domingo, 16 de septiembre de 2018

Lo público y el conflicto social



En mi anterior artículo «Lo público no es de todos» explicaba que allá donde la propiedad no está bien definida, caso de lo público, la injusticia, la arbitrariedad y el conflicto social están servidos. El proceso de descomposición actual del Estado social y democrático, según Hoppe, nos conduce a la «descivilización» y su arreglo pasa por la privatización de todos los espacios y servicios públicos. La paz social requiere transitar de una sociedad estatal a una sociedad de propietarios, de la política al mercado, de la coacción a la cooperación. Vamos a seguir desbrozando el modelo anarcocapitalista aprovechando el fértil caso de Cataluña.

En primer lugar, el problema catalán es un lucha por la soberanía, que Juan Bodino definió, en 1576, como «poder absoluto y perpetuo». En un determinado territorio (que puede acotarse por fronteras), no hay ningún poder por encima del poder soberano. Una parte (aproximadamente la mitad) de los residentes en Cataluña aspira a que la soberanía resida exclusivamente en instituciones catalanas, mientras que la otra parte y el resto de españoles (en general) desea mantener el statu quo político.

En segundo lugar está el problema del Poder. Quien lo ostenta siempre aspira, como mínimo, a mantenerlo; pero lo habitual es que el Poder sea expansivo. Algunos políticos catalanes (soberanistas) desean ampliar su poder mientras que otros aspiran a mantenerlo. En política nunca hay paz porque los políticos luchan sistemáticamente por arrebatarse el poder unos a otros. La política es un juego de suma cero: Lo que uno gana, otro lo pierde.

Ahora dejemos la teoría y analicemos una noticia: El colegio público Marià Fortuny (Reus, Tarragona) ha informado a los padres de los alumnos que toda comunicación con los profesores será en catalán y quienes no lo entiendan deberán llevar un traductor. Los profesores de este colegio contribuyen al ideal nacionalista mediante la limpieza étnica escolar: Expulsar a aquellos alumnos cuyos padres sean castellanohablantes. El régimen nacional-socialista de Hitler también pretendía la pureza étnica sólo que utilizando métodos más violentos.


¿Sucedería esto en un colegio privado? Evidentemente no. A una empresa privada nunca le sobran clientes. Quienes tienen ánimo de lucro hacen justo lo contrario: Donde hay barreras, tienden puentes. La política y el mercado son distintos, la primera se apoya en la violencia, la segunda, en la cooperación.


Si al menos existiera la posibilidad de darse de baja (¡Señor político: Devuélvame los impuestos que ya buscaré un colegio privado para mi hijo!) los colegios públicos se irían directamente a la mierda, (como todo lo público) y los políticos directamente al paro. Pero mientras los ingresos económicos del CEIP «María Fortuna» procedan de la servidumbre fiscal, los padres seguirán siendo sus «clientes cautivos». Claro, que siempre podemos apelar a la imaginación; por ejemplo, yo entraría al trapo, iría a las reuniones acompañado de traductor y procuraría colaborar con la parodia; representaría el papel de ignorante absoluto del catalán de tal modo que el encuentro fuera cómico e interminable. Frente a grandes males, grandes remedios.

jueves, 6 de septiembre de 2018

Lo público no es de todos


Uno de los mitos colectivistas más extendidos es la creencia de que lo público es de todos. Hoy intentaré demostrar que el dueño «efectivo» de lo público es el gobierno, es decir, un pequeño grupo de personas -políticos y funcionarios- que deciden, en cada caso, el uso de la cosa pública. «Lo público es de todos» es una falacia, un engaño para que la gente no se de cuenta que está esclavizada económicamente.

Empezaremos advirtiendo que «todos» es un término confuso y ambiguo, no por casualidad la expresión «entre todos» es profusamente empleada por demagogos y políticos, maestros de la manipulación y el engaño. ¿A quienes nos referimos por «todos»? por ejemplo, las calles de una ciudad son de «todos» sus ¿residentes?, ¿viandantes? No lo sabemos. No podemos identificar a esos supuestos dueños. Es más aproximado decir que lo público es de «nadie», tal y como apunta el refranero español: «Lo que es común es de ningún». Para que una propiedad sea común tanto los propietarios como las cuotas de participación deben estar identificados, cosa observable en una comunidad de vecinos o en una sociedad mercantil.

