Sobre la abstención electoral

El próximo 28 de mayo se celebran en España elecciones municipales y autonómicas.¹ Hoy reflexionaremos sobre la abstención electoral: juridicidad, críticas que recibe, causas y utilidad. Primero, desde el punto de vista jurídico y en términos generales cualquier tipo de abstención es un derecho subsumido, es decir, forma parte de otro.² Por ejemplo, el derecho a deambular incluye el derecho a quedarse en casa, el derecho a contraer matrimonio incluye el derecho a permanecer soltero, el pacifista tiene derecho a no defenderse, el acreedor tiene derecho a no cobrar (condonar) la deuda y el derecho a votar incluye el derecho a no votar.

Esta verdad tan evidente es retorcida y manipulada cuando se afirma que algo —trabajo, defensa nacional, sufragio, ser miembro de un jurado popular— sea, a la vez, derecho y deber. Según García-Trevijano se trata de una imposibilidad jurídica. Si votar es un derecho, no puede ser un deber, y si fuera deber, dejaría de ser derecho. Pero si la abstención electoral es legítima, ¿por qué motivo se la critica? La razón más plausible es que deslegitima al Estado. Todo poder reside, en última instancia, en la aceptación o anuencia de los gobernados. La legitimidad del poder político en una democracia se manifiesta (principalmente) en la participación electoral, por tanto, es lógico que el político y toda la maquinaria del Estado glorifique «la fiesta de la democracia» y censure la abstención.

Las causas para no votar son variadas: imposibilidad física (enfermedad, estar de viaje), racionalidad: analizar las distintas opciones políticas es costoso mientras que la utilidad del voto es marginal. Algunos ven la política como el más perfecto crimen organizado: robo, mentira, fraude, manipulación, arbitrariedad, nepotismo, corrupción, etc. Otros —como Aristóteles— ven la democracia como una forma de gobierno degenerada: la tiranía de la mayoría. Por su parte, algunos grupos religiosos —Testigos de Jehová, amish— o étnicos —gitanos, nómadas— no votan por desafección al Estado. Finalmente, los libertarios o anarquistas se abstienen por motivos éticos, a saber, votar significaría patrocinar un sistema inmoral: liberticida y confiscatorio.

Para terminar veremos a quién beneficia la abstención. Ésta se computa sumando aquellos integrantes del censo que no acudieron a votar. Al igual que el voto nulo, su efecto es neutro: no beneficia ni perjudica porque no altera los porcentajes electorales. En cambio, los votos en blanco (sobre vacío o papeleta en blanco) son válidos y se reparten proporcionalmente entre las candidaturas. Los pocos votos en blanco de cada colegio electoral van a parar a los partidos mayoritarios. Esta ventaja es exigua. Pero volvamos a la abstención. ¿Cómo saber su influjo en el resultado? La única forma de averiguarlo sería preguntando al abstencionista: «Si usted hubiera votado, ¿a quién hubiera elegido?». Así podríamos elaborar un nuevo e imaginario mapa electoral de dudosa utilidad. Lo cierto es que, desde una óptica praxeológica³ (preferencia revelada), la abstención (al igual que toda conducta deliberada) beneficia subjetivamente a quien la practica, dadas las circunstancias concurrentes en cada individuo.

Por ejemplo, el abstencionista ético disfruta mostrando su desafección de un modo parecido al empleado que no asiste a la comida anual de su empresa. Desde una óptica sociológica se le critica porque renuncia a ejercer influencia política: «No dejes que otros elijan por ti»; pero el abstencionista activo (consciente) no sopesa la utilidad de su acción (que sigue siendo marginal), sino que actúa por principio. No debemos  infravalorar los efectos de una elevada abstención: un descontento generalizado llama la atención sobre la necesidad de cambios o reformas políticas que vuelvan a ilusionar al votante.

Notas:
¹ Excepto en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León.
² Una excepción es el delito de omisión del deber de socorro (Código Penal, Art. 195).
³ La praxeología es la ciencia de la acción humana.

Sobre el bono cultural de 400€

Entre el 25 de julio y el 15 de octubre de 2022 los jóvenes nacidos en 2004 (cumplen 18 años) disfrutarán de un obsequio gubernamental de 400€ para gastar en «cultura»: espectáculos, libros, revistas, música, videojuegos, etc.

¿Y de dónde saldrán los 210 millones € que «Antonio» (doctor cum fraude) y su gobierno de zurdos regalará a los futuros votantes? En el mejor de los casos, el dinero se detraerá de otras partidas de gasto público: sanidad, educación, obras públicas, defensa...¿quién sabe?

Tal vez, se pague con más inflación (falsificando dinero con la impresora del BCE), perjudicando así a todos los españoles mediante una reducción de su capacidad adquisitiva. O emitiendo más deuda pública, en cuyo caso, los agraciados devolverán los 400€ cuando empiecen a trabajar y sean explotados por el Estado.

Por su parte, los negocios culturales (teatros, cines, librerías y empresas que venden contenidos por Internet) y la «cofradía de la ceja» (los que imitaban con dedo circunflejo al sátrapa socialista) también se beneficiarán del bono a expensas del resto de negocios, que verá reducida su producción.

Estamos ante una descarada e inmoral cacería de votos dirigida a 500.000 jóvenes que, por su supuesto, aplaudirán el «detalle» que el gobierno ha tenido con ellos. El resto de la sociedad, que pagará la fiesta, aceptará con anuencia o resignación esta nueva canallada. ¡Qué desgracia!

Todavía hay ingenuos que creen en el maná y otras cosas «gratis» que regalan los neocaciques de la política. Una sociedad ética debe rechazar de plano cualquier «regalo» realizado con dinero robado en impuestos (presentes o futuros). Los políticos, bien con el palo (miedo, sanciones), bien con la zanahoria (regalitos y «ayudas») nos manipulan, empobrecen y controlan. ¡Despertemos!

Sobre el anarcocapitalismo . entrevista con Rocío López

La pandemia es la salud del Estado

Randolph Bourne

Randolph Bourne (1886-1918) fue un intelectual y escritor estadounidense que se opuso a la entrada de su país en la Gran Guerra. Murió con apenas 32 años a causa de la «gripe española», pandemia que realmente se originó en Kansas (EE.UU.), se propagó a Europa con la llegada de los soldados norteamericanos y mató a 40 millones de personas en todo el mundo.

