La pandemia es la salud del Estado

Randolph Bourne

Randolph Bourne (1886-1918) fue un intelectual y escritor estadounidense que se opuso a la entrada de su país en la Gran Guerra. Murió con apenas 32 años a causa de la «gripe española», pandemia que realmente se originó en Kansas (EE.UU.), se propagó a Europa con la llegada de los soldados norteamericanos y mató a 40 millones de personas en todo el mundo.

Bourne acuñó la célebre frase: «La guerra es la salud del Estado», ensayo del mismo nombre donde describe magistralmente la naturaleza del Estado y cómo, durante una guerra, el poder político alcanza su apogeo. Todos, incluida la oposición, gobiernos regionales y locales, cierran filas en torno al líder. El pueblo recupera el sentimiento patriótico y de unidad frente a la amenaza, se entona el himno nacional, etc. Hoy trataré de exponer cómo la pandemia de COVID-19, mutatis mutandis, también es la «salud del Estado», que gana poder mermando las libertades y derechos del individuo.

En España una pandemia es causa legal para decretar el estado de alarma,¹ pero la propia ley orgánica que lo regula (art. 1º, 2) deja claro que «Las medidas a adoptar [...] serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias». Por su parte, el preámbulo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que regula la crisis por COVID-19, dice: «Las medidas [...] son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental [...]». Aquí detectamos tres mentiras porque: a) Algunas medidas son prescindibles; b) Son desproporcionadas; y c) Suspenden derechos fundamentales: libertad de circulación, propiedad (requisa), trabajo, reunión, etc.

Trataremos a) y b) conjuntamente pues ambas se confunden. La prohibición absoluta de realizar actividades físicas al aire libre es claramente desproporcionada y tiene consecuencias sobre la salud (sedentarismo, obesidad). La seguridad no es un valor absoluto y debe conjugarse con otros valores que entran en competencia. Es razonable prohibir las concentraciones, pero muchos deportes pueden practicarse aisladamente –natación, ciclismo, motociclismo, atletismo, esquí, piragüismo, pesca, tiro, parapente– o con suficiente distancia entre los deportistas –tenis, senderismo, escalada, vela, caza. Por ejemplo, en Reino Unido está permitido hacer ejercicio al aire libre siempre que se haga solo o acompañado de cohabitantes.

Sabemos que el COVID-19 no permanece flotando en el aire, sino que se transmite a corta distancia (tos, estornudo) o por contacto con objetos contaminados. Por tanto, caminar al aire libre –actividad física por excelencia– no supone, por sí misma, riesgo de contagio. El peligro está cuando salimos y entramos a casa y tocamos las manillas de puertas, pasamanos, botones del ascensor, etc. Pero ya hemos aprendido a protegernos de eso porque salimos a trabajar, a tirar la basura o a comprar.

Igualmente desproporcionado ha sido el cierre forzoso de negocios considerados arbitrariamente como «prescindibles», pero para un camionero (y otros profesionales) los bares y hoteles no son prescindibles. El gobierno ha olvidado que el valor es subjetivo (Menger, 1871) y que el concepto «clase de necesidades» es inútil (Mises, 2011: 148). Los talleres de vehículos no solo son necesarios, sino que el riesgo de trabajar en ellos no es mayor que hacerlo en una oficina. Las ferreterías son necesarias para proveer a la construcción y a los particulares que disponen ahora de tiempo para realizar reparaciones y pequeñas obras domésticas. La prueba de que los negocios citados no son prescindibles es que siguen funcionando a «puerta cerrada».

Otras medidas son absurdas y contradictorias. La prohibición de llevar pasajeros en el coche (excepto taxis) no sabemos si es por falta de luces del legislador o se hace deliberadamente para favorecer a los taxistas. Por ejemplo, personas que conviven juntas, se acuestan juntas y ven la TV juntas en el mismo sillón no pueden ir juntas en el mismo vehículo, ¿alguien lo entiende? En buena lógica, una familia podría irse de picnic al campo o a la playa (de forma aislada) sin aumentar el riesgo de contagio.

Pero eso no es todo. Al abuso de poder de los políticos debemos añadir el de los «celosos» agentes del orden que, con frecuencia, se extralimitan en sus funciones; por ejemplo, impidiendo a los propietarios el disfrute de sus jardines y zonas comunitarias, cuando el ámbito del Real Decreto 463/2020 (art. 7) es referido exclusivamente a las «vías de uso público». En los controles policiales te pueden multar por no enseñar el ticket de la compra o el justificante de trabajar en tu empresa. Yo mismo, que visito a mi madre de 88 años, llevo en mi mochila una buena caja de paracetamol, las recetas médicas y una declaración jurada a modo de salvoconducto. Para rematar la faena, no faltan periodistas, tertulianos y vecinos que reclaman más mano dura:¡Vivan las cadenas! Y a más restricciones, más infracciones. En tan sólo una semana de estado de alarma se han producido en España 777 detenciones y 81.000 sanciones.² Cada día que pasa algún iluminado propone una vuelta de tuerca: «el perro no es para pasear, sino para que haga sus necesidades», «las compras no deben ser frecuentes o deben tener un importe mínimo», etc.

