si las empresas hacen bien en ascender a los mejores, es decir, a quienes ocupan actualmente niveles de «máxima competencia». ¿Acaso deberíamos dejarlos en su sitio y probar con otros peores? Si no tenemos certeza del futuro desempeño de unos y otros, lo más sensato parece ascender a los primeros. Hacer lo contrario (no ascender a los mejores) sería destructivo para la moral de los empleados y para la organización en su conjunto. Por ejemplo, los incentivos funcionarán de forma perversa: nadie querría ser eficiente para evitar ser retenido en su nivel de máxima competencia. 

En segundo lugar, las habilidades y destrezas requeridas para ocupar puestos directivos pueden ser perfeccionadas. Las organizaciones capacitan a los empleados que demuestran tener potencial para ocupar puestos de mayor responsabilidad. Por ejemplo, en el Ejército suele ser obligatorio superar un curso de capacitación antes de ser ascendido a un empleo superior. Si los sistemas de promoción están bien diseñados, los aciertos superan a los fallos.

En tercer lugar, el Principio de Peter no se cumple en absoluto en algunos sectores. Por ejemplo, en el deporte, sea profesional o amateur, nadie es mantenido en un nivel de incompetencia. Los deportistas suben o bajan de categoría con suma facilidad, en función de su rendimiento. Por tanto, cabría preguntarse: ¿bajo qué circunstancias se cumple el Principio de Peter? 

Tal vez, el Principio de Peter no sea una norma general del funcionamiento corporativo, sino la consecuencia no deseada de interferencias institucionales. Allí donde la libertad contractual es observada el Principio de Peter no se cumple. En la economía sumergida, paradigma del libre mercado, todo incompetente tiene sus días contados en el puesto. 

En un mercado laissez faire el Principio de Peter no sería la norma, sino la excepción. Cualquier empleado que fuera ascendido y demostrase ser incompetente para el nuevo cargo sería automáticamente devuelto a su posición anterior, pero la legislación (española) interfiere este retorno y exige que al empleado degradado se le siga pagando el mismo salario. Es el legislador, no el empresario, quien premia la incompetencia. En otras palabras, el Principio de Peter es una externalidad del Estado. Por ejemplo, en situaciones de crisis, es frecuente despedir a empleados competentes porque los empresarios no pueden hacer frente a las costosas indemnizaciones de los más antiguos, que han sido blindados. La legislación laboral es la causante de esta gran anomalía.

Por desgracia, la literatura sobre management está plagada de «principios» sin base científica alguna, que no resisten el menor análisis crítico. Por ejemplo, las Leyes de Murphy, en el fondo, no dejan de ser simpáticos chascarrillos: «Si algo puede salir mal, saldrá mal»; «La tostada siempre cae del lado de la mantequilla», etc. 

En definitiva, si los dueños del capital y los gerentes a sus órdenes tuvieran completa libertad para dirigir sus organizaciones, esta regularidad que predice Peter sería la excepción. El Principio de Peter no es inherente a la realidad organizacional, sino la consecuencia indeseada de haber restringido legalmente la función empresarial, la libertad contractual y la propiedad privada.