Bourne acuñó la célebre frase: «La guerra es la salud del Estado», ensayo del mismo nombre donde describe magistralmente la naturaleza del Estado y cómo, durante una guerra, el poder político alcanza su apogeo. Todos, incluida la oposición, gobiernos regionales y locales, cierran filas en torno al líder. El pueblo recupera el sentimiento patriótico y de unidad frente a la amenaza, se entona el himno nacional, etc. Hoy trataré de exponer cómo la pandemia de COVID-19, mutatis mutandis, también es la «salud del Estado», que gana poder mermando las libertades y derechos del individuo.

En España una pandemia es causa legal para decretar el estado de alarma,¹ pero la propia ley orgánica que lo regula (art. 1º, 2) deja claro que «Las medidas a adoptar [...] serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias». Por su parte, el preámbulo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que regula la crisis por COVID-19, dice: «Las medidas [...] son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental [...]». Aquí detectamos tres mentiras porque: a) Algunas medidas son prescindibles; b) Son desproporcionadas; y c) Suspenden derechos fundamentales: libertad de circulación, propiedad (requisa), trabajo, reunión, etc.

Trataremos a) y b) conjuntamente pues ambas se confunden. La prohibición absoluta de realizar actividades físicas al aire libre es claramente desproporcionada y tiene consecuencias sobre la salud (sedentarismo, obesidad). La seguridad no es un valor absoluto y debe conjugarse con otros valores que entran en competencia. Es razonable prohibir las concentraciones, pero muchos deportes pueden practicarse aisladamente –natación, ciclismo, motociclismo, atletismo, esquí, piragüismo, pesca, tiro, parapente– o con suficiente distancia entre los deportistas –tenis, senderismo, escalada, vela, caza. Por ejemplo, en Reino Unido está permitido hacer ejercicio al aire libre siempre que se haga solo o acompañado de cohabitantes.

Sabemos que el COVID-19 no permanece flotando en el aire, sino que se transmite a corta distancia (tos, estornudo) o por contacto con objetos contaminados. Por tanto, caminar al aire libre –actividad física por excelencia– no supone, por sí misma, riesgo de contagio. El peligro está cuando salimos y entramos a casa y tocamos las manillas de puertas, pasamanos, botones del ascensor, etc. Pero ya hemos aprendido a protegernos de eso porque salimos a trabajar, a tirar la basura o a comprar.

Igualmente desproporcionado ha sido el cierre forzoso de negocios considerados arbitrariamente como «prescindibles», pero para un camionero (y otros profesionales) los bares y hoteles no son prescindibles. El gobierno ha olvidado que el valor es subjetivo (Menger, 1871) y que el concepto «clase de necesidades» es inútil (Mises, 2011: 148). Los talleres de vehículos no solo son necesarios, sino que el riesgo de trabajar en ellos no es mayor que hacerlo en una oficina. Las ferreterías son necesarias para proveer a la construcción y a los particulares que disponen ahora de tiempo para realizar reparaciones y pequeñas obras domésticas. La prueba de que los negocios citados no son prescindibles es que siguen funcionando a «puerta cerrada».

Otras medidas son absurdas y contradictorias. La prohibición de llevar pasajeros en el coche (excepto taxis) no sabemos si es por falta de luces del legislador o se hace deliberadamente para favorecer a los taxistas. Por ejemplo, personas que conviven juntas, se acuestan juntas y ven la TV juntas en el mismo sillón no pueden ir juntas en el mismo vehículo, ¿alguien lo entiende? En buena lógica, una familia podría irse de picnic al campo o a la playa (de forma aislada) sin aumentar el riesgo de contagio.

Pero eso no es todo. Al abuso de poder de los políticos debemos añadir el de los «celosos» agentes del orden que, con frecuencia, se extralimitan en sus funciones; por ejemplo, impidiendo a los propietarios el disfrute de sus jardines y zonas comunitarias, cuando el ámbito del Real Decreto 463/2020 (art. 7) es referido exclusivamente a las «vías de uso público». En los controles policiales te pueden multar por no enseñar el ticket de la compra o el justificante de trabajar en tu empresa. Yo mismo, que visito a mi madre de 88 años, llevo en mi mochila una buena caja de paracetamol, las recetas médicas y una declaración jurada a modo de salvoconducto. Para rematar la faena, no faltan periodistas, tertulianos y vecinos que reclaman más mano dura:¡Vivan las cadenas! Y a más restricciones, más infracciones. En tan sólo una semana de estado de alarma se han producido en España 777 detenciones y 81.000 sanciones.² Cada día que pasa algún iluminado propone una vuelta de tuerca: «el perro no es para pasear, sino para que haga sus necesidades», «las compras no deben ser frecuentes o deben tener un importe mínimo», etc.

El severo confinamiento que padecemos es lo más parecido a un arresto domiciliario, donde solo se puede salir de casa para ir a comprar alimentos y medicamentos, trabajar, poner gasolina, bajar la basura y poco más. Sufrimos un estado policial cuando no existe un problema de orden público. Países como Italia, Francia y España han adoptado soluciones autoritarias y en lugar de identificar a los infectados para luego aislarlos –como hizo Corea del Sur– han preferido «cortar por lo sano». En cambio, Países como Japón, Taiwan, Singapur y Hong-Kong han sido más respetuosos con sus ciudadanos y la cuarentena de personas no infectadas es una opción personal basada en una evaluación de los riesgos. Lo peor de todo –como afirma el profesor Bastos– es que los políticos que dirigen el Estado aprenden que las crisis son ideales para ejercer un poder ilimitado sobre las personas.

¹ Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

² https://www.hoy.es/nacional/denunciado-hombre-anos-20200323133629-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com% 2F

Bibliografía

Menger, C. (2013) [1871]. Principios de economía política. [Versión Kindle]. Amazon.
Mises, L. (2011) [1949]. La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial

Sobre Vox

Desde que abracé el anarcocapitalismo, allá por 2011, no he participado en ninguna consulta electoral. La abstención política es la conducta propia entre quienes piensan que el gremio político es la peor mafia jamás inventada y que todo impuesto es un robo. Sin embargo, la aparición de Vox y su atractivo programa electoral supondrá mi vuelta a las urnas. Votaré Vox porque se opone sin complejos al consenso socialdemócrata. Es el único partido que proclama, si bien parcialmente, los derechos del individuo frente a la agresión estatal. Los demás partidos, o son abiertamente socialistas o se han rendido al socialismo.

El programa económico de Vox es, de lejos, el más liberal de todos: el dinero debe permanecer en el bolsillo de sus legítimos dueños y no en la cartera de los políticos. El actual Estado de bienestar saquea indecentemente la propiedad privada, por tanto, está abocado al colapso económico y moral.