Lo que caracteriza al propietario es su capacidad para disponer del bien poseído; según el Derecho Romano, el dueño de algo tiene derecho de uso (ius utendi), derecho a extraer provecho económico (ius fruendi) y derecho de consumo hasta su extinción (ius abutendi). Veamos ahora si el gobierno ejerce estas tres facultades. En primer lugar, es el gobierno quien establece el uso de lo público mediante normas y bandos. En segundo lugar, el gobierno explota económicamente lo público cobrando tasas por el aprovechamiento económico (terrazas, vados, publicidad, etc.); por ejemplo, en Canarias, el dueño de las lapas es el presidente Clavijo y sus consejeros, ellos son los propietarios del marisco y nos venden su derecho de pesca al módico precio de 23,67€/año (licencia 2ª clase). En tercer lugar, el gobierno puede extinguir un bien público dejándolo en la ruina o enajenándolo para gastar luego el dinero discrecionalmente. Por otra parte, políticos y funcionarios actúan como dueños económicos cuando usan los bienes públicos en su propio beneficio; por ejemplo, la Policía es la seguridad privada de los altos cargos y los empleados de la sanidad pública tienen listas de espera «paralelas» y medicamentos «gratis».

Veamos por qué lo público no puede ser de todos. Caso de Cataluña y la guerra de lazos amarillos. El independentista cree: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a poner lazos»; si la calle fuera de «todos», el ponedor de lazos debería pedir permiso al «resto» de propietarios, es decir, al resto de la sociedad. Por su parte, los españolistas dicen: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a quitar los lazos». Esta forma absurda de razonar nos conduce al conflicto social. Existe, en cambio, otra lógica de la propiedad: «Tú» sólo tienes derecho a poner lazos amarillos en «tu» propiedad, el balcón de «tu» casa o la solapa de «tu» chaqueta». Por tanto, corresponde al alcalde de cada ciudad, como dueño (temporal) de la vía pública, permitir, prohibir o regular la puesta y retirada de lazos.

Lo público es el lugar idóneo para el conflicto social porque la propiedad no está bien definida; como decía el poeta Robert Frost: «Un vallado hace buenos vecinos». Allá donde la propiedad es ambigua los problemas están servidos. Si todos los espacios públicos (mejor podríamos llamar «políticos») pudieran privatizarse, tal y como proponemos los anarcocapitalistas, los problemas que hoy sufrimos tendrían arreglo: correspondería al propietario de cada cosa decidir sobre su uso; por ejemplo, el dueño de una playa decidiría si se permite fumar, estar desnudo o llevar perros; y el dueño de una calle autorizaría o no la puesta de lazos amarillos, manifestaciones, procesiones religiosas, huelgas o conciertos musicales.

jueves, 23 de agosto de 2018

Contra la huelga

El estío es la época elegida por ciertos grupos de trabajadores para organizar una huelga: controladores aéreos, tripulaciones, maquinistas de tren, taxistas o recogedores de basura dejan de trabajar en verano porque así causan el mayor daño a la sociedad. La huelga y el terrorismo tienen cosas en común, ambas utilizan la violencia para alcanzar su objetivo: doblegar la voluntad del gobierno. Los terroristas asesinan unos pocos mientras que los huelguistas joden la vida a miles pero su lógica es idéntica, ambos grupos pretenden subvertir el orden social y crear el caos para obtener sus fines. La diferencia es que la violencia de la huelga ha sido legalizada.

Para justificar mis afirmaciones haré uso del método individualista. Supongamos que el piloto «P» y la azafata «A» suscriben un contrato laboral con Ryanair, en él se especifican los derechos y deberes de las partes: salario, jornada, días libres y un largo etcétera. La aceptación de un contrato es un acto libre y consentido donde ambas partes esperan obtener una utilidad del intercambio. Esto es un axioma praxeológico (relativo a la acción o praxis) y económico. 

