lunes, 5 de octubre de 2015

El municipalismo como solución al problema catalán

El debate sobre la independencia de Cataluña consiste básicamente en un planteamiento de suma cero. La sociedad catalana está dividida y tanto si Cataluña permanece en España como si se independiza la insatisfacción de la mitad de su población está asegurada. La pugna actual entre los gobiernos español y catalán tiene por objeto únicamente el poder político sobre un territorio: el primero, para mantenerlo, y el segundo, para arrebatárselo al primero. Pero el bienestar de la población parece no importar demasiado a los gobernantes de uno y otro lado del Ebro. 

Respecto a la cuestión de la ilegalidad o inconstitucionalidad de la independencia de Cataluña, esta propuesta es absolutamente liberal. Las leyes deben servir a los ciudadanos y no constituir un obstáculo para que puedan alcanzar sus legítimos fines, incluida la libertad política y el cambio de statu quo. Yo defiendo el concepto hoppeano de secesión indefinida, es decir, los catalanes pueden secesionarse de España y, a su vez, los gerundenses o araneses pueden hacerlo de Cataluña. Esto es jurídicamente viable. El Principado de Liechtenstein admite constitucionalmente la secesión democrática de cada uno de sus once municipios. Por eso, el municipalismo puede ser la solución que proporciona mayor bienestar al mayor número de personas y reduce la pugna social entre facciones.

1. Territorio. Se organiza un referendum de independencia donde se acata el resultado a nivel municipal. Cada dos legislaturas se repite el referendum de tal manera que los municipios pueden cambiar de adscripción nacional cada ocho años. El statu quo político es reversible. Tras la consulta, el territorio de Cataluña es un mosaico de municipios catalanes y españoles, cada uno sujeto a las leyes respectivas de cada Estado. Cada residente podrá encontrarse en alguna de estas cuatro situaciones: a) español en municipio español; b) catalán en municipio catalán; b) español en municipio catalán; y d) catalán en municipio español.

2. Soberanía. El nuevo Estado Catalán fija su capital y completa sus instituciones. Ejerce soberanía sobre todos los municipios cuyo resultado haya sido favorable a la independencia. El Estado español mantiene la suya sobre el resto de municipios. Las competencias municipales serán fijadas por cada Estado.

3. Nacionalidad. Cada español residente en Cataluña será libre de elegir su nacionalidad. Podrá hacerse utilizando una segunda papeleta (nombre, apellidos y DNI) en el mismo acto de la consulta o posteriormente. A los abstencionistas se les asignará, de oficio, la nacionalidad española, inicialmente, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de cambio de nacionalidad.  

4. Relaciones internacionales. En un proceso como el que se describe: negociado, amistoso, libre de coacción y amenazas, no existe motivo alguno que justifique la expulsión del nuevo Estado catalán de las instituciones europeas o internacionales. La vigencia del tratado de Schengen permite una total libertad de circulación de personas, empresas y capitales en todo el territorio, tal y como sucede actualmente cuando una persona circula entre la Seo de Urgell, Andorra y Francia. El euro sigue siendo la moneda común de ambos Estados.

5. Nacionalismo. Todas aquellas personas que posean un fuerte sentimiento nacional y que, tras el referendum, hayan quedado residiendo en un municipio «extranjero» tienen dos opciones: a) mantener su residencia y esperar un cambio de resultado en la próxima consulta; b) mudarse a un municipio de su nacionalidad preferida. Este último caso supondría, sin duda, el afianzamiento de mayorías nacionales en determinados municipios, aumentando la satisfacción de un mayor número de individuos. 

6. Defensa, Seguridad y Justicia. Podrán acordarse cuotas para el reparto de instalaciones y medios de estas instituciones, que deberán radicarse finalmente en sus respectivos territorios. La Policía Local quedará vinculada a cada municipio y sus agentes podrán mantener su nacionalidad independientemente de cambios en la soberanía de los municipios.

7. Competencia política. La descentralización política que supone el municipalismo, junto con el principio de reversibilidad de adscripción nacional, constituye una innovación política que proporciona grandes ventajas para las personas. Los Estados, y los municipios en particular, se ven obligados a competir fiscalmente y los ciudadanos no sólo pueden cambiar de Estado cada ocho años sino que, con muy poco esfuerzo, podrá también "votar con los pies". Las inversiones se encaminarán hacia los municipios más atractivos fiscalmente, estables, pacíficos y que proporcionen mayor seguridad jurídica; mientras que los peor gobernados se irán despoblando (y empobreciendo) paulatinamente. Además, está la ventaja de que no hay redistribución forzosa de las rentas de los ciudadanos que pertenecen a municipios de distintos Estados.  

8. Conflictividad social. Las políticas lingüística, educativa y cultural perderán influencia como medios de adoctrinamiento político y deberán ponerse al servicio de los ciudadanos. Los padres disconformes con estas políticas podrán enviar a sus hijos a estudiar a otros municipios colindantes. Sin embargo, no cabe descartar intentos de limpieza étnica. Algunas corporaciones nacionalistas radicales intentarán expulsar de su territorio a las minorías para consolidar su identidad nacional. Aun así, el número total de insatisfechos siempre será menor que en una solución total: todos españoles o todos catalanes.

Muchos calificarán esta propuesta de utópica, heterodoxa o absurda. No ha sido concebida buscando la soberanía de naciones o estados sino otra soberanía más importante: la del individuo. Este modelo innovador, pacífico, municipalista y reversible permite alcanzar la necesaria paz social en Cataluña a la vez que introduce una saludable competencia política entre Estados. La alternativa que nos ofrece la política ortodoxa no es sino la confrontación social permanente, consecuencia de otra lucha, la que libran las élites políticas de uno y otro bando por el monopolio del poder.