La vivienda privada también debe protegerse frente a los okupas, que proliferan al amparo de comunistas como Iglesias, Carmena o Colau. Es preciso que el Estado aplique la ley, defienda a la víctima y que los okupas sean desalojados de forma expedita. El Estado tampoco debe impedir a la víctima que se defienda con sus propios medios. El uso de armas de fuego, en legítima defensa, es un derecho natural de todo ser humano. 

La gran virtud de Vox es la valentía de sus líderes para decir la verdad sin tapujos. Por fin, alguien en España afirma públicamente que la Ley de Violencia de Género es una aberración jurídica y ética, comparable a las leyes de Núremberg de 1935. El apelativo «feminazi» está bien puesto y define perfectamente a quienes justifican la criminalización del varón.

Derogar la Ley de la Memoria Histórica es otro imperativo de la lógica y de la convivencia. Es preciso erradicar el sesgo ideológico en la interpretación de la historia de España. Los perdedores de la Guerra civil deben asumir, de una vez por todas, su responsabilidad en el origen del conflicto.

Lo único que no gusta de Vox es su exaltado nacionalismo español. Las tradiciones –semana santa, toros, caza, pesca– deben protegerse del ataque de los «progres», sin embargo, todo nacionalismo –catalán, vasco o español– es una amenaza latente: siempre termina, por su propia dinámica, en el sacrificio del individuo en el altar del Estado.

No soy partidario de manipular a las masas apelando a sus sentimientos y emociones, pero ya que la izquierda lo hace –demonizando a los ricos, estimulando el odio y la envidia, ofreciendo falsos derechos– la única forma de combatir a la bestia marxista es apelando a otros sentimientos y emociones distintos: patriotismo, familia, religión, épica, etc.  

Desgraciadamente, el razonamiento económico y filosófico anarcocapitalista, adquirido tras largas horas de lectura y reflexión, se ha demostrado impotente frente a la propaganda marxista. Vox es un partido populista (en democracia todos lo son), pero lo importante es que, una vez llegado al poder, ese populismo no degenere en un Estado totalitario. La agenda de Podemos es clara: replicar el modelo criminal de Venezuela; es decir, llegar al poder usando la democracia para luego abolirla. Actualmente, Vox es la única alternativa creíble para combatir la alianza destructiva de las izquierdas y el entreguismo del centro-derecha.

Sobre el carné de artesano

La Consejería de Artesanía del Cabildo de La Palma celebra, el próximo 30 de noviembre, la 2ª convocatoria (2018) de las pruebas para la obtención del carné de artesano. En este artículo expongo que este carné es innecesario y que sólo sirve para expandir el presupuesto, cazar votos y satisfacer el afán patológico de los políticos por controlar la sociedad.

Examinar a alguien para darle el carné de artesano data de la Alta Edad Media (siglo XII). En los gremios medievales, para ser maestro y poder abrir un taller propio, era necesario superar una prueba o examen. Otorgar licencias gubernamentales para poder ejercer una profesión ha sido y es una práctica mercantilista, cuya principal finalidad es restringir la competencia en una actividad. Sin embargo, hoy la artesanía es una actividad económica marginal y ocupa a muy poca gente. La de artesano es hoy una profesión libre, no regulada, cuyo aprendizaje y funcionamiento queda al margen del Estado. Los artesanos son de los pocos afortunados que escapan a la depredación fiscal (valga la redundancia). Recuerdo, hace dos años, que un conocido artesano palmero, al recibir su primer pago del Cabildo, se quejaba amargamente de la retención por IRPF: jamás en su vida había pagado este impuesto.    

Pero, ¿qué razón hay para crear un carné de artesano? Los artesanos son tan pocos y venden tan poco que la hipótesis de la evasión fiscal se desvanece. Tampoco parece plausible que se pretenda impedir la competencia cuando casi nadie hoy desea ser artesano; al contrario, los políticos malgastan nuestro dinero para fomentar profesiones que la sociedad no demanda. Por tanto, la iniciativa del carné no parte de los artesanos, sino de los políticos: ¿y que ganan con ello? 

El carné de artesano es sólo un nodo de esa mafiosa red clientelar que tejen los políticos para justificar su existencia y cazar votos: se otorgan subvenciones a los artesanos, se venden sus productos, se imparten cursos y talleres «gratuitos» y se organizan ferias donde los artesanos, previa obtención del carné, reciben un espacio gratis. Con el fomento de la artesanía, además, el político también caza el voto de los nacionalistas, personas que idealizan las formas de vida ancestrales.

Habiendo 87 oficios artesanos reconocidos oficialmente en Canarias, ¿cómo podría el Cabildo evaluar a un artesano? Como era imposible, primero fue preciso captar a un artesano de cada oficio, regalándoles el primer carné; acto seguido fueron investidos «maestros artesanos» honoris causa con autoridad «examinadora» al servicio del Cabildo. Estos pocos agraciados quedaron encantados por el reconocimiento y por las rentas que iban a generar sus actividades: cursos y exámenes. De este modo, el propio Cabildo creó, de la nada, una serie de funciones a cuenta del carné de marras.

De la artesanía se alimentan muchos parásitos públicos (valga la redundancia). El Cabildo de la Palma tiene una Consejería de Artesanía; el Cabildo de Tenerife posee la Empresa Insular de Artesanía, S.A.; y el Cabildo de Gran Canaria tiene una Fundación de Etnografía y Desarrollo de la Artesanía. Y así el resto de cabildos. 

Por último, crear un carné de artesano obedece a la manía del control social y del nefasto intervencionismo. Ninguna profesión debe funcionar libremente —afirman estos yonkis del poder—, es preciso «normalizarla» y garantizar la «calidad de la producción».

Zebenzuí, el concejal follador

Esta semana ha sido noticia un mensaje de whatsapp enviado por Zebenzuí González, concejal responsable de «Sanidad, Mercados y Cementerios» del ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), quien presumía de follar con empleadas que él mismo colocaba. El escándalo ha sido monumental, pero Zebenzuí, que ha sido suspendido de militancia socialista, todavía mantiene su cargo de concejal. Nuestro gallo follador ha dicho que no piensa dimitir y renunciar a un sueldo bruto de 58.000€.

Hoy pretendo criticar el enfoque de género que ha recibido este caso porque su gravedad reside oficialmente en el cariz «machista» del mensaje. Este asunto no es otra cosa que una compra de servicios sexuales y su única particularidad es que el comprador paga con salarios públicos, con nóminas, y no directamente en efectivo. Otros políticos pagan con su tarjeta VISA corporativa tal y como hizo, en 2012, el alcalde de Valverde del Camino, Miguel Ángel Domínguez (PSOE), que gastó 3.685€ en un prostíbulo de Sevilla porque su tarjeta VISA personal «no funcionaba bien». 