Pero los contratos no están «escritos en piedra» y es legítimo que cualquiera de las partes pretenda modificar alguna de las estipulaciones. Ryanair es una compañía registrada en la República de Irlanda, cuyas leyes son aplicables en las relaciones laborales. Ahora supongamos que «P» y «A» son españoles y solicitan a Ryanair que la legislación laboral aplicable sea la de España porque ésta es más favorable que la irlandesa. Por su parte, la empresa puede acceder a la petición o rechazarla así: «Estimados tripulantes: No aceptamos su propuesta porque lo que ustedes ganan, nosotros lo perdemos. No hay trato, pero ustedes son libres de abandonar la empresa», esta es la lógica pacífica de todo proceso social de mercado.

Sin embargo, los empleados insatisfechos insisten: «Ryanair debe cambiar», y como no lo hace por las buenas, acuden al sindicato y se organizan para chantajear a la empresa, es decir, intentan conseguir de forma violenta lo que no consiguieron pacíficamente en la negociación. Si no accedes a nuestros deseos -afirman los huelguistas- incumpliremos temporalmente el contrato laboral, amenazaremos a los esquiroles, interferiremos los planes a miles de consumidores y causaremos pérdidas millonarias a la empresa; todo ello, sin que nadie pueda defenderse. El gobierno, que ejerce el monopolio de la violencia, limitará el nivel de agresión a los huelguistas decretando servicios mínimos. Durante los días de huelga Ryanair no podrá contratar sustitutos y una vez finalizada, tampoco podrá despedir a quienes incumplieron su contrato y causaron daño a la empresa. El derecho a la huelga es un pseudoderecho porque viola un derecho genuino: la legítima defensa de las víctimas. Toda persona tiene derecho a dejar de trabajar pero no tiene derecho a conseguir mejoras laborales mediante la coacción sistematizada. La huelga es una actividad criminal que ha sido legalizada por el Estado.

jueves, 17 de mayo de 2018

Contra el descuento por residente


El apoyo de los nacionalistas canarios a los presupuestos del Gobierno para 2018 ha sido pagado a tocateja: nuevos privilegios para los residentes que viajen en avión y barco. Hay dos novedades: a) El descuento entre islas pasa de 50% a 75% y el descuento con península (50%) se blinda mediante su inclusión legislativa en el Régimen Económico y Fiscal. Dos nuevas trampas que se presentan como «conquistas» sociales de los canarios, pseudoderechos que deberán ser pagados mediante más impuestos o recortes equivalentes en otras partidas presupuestarias.

Frédéric Bastiat
El regocijo es máximo en las islas: Los políticos se ponen medallas utilizando sus medios de propaganda institucional (valga la redundancia), los periodistas dan palmas y lo amplifican convenientemente y la población está exultante. Lamento aguarles la fiesta, una vez más, pero es preciso poner de relieve, como decía Bastiat: «lo que no se ve».

Si el descuento pasa del 50% al 75% el precio final del billete, de momento, no varía. El viajero paga la mitad de lo que antes pagaba y los no-residentes (y canarios que no viajan) pagan con sus impuestos un 50% más. Pero si el precio que paga el viajero se reduce a la mitad habrá mayor demanda de plazas, sin que la oferta haya cambiado; por ejemplo, hacer un nuevo piloto cuesta 25 años (desde que nace) y construir un nuevo avión varios años (desde que se diseña). 

Este desajuste entre oferta y demanda puede generar tres efectos: a) Subida de precios. Las compañías aéreas obtendrán beneficios extraordinarios, los consumidores protestarán y los políticos impondrán precios máximos. b) Si el precio no aumenta o se fijan precios máximos habrá escasez y se formarán listas de espera para viajar (plazas agotadas). Los favores personales (mangas) empezarán a funcionar como ya sucede, por ejemplo, en la sanidad pública. c) Las compañías (Air Europa) transferirán aviones y tripulaciones hacia Canarias, donde la rentabilidad es mayor; esto último reduce la oferta e incrementa los precios en otros trayectos; por ejemplo, en los vuelos dentro de la península. Los peninsulares no sólo pagarán impuestos para que los canarios viajemos más barato sino que verán incrementadas las tarifas de sus vuelos domésticos. 

Pedro Muñoz
Ante semejantes abusos, no extraña que algunos peninsulares pongan el grito en el cielo. En 2012, Pedro Muñoz, Alcalde de Toreno (León), se hizo famoso por esta declaración salida de tono: «Estamos manteniendo una insularidad, unos derechos adquiridos que tienen, que muchas veces dan ganas de que a los canarios se los lleve el moro. O de vender La Gomera o El Hierro a los alemanes y así evitamos el déficit». Este hombre se escandaliza porque es un ignorante, a estas alturas ya debería saber que la política es una merienda de negros donde todos quieren vivir a expensas de todos.