El severo confinamiento que padecemos es lo más parecido a un arresto domiciliario, donde solo se puede salir de casa para ir a comprar alimentos y medicamentos, trabajar, poner gasolina, bajar la basura y poco más. Sufrimos un estado policial cuando no existe un problema de orden público. Países como Italia, Francia y España han adoptado soluciones autoritarias y en lugar de identificar a los infectados para luego aislarlos –como hizo Corea del Sur– han preferido «cortar por lo sano». En cambio, Países como Japón, Taiwan, Singapur y Hong-Kong han sido más respetuosos con sus ciudadanos y la cuarentena de personas no infectadas es una opción personal basada en una evaluación de los riesgos. Lo peor de todo –como afirma el profesor Bastos– es que los políticos que dirigen el Estado aprenden que las crisis son ideales para ejercer un poder ilimitado sobre las personas.

¹ Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

² https://www.hoy.es/nacional/denunciado-hombre-anos-20200323133629-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com% 2F

Bibliografía

Menger, C. (2013) [1871]. Principios de economía política. [Versión Kindle]. Amazon.
Mises, L. (2011) [1949]. La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial

Pandemia de coronavirus: un análisis económico

De vez en cuando la normalidad se ve alterada bruscamente por eventos, como la pandemia del coronavirus que ahora padecemos. Evitar los contagios requiere, entre otras medidas higiénico-sanitarias, reducir el contacto físico entre personas. El aislamiento implica permanecer la mayor parte del tiempo en casa y evitar aglomeraciones: transporte público, viajes, eventos deportivos, culturales o lúdicos, etc.

Los cambios súbitos en los patrones de consumo provocados por la pandemia, cuya duración nunca podemos precisar, tiene implicaciones económicas de gran calado. Por un lado, dejan de consumirse determinados bienes –transporte, turismo, restauración, deportes, ocio– y por otro, se dispara la demanda de servicios sanitarios y productos específicos –medicamentos, mascarillas, papel, jabón. La abrupta caída de la demanda en muchos bienes provoca el cierre de los negocios afectados, mientras que el aumento en otros ocasiona el colapso de hospitales y el desabastecimiento. 

El mercado se ve completamente alterado porque la producción no puede modificarse al ritmo que impone la pandemia y los cambios súbitos de la demanda. Poniendo una analogía: el consumidor gira como una lancha motora y la producción como un trasatlántico. Sobran empleados en hoteles, restaurantes, bares, comercios, colegios, teatros y cines; pero faltan en hospitales, laboratorios, farmacias y domicilios particulares (repartidores, visitadores, cuidadores, canguros), etc. Sobran conductores de autobuses, pero faltan conductores de ambulancia. 

Un primer análisis es el referido a visualizar cómo los factores de producción se trasladan más eficientemente de un sector a otro. Respecto del factor trabajo, la rígida legislación laboral y el sistema estatal de regula las cualificaciones profesionales no facilita el necesario trasvase de trabajadores de unos sectores a otros. Solo un sistema económico laissez-faire proporciona la flexibilidad y la inmediatez necesarias que requiere la crisis. Una economía libre de interferencias políticas y sindicales permitiría el rápido trasvase de la mano de obra; por ejemplo, una camarera de hotel es despedida hoy, pero mañana encuentra trabajo como cuidadora o limpiadora. Los procesos de aprendizaje, en este caso, son poco costosos en tiempo y esfuerzo. Cuanto más fácil sea el despido, más fácil será encontrar empleo y más eficiente será el reajuste de la economía.

Durante la pandemia, los colegios y los centros de día de mayores –entre otros– han cerrado y se necesitan miles de cuidadores para atender a pequeños y mayores en sus casas, y miles de limpiadores para labores de higiene y desinfección. Las mujeres, principalmente, podrán encontrar acomodo en estos sectores. También harán falta muchos repartidores a domicilio. Los estudiantes que no van a clase, por su parte, podrán trabajar esporádicamente como «canguros». Podemos imaginar muchos casos donde los desempleados pueden recolocarse rápidamente. Por ejemplo, un hotel entero puede transformarse en alojamiento sanitario para pacientes en cuarentena y la mayoría de su personal podría seguir ocupando el mismo puesto.¹

Sin embargo, cuando los factores de producción son específicos, el trasvase no resulta fácil. Por ejemplo, un teatro no puede reconvertirse fácilmente en hospital, ni un actor en enfermero (harían falta 4 años de estudio). Mientras dure la pandemia, por desgracia, el teatro permanecerá cerrado y los actores en paro. 