Pedir sexo a cambio de favores laborales es una práctica secular: algunos directores de cine, productores musicales, empresarios y directivos, por citar algunos, obtienen sexo a cambio de «impulsar las carreras» de sus patrocinadas. Esta actividad no está exenta de riesgos: por ejemplo, un realizador se expone a una interpretación mediocre de su actriz-puta y un gerente puede sufrir la ineficiencia de su secretaria-puta, y así sucesivamente. El político se expone menos porque la incompetencia de sus putas casi siempre recae sobre los ciudadanos en forma de servicios deficientes.

Es un axioma praxeológico (relativo a la acción humana) que en toda relación consentida ambas partes esperan obtener un beneficio neto, en otro caso el intercambio nunca llega a producirse. Tanto Zebenzuí como las agraciadas con salario público vía «cargos de confianza» u otra modalidad salen beneficiados del intercambio: «una nómina de enterradora bien vale un polvo ocasional con el seboso concejal de Cementerios, menos da una piedra» diría más de una. Bibiana Rodríguez, una joven tinerfeña de 34 años, no pasó por el aro y mandó a la mierda al follador de marras. Por tanto, no es correcto calificar a las enchufadas del concejal como sus víctimas de género, sino como socios que se benefician claramente del trato; estas mujeres venden sus favores sexuales de forma consciente. 

No es mi intención hacer una condena moral de la prostitución. Tanto el cliente como la puta salen beneficiados del intercambio y no perjudican a un tercero. Si Zebenzuí pagara los polvos de su bolsillo no habría reprobación política, ni escándalo alguno: allá cada cual con su vida sexual. Es un error confundir el apetito sexual con el machismo. Pero la ideología de género considera que el comercio sexual es una lucha (marxista) de clases, una relación asimétrica donde el hombre gana y la mujer pierde. 

En definitiva, tanto el concejal Zebenzuí como sus enchufadas eran partícipes de un mismo negocio y los únicos verdaderamente perjudicados han sido los contribuyentes laguneros que, al fin y al cabo, han pagado puta y cama. Cargar las tintas contra el supuesto machismo del edil es una hábil maniobra de género que oculta la verdadera naturaleza del crimen: el robo. Los contribuyentes sufren un primer robo cuando son obligados a pagar impuestos: «todo impuesto es un robo»; y sufren un segundo robo cuando los fondos públicos son utilizados para el beneficio personal de quienes los administran.

Ni jurar ni prometer

Cada vez que un político o funcionario toma de posesión de su cargo pronuncia la siguiente frase: «Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo... con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado». Yo creo que es preferible que los políticos ni juren ni prometan sus cargos para evitar ponerlos en un brete.

En primer lugar, es altamente improbable que el juramento o promesa tenga algún valor más allá de su función perlocutiva, es decir, el político sólo puede acceder formalmente al cargo si profiere esa fórmula exigida por ley (Real Decreto 707/1979). La otra función es protocolaria y social: el acto de toma de posesión es un rito iniciático de una élite gobernante.

En segundo lugar, es propio de ingenuos creer que una frase ritual como «juro o prometo» tiene alguna eficacia o que compromete de algún modo a quien la pronuncia. Da igual si se hace ante un crucifijo, poniendo la mano sobre la constitución o en presencia de la familia y otros jefes de superior rango. El juramento o promesa puede ser tan falso como el beso de Judas y, al contrario que un contrato, no obliga jurídicamente a quien lo profiere. Por el número de políticos corruptos, tampoco creo que jurar el cargo posea valor moral para quienes carecen de moralidad. La fórmula es un mero brindis al sol, una mentira más de las muchas necesarias para alcanzar el poder.

En tercer lugar, dudo que el político actual tenga algo que llamamos «recta conciencia», la suya es más flexible que el caucho y siempre está subordinada a sus dos únicos fines: imponer sus ideas coactivamente a los demás y vivir de los impuestos. Por ese motivo, un político con honor es una contradicción en los términos. Tal vez, en tiempos pasados, los aristócratas tenían como principios de actuación el honor, la verdad y la justicia, que eran cumplidos cabalmente aún a costa de su propia vida; en cambio, para el político moderno el honor es un concepto extraño.

Alberto Benegas Lynch (h)

La democracia no permite que los políticos expresen sus propios valores porque, si quieren seguir en el cargo, deben asumir los valores imperantes en la sociedad. Una persona con recta conciencia y honor tiene sus días contados en la política pues en esta infame profesión los valores morales no son guías que orientan la conducta sino más bien obstáculos en su camino. Como dice el profesor Alberto Benegas Lynch (h): «El político es un cazador de votos» y si quiere seguir en activo debe satisfacer, no sus valores, sino aquellos que poseen los votantes; y si estos le reclaman panen et circenses aquél se los dará y les persuadirá, con muy poco esfuerzo, que «pan y circo» constituyen derechos universales del hombre y una conquista social. El político, por imperativo de la democracia, no puede tener recta conciencia ni honor, se trata de una imposibilidad lógica. Por eso, creo yo, deberíamos renunciar a la impostura que supone la fórmula de toma de posesión de un cargo público.

El Estado es Dios

Esto dice el Evangelio de Mateo, cap. 22: «Maestro, [...] ¿Es o no es lícito pagar tributo al César?. A lo cual Jesús, conociendo su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se paga el tributo. Y ellos le mostraron un denario. Y Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Respóndele: Del César. Entonces les replicó: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Muchos han visto en esta frase la legitimación cristiana de la confiscación. Sin embargo, que un rostro se acuñe en una moneda no significa que la moneda sea propiedad de la persona representada por la efigie. La moneda es propiedad de su legítimo dueño. La idea de que todo súbdito, por el mero hecho de serlo, tiene contraída una deuda con su gobernante es una creencia generalizada. Sólo una minoría -los objetores fiscales- cree lo contrario. El impuesto es una deuda espuria porque para que ésta sea legítima debe ser específica y haber sido contraída voluntariamente. La deuda pública también es inmoral, es una subasta anticipada del dinero que será violentamente confiscado a los ciudadanos.

«Dad a Dios lo que es de Dios» también es una creencia, pero la religión no obliga a aquellos que no participan de la fe. La religión predica la solidaridad, pero no la impone bajo la forma de impuesto. La Iglesia católica no obliga al ateo o al creyente en otro credo a cumplir sus preceptos y a admitir su moral heterónoma pero, paradójicamente, justifica la violencia que ejerce el Estado (2240): «La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país: Dad a cada cual lo que se le debe: a quien impuestos, impuestos; a quien tributo, tributo; a quien respeto, respeto; a quien honor, honor» (Rm 13, 7). A alguien se le permite no creer en Dios, pero nadie debe resistirse a creer en el Estado, el Dios de dioses. Los alemanes no-católicos están exentos de pagar el impuesto eclesiástico pero el que no cree en el Estado no merece el mismo trato. Lasalle dijo: «El Estado es Dios», pero muchos parecen asumir implícitamente que el Estado es un Dios superior.