Los derechos al descuento son falsos, espurios, pues nadie tiene el deber de pagar a otra persona absolutamente nada: transporte, sanidad, educación, justicia, seguridad, etc. Y lo repito: «nada es nada». Todo descuento sufragado fiscalmente es injusto y sobre esta injusticia se construye todo el Estado de bienestar. Sólo los descuentos comerciales, en el ámbito privado, son éticos pues no se financian coactivamente.

¿Quiénes ganan?: a) Los políticos nacionalistas que venden la medida como una conquista (al más puro estilo militar). b) Las compañías aéreas que incrementan sus beneficios. c) Otros sectores vinculados: taxi, restauración, turismo, etc.; que también disfrutan de un aumento de la demanda. d) El viajero frecuente: Cuanto más se viaja, más renta es transferida.


¿Quiénes pierden?: a) Todos los peninsulares que pagan impuestos. b) Los residentes que no viajan o que viajan poco. c) El resto de sectores productivos no vinculados; por ejemplo, si los canarios gastan más en viajar (vuelos, taxi, hotel), ceteris paribus, gastarán menos en otros bienes y los precios de estos últimos bajarán con relación a los primeros.

sábado, 12 de mayo de 2018

Vinos con denominación de origen

Hoy se celebra la 2ª edición del Día Movimiento Vino D.O. (Denominación de Origen). Se trata de una jornada popular y festiva cuyo acto central es un brindis simultáneo (13:30) en toda España. En nuestro país hay 74 D.O. que son gestionadas por sendos Consejos Reguladores. La finalidad de este evento es «poner en valor» la cultura del vino D.O.; hablando en román paladino, es una acción de marketing para fomentar el consumo de vino y, en particular, de todas aquellas marcas con denominación de origen. Pero si el alcohol es malo para la salud, ¿qué motivo hay para fomentar el consumo de vino? ¿A qué viene tanta coñada con el vino y la denominación de origen? Cualquier vino tiene un origen (variedad de uva, región) y no existe razón objetiva para afirmar que los registrados, según ciertos criterios arbitrarios, sean mejores que los no registrados. Por ejemplo, si la uva es producida en Chile y transportada a España para ser pisada, el vino embotellado no tiene «garantía» de calidad D.O. Esta misma regla, por lo visto, no es aplicable a los excelentes chocolates que se producen en Suiza con el cacao proveniente de África.



Detrás de toda esta parafernalia de la cultura del vino, el valor paisajístico de los viñedos, la fijación de la población al espacio rural, la protección del medioambiente y demás pamplinas se esconde una cruda realidad: los intereses económicos de los productores de uva y vino. El sector agrario es el principal consumidor de fondos europeos: 57.000 millones €, lo que supone el 35% del presupuesto comunitario de 2018 (160.113 millones €). Quienes trabajan en el sector primario parasitan del resto de la sociedad; es decir, parte del dinero robado (fiscalmente) a los ciudadanos se transfiere a los productores agrarios de muchas formas: subsidios directos a la producción, estudios de mercado, publicidad, ferias, etc.

La parte mala del intervencionismo económico es que lleva en su seno la semilla de la corrupción. En 2014, la empresa pública «Bodegas Insulares de Tenerife, S.A.», participada por el Cabildo de Tenerife, fue sancionada por comprar vino de Castilla-La Mancha y mezclarlo con vino del país para venderlo bajo la marca (D.O.P.) «Viña Donia». Un fraude es un acto ilegítimo pero la mezcla de productos, en sí misma, no tiene por qué ser mala. A mucha gente le gusta el «vino con vino», la sangría o el calimocho. También es frecuente hacer mezclas de tabaco o café con objeto de crear nuevos sabores y aromas. Es un error creer que la D.O. puede ser un criterio objetivo de calidad porque esta estimación sólo compete a la subjetividad de cada consumidor. La calidad es un mito porque en el libre mercado todas las calidades, altas y bajas; y todos sus precios, altos y bajos, son bienvenidos según las diferentes preferencias de los consumidores.  