Una segunda cuestión de análisis es la respuesta que dan las empresas ante la crisis. Si hubiera un pico de demanda de productos –medicamentos, mascarillas, geles desinfectantes, trajes de protección– la primera respuesta sería doblar o triplicar la plantilla para producir ininterrumpidamente (H24 x 365 días). Una segunda medida sería reconvertir líneas de producción y/o abrir otras nuevas. Por último, nuevas fábricas y hospitales pueden construirse ex novo. El personal sanitario especializado –médicos, enfermeros, técnicos–, con carácter temporal, puede ser trasladado desde las zonas no afectadas por la pandemia hacia aquellas menos afectadas. De nuevo, solamente un sistema sanitario privado, ofreciendo mayores salarios, podrá conseguir este necesario trasvase geográfico de trabajadores.

Algunas empresas mantienen estable su nivel de producción, pero deben tomar medidas para evitar el contagio entre empleados. Por ejemplo, la empresa HP, en Barcelona, ha establecido tres categorías de personal: a) Los que deben ir inexcusablemente al centro de trabajo (operarios de instalaciones fijas). b) Los que pueden hacer tele-trabajo (oficinas); y c) Los que deben alternar. 

Por último, están las empresas afectadas por una caída súbita de la demanda –hoteles, bares,  comercios, transportistas, gimnasios. Lo más socorrido es dar vacaciones (oficiales) a los empleados y acometer, en su caso, reformas y obras de mantenimiento pendientes; pero si la crisis se prolonga, los despidos no solo son inevitables, sino imprescindible para poder atender las nuevas demandas sociales. Por tanto, es un grave error subsidiar a empleados ociosos cuando sus servicios son requeridos en otros sectores económicos.

Un tercer elemento de análisis es el referido a la situación económica del Estado y su actuación ante la crisis. Lo más notorio es observar la fragilidad del Estado de bienestar, que hace aguas por los cuatro costados: a) La producción agregada del país cae y con ella la recaudación fiscal (sociedades, IVA); b) Hay menos trabajadores activos y más parados, lo que implica menor ingreso y más gasto social; c) Algunos funcionarios dejan de trabajar, pero siguen cobrando; d) Se dispara el gasto sanitario; y e) El pago de subsidios a los sectores en crisis aumenta la espiral de déficit público.

Los políticos, siguiendo el nefasto manual de Keynes, diseñan un plan de «choque» con dinero inflacionario o deuda pública –pan para hoy y hambre para mañana–, pero lo peor es que las medidas paliativas impiden que la economía se reajuste más rápidamente al nuevo escenario. La única solución realmente efectiva es una bajada generalizada de impuestos, acompañada de una drástica reducción del Estado y del gasto público: reducción salarial de políticos y funcionarios, privatizaciones de empresas públicas, liberalización completa del mercado laboral y eliminación de chiringuitos políticos (fundaciones, observatorios, etc.). 

La pandemia del coronavirus ocasiona una caída neta de la producción de bienes en la economía y, con ella, una reducción generalizada del nivel de vida de las personas. Por otro lado, la reducción del consumo tiene un efecto deflacionario (algunos precios bajan) y se produce un aumento del ahorro y la inversión privada (no hay tal cosa como «inversión pública»), aunque solo sea temporalmente. Los que perciben rentas del Estado (políticos, funcionarios, pensionistas) verán aumentada su capacidad adquisitiva, mientras que el sector privado –para no variar– se llevará la peor parte: desempleo y pérdida de rentas.

Secularmente, individuos y familias se protegían de las contingencias de la vida mediante el ahorro, las mutualidades, los seguros y la familia; pero estas instituciones han sido laminadas sistemáticamente por el Estado asistencial, tal y como señala acertadamente Hoppe:²

Hans-Hermann Hoppe

Dispensando a los individuos de la obligación de ocuparse de sus propios ingresos, de su salud, de su seguridad, de su vejez o de la educación de los hijos, se reduce el horizonte temporal de la provisión privada, disminuyendo así mismo el valor del matrimonio, la familia, la descendencia y las relaciones de parentesco. La irresponsabilidad, la previsión a corto plazo, la negligencia, la enfermedad e incluso el «destruccionismo», todos ellos «males», serán promovidos, mientras que la responsabilidad, la previsión a largo plazo, la diligencia, la salud o el conservadurismo, «bienes» en si mismos, serán castigados.

Por último, señalar que algunas intervenciones de los gobiernos son especialmente lesivas para combatir la pandemia. Por ejemplo, la requisa del stock de mascarillas (y su producción), anunciada el 3 de marzo por el presidente Macron, reducirá su oferta porque ningún empresario, en su sano juicio, montará una fábrica bajo condiciones de requisa. En Francia, la producción de mascarillas no aumentará al ritmo requerido porque su presidente es un ignorante o un populista. La requisa y el control de precios son dos graves errores porque sólo el libre mercado hará que el capital, orientado por los altos precios, fluya hacia donde es más necesario.

¹ El empresario Kike Sarasola ha puesto 2 de sus hoteles a disposición de las autoridades madrileñas para atender las necesidades de la pandemia de coronavirus.

² Conservadurismo y Libertarismo, pag. 9