El municipalismo como solución al problema catalán

El debate sobre la independencia de Cataluña consiste básicamente en un planteamiento de suma cero. La sociedad catalana está dividida y tanto si Cataluña permanece en España como si se independiza la insatisfacción de la mitad de su población está asegurada. La pugna actual entre los gobiernos español y catalán tiene por objeto únicamente el poder político sobre un territorio: el primero, para mantenerlo, y el segundo, para arrebatárselo al primero. Pero el bienestar de la población parece no importar demasiado a los gobernantes de uno y otro lado del Ebro. 

Respecto a la cuestión de la ilegalidad o inconstitucionalidad de la independencia de Cataluña, esta propuesta es absolutamente liberal. Las leyes deben servir a los ciudadanos y no constituir un obstáculo para que puedan alcanzar sus legítimos fines, incluida la libertad política y el cambio de statu quo. Yo defiendo el concepto hoppeano de secesión indefinida, es decir, los catalanes pueden secesionarse de España y, a su vez, los gerundenses o araneses pueden hacerlo de Cataluña. Esto es jurídicamente viable. El Principado de Liechtenstein admite constitucionalmente la secesión democrática de cada uno de sus once municipios. Por eso, el municipalismo puede ser la solución que proporciona mayor bienestar al mayor número de personas y reduce la pugna social entre facciones.

1. Territorio. Se organiza un referendum de independencia donde se acata el resultado a nivel municipal. Cada dos legislaturas se repite el referendum de tal manera que los municipios pueden cambiar de adscripción nacional cada ocho años. El statu quo político es reversible. Tras la consulta, el territorio de Cataluña es un mosaico de municipios catalanes y españoles, cada uno sujeto a las leyes respectivas de cada Estado. Cada residente podrá encontrarse en alguna de estas cuatro situaciones: a) español en municipio español; b) catalán en municipio catalán; b) español en municipio catalán; y d) catalán en municipio español.

2. Soberanía. El nuevo Estado Catalán fija su capital y completa sus instituciones. Ejerce soberanía sobre todos los municipios cuyo resultado haya sido favorable a la independencia. El Estado español mantiene la suya sobre el resto de municipios. Las competencias municipales serán fijadas por cada Estado.

3. Nacionalidad. Cada español residente en Cataluña será libre de elegir su nacionalidad. Podrá hacerse utilizando una segunda papeleta (nombre, apellidos y DNI) en el mismo acto de la consulta o posteriormente. A los abstencionistas se les asignará, de oficio, la nacionalidad española, inicialmente, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de cambio de nacionalidad.  

4. Relaciones internacionales. En un proceso como el que se describe: negociado, amistoso, libre de coacción y amenazas, no existe motivo alguno que justifique la expulsión del nuevo Estado catalán de las instituciones europeas o internacionales. La vigencia del tratado de Schengen permite una total libertad de circulación de personas, empresas y capitales en todo el territorio, tal y como sucede actualmente cuando una persona circula entre la Seo de Urgell, Andorra y Francia. El euro sigue siendo la moneda común de ambos Estados.

5. Nacionalismo. Todas aquellas personas que posean un fuerte sentimiento nacional y que, tras el referendum, hayan quedado residiendo en un municipio «extranjero» tienen dos opciones: a) mantener su residencia y esperar un cambio de resultado en la próxima consulta; b) mudarse a un municipio de su nacionalidad preferida. Este último caso supondría, sin duda, el afianzamiento de mayorías nacionales en determinados municipios, aumentando la satisfacción de un mayor número de individuos. 

6. Defensa, Seguridad y Justicia. Podrán acordarse cuotas para el reparto de instalaciones y medios de estas instituciones, que deberán radicarse finalmente en sus respectivos territorios. La Policía Local quedará vinculada a cada municipio y sus agentes podrán mantener su nacionalidad independientemente de cambios en la soberanía de los municipios.

7. Competencia política. La descentralización política que supone el municipalismo, junto con el principio de reversibilidad de adscripción nacional, constituye una innovación política que proporciona grandes ventajas para las personas. Los Estados, y los municipios en particular, se ven obligados a competir fiscalmente y los ciudadanos no sólo pueden cambiar de Estado cada ocho años sino que, con muy poco esfuerzo, podrá también "votar con los pies". Las inversiones se encaminarán hacia los municipios más atractivos fiscalmente, estables, pacíficos y que proporcionen mayor seguridad jurídica; mientras que los peor gobernados se irán despoblando (y empobreciendo) paulatinamente. Además, está la ventaja de que no hay redistribución forzosa de las rentas de los ciudadanos que pertenecen a municipios de distintos Estados.  

8. Conflictividad social. Las políticas lingüística, educativa y cultural perderán influencia como medios de adoctrinamiento político y deberán ponerse al servicio de los ciudadanos. Los padres disconformes con estas políticas podrán enviar a sus hijos a estudiar a otros municipios colindantes. Sin embargo, no cabe descartar intentos de limpieza étnica. Algunas corporaciones nacionalistas radicales intentarán expulsar de su territorio a las minorías para consolidar su identidad nacional. Aun así, el número total de insatisfechos siempre será menor que en una solución total: todos españoles o todos catalanes.

Muchos calificarán esta propuesta de utópica, heterodoxa o absurda. No ha sido concebida buscando la soberanía de naciones o estados sino otra soberanía más importante: la del individuo. Este modelo innovador, pacífico, municipalista y reversible permite alcanzar la necesaria paz social en Cataluña a la vez que introduce una saludable competencia política entre Estados. La alternativa que nos ofrece la política ortodoxa no es sino la confrontación social permanente, consecuencia de otra lucha, la que libran las élites políticas de uno y otro bando por el monopolio del poder.

Contra el Estado autonómico

Es un principio de la ciencia política que un gobierno, ceteris paribus, mejora cuando se descentraliza, o sea, cuando la toma de decisiones está más próxima a los ciudadanos. Desde esta óptica, el proceso de descentralización autonómica española de 1978 supuso un avance teórico en el modelo de Estado. Y digo teórico porque no me cabe la menor duda de que el Estado autonómico, diseñado para dar satisfacción política a vascos y catalanes, ha sido un error histórico monumental. Nadie pensó, en su día, que las autonomías se convertirían en diecisiete Leviatanes que crecerían hasta convertirse en una de las peores cleptocracias conocidas. Cleptocracia es el gobierno de los ladrones. La creación, en 1978, de un cuarto nivel administrativo ha resultado un fiasco en toda regla y un perjuicio neto para los españoles que han visto mermadas su libertad y su renta.