La Política Agraria Común (PAC) ocasiona un aumento artificial de la producción de las materias primas subsidiadas a expensas de una menor producción de otros productos y servicios más valorados por el público. Por otro lado, estas ayudas reducen artificialmente los precios internacionales de los productos dificultando la competencia de los productores extra-comunitarios. Cuantitativamente, los peor parados son los consumidores europeos que soportan fiscalmente todo el sistema de transferencia de rentas. Más que de una «asociación», como reza el eslogan, estamos ante un negocio mafioso entre políticos y agricultores: votos a cambio de dinero.

jueves, 26 de abril de 2018

Contra la ideología de género: La estadística


En algunas ocasiones he denunciado que la ideología de género está basada en mentiras, además se trata de una pretensión inmoral porque actúa mediante la violencia legislativa. Los lobbies feministas influyen en la opinión pública para, indirectamente, conseguir que los políticos aprueben leyes en línea con un tipo de justicia sui generis. Una de las principales herramientas de los ideólogos de género es la utilización de estadísticas. Hoy pretendo demostrar que hacer reivindicaciones sobre la justicia basadas en las estadísticas es un error lógico. 

Comenzaremos aclarando que una estadística es un dato histórico referido a una muestra; según Mises (Acción Humana, p. 72): «los promedios estadísticos nos ilustran de cómo proceden los sujetos integrantes de una cierta clase o grupo»; por ejemplo, según la OCDE, la esperanza de vida en España es de 83 años y en el Reino Unido de 81 años. ¿Esta diferencia estadística es justa o injusta? Para pronunciarnos debemos primero disponer de una teoría de la justicia; por ejemplo, esa diferencia de dos años sería injusta si creyéramos que españoles y británicos «deberían» tener «igual» esperanza de vida. La estadística describe el «ser» (la realidad) y la ética el «deber ser». En 1740, David Hume (Tratado de la Naturaleza Humana, III, I, I) afirmó que las proposiciones fácticas y las morales tienen una estructura lógica distinta, es decir, del «ser» no podemos inferir el «deber ser».

Para entender mejor por qué el igualitarismo no es un criterio válido de justicia pondremos un segundo ejemplo. La esperanza de vida en España (INE, 2016) de hombres y mujeres es de 80,3 y 85,8 años, respectivamente. ¿Esta diferencia estadística de 5,5 años es justa o injusta? Los que creen que la justicia reside en la igualdad podrían pedir al gobierno, por ejemplo, que aumentara el gasto sanitario en la cura de enfermedades de la próstata y lo redujera en la de mama y útero; de esta forma, podríamos reducir la «brecha de género» en este aspecto. Pero las feministas, según parece, sólo pretenden la igualdad en aquello que particularmente las beneficie; su idea de justicia no sólo es equivocada, además es parcial e interesada.

Una estadística, por tanto, ni es justa ni injusta, tan sólo es una descripción de la realidad. La justicia, por otro lado, es inaplicable a clases: «hombres», «mujeres», «desempleados», «huérfanos», etc. Según Ulpiano (Digesto, I, I, 10), la justicia es «dar a cada quien lo suyo» (en singular), por tanto, sólo es aplicable a las acciones u omisiones de los individuos. El sofocante eslogan feminista de que el desigual promedio retributivo o «brecha salarial» por sexos es una injusticia carece de toda lógica. Aún así, esta falacia ha calado tan profundamente en la sociedad que es el soporte ideológico de innumerables aberraciones jurídicas, como las leyes de género, las cuotas por sexo y otros mandatos que nos recuerdan las leyes de Nuremberg. El término peyorativo «feminazi», que tanto molesta a las feministas, no es ninguna exageración y refleja el carácter totalitario de la ideología de género.

Afirmar que los promedios salariales de ambos sexos (o cualquier otro promedio) «deberían ser iguales» es un deseo arbitrario que sólo puede lograrse cometiendo verdaderas injusticias que afectan a los varones pero también a las mujeres no infectadas por el virus de género. Cada quien «debe cobrar lo suyo» es el único criterio de justicia admisible. ¿Y qué es «lo suyo»?: Lo que libremente pacten quienes participan en un intercambio. Toda injerencia legislativa que pretenda equilibrar cualquier promedio estadístico es un triple error: lógico, ético y jurídico.