En primer lugar, la reducción de la libertad individual es debida a la facultad legislativa de las regiones. Los diecisiete parlamentos autonómicos (más Ceuta y Melilla), con 1.218 diputados autonómicos -por desgracia, gente trabajadora- no cesan de vomitar basura legislativa. Se legisla de forma sectaria, arbitraria y a golpe de ocurrencia o capricho. Una desgracia. El deterioro de la Ley (en mayúscula) ha sido brutal. La consecuencia de tanta intervención y regulación es que los ciudadanos, para poder alcanzar sus fines, se acostumbran a incumplir la ley o a buscar subterfugios, trampas o favores de los políticos y funcionarios. Otra grave consecuencia es la parálisis económica. No hay desarrollo porque el coste derivado de la regulación es muy alto. Además, la legislación (al contrario que la Ley) no es estable y provoca inseguridad jurídica, algo que ahuyenta a los inversores. Más leyes y normas significa, en realidad, mayor dependencia de quien otorga las licencias y permisos. Ya lo decía Tácito: "Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".   

En segundo lugar, el crecimiento de las autonomías ha ido mermando poco a poco, hasta dejar exangüe, el bolsillo del contribuyente. Según Javier Sevillano, entre 1987 y 2013, las autonomías multiplicaron por 4,35 sus funcionarios, pasando de 363.900 a 1.585.500. Pero además, los funcionarios autonómicos son, de media, más onerosos que los de la Administración General del Estado. 

Echando la vista atrás, en lugar de crear autonomías, hubiera sido preferible descentralizar el Estado hacia las provincias, islas y municipios, manteniendo los tres niveles administrativos. Por ejemplo, Suiza es un país altamente descentralizado en lo político (especialmente a nivel municipal) pero los suizos solo deben sufragar tres niveles gubernamentales (federal, cantonal y comunal) frente a los cinco (europeo, central, autonómico, provincial-insular y municipal) de los españoles. A mayor lastre político y funcionarial, menor producción económica y menor nivel de vida.

Por último, el tercer gran problema de las autonomías ha sido su vocación centralizadora. Los gobernantes autonómicos, con su política de "café para todos", han sembrado la discordia entre las diputaciones, cabildos y ayuntamientos. En Canarias, donde cada isla tiene problemas singulares, la egolatría de los nacionalistas ha beneficiado a los habitantes de unas islas a expensas del resto. La tan absurda como innecesaria ley de Obligaciones de Servicio Público no sólo ha impedido la entrada de Ryan Air en el mercado interinsular, además ha supuesto sotto voce el monopolio de la aerolínea Binter Canarias. El resultado está a la vista: tarifas escandalosas que empobrecen a los consumidores y que perjudica, en mayor medida, la economía de las islas menores. Otro ejemplo, la moratoria turística, fruto del nuevo nacional ecologismo que practica Coalición Canaria, sigue perjudicando a los propietarios de tierras, inversores, empresarios, trabajadores y consumidores. La moratoria perjudica a todas las islas pero, relativamente, a unas más que otras, por ello, no es de extrañar que en Gran Canaria surjan voces proponiendo el abandono de la Autonomía. El archipiélago podría seguir desarrollándose si no fuera por el corsé económico que supone el intervencionismo. Pero vayamos aún más lejos. Imaginemos siete islas compitiendo entre sí por atraer residentes, inversores y turistas, y no lo que tenemos ahora: un "solo pueblo" económicamente deprimido, cuyo gobierno festeja la salida de la multinacional Repsol y promueve la autarquía económica. 

Nacionalismo canario y autarquía

En los últimos años Coalición Canaria (CC), al igual que nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, ha ido avanzando en su proyecto soberanista, aspiración legítima que yo respeto. La cuestión, a mi entender, no es si nos gobiernan desde Madrid o desde Canarias, lo importante es que estemos "poco" gobernados; como decía R. W. Emerson: "cuanto menor el gobierno, mejor". Por eso CC me parece más peligrosa que otros partidos, porque los nacionalistas quieren gobernar con mayor intensidad. Y las leyes sirven para imponer o prohibir. Todo aumento legislativo, algo que lamentablemente mide la "productividad" de los políticos, significa menos libertad individual y más confiscación de la riqueza.

Todo nacionalismo busca el ideal de sociedad en un pasado mítico, glorioso e idealizado: Platón identificó la mejor forma estatal en las antiguas aristocracias tribales de Esparta y Creta, Mussolini quería resucitar el Imperio Romano, Hitler quería instaurar un régimen nacional socialista que durara 1.000 años y Franco definía España como "unidad de destino en lo universal". Como Canarias no posee un pasado imperial al que poder resucitar, los nacionalistas canarios se han inspirado en la ecología y en el "estado de naturaleza". Su inspiración se basa en la sana, bucólica y pastoril vida de los primitivos habitantes de las islas: los guanches. 

En el discurso de los nacionalistas canarios se observa la principal seña de identidad de los regímenes totalitarios: La autarquía económica. Se pretende fomentar la "soberanía alimentaria" y el autoconsumo de los productos canarios reduciendo la dependencia exterior (Manifiesto Canarias20). Para ello se ponen barreras arancelarias (AIEM) que benefician a los productores canarios a expensas de todos los consumidores (que representan el interés general). Se subsidian los sectores más tradicionales (agricultura, ganadería, artesanía) mediante un holding de empresas públicas deficitarias (valga la redundancia) que tiene un doble cometido: fomentar los sectores de la economía "tradicional" y comprar los votos de los agraciados: viticultores (Bodegas Insulares Tenerife, SA), ganaderos (Granja Teisol, SL.) y artesanos (Empresa Insular de Artesanía, SA). Este sistema transfiere las rentas de la población urbana a la rural, importante caladero de pesca del voto nacionalista.

La moratoria turística obedece a este nacionalismo ecologista. Hay que evitar que se construyan más hoteles y fomentar el sector primario para que el paisaje no se deteriore aún más. Hay que volver a cultivar los campos abandonados. En la mente obtusa del nacionalista no cabe que un noble campesino canario sustituya las cabras y la guataca -señas de identidad nacional- por la denigrante pajarita de camarero de hotel. La norma arbitraria e intervencionista que impide construir cierto tipo de hoteles en ciertas islas solo obedece a la ceguera ideológica. Ya hay "demasiados" hoteles -dicen los profetas nacionalistas- como si la cantidad óptima les hubiera sido misteriosamente revelada. Y para sustentar sus tesis sólo aportan apocalípticas metáforas: los hoteles "devoran" el territorio y "consumen" el suelo. Esta tropa no atiende a razones, ni respeta la Ley, ni los derechos de propietarios e inversores, ni las preferencias de los consumidores. 

Otra forma de autarquía es la "autosuficiencia energética", propuesta en el V Congreso Nacional de CC. Es una contradicción tratar de impedir la extracción de petróleo y declarar, al mismo tiempo, la autosuficiencia energética, como si Canarias pudiera subsistir exclusivamente con energías renovables. En la sociedad utópica y ecologista de CC, todos deberemos circular en vehículos eléctricos, todas las casas tendrán paneles solares; se prohibirá -bajo severa sanción- el gas butano, la gasolina y el diesel. Y todo se hará a golpe de boletín oficial y velando por el "interés general". Todos deberán plegarse al nacionalismo ecológico y a la ingeniería social por el bien del pueblo canario. Canarias será, sin duda, la "plataforma experimental" donde ensayar el Nacional Ecologismo. Seremos la envidia del mundo, el referente de una nueva sociedad limpia y sostenible. Esta es la ensoñación de los nuevos ingenieros sociales. Es preocupante hallar, a la vez, tanta radicalidad, farfolla y penuria intelectual en los documentos de CC. 

Por último, pondré de relieve otra contradicción de CC que se aprecia en las continuas alusiones (Manifiesto Canarias20) a la internacionalización, liderazgo, globalización, innovación, competitividad, etc. No es posible afirmar lo anterior y a la vez sostener que el "empleo debe ser ocupado en primer lugar por las personas que ya residen en Canarias". Los políticos canarios (todos) ya han conseguido dificultar la llegada de productos foráneos (AIEM), dificultar la entrada de nuevas líneas aéreas en los vuelos interinsulares (Obligaciones de Servicio Público) y ahora sólo falta impedir la llegada de extranjeros que compitan laboralmente con los residentes. Los canarios podrán trabajar en todo el mundo pero los de fuera no podrán trabajar en Canarias, mientras haya un solo canario en paro. Pretenden la autarquía laboral pero, de momento, España y la UE se lo impiden. 

La principal característica del nacionalismo es el uso de la violencia para alcanzar sus fines: todos los individuos habrán de plegarse forzosamente a la realización del proyecto nacionalista. Todo nacionalismo deriva forzosamente en un sistema socialista y totalitario: Hitler, Mussolini y Franco eran nacionalistas y socialistas, de derechas, pero colectivistas al fin y al cabo.  Da pánico imaginar que estos fanáticos enemigos de la libertad, de la propiedad privada y del comercio, pudieran gobernar algún día una Canarias independiente. Sería como para salir corriendo (o volando). Tal vez, el insularismo pueda servir de freno al ansia de poder de esta pandilla de ególatras regionales que sólo buscan poder y dinero ¿Quién iba a decirnos que el pleito insular podría ayudar? Si Canarias se independizara de España, lo único que podría salvarnos de la tiranía sería la inmediata secesión de todas las islas.

El día de Canarias

El 30 de mayo se celebra el día de Canarias. Año tras año, el Gobierno regional inicia una campaña de propaganda emotiva en todos los medios: TV, radio, prensa, vallas publicitarias, etc., que se añade a los múltiples actos institucionales de exaltación del espíritu nacional canario, objetivo estratégico que los políticos nacionalistas vienen impulsando desde hace tiempo. Mientras a estos se les ve el plumero con su indecente manipulación de los sentimientos, a los pobres canarios cada vez les quedan menos plumas que exhibir. 

Durante la etapa del boom económico el incremento de la recaudación fiscal permitió a los gobernantes multiplicar su poder y su capacidad de gasto público. Los responsables de Hacienda no se podían creer la inmensa cantidad de dinero que entraba en las arcas del Estado. La burbuja crediticia, ocasionada por la Banca con reserva fraccionaria y por tipos de interés artificialmente bajos, pronto se convirtió en burbuja económica (principalmente inmobiliaria y de obra pública) y ésta última en burbuja de las Administraciones Públicas. Miles de nuevos políticos y funcionarios aumentaron la plantilla de la Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos. A la Hydra estatal le crecieron más cabezas que nunca. Para mayor desgracia, la casta perfeccionó su particular sistema de robo y corrupción a gran escala: las empresas públicas. Cuando la burbuja económica estalló a finales de 2007, con sus nefastos pero inevitables efectos en forma de sana recesión, los ingresos fiscales cayeron en picado pero los parásitos que hoy celebran y exaltan la fiesta nacional canaria, en lugar de despedir a familiares, amigos y clientes políticos (como hubiera sido necesario) se han dedicaron al desplume salvaje de los canarios y a empeorar sus ya maltrechas economías. 

La subida del IBI ha sido escandalosa en muchos ayuntamientos (Santa Cruz de La Palma), el deterioro de los servicios públicos ha sido notable, la insaciable Aduana canaria ha perjudicado a los consumidores aislando a Canarias aún más del exterior, las sanciones preventivas a las empresas y la violación sistemática de los derechos de propiedad; todas estas tropelías se han perpetrado por no querer ajustar el presupuesto. Ante la crisis, individuos y empresas han tenido que apretarse el cinturón y gastar de acorde a lo que ingresan pero la casta ha preferido mantener sus indecentes hoteles, campos de golf, casinos de juego, empresas tecnológicas y resto de antros mafiosos. Todo para enriquecer a unos pocos a expensas del resto de canarios.

Después de la burbuja pública, el segundo gran problema es el intervencionismo: la incompresible ley de Obligaciones de Servicio Público encarece el precio del transporte aéreos e impide de facto la competencia en el sector; la moratoria turística viola el libre ejercicio de la función empresarial y reduce el valor de los terrenos. En definitiva, los canarios sufren la agresión institucional propia de un gobierno nacional socialista. Intentar que la sociedad funcione a base de mandatos coactivos es imposible. Tampoco el tamaño de la población o la inmigración constituyen un problema pues la riqueza proviene de una mayor división horizontal y vertical del trabajo. Singapur, una de las naciones más prósperas del mundo, tiene aproximadamente la misma superficie que la isla de La Palma y más de cinco millones de habitantes. Las claves de su progreso son: Estado reducido, bajos impuestos, libertad económica y seguridad jurídica, algo que los políticos canarios deben conocer muy bien ya que se han dedicado sistemáticamente a hacer todo lo contrario. 

El canario en libertad que se dibuja en el eufemístico cartel del Día de Canarias 2014 en nada se parece al canario real: sin plumas, ni color, abatido, cabecibajo, flaco como un cangallo de pagar tantos impuestos, enjaulado tras los barrotes del intervencionismo y sin poder volar a causa de la arbitrariedad legislativa y la agresión gubernamental. Particularmente, no encuentro motivo alguno para celebrar nada, más bien al contrario, ante este panorama sólo podemos esperar oprobio y miseria.

La abstención como castigo

Llegan las elecciones europeas y la principal preocupación de todos los políticos de todos los partidos es la abstención. De aquí al 25 de mayo todos los candidatos nos repetirán hasta la saciedad que no importa a quien votemos pero que vayamos a votar. Temen una elevada abstención porque retirarles el voto es quitarles la escasa legitimidad que tienen y que necesitan imperiosamente para seguir justificando su parasitaria existencia. 

Ir a votar, en las actuales circunstancias, es respaldar toda la maldad y villanía que esta casta extractiva e inmoral viene exhibiendo en España desde 1978: fraudes, robos, engaños, manipulación de la justicia, indultos escandalosos, tramas de corrupción masiva, enchufismo, nepotismo, impuestos confiscatorios, dilapidación del dinero público expropiado a los ciudadanos, gastos suntuosos, dietas vergonzosas, intervencionismo asfixiante, alianzas mafiosas con la banca (rescates) y compañías eléctricas, multas de tráfico con fines recaudatorios, sanciones preventivas a las empresas, etc. Todo un cúmulo de atropellos a los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente al derecho de propiedad. 

Es precisamente la abstención activa (no ir a las urnas), inteligente y orgullosa lo que más daño hace a esta delincuencia organizada desde el Estado, lo que más se merecen y, por ello, lo más recomendable para -como recomienda Antonio García-Trevijano-demoler el actual Estado de partidos y abrir un periodo constituyente que reforme el actual sistema político.

El robo del I.B.I.

El pasado mes de junio recibí el cargo correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) conocido popularmente como la "contribución". El pago era referido a un piso de 109 m2 en la ciudad de Santa Cruz de La Palma (Canarias). Entre los años 2004 y 2008, el incremento del IBI fue similar al aumento del coste de la vida (IPC) pero desde que entramos en esta crisis los ayuntamientos han aplicado, cada año, subidas realmente confiscatorias y abusivas. En mi caso, pagué 156€ en 2008 y 342€ en 2013; es decir, más del doble en cinco años. O sea, mientras el IPC ha subido 5,5% (datos INE, provincia S/C Tenerife) en los últimos cinco años, el IBI de Santa Cruz de La Palma lo ha hecho 118%. ¿Acaso no es esto un atraco?

El IBI se calcula multiplicando el Valor Catastral (V) por el tipo de gravamen (G). El primero lo fija el Catastro (Ministerio de Hacienda) y nada tiene que ver con el valor de mercado del inmueble, sólo se trata de un valor discrecional con fines recaudatorios. El segundo, lo fija discrecionalmente cada Ayuntamiento pero entre un mínimo de 0,4% y un máximo de 1,1%; esta horquilla, a su vez, se fija de forma arbitraria por la Administración. Según esto, si V es bajo, basta con incrementar G lo suficiente para obtener una determinada recaudación, esto hizo el Estado hasta 2008. A partir de 2009, lo que han hecho es aumentar V y mantener G. En concreto, el valor catastral de mi piso era 24.263€ en 2008 y 74.606€ en 2009. El Catastro triplicó el valor del inmueble para poder, durante los próximo 9 años, triplicar también el importe del IBI (cuota tributaria). En los próximos cuatro años, si no le ponemos remedio, tendremos subidas del IBI de 20% anual. Pero no nos dejemos confundir con cálculos arbitrarios, como decía Murray Rothbard, lo importante de un impuesto no es cómo se calcula la cuota ni tampoco si es directo o indirecto, lo relevante es la cantidad finalmente pagada. 

De esta manera, los políticos han actuado como lo que son: vulgares ladrones que anteponen sus necesidades de financiación a las necesidades de individuos y familias que apenas tienen para malvivir. Si no tienen dinero, reduzcan el Estado, quiten funcionarios, vendan sus onerosos inmuebles y coches de lujo, privaticen sus ruinosas empresas públicas, supriman sus vergonzosas dietas, eliminen su "personal de confianza", renuncien al clientelismo político y respeten nuestro dinero, malditos hijos de puta. 

El pasado 2 de agosto me reuní con el alcalde de S/C Palma y la concejal de hacienda para quejarme y decirles que las subidas del IBI eran confiscatorias y que no deberían robarnos tanto en tan poco tiempo, que no era justo expropiar al ciudadano arbitraria, unilateral e ilimitadamente. La concejal de hacienda, cual cobarde, echó la culpa al "Estado" pero no dijo que son los ayuntamientos quienes piden al Catastro la "revisión" del valor catastral de los inmuebles ni tampoco dijo que, pudiendo aplicar un tipo de gravamen de 0,4%, el ayuntamiento aplicó 0,69%. Para no cansarles, les pedí expresamente que me devolvieran el dinero expropiado sin mi consentimiento y ellos, los expropiadores democráticamente elegidos, los "servidores del pueblo", soltaron al unísono una contenida carcajada: ¡qué cosas dice usted!. Finalmente, rellené una instancia para pedirles la devolución de lo robado y recientemente han desestimado mi pretensión. Comete un grave error el político al subestimar la capacidad de lucha de un ciudadano informado y presto a defender sus derechos de propiedad.

Frente al abuso de los gobernantes democráticos ¿qué podemos hacer? al fin y al cabo, ellos creen que la elección popular les ha otorgado un cheque en blanco para vulnerar, a su antojo, nuestra libertad y nuestra propiedad. Hagámosles saber que están equivocados, que no tienen patente de corso. En primer lugar, hay que tomar conciencia de que estamos siendo expoliados. No hace falta entender de fiscalidad, miremos los recibos que nos cobra el banco, hagamos las cuentas domésticas y seamos los primeros defensores de lo nuestro. Recuerden una cosa: al político sólo le interesa el voto y es muy sensible a los estados de opinión. Cuando les pidan su voto ¡no lo regalen coño! exijan la reducción del IBI a los niveles previos a 2009. Sólo es preciso dirigirte a tu alcalde y decirle: ¡tú eres mi empleado, tú trabajas para mí, yo no soy tu esclavo a tiempo parcial y si no me bajas el IBI te voy a despedir en las próximas elecciones!